Docente a juicio por abuso: “Hay pruebas muy fuertes”

La abogada Gladys Olavarría, representante de las familias de los tres niños que denunciaron a la docente Roxana Ortega (escuela Nº210 de Los Aromos) por abuso sexual infantil, consideró un paso decisivo la resolución de la jueza penal Ivana González de elevar el caso a juicio. La audiencia preliminar, detalló, fue “bastante compleja” y se extendió por más de dos horas y media, con un debate intenso entre la Fiscalía, la querella y la defensa. Finalmente, la magistrada dispuso que la acusación avance por los tres hechos atribuidos a la imputada.

Olavarría, en una entrevista en Mañana G por Jornada Radio, explicó que, aunque se habla de “tres hechos”, en realidad se trata de tres niños que refirieron haber sido víctimas en más de una ocasión por parte de la misma docente. La calificación con la que el caso llega a juicio es la de abuso sexual infantil agravado por la calidad de encargada de la educación, en concurso real, la misma postulada tanto por la Fiscalía como por la querella.

La abogada subrayó la solidez de las declaraciones de los menores. “Los relatos no solo son coherentes en el tiempo, sino también en las circunstancias de modo, lugar y autoría”, señaló. A esto se suma que los informes profesionales concluyeron que los testimonios no fueron inducidos ni construidos por terceros, sino que surgen de experiencias personales vividas por los propios niños.

Respecto de la situación procesal de la acusada, Olavarría indicó que no se solicitó la prisión preventiva porque no se constataron riesgos concretos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, insistió en la necesidad de llegar cuanto antes al debate oral para que la prueba sea examinada y, en caso de obtenerse una condena, avanzar con las medidas correspondientes.

En cuanto a la expectativa temporal, la letrada sostuvo que la Oficina Judicial de Trelew suele actuar con celeridad en la programación de los debates. Por este motivo, estimó que el juicio podría desarrollarse durante el primer semestre de 2026, siempre que la agenda judicial lo permita.

Sobre la pena, recordó que el mínimo comienza en tres años y el máximo alcanza los treinta.

La querella solicitó dieciséis años, aunque advirtió que, tratándose de un concurso real, la legislación establece que se suman los mínimos de cada hecho, lo que puede elevar sustancialmente la condena. La noticia de la elevación a juicio, relató, provocó un profundo impacto emocional en las madres: lágrimas de alivio porque la justicia escuchó la voz de sus hijos, pero también angustia ante el camino judicial que aún resta atravesar.

Olavarría mencionó que habían solicitado la posibilidad de un juicio por jurados, pero la normativa vigente no lo permite en casos de concurso de delitos, aun cuando la pena sea elevada. Este vacío legal, explicó, determina que el debate se realice ante un juez unipersonal. Aunque esto reduce la deliberación colegiada, facilita la organización y agiliza los tiempos para la realización del juicio.

La abogada aseguró que el equipo de acusación está preparado y confiado, aunque reconoce que la decisión final no les pertenece. Detalló que la querella presentó una abundante cantidad de prueba: psicólogos, médicos, peritos, policías, inspección ocular, documentación pública y testimonios de personas cercanas a los niños y sus familias, quienes también evidenciaron las secuelas de los hechos denunciados. En contraste, señaló que los testigos ofrecidos por la defensa son en su mayoría amigos o conocidos de la imputada.

“Hay elementos de prueba muy fuertes”, concluyó Olavarría, convencida de que el juicio permitirá verificar la contundencia de estos testimonios.