Pollos de Papel: ya extraen los datos de cuatro celulares claves
Son los teléfonos de cuatro exfuncionarios municipales vinculados a la compra de alimentos que nunca llegaron a las familias más vulnerables de Trelew. La apertura de la investigación se postergó hasta que las defensas cuenten con toda la información de los peritajes. Cómo funcionó el fraude al Estado.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
Pese a una expectativa que lleva un año y medio, en la mañana de este viernes de nuevo se postergó la esperada audiencia de apertura de investigación de la causa Pollos de Papel. Es porque las defensas de las siete personas que serán imputadas por un presunto fraude a la Municipalidad de Trelew no cuentan con el material completo que por estas horas se está extrayendo de los celulares secuestrados. Sin esta información, no sabrían qué evidencia deberán enfrentar. Con el acuerdo de las partes, el juez Marcelo Nieto Di Biase decidió que la audiencia se realice en un plazo de 15 a 25 días.
La Unidad Anticorrupción imputará a cinco exfuncionarios del municipio y a dos comerciantes por un fraude de casi $ 170 millones en perjuicio del Estado local.
Se investigan cuatro licitaciones en las cuales se sospecha que los primeros pagaron y los segundos entregaron alimentos que nunca llegaron donde debían: miles de familias de la franja más vulnerable de la ciudad. El doble objetivo habría sido saldar viejas deudas con ambos proveedores y hacer política con el reparto discrecional de la mercadería. Para lograrlo se habrían falseado múltiples expedientes.
Los futuros imputados estuvieron en la sala: Ángel Castillo y Marcelo Olivera, exsecretarios de Desarrollo Social y de Hacienda respectivamente; Diego Armando Catrimay, exjefe del Programa de Protección Social; Eliana Gómez, excoordinadora del área de Contrataciones, y Cristina Siri, exjefa del Programa Despacho. Ocuparon esos cargos entre 2022 y 2023. Los patrocinan los defensores públicos Romina Rowlands y Sergio Rey.
Los comerciantes son Rainiero Frontini y Elías Tellechea. A Tellechea lo representa Fabián Gabalachis y a Frontini, el dúo Federico Ruffa-Alfredo Pérez Galimberti.
La fiscal Julieta Gamarra, jefa de la Unidad Anticorrupción, explicó que cuando comenzaron los procedimientos se abrieron los celulares de Frontini y Tellechea. La información que se obtuvo es la base de la imputación original porque demostraría el estrecho vínculo diario de ambos con la cúpula municipal para negociar compras y pagos.
Pero aunque los reclaman desde mayo –cuando la causa estaba a cargo del fiscal Omar Rodríguez- los datos completos de ambos teléfonos nunca fueron puestos a disposición de los defensores Rowlands y Rey, que le advirtieron al juez que comenzaban el proceso “en desventaja ya que se viola el derecho de defensa al no tener toda la información para rebatir la acusación”.
En su momento el fiscal Rodríguez no les aportó la información porque consideró que los dos celulares podían tener información privada e íntima sin vínculo con la causa. Dejó la decisión en manos del juez pero esa audiencia nunca se realizó. Por eso la conclusión del peritaje no llegó a las defensas.
Gamarra opinó distinto que su antecesor: “Es un criterio fiscal que no compartimos por una cuestión básica de Derecho Constitucional de poder defenderse de lo que uno le imputan. Si nos sentamos con un caudal de evidencia para imputar cargos tan importantes, no puede ser que no puedan contradecirnos y hasta hallar en esa pericia elementos que mejoren su situación; deben poder tener acceso. No podemos funcionar como filtro, eso depende de cada imputado”.
A la misma hora de la audiencia y gracias a un nuevo programa informático comenzó la apertura de otros cuatro celulares que no habían podido ser desbloqueados: Castillo, Catrimay, Siri y un cuarto exfuncionario que no está acusado pero era mano derecha de Castillo. Todos los teléfonos se secuestraron el mismo día. Para evitar futuros pedidos de nulidad que derrumben la causa Fiscalía garantizó que este material también estará a disposición de la defensa. Se espera hallar información que fortalezca la hipótesis acusadora.
La primera reacción del juez Di Biase fue hacer la audiencia sí o sí: “Esto no se termina nunca más, se viene demorando hace mucho tiempo y no es imputable a la judicatura. El derecho de defensa está garantizado y hay que poner un punto final”, subrayó.
Pero tras un cuarto intermedio de cinco minutos el panorama se aclaró y las partes se pusieron de acuerdo. A regañadientes, Di Biase cedió. “Esto me pone de muy mal humor –advirtió-. Me estaban ocultando información y acá estuvo mal la Fiscalía porque no le dio toda la información a la defensa. Es una dilación de tiempo”.
En conferencia de prensa posterior, Gamarra precisó que en la causa “se investigan expedientes de compra de pollo y carne que parecen legales, pero era un circuito totalmente fraudulento”.
Las adquisiciones se enmarcaban en un plan de asistencia municipal para familias vulnerables. “Por ejemplo, el secretario de Acción Social pedía 1.600 cajones de pollo y cada uno hacía su aporte necesario para que el expediente avanzara, pero eran licitaciones por mercadería ya entregada”.
Pollos y carne se retiraban en cantidad directamente de los comercios y sin siquiera saber el destino. Tampoco ingresaba al depósito de Acción Social.
