Un fraude de $ 170 millones y alimentos que nunca llegaron a las familias vulnerables
La Unidad Anticorrupción reveló su acusación contra exfuncionarios municipales y comerciantes de Trelew. Trámites falseados, pagos direccionados y licitaciones dibujadas para estafar al erario. Un plan oficial para asistir a los sectores más desamparados se usó como paraguas protector para disfrazar las maniobras.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
Este viernes se inició la audiencia de apertura de investigación por la Causa Pollos de Papel. Seguirá recién a principios de noviembre porque una audiencia previa retrasó los horarios e impidió terminar. La agenda cargada de los defensores hace imposible que siga la otra semana.
El tiempo sí alcanzó para conocer la imputación de la Unidad Anticorrupción. Según la hipótesis de los fiscales Julieta Gamarra y Lucas Papini, cinco exfuncionarios de la Municipalidad de Trelew y dos comerciantes armaron un esquema para defraudar en casi $ 170 millones al Estado local.
Los primeros pagaron y los segundos entregaron pollos y carne que nunca llegaron donde debían: miles de familias de la franja más vulnerable de la ciudad. El doble objetivo fue saldar viejas deudas con ambos proveedores y hacer política con el reparto discrecional de la mercadería, que nadie sabe dónde terminó.
Los acusados son Ángel Castillo y Marcelo Olivera, exsecretarios de Desarrollo Social y de Hacienda respectivamente; Diego Armando Catrimay, exjefe del Programa de Protección Social; Eliana Gómez, excoordinadora del área de Contrataciones, y Cristina Siri, exjefa del Programa Despacho. Ocuparon esos cargos entre 2022 y 2023. Son representados por los defensores públicos Romina Rowlands y Sergio Rey.
Los comerciantes son Rainiero Frontini y Elías Tellechea. Al primero lo defiende Alfredo Pérez Galimberti; al segundo, Fabían Gabalachis.
Según la acusación, el grupo desplegó una “red de corrupción estructural, actuando de manera espuria e interesada. Fue una maniobra delictiva organizada y reiterada orientada a burlar los procedimientos de contratación pública, desviar bienes del Estado con fines políticos y disfrazar el gasto como asistencia social”.
Modus operandi
El modus operandi fue que los imputados o terceras personas que ni siquiera eran empleados públicos retiraban pollo y carne de los comercios sin orden formal ni trámite administrativo válido. El retiro se avisaba con mensajes de texto u órdenes personales.
Frontini entregaba pollos en sus locales “Distribuidora 28 de Febrero”, “La Huella 1” y “La Huella 2”. Tellechea,carne en las dos sucursales de “Carnicería Elías”. Ambos son proveedores del municipio hace más de diez años.
Según la hipótesis fiscal, los funcionarios indicaban a los proveedores qué mercadería se necesitaba, quién la retiraba y en algunos casos, el destino. Era una suerte de cuenta corriente comercial “arbitraria y permanente”.
“Los funcionarios públicos, a sabiendas de las maniobras ilegales y en claro incumplimiento de sus funciones, transformaban en deudor millonario al Estado municipal”, imputó Fiscalía.
Frente al reclamo vehemente e insistente de los comerciantes para cobrar, los funcionarios dibujaron contrataciones para direccionar los pagos: se falsificaron pedidos de compra, órdenes de pago, facturas y remitos de recepción.
Para disfrazar el esquema se acudió al Programa de Asistencia Alimentaria, que rigió entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023. Su objetivo era asistir a embarazadas, menores de 14 años, personas con discapacidad, mayores o con desnutrición, obesidad, diabetes, anemias crónicas, insuficiencia renal, HIV, EPOC o TEC.
Los módulos se almacenaban en el Centro de Distribución de Avellaneda entre Pellegrini y Soldado Ortega. Y los remitos de entrega debían quedar a resguardo de la Secretaría para su control.
Este Programa justificó las contrataciones truchas: los expedientes dicen que la compra iba para asistir a estas familias vulnerables. Pero la mercadería nunca entró al depósito ni se sabe dónde fue.
