La Oficina Anticorrupción tardó dos meses en abrir un mail y quedó fuera de una causa
El organismo era querellante en el expediente por irregularidades en la contratación de empresas para reparar escuelas en Chubut. En diciembre le notificaron la fecha de la audiencia preliminar. El correo electrónico fue abierto este mes pero no hubo contestación y nadie fue al debate. Ahora ya no podrá participar del proceso.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
La Oficina Anticorrupción del Chubut quedó afuera de la causa por presuntas irregularidades en la contratación de empresas para reparar escuelas en la provincia. Es porque el 12 de diciembre del año pasado, la Oficina Judicial de Rawson le notificó al organismo que conduce el abogado Diego Carmona que la audiencia preliminar sería este miércoles 18. Luis Vivanco Saiegh, de la OA, abrió ese mail recién el 3 de febrero: no contestó nada ni pidió prórroga ni reprogramación. Esta mañana la jueza Karina Breckle dio un plazo de media hora pero ni aún así nadie de esa área se presentó. Aunque es su materia específica, la Oficina ya no podrá pedir testigos ni medidas ni acusar a los sospechosos. El planteo original fue de la defensora Gladys Olavarría.
El origen de la causa es la falla en la calefacción de la Escuela 93 de El Maitén que intoxicó a docentes y alumnos. Como Jornada ya reveló en su momento, esa casi tragedia destapó una trama de concursos arreglados, contratistas que hacían a la vez el presupuesto oficial y la oferta, asados con funcionarios y mensajes comprometedores para acordar quién se quedaba con las obras.
En la audiencia de este miércoles Romano Cominetti, defensor de Maximiliano García, exfuncionario del Ministerio de Educación, planteó que el fiscal Omar Rodríguez no puede actuar ya que los fondos usados para las obras fueron enviados por Nación y debe intervenir la Justicia Federal. La jueza Breckle le dio un plazo de 20 días hábiles a la Unidad Anticorrupción para que resuelva si sostiene su competencia. Sin embargo, el fiscal Rodríguez ya avisó que el pedido del defensor es “sorpresivo” ya que la causa abrió hace ya dos años.
Están imputados los contratistas Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León, junto a siete exfuncionarios de los ministerios de Educación e Infraestructura: Antonio Chacón, Gustavo Campos, Gustavo Barauna, Mónica Martínez Carpio, Claudio Márquez, Rocío Preciado y García.
Les imputan defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El perjuicio estimado ronda los $ 20 millones.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
La Oficina Anticorrupción del Chubut quedó afuera de la causa por presuntas irregularidades en la contratación de empresas para reparar escuelas en la provincia. Es porque el 12 de diciembre del año pasado, la Oficina Judicial de Rawson le notificó al organismo que conduce el abogado Diego Carmona que la audiencia preliminar sería este miércoles 18. Luis Vivanco Saiegh, de la OA, abrió ese mail recién el 3 de febrero: no contestó nada ni pidió prórroga ni reprogramación. Esta mañana la jueza Karina Breckle dio un plazo de media hora pero ni aún así nadie de esa área se presentó. Aunque es su materia específica, la Oficina ya no podrá pedir testigos ni medidas ni acusar a los sospechosos. El planteo original fue de la defensora Gladys Olavarría.
El origen de la causa es la falla en la calefacción de la Escuela 93 de El Maitén que intoxicó a docentes y alumnos. Como Jornada ya reveló en su momento, esa casi tragedia destapó una trama de concursos arreglados, contratistas que hacían a la vez el presupuesto oficial y la oferta, asados con funcionarios y mensajes comprometedores para acordar quién se quedaba con las obras.
En la audiencia de este miércoles Romano Cominetti, defensor de Maximiliano García, exfuncionario del Ministerio de Educación, planteó que el fiscal Omar Rodríguez no puede actuar ya que los fondos usados para las obras fueron enviados por Nación y debe intervenir la Justicia Federal. La jueza Breckle le dio un plazo de 20 días hábiles a la Unidad Anticorrupción para que resuelva si sostiene su competencia. Sin embargo, el fiscal Rodríguez ya avisó que el pedido del defensor es “sorpresivo” ya que la causa abrió hace ya dos años.
Están imputados los contratistas Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León, junto a siete exfuncionarios de los ministerios de Educación e Infraestructura: Antonio Chacón, Gustavo Campos, Gustavo Barauna, Mónica Martínez Carpio, Claudio Márquez, Rocío Preciado y García.
Les imputan defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El perjuicio estimado ronda los $ 20 millones.