Una jueza declaró ilegal la detención de un vecino de Rawson
La Policía entró a la casa de Alberto Canteriño a buscar un arma. No se resistió ni desobedeció pero igual fue preso. La magistrada Karina Breckle invalidó el procedimiento con fuertes advertencias a la actuación de la fueza. Envió el caso al procurador Jorge Miquelarena para que se investiguen posibles delitos.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
En una decisión inusual, la jueza Karina Breckle declaró ilegal la detención de un vecino de Rawson y consideró nula el acta policial de ese allanamiento, ya que lo escrito por la Policía no coincide con lo que mostraron los cuatro videos del operativo, el 15 de marzo a las 7.45. La magistrada ordenó informar del caso al procurador Jorge Miquelarena para que se investiguen posibles delitos.
Esa mañana Alberto Canteriño fue preso por desobediencia. Pero las imágenes, documentos y testimonios demostraron que no cometió ningún delito. El responsable del acta y de la detención fue el oficial inspector Michel Barrera. Y al procedimiento lo había autorizado la propia Breckle, que había ordenado secuestrar un arma pero no detener a nadie.
Tras ingresar a la casa del barrio La Isla, el Grupo Especial de Operaciones Policiales halló a Canteriño sentado en la cama, junto con un arma que no intentó usar. Pero según el acta, “en todo momento se resistió a la demora y comenzó a insultar a los uniformados”.
No es lo que el video muestra: cuando el GEOP irrumpió, Canteriño, ya alertado por los gritos de “Policía” y por el golpe en la puerta, estaba sentado esperándolos en su cama y levanta las manos de inmediato.
El propio GEOP se dio cuenta de que no estaba en condiciones físicas ni psíquicas. Incluso sus efectivos comentan: “Está dado vuelta”, “no está muy colaborativo, parece que está muy drogado” “está re pasado” o “habría que llamar a una ambulancia”.
Al ser esposado lo inmovilizaron sobre su espalda baja, donde tiene un trasplante de cadera. Gritó de dolor. Al living lo llevaron casi en andas, ya que le costaba apoyar sus pies. Suele usar muletas y pesa sólo 46 kilos. Tiene una disminución muscular notoria en una pierna.
El oficial Barrera lo vio recién cuando ya estaba esposado en el suelo. Canteriño mal pudo desobedecerlo.
“Su accionar de entorpecer el procedimiento no cesó y comenzó a amenazar a personas del GEOP”, dice el texto. Según Barrera, cuando le informó los motivos del procedimiento, Canteriño le respondió: “Me ch…la p…lo que me decís”. Pero esa respuesta no fue real ni hacia Barrera, sino plural y cuando el oficial estaba afuera.
De acuerdo al informe policial, al indicarle que se quede tranquilo “forcejea y hace fuerza con sus manos para escaparse de la aprehensión”. El uniformado interpretó que hubo delito de desobediencia “toda vez que se negó en todo momento a cumplir orden emanada por un funcionario público”.
Sentado en el sillón, esposado, quieto, y con un evidente deterioro físico y cognitivo, Canteriño no se identificó aunque el oficial sabía quién era. Según el acta, “entorpece” el procedimiento porque amenaza, o le contesta mal a Barrera. Pero nunca se negó a cumplir ninguna orden.
Breckle analizó que el operativo “deja a la luz la falta de capacitación de la Policía en casos con personas con deterioros cognitivos y físicos evidentes donde al personal le molesta, o peor aún, entiende que se verifica un delito, ante una persona que claramente está deteriorada”.
“Me pregunto qué suerte hubiera tenido una persona con autismo, por ejemplo, que seguramente no respondería preguntas al oficial o gritaría fuerte en todo momento”.
La jueza destacó la “necesidad de capacitación de las fuerzas ante situaciones particulares que les permitan evaluar humanamente que se encuentran en una situación que debe procederse distinto por el grado de vulnerabilidad del allanado o detenido”.
La resolución calificó de “sin sentido, incoherentes, insustanciales y ridículas” las presuntas amenazas de Canteriño que justificaron su detención. Tanto, que algunos policías se rieron ante su estado psicofísico. “Les dice que su padre se iba a encargar de ellos, cuando el papá de Canteriño hace años que falleció”.
La detención se decidió rápido, cuando Barrera entró encapuchado, y le dijo a Canteriño: “Éste se va a ir derechito para la comisaría”. Hasta ese momento no le habían informado el motivo del operativo ni qué buscaban ni su derecho a mantener su libertad. El oficial a cargo no tenía la orden ni la petición fiscal.
En la audiencia de control de detención, Fiscalía intentó acomodar la secuencia transformando el delito de desobediencia en una presunta resistencia, también falsa.
Nadie nunca le aclaró a Canteriño que si se tranquilizaba le sacaban las esposas.
Breckle advirtió sobre la “inconveniencia” del uso de la capucha en un oficial a cargo de una medida judicial. “No mantiene relación con la dignidad de la función. Ni el oficial Barrera es novel y pueda tener temor de represalias, ni la capucha integra su vestimenta”.
El oficial que cumple una orden judicial y tendrá contacto con la persona involucrada debe identificarse con su rostro visible. “Representa a las fuerzas de seguridad del Estado y cumple una manda ordenada judicialmente, es el garante del procedimiento”.
“Quien cumpla esa función debe hacerlo desde la honorabilidad de su rango, cargo y profesión, de frente al suceso abordado, claramente identificado; de hecho, es ironía pura que quien debe leerle y hacerle conocer los derechos a un ciudadano argentino lo haga escondido detrás de una capucha”.