“Es de una enorme gravedad por la afectación al patrimonio municipal y porque ese plan era para personas vulnerables con diabetes, desnutrición, obesidad, asma, menores y adultos mayores. El alimento nunca llegó y ni siquiera había un listado de quiénes eran esos beneficiarios”.
Fotos: Norman Evans
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
Pese a una expectativa que lleva un año y medio, en la mañana de este viernes de nuevo se postergó la esperada audiencia de apertura de investigación de la causa Pollos de Papel. Es porque las defensas de las siete personas que serán imputadas por un presunto fraude a la Municipalidad de Trelew no cuentan con el material completo que por estas horas se está extrayendo de los celulares secuestrados. Sin esta información, no sabrían qué evidencia deberán enfrentar. Con el acuerdo de las partes, el juez Marcelo Nieto Di Biase decidió que la audiencia se realice en un plazo de 15 a 25 días.
La Unidad Anticorrupción imputará a cinco exfuncionarios del municipio y a dos comerciantes por un fraude de casi $ 170 millones en perjuicio del Estado local.
Se investigan cuatro licitaciones en las cuales se sospecha que los primeros pagaron y los segundos entregaron alimentos que nunca llegaron donde debían: miles de familias de la franja más vulnerable de la ciudad. El doble objetivo habría sido saldar viejas deudas con ambos proveedores y hacer política con el reparto discrecional de la mercadería. Para lograrlo se habrían falseado múltiples expedientes.
Los futuros imputados estuvieron en la sala: Ángel Castillo y Marcelo Olivera, exsecretarios de Desarrollo Social y de Hacienda respectivamente; Diego Armando Catrimay, exjefe del Programa de Protección Social; Eliana Gómez, excoordinadora del área de Contrataciones, y Cristina Siri, exjefa del Programa Despacho. Ocuparon esos cargos entre 2022 y 2023. Los patrocinan los defensores públicos Romina Rowlands y Sergio Rey.
Los comerciantes son Rainiero Frontini y Elías Tellechea. A Tellechea lo representa Fabián Gabalachis y a Frontini, el dúo Federico Ruffa-Alfredo Pérez Galimberti.
La fiscal Julieta Gamarra, jefa de la Unidad Anticorrupción, explicó que cuando comenzaron los procedimientos se abrieron los celulares de Frontini y Tellechea. La información que se obtuvo es la base de la imputación original porque demostraría el estrecho vínculo diario de ambos con la cúpula municipal para negociar compras y pagos.
Pero aunque los reclaman desde mayo –cuando la causa estaba a cargo del fiscal Omar Rodríguez- los datos completos de ambos teléfonos nunca fueron puestos a disposición de los defensores Rowlands y Rey, que le advirtieron al juez que comenzaban el proceso “en desventaja ya que se viola el derecho de defensa al no tener toda la información para rebatir la acusación”.
En su momento el fiscal Rodríguez no les aportó la información porque consideró que los dos celulares podían tener información privada e íntima sin vínculo con la causa. Dejó la decisión en manos del juez pero esa audiencia nunca se realizó. Por eso la conclusión del peritaje no llegó a las defensas.
Gamarra opinó distinto que su antecesor: “Es un criterio fiscal que no compartimos por una cuestión básica de Derecho Constitucional de poder defenderse de lo que uno le imputan. Si nos sentamos con un caudal de evidencia para imputar cargos tan importantes, no puede ser que no puedan contradecirnos y hasta hallar en esa pericia elementos que mejoren su situación; deben poder tener acceso. No podemos funcionar como filtro, eso depende de cada imputado”.
A la misma hora de la audiencia y gracias a un nuevo programa informático comenzó la apertura de otros cuatro celulares que no habían podido ser desbloqueados: Castillo, Catrimay, Siri y un cuarto exfuncionario que no está acusado pero era mano derecha de Castillo. Todos los teléfonos se secuestraron el mismo día. Para evitar futuros pedidos de nulidad que derrumben la causa Fiscalía garantizó que este material también estará a disposición de la defensa. Se espera hallar información que fortalezca la hipótesis acusadora.
La primera reacción del juez Di Biase fue hacer la audiencia sí o sí: “Esto no se termina nunca más, se viene demorando hace mucho tiempo y no es imputable a la judicatura. El derecho de defensa está garantizado y hay que poner un punto final”, subrayó.
Pero tras un cuarto intermedio de cinco minutos el panorama se aclaró y las partes se pusieron de acuerdo. A regañadientes, Di Biase cedió. “Esto me pone de muy mal humor –advirtió-. Me estaban ocultando información y acá estuvo mal la Fiscalía porque no le dio toda la información a la defensa. Es una dilación de tiempo”.
En conferencia de prensa posterior, Gamarra precisó que en la causa “se investigan expedientes de compra de pollo y carne que parecen legales, pero era un circuito totalmente fraudulento”.
Las adquisiciones se enmarcaban en un plan de asistencia municipal para familias vulnerables. “Por ejemplo, el secretario de Acción Social pedía 1.600 cajones de pollo y cada uno hacía su aporte necesario para que el expediente avanzara, pero eran licitaciones por mercadería ya entregada”.
Pollos y carne se retiraban en cantidad directamente de los comercios y sin siquiera saber el destino. Tampoco ingresaba al depósito de Acción Social.
“Es de una enorme gravedad por la afectación al patrimonio municipal y porque ese plan era para personas vulnerables con diabetes, desnutrición, obesidad, asma, menores y adultos mayores. El alimento nunca llegó y ni siquiera había un listado de quiénes eran esos beneficiarios”.
Fotos: Norman Evans