Cámaras y el SOMU se reunirán en la Secretaría de Trabajo de Nación
Las cámaras presentaron nota para analizar una revisión de CCT. Este aspecto es rechazado por el gremio y los marineros. Los empresarios aducen a un problema de costos y falta de rentabilidad.
Este jueves el sector empresarial espera que el Consejo Federal Pesquero ponga fecha para la apertura de la prospección de aguas nacionales, mientras que desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación se convocó a los representantes de CAPeCA, CAPIP y CEPA y del SOMU y SIMAPE a una reunión.
El encuentro será a las 15 y es en respuesta a la nota que las cámaras presentaron la pasada semana con el objetivo de iniciar un proceso de negociación colectiva. La solicitud está firmada por los representantes Eduardo Boiero (CAPeCA), Agustín de la Fuente (CAPIP) y Fernanda Grimaldi (CEPA) y enumera los diferentes aspectos que han incidido en la falta de rentabilidad del sector y la pérdida de competividad contra el langostino de cautiverio.
En la nota los empresarios reconocen que están negociando con proveedores, se solicitó al Estado la suspensión de derechos de exportación (DEX), una baja de los Derechos Únicos de Extracción (DUE), y, en especial, ponen énfasis en avanzar en los porcentajes que se aplican en los valores de referencia de liquidación del langostino congelado a bordo como base para el cálculo sobre los haberes percibidos por producción.
En la reunión del jueves el empresariado apuntará a comenzar a avanzar en la modificación del convenio colectivo de trabajo (CCT) vigente desde 2005, procurando avanzar en una modificación del 30 por ciento del ítem producción.
En la nota presentada a la cartera laboral plantean, además, cambios en la liquidación del sueldo anual complementario (SAC), entre otros aspectos que deberían analizarse según la mirada empresarial. Estos aspectos son rechazados por la dirigencia del SOMU y los marineros que aseguran que el convenio colectivo no será revisado.
“La situación económica financiera actual llevará, sin ninguna duda, a la paralización de las actividades pesqueras y a un quebranto masivo de las empresas”, concluyen las cámaras, al tiempo que reiteran la necesidad de redefinir el negocio para que vuelva a ser sustentable para el Estado, los trabajadores y las empresas.
Este jueves el sector empresarial espera que el Consejo Federal Pesquero ponga fecha para la apertura de la prospección de aguas nacionales, mientras que desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación se convocó a los representantes de CAPeCA, CAPIP y CEPA y del SOMU y SIMAPE a una reunión.
El encuentro será a las 15 y es en respuesta a la nota que las cámaras presentaron la pasada semana con el objetivo de iniciar un proceso de negociación colectiva. La solicitud está firmada por los representantes Eduardo Boiero (CAPeCA), Agustín de la Fuente (CAPIP) y Fernanda Grimaldi (CEPA) y enumera los diferentes aspectos que han incidido en la falta de rentabilidad del sector y la pérdida de competividad contra el langostino de cautiverio.
En la nota los empresarios reconocen que están negociando con proveedores, se solicitó al Estado la suspensión de derechos de exportación (DEX), una baja de los Derechos Únicos de Extracción (DUE), y, en especial, ponen énfasis en avanzar en los porcentajes que se aplican en los valores de referencia de liquidación del langostino congelado a bordo como base para el cálculo sobre los haberes percibidos por producción.
En la reunión del jueves el empresariado apuntará a comenzar a avanzar en la modificación del convenio colectivo de trabajo (CCT) vigente desde 2005, procurando avanzar en una modificación del 30 por ciento del ítem producción.
En la nota presentada a la cartera laboral plantean, además, cambios en la liquidación del sueldo anual complementario (SAC), entre otros aspectos que deberían analizarse según la mirada empresarial. Estos aspectos son rechazados por la dirigencia del SOMU y los marineros que aseguran que el convenio colectivo no será revisado.
“La situación económica financiera actual llevará, sin ninguna duda, a la paralización de las actividades pesqueras y a un quebranto masivo de las empresas”, concluyen las cámaras, al tiempo que reiteran la necesidad de redefinir el negocio para que vuelva a ser sustentable para el Estado, los trabajadores y las empresas.