“El acta resume situaciones, algunas pueriles, que intentan fundar la detención”, dijo la jueza. La orden es nula porque ni se la leyeron ni se la mostraron ni entregaron copia. Sólo consta un papel firmado, sin fecha ni testigos.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
En una decisión inusual, la jueza Karina Breckle declaró ilegal la detención de un vecino de Rawson y consideró nula el acta policial de ese allanamiento, ya que lo escrito por la Policía no coincide con lo que mostraron los cuatro videos del operativo, el 15 de marzo a las 7.45. La magistrada ordenó informar del caso al procurador Jorge Miquelarena para que se investiguen posibles delitos.
Esa mañana Alberto Canteriño fue preso por desobediencia. Pero las imágenes, documentos y testimonios demostraron que no cometió ningún delito. El responsable del acta y de la detención fue el oficial inspector Michel Barrera. Y al procedimiento lo había autorizado la propia Breckle, que había ordenado secuestrar un arma pero no detener a nadie.
Tras ingresar a la casa del barrio La Isla, el Grupo Especial de Operaciones Policiales halló a Canteriño sentado en la cama, junto con un arma que no intentó usar. Pero según el acta, “en todo momento se resistió a la demora y comenzó a insultar a los uniformados”.
No es lo que el video muestra: cuando el GEOP irrumpió, Canteriño, ya alertado por los gritos de “Policía” y por el golpe en la puerta, estaba sentado esperándolos en su cama y levanta las manos de inmediato.
El propio GEOP se dio cuenta de que no estaba en condiciones físicas ni psíquicas. Incluso sus efectivos comentan: “Está dado vuelta”, “no está muy colaborativo, parece que está muy drogado” “está re pasado” o “habría que llamar a una ambulancia”.
Al ser esposado lo inmovilizaron sobre su espalda baja, donde tiene un trasplante de cadera. Gritó de dolor. Al living lo llevaron casi en andas, ya que le costaba apoyar sus pies. Suele usar muletas y pesa sólo 46 kilos. Tiene una disminución muscular notoria en una pierna.
El oficial Barrera lo vio recién cuando ya estaba esposado en el suelo. Canteriño mal pudo desobedecerlo.
“Su accionar de entorpecer el procedimiento no cesó y comenzó a amenazar a personas del GEOP”, dice el texto. Según Barrera, cuando le informó los motivos del procedimiento, Canteriño le respondió: “Me ch…la p…lo que me decís”. Pero esa respuesta no fue real ni hacia Barrera, sino plural y cuando el oficial estaba afuera.
De acuerdo al informe policial, al indicarle que se quede tranquilo “forcejea y hace fuerza con sus manos para escaparse de la aprehensión”. El uniformado interpretó que hubo delito de desobediencia “toda vez que se negó en todo momento a cumplir orden emanada por un funcionario público”.
Sentado en el sillón, esposado, quieto, y con un evidente deterioro físico y cognitivo, Canteriño no se identificó aunque el oficial sabía quién era. Según el acta, “entorpece” el procedimiento porque amenaza, o le contesta mal a Barrera. Pero nunca se negó a cumplir ninguna orden.
Breckle analizó que el operativo “deja a la luz la falta de capacitación de la Policía en casos con personas con deterioros cognitivos y físicos evidentes donde al personal le molesta, o peor aún, entiende que se verifica un delito, ante una persona que claramente está deteriorada”.
“Me pregunto qué suerte hubiera tenido una persona con autismo, por ejemplo, que seguramente no respondería preguntas al oficial o gritaría fuerte en todo momento”.
La jueza destacó la “necesidad de capacitación de las fuerzas ante situaciones particulares que les permitan evaluar humanamente que se encuentran en una situación que debe procederse distinto por el grado de vulnerabilidad del allanado o detenido”.
La resolución calificó de “sin sentido, incoherentes, insustanciales y ridículas” las presuntas amenazas de Canteriño que justificaron su detención. Tanto, que algunos policías se rieron ante su estado psicofísico. “Les dice que su padre se iba a encargar de ellos, cuando el papá de Canteriño hace años que falleció”.
La detención se decidió rápido, cuando Barrera entró encapuchado, y le dijo a Canteriño: “Éste se va a ir derechito para la comisaría”. Hasta ese momento no le habían informado el motivo del operativo ni qué buscaban ni su derecho a mantener su libertad. El oficial a cargo no tenía la orden ni la petición fiscal.
En la audiencia de control de detención, Fiscalía intentó acomodar la secuencia transformando el delito de desobediencia en una presunta resistencia, también falsa.
Nadie nunca le aclaró a Canteriño que si se tranquilizaba le sacaban las esposas.
Breckle advirtió sobre la “inconveniencia” del uso de la capucha en un oficial a cargo de una medida judicial. “No mantiene relación con la dignidad de la función. Ni el oficial Barrera es novel y pueda tener temor de represalias, ni la capucha integra su vestimenta”.
El oficial que cumple una orden judicial y tendrá contacto con la persona involucrada debe identificarse con su rostro visible. “Representa a las fuerzas de seguridad del Estado y cumple una manda ordenada judicialmente, es el garante del procedimiento”.
“Quien cumpla esa función debe hacerlo desde la honorabilidad de su rango, cargo y profesión, de frente al suceso abordado, claramente identificado; de hecho, es ironía pura que quien debe leerle y hacerle conocer los derechos a un ciudadano argentino lo haga escondido detrás de una capucha”.
“El acta resume situaciones, algunas pueriles, que intentan fundar la detención”, dijo la jueza. La orden es nula porque ni se la leyeron ni se la mostraron ni entregaron copia. Sólo consta un papel firmado, sin fecha ni testigos.