La reforma laboral de Milei salió con 42 votos
El Gobierno libertario tuvo apoyo de la UCR, el PRO y los gobernadores, entre ellos Nacho Torres: las senadoras Terenzi y Cristina votaron a favor del recorte de derechos a los trabajadores. La semana próxima se debatiría en Diputados.
El Senado dio media sanción este jueves a la madrugada a la Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Fue con 42 votos a favor y 30 en contra, gracias al apoyo que La Libertad Avanza consiguió de la UCR, el PRO y los gobernadores, que canjearon beneficios para las cuentas provinciales por votos para engrosar el triunfo libertario.
Entre ellos se destacó el del gobernador de Chubut, Nacho Torres, que no sólo impulsó a que la senadora trelewense Edith Terenzi se sentara en una banca para asegurar el quórum en el mediodía del miércoles, sino que aportó el voto de Andrea Cristina, la comodorense que reporta al PRO. El tercer senador chubutense, el peronista comodorense Carlos Linares, votó en contra del proyecto, en línea con la mayoría del peronismo.
Cambios en el texto por votos
Para alcanzar los votos necesarios, el Gobierno libertario cedió a las presiones de los gobernadores para eliminar la rebaja de Ganancias -que reducía los ingresos por Coparticipación- y de la CGT para no perder su sistema de financiamiento de gremios y obras sociales sindicales.
La sesión comenzó a las 11:13 del miércoles con la presencia de 38 senadores que fueron aportados por la LLA, la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Frente Cívico, y otros bloques provinciales.
El Gobierno nacional introdujo cambios de último momento en el capítulo laboral de la ley que se discutió durante todo el miércoles en el Senado y resolvió mantener los aportes obligatorios a gremios y cámaras empresariales, aunque con límites porcentuales más bajos y sin establecer una fecha de caducidad, como estaba previsto inicialmente.
Tras varias horas de versiones cruzadas, se confirmó que el oficialismo validaba en el recinto la postura que figura en el dictamen de mayoría: el financiamiento compulsivo continuará, descartando la cláusula que fijaba su caída automática a los dos años.
La definición implicó un nuevo gesto de la Casa Rosada hacia sindicatos y entidades empresarias, en medio de un clima de nerviosismo entre los sectores dialoguistas que reclamaban un trato equilibrado.
Principales puntos
Uno de los cambios centrales es la habilitación de convenios colectivos por empresa. Esto implica que las condiciones laborales podrán negociarse a nivel individual entre compañías y trabajadores o sindicatos de base, por encima de los acuerdos sectoriales tradicionales. Para el oficialismo, la medida permitirá mayor flexibilidad y adaptación a cada realidad productiva; los gremios advierten que puede fragmentar la negociación colectiva.
El proyecto también establece un tope para las indemnizaciones por despido. Se fija un límite basado en el salario promedio registrado, lo que modifica el cálculo vigente y reduce el costo potencial para el empleador. Según el Ejecutivo, la medida busca dar previsibilidad y fomentar la contratación formal. Desde el sindicalismo sostienen que puede debilitar la protección ante cesantías arbitrarias.
Otro punto relevante es la creación de un “banco de horas”. Este mecanismo permite compensar horas trabajadas de más con jornadas de menor carga en otros períodos, evitando el pago automático de horas extras. La propuesta apunta a otorgar mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo, especialmente en actividades con picos estacionales.
La reforma incorpora además cambios en los períodos de prueba, ajustes en el régimen de multas por empleo no registrado y modificaciones en los esquemas de registración laboral. El Gobierno sostiene que el objetivo es reducir la litigiosidad y promover la formalización de trabajadores.
Durante el debate, legisladores oficialistas defendieron la iniciativa como una herramienta para dinamizar el mercado laboral y reducir la informalidad. En cambio, sectores opositores cuestionaron que las modificaciones puedan afectar derechos adquiridos y debilitar el poder de negociación de los trabajadores.
