La jueza Marcela Pérez Bogado abrió una investigación contra Armando Walter Vique por presunta defraudación. Es un exintegrante de la delegación en Puerto Madryn del Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Publica. El martes habrá una segunda audiencia para imputar el mismo delito a Patricia Mariezcurrena, que también fue parte del gremio.
Según la hipótesis del fiscal jefe Alex Williams, entre 2020 y 2024, como parte de la comisión directiva del SOYEAP y abusando de la confianza tanto de los asociados como de la Municipalidad, informaron de manera falaz e intencional al municipio –que era agente de retención de las cuotas sindicales-, números de tres cuentas bancarias: una era de la mujer, otra de Vique y de la tercera eran cotitulares. Ninguna era la cuenta oficial del Sindicato.
Mariezcurrena era responsable de la administración y manejo de las cuotas sindicales aportadas por los empleados municipales afiliados.
Para esta presunta defraudación, Vique prestó una colaboración activa e imprescindible aportando tanto su cuenta como la que registra en cotitularidad para que esas retenciones a los afiliados fueran acreditadas en sus cuentas y administradas por él.
No hay constancia de que el dinero ingresado a sus cuentas personales haya sido destinado al gremio o en beneficio de sus afiliados.
El monto defraudado al SOYEAP se estima en $ 11.475.556,34, que se concretó en varias transferencias a cuentas del Banco del Chubut a nombre de los imputados.
Como se desconoce el destino del dinero, se sospecha ambos se beneficiaron económicamente en perjuicio del Sindicato.
La penalista Gladys Olavarría representa a la querella de José Mariani, interventor del SOYEAP, que muy activa en el proceso solicitó múltiples medidas de prueba para confirmar la ruta del dinero.
La jueza Marcela Pérez Bogado abrió una investigación contra Armando Walter Vique por presunta defraudación. Es un exintegrante de la delegación en Puerto Madryn del Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Publica. El martes habrá una segunda audiencia para imputar el mismo delito a Patricia Mariezcurrena, que también fue parte del gremio.
Según la hipótesis del fiscal jefe Alex Williams, entre 2020 y 2024, como parte de la comisión directiva del SOYEAP y abusando de la confianza tanto de los asociados como de la Municipalidad, informaron de manera falaz e intencional al municipio –que era agente de retención de las cuotas sindicales-, números de tres cuentas bancarias: una era de la mujer, otra de Vique y de la tercera eran cotitulares. Ninguna era la cuenta oficial del Sindicato.
Mariezcurrena era responsable de la administración y manejo de las cuotas sindicales aportadas por los empleados municipales afiliados.
Para esta presunta defraudación, Vique prestó una colaboración activa e imprescindible aportando tanto su cuenta como la que registra en cotitularidad para que esas retenciones a los afiliados fueran acreditadas en sus cuentas y administradas por él.
No hay constancia de que el dinero ingresado a sus cuentas personales haya sido destinado al gremio o en beneficio de sus afiliados.
El monto defraudado al SOYEAP se estima en $ 11.475.556,34, que se concretó en varias transferencias a cuentas del Banco del Chubut a nombre de los imputados.
Como se desconoce el destino del dinero, se sospecha ambos se beneficiaron económicamente en perjuicio del Sindicato.
La penalista Gladys Olavarría representa a la querella de José Mariani, interventor del SOYEAP, que muy activa en el proceso solicitó múltiples medidas de prueba para confirmar la ruta del dinero.