El Superior le negó a Legislatura información sobre la Emergencia Climática
Los diputados habían reclamado conocer en detalle el estado y las incidencias de la causa por corrupción. Pero el ministro Javier Raidan les contestó que "no corresponde" revelar esa información y que deberán aguardar como cualquiera hasta que se dicte sentencia.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
“Dicha causa tramita bajo el número de expediente N°101.137; carpeta judicial CR11681, estando radicada en este tribunal, encontrándose la misma bajo análisis”.
Este párrafo es todo lo que el Superior Tribunal de Justicia le respondió a la Legislatura tras recibir un largo pedido de informes que le pedía revelar datos sobre el estado de la causa de la Emergencia Climática. Los seis ministros deben decidir si confirman las 10 condenas por el fraude al Estado cometido en Comodoro Rivadavia en 2017.
A un año de la sentencia de primera instancia, el impulsor del pedido de informes, el diputado Daniel Casal, explicaba: “Queremos saber si la cúpula de la conducción municipal electa por el pueblo sabía o no de estos hechos de corrupción que existían dentro del municipio”.
En ese momento la Intendencia estaba a cargo de Carlos Linares y Juan Pablo Luque era el viceintendente. Luque es ahora candidato a diputado nacional por el peronismo y se interpreta que el repentino interés por el tema apunta a su postulación.
La respuesta al pedido de informes ingresó este martes por la mañana al parlamento y la firmó Javier Raidan, ya reintegrado al cuerpo.
A modo de aclaración y quizás de ironía, en su limitada contestación el ministro recordó a los diputados el inciso 3 del artículo 134 de la Constitución Provincial, que versa sobre las facultades del Poder Legislativo: "Con el voto de tres de sus miembros, solicita los datos e informes que crea necesarios para el mejor desempeño de sus funciones, al Poder Ejecutivo y a los jefes de oficinas administrativas(en negrita en el original) quienes deben suministrarlos en el plazo que se les concede y exhibir sus libros y papeles".
Según Raidan, “no podemos dejar de mencionar que el Poder Judicial (en términos generales) y este Superior Tribunal de Justicia (receptor de este pedido de informe), no constituyen en los procesos judiciales el rol de `oficina administrativa´, ejerciendo funciones netamente judiciales”.
En lenguaje llano: el parlamento provincial no puede interpretar ni convertir a los tribunales en un mero órgano informantedel estado de sus expedientes ni pedirle “exhibir sus libros y papeles”, como si fuese el Ejecutivo.
El pedido de informes se había aprobado en la sesión del 21 de agosto. Distribuida en siete incisos reclamaba información de todo tipo y exhaustiva sobre esa causa por corrupción, incluyendo expedientes conexos, enumerar todas las etapas procesales concluidas, recursos en trámite, ejecuciones de pena, inhabilitaciones, listado de funcionarios y contratistas involucrados, excusaciones, recusaciones, medidas de reparación y un extenso etcétera.
“No corresponde en esta instancia informar respecto a los puntos solicitados en la Resolución que fuese acompañada”, subrayó el ministro del STJ. “Una vez dictada sentencia, y en el marco del acceso la información pública, se podrá acceder a las actuaciones de manera íntegra”, remató, antes de saludar a los legisladores “con atenta consideración”.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
“Dicha causa tramita bajo el número de expediente N°101.137; carpeta judicial CR11681, estando radicada en este tribunal, encontrándose la misma bajo análisis”.
Este párrafo es todo lo que el Superior Tribunal de Justicia le respondió a la Legislatura tras recibir un largo pedido de informes que le pedía revelar datos sobre el estado de la causa de la Emergencia Climática. Los seis ministros deben decidir si confirman las 10 condenas por el fraude al Estado cometido en Comodoro Rivadavia en 2017.
A un año de la sentencia de primera instancia, el impulsor del pedido de informes, el diputado Daniel Casal, explicaba: “Queremos saber si la cúpula de la conducción municipal electa por el pueblo sabía o no de estos hechos de corrupción que existían dentro del municipio”.
En ese momento la Intendencia estaba a cargo de Carlos Linares y Juan Pablo Luque era el viceintendente. Luque es ahora candidato a diputado nacional por el peronismo y se interpreta que el repentino interés por el tema apunta a su postulación.
La respuesta al pedido de informes ingresó este martes por la mañana al parlamento y la firmó Javier Raidan, ya reintegrado al cuerpo.
A modo de aclaración y quizás de ironía, en su limitada contestación el ministro recordó a los diputados el inciso 3 del artículo 134 de la Constitución Provincial, que versa sobre las facultades del Poder Legislativo: "Con el voto de tres de sus miembros, solicita los datos e informes que crea necesarios para el mejor desempeño de sus funciones, al Poder Ejecutivo y a los jefes de oficinas administrativas(en negrita en el original) quienes deben suministrarlos en el plazo que se les concede y exhibir sus libros y papeles".
Según Raidan, “no podemos dejar de mencionar que el Poder Judicial (en términos generales) y este Superior Tribunal de Justicia (receptor de este pedido de informe), no constituyen en los procesos judiciales el rol de `oficina administrativa´, ejerciendo funciones netamente judiciales”.
En lenguaje llano: el parlamento provincial no puede interpretar ni convertir a los tribunales en un mero órgano informantedel estado de sus expedientes ni pedirle “exhibir sus libros y papeles”, como si fuese el Ejecutivo.
El pedido de informes se había aprobado en la sesión del 21 de agosto. Distribuida en siete incisos reclamaba información de todo tipo y exhaustiva sobre esa causa por corrupción, incluyendo expedientes conexos, enumerar todas las etapas procesales concluidas, recursos en trámite, ejecuciones de pena, inhabilitaciones, listado de funcionarios y contratistas involucrados, excusaciones, recusaciones, medidas de reparación y un extenso etcétera.
“No corresponde en esta instancia informar respecto a los puntos solicitados en la Resolución que fuese acompañada”, subrayó el ministro del STJ. “Una vez dictada sentencia, y en el marco del acceso la información pública, se podrá acceder a las actuaciones de manera íntegra”, remató, antes de saludar a los legisladores “con atenta consideración”.