Petroleros ratifican estado de alerta y movilización
El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut denunció un fuerte derrumbe de la actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge, con caída de la producción, paralización de equipos, pérdida de miles de puestos de trabajo y un grave pasivo ambiental que YPF pretende dejar sin remediar.
Durante un acto gremial, el dirigente Carlos Gómez informó que se registra una pérdida del 38% en la producción de gas y del 45% en los programas de perforación, con desaparición de equipos perforadores y paralización de torres en yacimientos de toda la cuenca. “No es solo Manantiales, esto ocurre en toda la Cuenca”, afirmó. Recordó que en enero de 2025 la empresa Pecom adquirió áreas de YPF por 114 millones de dólares, pero anunció un plan de inversiones de apenas 60 millones.
Ese esquema derivó en la reactivación limitada de equipos y en el traspaso de 1.100 trabajadores a nuevas operadoras, junto con 400 retiros voluntarios de distintos gremios. Como consecuencia, varias empresas de servicios entraron en situación de quebranto.
En julio, YPF comunicó la venta del área Manantiales Bher pero durante meses no hubo información oficial sobre el nuevo operador. Ante ese silencio, el 17 de noviembre, el secretario general Jorge Ávila declaró el estado de alerta y movilización, exigiendo conocer las ofertas y los planes de inversión. Ese mismo día, el gremio denunció ante Petrominera el enorme pasivo ambiental que deja YPF en Restinga Alí, con 560 pozos perforados, de los cuales solo 24 a 34 están activos, 362 abandonados, 113 a abandonar y 51 inactivos, muchos en zonas urbanas y costeras. Frente a éste escenario, se advirtió que no asumiría la operación en esas condiciones.
Finalmente, arribó a Comodoro la empresa Robella Energía que presentó un plan de inversiones mínimas: 131 millones de dólares en 2026, 138 millones en 2027 y 122 millones en 2028, con un perforador permanente, 29 pozos anuales y el objetivo de aumentar la producción un 30% en tres años.
Desde el gremio cuestionaron duramente al Gobierno nacional por la salida de YPF y rechazaron la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La asamblea resolvió ratificar el estado de alerta y movilización, exigir garantías de inversión, continuidad laboral, preservación de derechos adquiridos y la remediación integral del pasivo ambiental.
Durante un acto gremial, el dirigente Carlos Gómez informó que se registra una pérdida del 38% en la producción de gas y del 45% en los programas de perforación, con desaparición de equipos perforadores y paralización de torres en yacimientos de toda la cuenca. “No es solo Manantiales, esto ocurre en toda la Cuenca”, afirmó. Recordó que en enero de 2025 la empresa Pecom adquirió áreas de YPF por 114 millones de dólares, pero anunció un plan de inversiones de apenas 60 millones.
Ese esquema derivó en la reactivación limitada de equipos y en el traspaso de 1.100 trabajadores a nuevas operadoras, junto con 400 retiros voluntarios de distintos gremios. Como consecuencia, varias empresas de servicios entraron en situación de quebranto.
En julio, YPF comunicó la venta del área Manantiales Bher pero durante meses no hubo información oficial sobre el nuevo operador. Ante ese silencio, el 17 de noviembre, el secretario general Jorge Ávila declaró el estado de alerta y movilización, exigiendo conocer las ofertas y los planes de inversión. Ese mismo día, el gremio denunció ante Petrominera el enorme pasivo ambiental que deja YPF en Restinga Alí, con 560 pozos perforados, de los cuales solo 24 a 34 están activos, 362 abandonados, 113 a abandonar y 51 inactivos, muchos en zonas urbanas y costeras. Frente a éste escenario, se advirtió que no asumiría la operación en esas condiciones.
Finalmente, arribó a Comodoro la empresa Robella Energía que presentó un plan de inversiones mínimas: 131 millones de dólares en 2026, 138 millones en 2027 y 122 millones en 2028, con un perforador permanente, 29 pozos anuales y el objetivo de aumentar la producción un 30% en tres años.
Desde el gremio cuestionaron duramente al Gobierno nacional por la salida de YPF y rechazaron la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La asamblea resolvió ratificar el estado de alerta y movilización, exigir garantías de inversión, continuidad laboral, preservación de derechos adquiridos y la remediación integral del pasivo ambiental.