Iturrioz negó una ola de secuestros: “Tenemos evidencia"
Las autoridades policiales de Comodoro Rivadavia confirmaron que las denuncias recientes por intentos de secuestro, tanto de un bebé frente al Hospital Regional como de un adolescente en el barrio Pietrobelli, fueron falsamente reportadas.
Tras una investigación exhaustiva basada en registros de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales, se determinó que ninguno de los episodios denunciados ocurrió en la forma relatada por los denunciantes.
El ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, fue categórico al afirmar que se trató de denuncias infundadas que generaron un clima de temor generalizado. “Esta presunta ola de secuestros generó mucho temor público. Se vio reflejado claramente en los grupos de vecinos, asociaciones vecinales y en grupos de padres”, señaló.
En el caso del supuesto intento de secuestro de un bebé frente al Hospital Regional, el funcionario indicó que “se hizo primero en redes sociales y tardó casi 48 horas en formalizarse la denuncia en la sede policial. Eso debería llamarnos la atención”.
Según explicó Iturrioz, “tenemos evidencia objetiva, tenemos cámaras de seguridad que nos dan clara cuenta que éste hecho nunca sucedió, ni conforme a la denuncia ni de ninguna otra manera”.
Respecto a la segunda denuncia, presentada por un adolescente que alegó haber sido retenido contra su voluntad, también fue desmentida con imágenes y testimonios. “Las cámaras informan lo mismo, informan un hecho negativo, no estuvo en el lugar. No es que no lo levanten, sino que el menor no estuvo en el lugar”, sostuvo el ministro.
Sobre posibles consecuencias legales, afirmó: “Hay un delito que se llama falsa denuncia. Denunciar que uno fue víctima de un delito sin identificar autores determinados constituye un delito de acción pública”.
El jefe de la Brigada de Investigaciones, Javier Orellano, coincidió en que las denuncias carecían de sustento: “Se observa que permanece en la parte externa esperando el arribo del vehículo que sí estuvo corroborado que era el del padre y en ningún momento puede divisarse lo que ella relata”. Sobre el segundo caso, agregó: “Hubo muchas inconsistencias. A través de las cámaras que se analizaron no se puede observar ni siquiera el paso a pie de ésta persona”.
Iturrioz también defendió el accionar policial ante las críticas por falta de presencia en el hospital: “Lo que se ve claramente es que pasa el móvil policial. No es que haya ausencia. El hospital tiene su propio dispositivo de seguridad privada”.
DROGAS EN LA COMISARÍA
Asimismo, el ministro abordó las investigaciones internas por narcotráfico que involucran a personal policial, aclarando que “la Comisaría Cuarta es un hecho lamentable que demuestra que la policía se autodepura. Tenemos 6.500 policías en la fuerza y un hecho acreditado y un segundo en investigación. No podemos generalizar”.
En ese sentido, adelantó que se trabaja en una reforma legal para implementar controles sorpresivos de sustancias al personal policial, y que aquellos que se nieguen a someterse a un test o abandonen un tratamiento podrán ser exonerados.
Finalmente, se refirió al uso de teléfonos celulares en centros de detención, señalando que “hoy es más difícil detectar porque lo que se esconde ya no es el aparato sino el chip. Las requisas se han incrementado un 300%”, y anticipó que buscan implementar teléfonos analógicos para limitar el acceso a redes sociales.
Tras una investigación exhaustiva basada en registros de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales, se determinó que ninguno de los episodios denunciados ocurrió en la forma relatada por los denunciantes.
El ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, fue categórico al afirmar que se trató de denuncias infundadas que generaron un clima de temor generalizado. “Esta presunta ola de secuestros generó mucho temor público. Se vio reflejado claramente en los grupos de vecinos, asociaciones vecinales y en grupos de padres”, señaló.
En el caso del supuesto intento de secuestro de un bebé frente al Hospital Regional, el funcionario indicó que “se hizo primero en redes sociales y tardó casi 48 horas en formalizarse la denuncia en la sede policial. Eso debería llamarnos la atención”.
Según explicó Iturrioz, “tenemos evidencia objetiva, tenemos cámaras de seguridad que nos dan clara cuenta que éste hecho nunca sucedió, ni conforme a la denuncia ni de ninguna otra manera”.
Respecto a la segunda denuncia, presentada por un adolescente que alegó haber sido retenido contra su voluntad, también fue desmentida con imágenes y testimonios. “Las cámaras informan lo mismo, informan un hecho negativo, no estuvo en el lugar. No es que no lo levanten, sino que el menor no estuvo en el lugar”, sostuvo el ministro.
Sobre posibles consecuencias legales, afirmó: “Hay un delito que se llama falsa denuncia. Denunciar que uno fue víctima de un delito sin identificar autores determinados constituye un delito de acción pública”.
El jefe de la Brigada de Investigaciones, Javier Orellano, coincidió en que las denuncias carecían de sustento: “Se observa que permanece en la parte externa esperando el arribo del vehículo que sí estuvo corroborado que era el del padre y en ningún momento puede divisarse lo que ella relata”. Sobre el segundo caso, agregó: “Hubo muchas inconsistencias. A través de las cámaras que se analizaron no se puede observar ni siquiera el paso a pie de ésta persona”.
Iturrioz también defendió el accionar policial ante las críticas por falta de presencia en el hospital: “Lo que se ve claramente es que pasa el móvil policial. No es que haya ausencia. El hospital tiene su propio dispositivo de seguridad privada”.
DROGAS EN LA COMISARÍA
Asimismo, el ministro abordó las investigaciones internas por narcotráfico que involucran a personal policial, aclarando que “la Comisaría Cuarta es un hecho lamentable que demuestra que la policía se autodepura. Tenemos 6.500 policías en la fuerza y un hecho acreditado y un segundo en investigación. No podemos generalizar”.
En ese sentido, adelantó que se trabaja en una reforma legal para implementar controles sorpresivos de sustancias al personal policial, y que aquellos que se nieguen a someterse a un test o abandonen un tratamiento podrán ser exonerados.
Finalmente, se refirió al uso de teléfonos celulares en centros de detención, señalando que “hoy es más difícil detectar porque lo que se esconde ya no es el aparato sino el chip. Las requisas se han incrementado un 300%”, y anticipó que buscan implementar teléfonos analógicos para limitar el acceso a redes sociales.