Con la media sanción en el Senado, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde se anticipa un tratamiento intenso y con negociaciones abiertas. El resultado final dependerá del equilibrio de fuerzas políticas y de las eventuales modificaciones que se introduzcan en esa instancia.
El Senado dio media sanción este jueves a la madrugada a la Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Fue con 42 votos a favor y 30 en contra, gracias al apoyo que La Libertad Avanza consiguió de la UCR, el PRO y los gobernadores, que canjearon beneficios para las cuentas provinciales por votos para engrosar el triunfo libertario.
Entre ellos se destacó el del gobernador de Chubut, Nacho Torres, que no sólo impulsó a que la senadora trelewense Edith Terenzi se sentara en una banca para asegurar el quórum en el mediodía del miércoles, sino que aportó el voto de Andrea Cristina, la comodorense que reporta al PRO. El tercer senador chubutense, el peronista comodorense Carlos Linares, votó en contra del proyecto, en línea con la mayoría del peronismo.
Cambios en el texto por votos
Para alcanzar los votos necesarios, el Gobierno libertario cedió a las presiones de los gobernadores para eliminar la rebaja de Ganancias -que reducía los ingresos por Coparticipación- y de la CGT para no perder su sistema de financiamiento de gremios y obras sociales sindicales.
La sesión comenzó a las 11:13 del miércoles con la presencia de 38 senadores que fueron aportados por la LLA, la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Frente Cívico, y otros bloques provinciales.
El Gobierno nacional introdujo cambios de último momento en el capítulo laboral de la ley que se discutió durante todo el miércoles en el Senado y resolvió mantener los aportes obligatorios a gremios y cámaras empresariales, aunque con límites porcentuales más bajos y sin establecer una fecha de caducidad, como estaba previsto inicialmente.
Tras varias horas de versiones cruzadas, se confirmó que el oficialismo validaba en el recinto la postura que figura en el dictamen de mayoría: el financiamiento compulsivo continuará, descartando la cláusula que fijaba su caída automática a los dos años.
La definición implicó un nuevo gesto de la Casa Rosada hacia sindicatos y entidades empresarias, en medio de un clima de nerviosismo entre los sectores dialoguistas que reclamaban un trato equilibrado.
Principales puntos
Uno de los cambios centrales es la habilitación de convenios colectivos por empresa. Esto implica que las condiciones laborales podrán negociarse a nivel individual entre compañías y trabajadores o sindicatos de base, por encima de los acuerdos sectoriales tradicionales. Para el oficialismo, la medida permitirá mayor flexibilidad y adaptación a cada realidad productiva; los gremios advierten que puede fragmentar la negociación colectiva.
El proyecto también establece un tope para las indemnizaciones por despido. Se fija un límite basado en el salario promedio registrado, lo que modifica el cálculo vigente y reduce el costo potencial para el empleador. Según el Ejecutivo, la medida busca dar previsibilidad y fomentar la contratación formal. Desde el sindicalismo sostienen que puede debilitar la protección ante cesantías arbitrarias.
Otro punto relevante es la creación de un “banco de horas”. Este mecanismo permite compensar horas trabajadas de más con jornadas de menor carga en otros períodos, evitando el pago automático de horas extras. La propuesta apunta a otorgar mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo, especialmente en actividades con picos estacionales.
La reforma incorpora además cambios en los períodos de prueba, ajustes en el régimen de multas por empleo no registrado y modificaciones en los esquemas de registración laboral. El Gobierno sostiene que el objetivo es reducir la litigiosidad y promover la formalización de trabajadores.
Durante el debate, legisladores oficialistas defendieron la iniciativa como una herramienta para dinamizar el mercado laboral y reducir la informalidad. En cambio, sectores opositores cuestionaron que las modificaciones puedan afectar derechos adquiridos y debilitar el poder de negociación de los trabajadores.
Con la media sanción en el Senado, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde se anticipa un tratamiento intenso y con negociaciones abiertas. El resultado final dependerá del equilibrio de fuerzas políticas y de las eventuales modificaciones que se introduzcan en esa instancia.