“De gravedad extrema resulta que ni siquiera en la Secretaria se contaba con listas de personas con patologías específicas ni en estado de vulnerabilidad, todo lo cual confirma que discrecional y arbitrariamente la mercadería se utilizaba con fines totalmente distintos a los que se anunciaban”, detalló la acusación.
Los roles
Según Fiscalía, Olivera, con un claro interés en favorecer una relación comercial irregular con los proveedores, usó su cargo para direccionar contrataciones: rubricó pedidos de compra y habilitó presupuesto para iniciar el circuito corrupto.
También firmó las adjudicaciones para Frontini y Tellechea, que daban como válidas circunstancias inexistentes. “Olivera sabía que las contrataciones se hacían para saldar deudas anteriores, habiendo favorecido a los proveedores con información privilegiada (…) Fue garante y ejecutor”.
A Gómez le imputan manipular contrataciones con un trato directo con ambos proveedores para asegurarles los pagos. Les garantizaba que aún sin entrega en término, igual armaría los expedientes ex post para “achicar deudas” por mercadería ya entregada.
Simulaba competencia de ofertas cuando en realidad los proveedores ya estaban seleccionados, manipulando avisos, invitaciones para cotizar e indicaciones de precio para no quedar fuera.
Según los fiscales, Catrimay y Siri fueron el último eslabón clave para cerrar el circuito administrativo de la maniobra ilegal. Firmaron remitos con fechas y datos falsos: se dejaba constancia de un ingreso de mercadería al depósito que nunca existió ya que había sido entregada incluso meses antes.
Si bien era empleada formal de la Secretaria, Siri en realidad era secretaria privada del concejal Héctor Castillo en el Concejo Deliberante. Tienen un hijo.
“Otorgaron apariencia de legalidad a la operatoria corrupta, condición necesaria para que esa maniobra se perfeccione y se liberen los pagos indebidos, permitiendo a las demás autoridades justificarlos”.
El rol de Castillo fue decisivo ya que integró las Comisiones de Pre Adjudicación y rubricó las Resoluciones de Adjudicación para los comerciantes y firmando recibos de recepción. Este disfraz documental liberó los pagos.
También usó su cargo para direccionar contrataciones en beneficio de Tellechea y Frontini. Firmó pedidos de suministros y de adquisición indicando que la mercadería sería entregada a familias vulnerables.
“Sabía que las contrataciones se hacían para saldar deudas anteriores, falsificando documentos porque declaraba hechos falsos como verdaderos”, dice la imputación.
Conformó facturas de los proveedores aprobando el pago. Y firmó remitos validando la recepción de pollo y carne que jamás ingresó al Depósito.
Trato preferencial
Para Fiscalía, Frontini y Tellechea sostenían un constante y privilegiado trato con los funcionarios con llamados casi diarios para gestionar pollos, carne, asado, chorizos, y carne de muy buena calidad en algunos casos.
Sabían cuándo se harían las contrataciones, qué debían cotizar y qué precios ofrecer para no quedar afuera de la “competencia”.
Ambos proveedores llevaban el registro de la mercadería que salía de sus locales y por su vasta experiencia comercial, sabían que la maniobra era ilegal. De sus charlas con las jerarquías municipales queda claro que los pagos se “armaban” para saldar cuentas anteriores. Y se beneficiaron de su trato directo y preferencial ya que fueron los únicos proveedores favorecidos.
“Su mercadería se recibía sin procedimiento formal, con la certeza de que Olivera, Gómez y Castillo acomodarían luego la documentación para que se concreten las adjudicaciones”, subrayaron los fiscales.
Los comerciantes aportaron facturas y remitos falsos para “comprobar” la entrega de la mercadería y poder cobrar. “Consignaron operaciones inexistentes aparentando ventas que no existieron y entregas que no se realizaron, siendo claramente documentos privados capaces de producir perjuicio, más aún al ser incorporados en el ámbito público, en cada uno de los Expedientes administrativos, convirtiéndose en la base del fraude”.
La cifra exacta del fraude al municipio fue de $ 169.442.800.
Los exfuncionarios fueron acusados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y uso de documento falso.
