Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
Tras cumplir un acuerdo conciliatorio, Marcelo Fera Racinello y Juan Albrecht Mereles fueron sobreseídos por el delito de falsedad ideológica. El primero fue director de la Unidad 6 de Rawson y le imputaban haber realizado declaraciones falsas para contestar un hábeas corpus colectivo. Mereles fue jefe de la División Trabajo y lo acusaban de haber escrito un primer informe mendaz, que Racinello tomó.
Ambos evitaron el juicio oral y público ofertando una reparación integral del daño. De este modo Fera Racinello se comprometió a donar bienes a la U-6 por $ 2.500.000 y Albrecht Mereles, por $1.000.000, ambos en tres cuotas iguales.
Fera Racinello presentó tres facturas por $ 833.333.33 cada una por la adquisición de una cocina Morelli 60 y dos cocinas Morelli Saho 550.
Por su parte, Albrecht Mereles presentó dos facturas por $ 503.000 cada una por la compra de un calefactor CTZ 6000 TB y una cocina Escorial GN.
Gracias a los aportes, el TOF declaró extinguida la acción penal.
Al dúo le habían imputado presentar informes falsos que aseguraban que los pabellones del penal capitalino estaban en buen estado. En noviembre de 2021, el fiscal federal de Rawson Fernando Gélvez había pedido elevar el caso a juicio oral y público.
Según la historia, en el marco de un hábeas corpus, el juez federal Gustavo Lleral había ordenado a las autoridades de la U-6 mejorar la seguridad e higiene. Pero los informes de Mereles y Racinello “de ningún modo habrían reflejado la realidad imperante de las condiciones edilicias, de salubridad, seguridad e higiene de los pabellones”, dijo la acusación de ese momento.
Según la versión que los exjefes de la cárcel habrían intentado filtrar, el estado del edificio oscilaba entre “bueno” y muy bueno”. Eran habitables y las fallas de la infraestructura se reparaban a medida que surgían reclamos.
Pero una pericia de Gendarmería Nacional ordenada por el juez halló casos de internos aislados días enteros en celdas diminutas sin baño ni acceso al agua, y con escasa luz natural. Hacían sus necesidades en botellas descartables, bidones de plástico y bandejas de comida.
Verificaron pésimas condiciones de higiene, hongos y visible suciedad de larga data en paredes y pisos, sin electricidad o con instalaciones precarias y riesgosas: cables y conexiones se encontraban sin protección.
Había muchas ventanas sin vidrios. Tampoco frazadas suficientes. Las celdas tenían mobiliario mínimo. Y los colchones eran ignífugos, pero en mal estado o rotos.
Los baños tenían múltiples pérdidas y sin puerta para la intimidad. Se comprobó mala calefacción, cocinas en al estado, tachos desbordados de basura, cucarachas y olores “nauseabundos e intolerables”.
No se observaron en ese tiempo elementos de higiene ni de limpieza. El agua se calentaba con cables. Había varios reclamos por las “condiciones inhumanas” de alojamiento y el disciplinamiento al que eran sometidos.
El juez Lleral consideró que de las pericias de Gendarmería “surgen de modo inequívoco todas las deficiencias edilicias, técnico constructivas y sanitarias de los sectores indicados”. Todo a contramano de los datos aportados en ese momento por ambos miembros de la U-6. “Las inspecciones de los peritos contrastan de modo elocuente con el informe de los penitenciarios”.
Al fallo que admitió el acuerdo para evitar el juicio lo firmó la jueza Ana María D`Alesio, subrogante del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
Tras cumplir un acuerdo conciliatorio, Marcelo Fera Racinello y Juan Albrecht Mereles fueron sobreseídos por el delito de falsedad ideológica. El primero fue director de la Unidad 6 de Rawson y le imputaban haber realizado declaraciones falsas para contestar un hábeas corpus colectivo. Mereles fue jefe de la División Trabajo y lo acusaban de haber escrito un primer informe mendaz, que Racinello tomó.
Ambos evitaron el juicio oral y público ofertando una reparación integral del daño. De este modo Fera Racinello se comprometió a donar bienes a la U-6 por $ 2.500.000 y Albrecht Mereles, por $1.000.000, ambos en tres cuotas iguales.
Fera Racinello presentó tres facturas por $ 833.333.33 cada una por la adquisición de una cocina Morelli 60 y dos cocinas Morelli Saho 550.
Por su parte, Albrecht Mereles presentó dos facturas por $ 503.000 cada una por la compra de un calefactor CTZ 6000 TB y una cocina Escorial GN.
Gracias a los aportes, el TOF declaró extinguida la acción penal.
Al dúo le habían imputado presentar informes falsos que aseguraban que los pabellones del penal capitalino estaban en buen estado. En noviembre de 2021, el fiscal federal de Rawson Fernando Gélvez había pedido elevar el caso a juicio oral y público.
Según la historia, en el marco de un hábeas corpus, el juez federal Gustavo Lleral había ordenado a las autoridades de la U-6 mejorar la seguridad e higiene. Pero los informes de Mereles y Racinello “de ningún modo habrían reflejado la realidad imperante de las condiciones edilicias, de salubridad, seguridad e higiene de los pabellones”, dijo la acusación de ese momento.
Según la versión que los exjefes de la cárcel habrían intentado filtrar, el estado del edificio oscilaba entre “bueno” y muy bueno”. Eran habitables y las fallas de la infraestructura se reparaban a medida que surgían reclamos.
Pero una pericia de Gendarmería Nacional ordenada por el juez halló casos de internos aislados días enteros en celdas diminutas sin baño ni acceso al agua, y con escasa luz natural. Hacían sus necesidades en botellas descartables, bidones de plástico y bandejas de comida.
Verificaron pésimas condiciones de higiene, hongos y visible suciedad de larga data en paredes y pisos, sin electricidad o con instalaciones precarias y riesgosas: cables y conexiones se encontraban sin protección.
Había muchas ventanas sin vidrios. Tampoco frazadas suficientes. Las celdas tenían mobiliario mínimo. Y los colchones eran ignífugos, pero en mal estado o rotos.
Los baños tenían múltiples pérdidas y sin puerta para la intimidad. Se comprobó mala calefacción, cocinas en al estado, tachos desbordados de basura, cucarachas y olores “nauseabundos e intolerables”.
No se observaron en ese tiempo elementos de higiene ni de limpieza. El agua se calentaba con cables. Había varios reclamos por las “condiciones inhumanas” de alojamiento y el disciplinamiento al que eran sometidos.
El juez Lleral consideró que de las pericias de Gendarmería “surgen de modo inequívoco todas las deficiencias edilicias, técnico constructivas y sanitarias de los sectores indicados”. Todo a contramano de los datos aportados en ese momento por ambos miembros de la U-6. “Las inspecciones de los peritos contrastan de modo elocuente con el informe de los penitenciarios”.
Al fallo que admitió el acuerdo para evitar el juicio lo firmó la jueza Ana María D`Alesio, subrogante del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.