El Senado rechazó el veto en Discapacidad y la ley deberá ser promulgada
La oposición se impuso con 63 votos frente a solo siete del oficialismo, entre ellos, una senadora del PRO
En otra dura derrota para la Casa Rosada, el Senado rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra. Para intentar sostener el veto, el oficialismo recibió el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.
Desde el 12 de marzo de 2003 que el Congreso no rechazaba un veto total. Fue durante la administración de transición de Eduardo Duhalde, quien asumió el 1° de enero de 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio del gran estallido del 2001.
La ley de discapacidad aprobada -por abrumadora mayoría- por el Poder Legislativo declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
Según la oficina de Presupuesto del Congreso, la ley que contempla una actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.
Un punto clave de esta ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
Otro eje central es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
El debate
La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri tomó como eje de su discurso la palabra “libertad”, utilizada por Milei, y dijo que “la libertad no es abandonar a los argentinos”.
Pidió que se auditen las pensiones, pero “no con la motosierra y sin humanidad”; “hay que hacerlo con gestión”, agregó la representante de la Ciudad de Buenos Aires.
A su turno, el senador radical Maximiliano Abad reveló que el veto presidencial lo dejó “atónito” y amplió: “Nos piden que señalemos recursos cuando hace dos años que no presentan Presupuesto. No hay contradicción entre cuidar las cuentas públicas y garantizar derechos básicos”.
El kirchnerismo amontonó duros discurso contra Milei, como el que esbozó la senadora Eugenia Duré, que calificó al mandatario como “el más cruel” desde el retorno de la democracia en 1983. La misma línea siguió Eduardo ‘Wado’ De Pedro que tildó al libertario de “bruto” y “cínico”.
En defensa del oficialismo, y en solitario, salió la senadora del PRO por Córdoba Carmen Álvarez Rivero, alineada con Milei, quien se preguntó con ironía: “¿Cómo les está yendo a todos en el plan de desestabilizar al Gobierno?”.
Y siguió: “No necesitamos otra ley ni declarar emergencias, necesitamos gestión”.
El jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Ezequiel Atauche, se bajó de la lista de oradores sobre el final, al igual que había hecho en la sesión pasada.
Inicio de alto voltaje
La sesión, que fue presidida por Bartolomé Abdala debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos, se inició con una serie de cuestiones de privilegio en la que abundaron dardos contra las reacciones del Gobierno ante los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.
Quien abrió la ronda fue la senadora Carolina Moisés, titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, que apuntó contra las denuncias realizadas por el oficialismo y la cautelar del juez Alejandro Maraniello.
Carlos Linares, integrante del Grupo de Amistad con Rusia del Congreso, pidió disculpas por las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había aludido a un espionaje “ruso-venezolano” como responsable de por la serie de grabaciones que tienen como protagonista a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
“No es el pensamiento del pueblo argentino”, dijo el representante provincial del bloque kirchnerista. Lousteau, por su parte, siguió la línea de Linares con un discurso irónico contra Bullrich y concluyó que “esto es lo que parece que ella piensa sin absolutamente ni una prueba”.
El jefe del interbloque peronista, José Mayans, comparó el caso Spagnuolo con ‘Watergate’, la investigación periodística que terminó con la dimisión del presidente republicano Richard Nixon por espionaje al Partido Demócrata en la década del ’70.
Mayans concluyó su intervención con un pedido de juicio político para Bullrich y de interpelación a Karina Milei:, al advertir: “Que venga a explicar acá qué pasó con esta denuncia hecha por una persona de alto rango en su propio Gabinete”.
Qué cambia en pensiones y pagos a prestadores
La ley de emergencia en discapacidad que fue ratificada por el Senado Nacional establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.
Los principales puntos de la ley que establece la emergencia en discapacidad son los siguientes:
-Se establece que la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.
-La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional.
-Se establece una actualización las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
-Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.
-Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
-Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
-El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
-La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.
-La diferencia del impacto fiscal se debe al número de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían suceder con la nueva ley., sostuvo la OPC.
-- La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.