Los comerciantes, por falsificación de documento privado, uso de documento falso y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
A la audiencia la condujo el juez Marcelo Nieto Di Biase. Una vez que las partes acuerden una fecha con la Oficina Judicial, la discusión continuará.
Fotos: Norman Evans
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
Este viernes se inició la audiencia de apertura de investigación por la Causa Pollos de Papel. Seguirá recién a principios de noviembre porque una audiencia previa retrasó los horarios e impidió terminar. La agenda cargada de los defensores hace imposible que siga la otra semana.
El tiempo sí alcanzó para conocer la imputación de la Unidad Anticorrupción. Según la hipótesis de los fiscales Julieta Gamarra y Lucas Papini, cinco exfuncionarios de la Municipalidad de Trelew y dos comerciantes armaron un esquema para defraudar en casi $ 170 millones al Estado local.
Los primeros pagaron y los segundos entregaron pollos y carne que nunca llegaron donde debían: miles de familias de la franja más vulnerable de la ciudad. El doble objetivo fue saldar viejas deudas con ambos proveedores y hacer política con el reparto discrecional de la mercadería, que nadie sabe dónde terminó.
Los acusados son Ángel Castillo y Marcelo Olivera, exsecretarios de Desarrollo Social y de Hacienda respectivamente; Diego Armando Catrimay, exjefe del Programa de Protección Social; Eliana Gómez, excoordinadora del área de Contrataciones, y Cristina Siri, exjefa del Programa Despacho. Ocuparon esos cargos entre 2022 y 2023. Son representados por los defensores públicos Romina Rowlands y Sergio Rey.
Los comerciantes son Rainiero Frontini y Elías Tellechea. Al primero lo defiende Alfredo Pérez Galimberti; al segundo, Fabían Gabalachis.
Según la acusación, el grupo desplegó una “red de corrupción estructural, actuando de manera espuria e interesada. Fue una maniobra delictiva organizada y reiterada orientada a burlar los procedimientos de contratación pública, desviar bienes del Estado con fines políticos y disfrazar el gasto como asistencia social”.
Modus operandi
El modus operandi fue que los imputados o terceras personas que ni siquiera eran empleados públicos retiraban pollo y carne de los comercios sin orden formal ni trámite administrativo válido. El retiro se avisaba con mensajes de texto u órdenes personales.
Frontini entregaba pollos en sus locales “Distribuidora 28 de Febrero”, “La Huella 1” y “La Huella 2”. Tellechea,carne en las dos sucursales de “Carnicería Elías”. Ambos son proveedores del municipio hace más de diez años.
Según la hipótesis fiscal, los funcionarios indicaban a los proveedores qué mercadería se necesitaba, quién la retiraba y en algunos casos, el destino. Era una suerte de cuenta corriente comercial “arbitraria y permanente”.
“Los funcionarios públicos, a sabiendas de las maniobras ilegales y en claro incumplimiento de sus funciones, transformaban en deudor millonario al Estado municipal”, imputó Fiscalía.
Frente al reclamo vehemente e insistente de los comerciantes para cobrar, los funcionarios dibujaron contrataciones para direccionar los pagos: se falsificaron pedidos de compra, órdenes de pago, facturas y remitos de recepción.
Para disfrazar el esquema se acudió al Programa de Asistencia Alimentaria, que rigió entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023. Su objetivo era asistir a embarazadas, menores de 14 años, personas con discapacidad, mayores o con desnutrición, obesidad, diabetes, anemias crónicas, insuficiencia renal, HIV, EPOC o TEC.
Los módulos se almacenaban en el Centro de Distribución de Avellaneda entre Pellegrini y Soldado Ortega. Y los remitos de entrega debían quedar a resguardo de la Secretaría para su control.
Este Programa justificó las contrataciones truchas: los expedientes dicen que la compra iba para asistir a estas familias vulnerables. Pero la mercadería nunca entró al depósito ni se sabe dónde fue.
“De gravedad extrema resulta que ni siquiera en la Secretaria se contaba con listas de personas con patologías específicas ni en estado de vulnerabilidad, todo lo cual confirma que discrecional y arbitrariamente la mercadería se utilizaba con fines totalmente distintos a los que se anunciaban”, detalló la acusación.
