Coimas: Lugones y Vilches pegaron el faltazo a Diputados

a la que habían sido citados para que rindieran cuentas sobre el escándalo del presunto pedido de coimas por parte de altos funcionarios del Gobierno que revelaron los audios del ex titular del organismo Diego Spagnuolo.

“Lamentablemente no hemos tenido respuesta ni del ministro Lugones ni del doctor Vilches. Tenemos la idea de que no van a venir”, anunció el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), al comenzar la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad.

El diputado tucumano señaló que “no es la primera vez” que ministros de este Gobierno se ausentan a las convocatorias. Yedlin recordó que además de producir leyes, "uno de los objetivos" de los legisladores es “controlar al Poder Ejecutivo” y para desempeñar esa función existen "herramientas" como las invitaciones a funcionarios, interpelación, pedidos de informes y el juicio político “en última instancia”.

Ante la ausencia de los funcionarios del Gobierno, la comisión se abocó a discutir el amplio abanico de proyectos vinculados a esclarecer este caso de presunta corrupción que comprimete, entre otros, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El diputado opositor explicó que como “la mayoría de estos proyectos tienen giro a la comisión de Asuntos Constitucionales, que es controlada por el oficialismo y no tiene ningún interés en tratar las iniciativas, no ”va a quedar más alternativa que en la próxima sesión" se mocione un emplazamiento.

A su turno, el presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo (Unión por la Patria) resaltó el “contraste obsceno” entre la situación deplorable del sistema de prestaciones y atención a personas con discapacidad y lo expuesto en los audios sobre coimas superiores a los 500 mil dólares.

Como muestra del cuadro de situación, el legislador opositor advirtió que “una persona que trabaja en un taller protegido sigue cobrando 28 mil pesos por mes” y que “las acompañantes terapéuticos están discutiendo cómo pasan de cobran 2900 pesos por hora a cobrar 3.100 pesos”.

“Un transportista de personas con discapacidad cobra hoy 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1500 pesos en lugar de trasladarlos cinco veces por semana, los traslada dos”, lamentó. Además, alertó que los hogares y centros de día están todos a punto de cerrar" porque están desfinanciados.

En otro orden, aseguró que las auditorías sobre las pensiones en discapacidad “se hicieron mal” y pusieron “en estado de desesperación a muchísimas personas”.

“Del total de las bajas que se dieron, 110 mil, casi 90 mil fueron por problemas de domicilio. El 40% de los telegramas y las cartas documento no llegaron a destino por algo muy básico y elemental y es que se tomó el domicilio original”, cuestionó Arroyo, que explicó que se omitió el hecho de que muchas personas se fueron mudando desde que tramitaron originalmente el certificado en Discapacidad hasta la actualidad.

El ex ministro de Desarrollo Social aseguró que “si algo es fácil en el siglo XXI es dar con una persona”, y sin embargo la ANDIS decidió “no cruzar la base de datos ni con el registro civil ni con Renaper” para verificar si en el medio no hubo cambios de domicilio en la población de beneficiarios.

“Un 40% de pifie hubo. Está claro que la auditoría se hizo mal, no hay debate sobre eso. Pusieron en desesperación a la mayoría de las personas”, reprochó, y le advirtió al Gobierno que una vez que el Senado rechace el veto a la ley de emergencia en Discapacidad, no será “opcional” el cumplimiento de la norma y debe “ponerse en marcha de inmediato”.