-. El procedimiento de auditoría deberá* garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación. y el acceso claro a la información.
-Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.
En otra dura derrota para la Casa Rosada, el Senado rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra. Para intentar sostener el veto, el oficialismo recibió el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.
Desde el 12 de marzo de 2003 que el Congreso no rechazaba un veto total. Fue durante la administración de transición de Eduardo Duhalde, quien asumió el 1° de enero de 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio del gran estallido del 2001.
La ley de discapacidad aprobada -por abrumadora mayoría- por el Poder Legislativo declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
Según la oficina de Presupuesto del Congreso, la ley que contempla una actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.
Un punto clave de esta ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
Otro eje central es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
El debate
La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri tomó como eje de su discurso la palabra “libertad”, utilizada por Milei, y dijo que “la libertad no es abandonar a los argentinos”.
Pidió que se auditen las pensiones, pero “no con la motosierra y sin humanidad”; “hay que hacerlo con gestión”, agregó la representante de la Ciudad de Buenos Aires.
A su turno, el senador radical Maximiliano Abad reveló que el veto presidencial lo dejó “atónito” y amplió: “Nos piden que señalemos recursos cuando hace dos años que no presentan Presupuesto. No hay contradicción entre cuidar las cuentas públicas y garantizar derechos básicos”.
El kirchnerismo amontonó duros discurso contra Milei, como el que esbozó la senadora Eugenia Duré, que calificó al mandatario como “el más cruel” desde el retorno de la democracia en 1983. La misma línea siguió Eduardo ‘Wado’ De Pedro que tildó al libertario de “bruto” y “cínico”.
En defensa del oficialismo, y en solitario, salió la senadora del PRO por Córdoba Carmen Álvarez Rivero, alineada con Milei, quien se preguntó con ironía: “¿Cómo les está yendo a todos en el plan de desestabilizar al Gobierno?”.
Y siguió: “No necesitamos otra ley ni declarar emergencias, necesitamos gestión”.
El jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Ezequiel Atauche, se bajó de la lista de oradores sobre el final, al igual que había hecho en la sesión pasada.
Inicio de alto voltaje
La sesión, que fue presidida por Bartolomé Abdala debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos, se inició con una serie de cuestiones de privilegio en la que abundaron dardos contra las reacciones del Gobierno ante los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.
Quien abrió la ronda fue la senadora Carolina Moisés, titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, que apuntó contra las denuncias realizadas por el oficialismo y la cautelar del juez Alejandro Maraniello.
Carlos Linares, integrante del Grupo de Amistad con Rusia del Congreso, pidió disculpas por las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había aludido a un espionaje “ruso-venezolano” como responsable de por la serie de grabaciones que tienen como protagonista a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
“No es el pensamiento del pueblo argentino”, dijo el representante provincial del bloque kirchnerista. Lousteau, por su parte, siguió la línea de Linares con un discurso irónico contra Bullrich y concluyó que “esto es lo que parece que ella piensa sin absolutamente ni una prueba”.
El jefe del interbloque peronista, José Mayans, comparó el caso Spagnuolo con ‘Watergate’, la investigación periodística que terminó con la dimisión del presidente republicano Richard Nixon por espionaje al Partido Demócrata en la década del ’70.
Mayans concluyó su intervención con un pedido de juicio político para Bullrich y de interpelación a Karina Milei:, al advertir: “Que venga a explicar acá qué pasó con esta denuncia hecha por una persona de alto rango en su propio Gabinete”.
Qué cambia en pensiones y pagos a prestadores
La ley de emergencia en discapacidad que fue ratificada por el Senado Nacional establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.
Los principales puntos de la ley que establece la emergencia en discapacidad son los siguientes:
-Se establece que la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.
-La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional.
-Se establece una actualización las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
-Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.
-Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
-Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
-El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
-La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.
-La diferencia del impacto fiscal se debe al número de beneficiarios “por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios” que podrían suceder con la nueva ley., sostuvo la OPC.
-- La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.
-. El procedimiento de auditoría deberá* garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación. y el acceso claro a la información.
-Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.