Los roles
Según Fiscalía, Olivera, con un claro interés en favorecer una relación comercial irregular con los proveedores, usó su cargo para direccionar contrataciones: rubricó pedidos de compra y habilitó presupuesto para iniciar el circuito corrupto.
También firmó las adjudicaciones para Frontini y Tellechea, que daban como válidas circunstancias inexistentes. “Olivera sabía que las contrataciones se hacían para saldar deudas anteriores, habiendo favorecido a los proveedores con información privilegiada (…) Fue garante y ejecutor”.
A Gómez le imputan manipular contrataciones con un trato directo con ambos proveedores para asegurarles los pagos. Les garantizaba que aún sin entrega en término, igual armaría los expedientes ex post para “achicar deudas” por mercadería ya entregada.
Simulaba competencia de ofertas cuando en realidad los proveedores ya estaban seleccionados, manipulando avisos, invitaciones para cotizar e indicaciones de precio para no quedar fuera.
Según los fiscales, Catrimay y Siri fueron el último eslabón clave para cerrar el circuito administrativo de la maniobra ilegal. Firmaron remitos con fechas y datos falsos: se dejaba constancia de un ingreso de mercadería al depósito que nunca existió ya que había sido entregada incluso meses antes.
Si bien era empleada formal de la Secretaria, Siri en realidad era secretaria privada del concejal Héctor Castillo en el Concejo Deliberante. Tienen un hijo.
“Otorgaron apariencia de legalidad a la operatoria corrupta, condición necesaria para que esa maniobra se perfeccione y se liberen los pagos indebidos, permitiendo a las demás autoridades justificarlos”.
El rol de Castillo fue decisivo ya que integró las Comisiones de Pre Adjudicación y rubricó las Resoluciones de Adjudicación para los comerciantes y firmando recibos de recepción. Este disfraz documental liberó los pagos.
También usó su cargo para direccionar contrataciones en beneficio de Tellechea y Frontini. Firmó pedidos de suministros y de adquisición indicando que la mercadería sería entregada a familias vulnerables.
“Sabía que las contrataciones se hacían para saldar deudas anteriores, falsificando documentos porque declaraba hechos falsos como verdaderos”, dice la imputación.
Conformó facturas de los proveedores aprobando el pago. Y firmó remitos validando la recepción de pollo y carne que jamás ingresó al Depósito.
Trato preferencial
Para Fiscalía, Frontini y Tellechea sostenían un constante y privilegiado trato con los funcionarios con llamados casi diarios para gestionar pollos, carne, asado, chorizos, y carne de muy buena calidad en algunos casos.
Sabían cuándo se harían las contrataciones, qué debían cotizar y qué precios ofrecer para no quedar afuera de la “competencia”.
Ambos proveedores llevaban el registro de la mercadería que salía de sus locales y por su vasta experiencia comercial, sabían que la maniobra era ilegal. De sus charlas con las jerarquías municipales queda claro que los pagos se “armaban” para saldar cuentas anteriores. Y se beneficiaron de su trato directo y preferencial ya que fueron los únicos proveedores favorecidos.
“Su mercadería se recibía sin procedimiento formal, con la certeza de que Olivera, Gómez y Castillo acomodarían luego la documentación para que se concreten las adjudicaciones”, subrayaron los fiscales.
Los comerciantes aportaron facturas y remitos falsos para “comprobar” la entrega de la mercadería y poder cobrar. “Consignaron operaciones inexistentes aparentando ventas que no existieron y entregas que no se realizaron, siendo claramente documentos privados capaces de producir perjuicio, más aún al ser incorporados en el ámbito público, en cada uno de los Expedientes administrativos, convirtiéndose en la base del fraude”.
La cifra exacta del fraude al municipio fue de $ 169.442.800.
Los exfuncionarios fueron acusados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y uso de documento falso.
Los comerciantes, por falsificación de documento privado, uso de documento falso y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
A la audiencia la condujo el juez Marcelo Nieto Di Biase. Una vez que las partes acuerden una fecha con la Oficina Judicial, la discusión continuará.
Fotos: Norman Evans