Se cayó la denuncia de Severiche contra Carpintero
La jueza Moreno hizo lugar al pedido de la defensa y declaró la nulidad de los allanamientos, secuestros y requisas. El gremialista había denunciado al exfuncionario por una presunta coima a cambio de impedir el inicio de las clases en Chubut. Pero como por su licencia gremial Severiche no es funcionario público, el delito de cohecho no puede existir.
La jueza de Trelew Mirta Moreno declaró nulos los allanamientos, secuestros y requisas realizados tras la denuncia del secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en Trelew, José Severiche, que había acusado al exministro Gonzalo Carpintero de ofrecerle una coima a cambio de usar el sindicato para impedir el inicio de las clases en Chubut y así perjudicar la imagen de la gestión provincial.
Ahora se deberán devolver los celulares con las presuntas charlas comprometedoras tanto a Carpintero como a Ricardo Traversini Loza, a quien Severiche había apuntado como "intermediario" del ofrecimiento de coima.
En una audiencia realizada el lunes, los defensores Federico Ruffa y Alfredo Pérez Galimberti habían cuestionado la causa iniciada por la jefa de la Unidad Anticorrupción, Julieta Gamarra. Su queja fue que la imputación de cohecho contra Carpintero y Traversini no podía prosperar, ya que para que este delito se configure debe participar un funcionario público. Y por su licencia gremial Severiche no lo es ni tiene capacidad de movilización para trabar el inicio del ciclo lectivo.
Moreno acordó con este análisis.“Fiscalía no mencionó las funciones ni las razones por la cuales Severiche debía ser considerado funcionario público”, escribió.
El denunciante pertenece hace 20 años a la planta permanente del Ministerio de Familia yPromoción Social. Pero no se dijo nada sobre sus competencias.En la audiencia, Carpintero declaró que Severiche era celador del COSE. “Lo conoce hace bastante tiempo por cuanto él fue director de ese organismo el cual depende del Ministerio de Familia. Y esto no fue refutado por la fiscal”, explicó la magistrada, en una resolución de 16 páginas.
Para que exista cohecho, la coima la debe recibir un funcionario público que a cambio debe realizar, omitir o demorar un acto que sea su responsabilidad. Pero en estecaso, el pedido de “generar conflicto gremial” para impedir el inicio del ciclo lectivo “es ajeno a cualquier facultad administrativa o deber de oficio de Severiche”.
El denunciante “carece de potestad legal alguna sobre el calendario escolar o la apertura de los establecimientos, decisiones que pertenecen a la esfera exclusiva de la autoridad educativa provincial”.
Además actualmente goza de una licencia gremial que le impide ejercer sus funciones en el Estado.“El objeto del soborno debe recaer necesariamente sobre una atribución legal del funcionario que Severiche, en su actual situación de revista, no posee”.
Si bien está designado en un Ministerio, “su rol efectivo desde hace un tiempo se agota en la representación gremial, una actividad privada de derecho laboral y no de derecho público”.
“Pretender que su capacidad de movilización sindical -un ejercicio de libertad colectiva- equivale al ejercicio de una función pública administrativa, es una extensión analógica prohibida por el principio de legalidad”, interpretó la jueza Moreno al nulificar la decisión que ella misma había tomado al autorizar los procedimientos.
La jueza de Trelew Mirta Moreno declaró nulos los allanamientos, secuestros y requisas realizados tras la denuncia del secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en Trelew, José Severiche, que había acusado al exministro Gonzalo Carpintero de ofrecerle una coima a cambio de usar el sindicato para impedir el inicio de las clases en Chubut y así perjudicar la imagen de la gestión provincial.
Ahora se deberán devolver los celulares con las presuntas charlas comprometedoras tanto a Carpintero como a Ricardo Traversini Loza, a quien Severiche había apuntado como "intermediario" del ofrecimiento de coima.
En una audiencia realizada el lunes, los defensores Federico Ruffa y Alfredo Pérez Galimberti habían cuestionado la causa iniciada por la jefa de la Unidad Anticorrupción, Julieta Gamarra. Su queja fue que la imputación de cohecho contra Carpintero y Traversini no podía prosperar, ya que para que este delito se configure debe participar un funcionario público. Y por su licencia gremial Severiche no lo es ni tiene capacidad de movilización para trabar el inicio del ciclo lectivo.
Moreno acordó con este análisis.“Fiscalía no mencionó las funciones ni las razones por la cuales Severiche debía ser considerado funcionario público”, escribió.
El denunciante pertenece hace 20 años a la planta permanente del Ministerio de Familia yPromoción Social. Pero no se dijo nada sobre sus competencias.En la audiencia, Carpintero declaró que Severiche era celador del COSE. “Lo conoce hace bastante tiempo por cuanto él fue director de ese organismo el cual depende del Ministerio de Familia. Y esto no fue refutado por la fiscal”, explicó la magistrada, en una resolución de 16 páginas.
Para que exista cohecho, la coima la debe recibir un funcionario público que a cambio debe realizar, omitir o demorar un acto que sea su responsabilidad. Pero en estecaso, el pedido de “generar conflicto gremial” para impedir el inicio del ciclo lectivo “es ajeno a cualquier facultad administrativa o deber de oficio de Severiche”.
El denunciante “carece de potestad legal alguna sobre el calendario escolar o la apertura de los establecimientos, decisiones que pertenecen a la esfera exclusiva de la autoridad educativa provincial”.
Además actualmente goza de una licencia gremial que le impide ejercer sus funciones en el Estado.“El objeto del soborno debe recaer necesariamente sobre una atribución legal del funcionario que Severiche, en su actual situación de revista, no posee”.
Si bien está designado en un Ministerio, “su rol efectivo desde hace un tiempo se agota en la representación gremial, una actividad privada de derecho laboral y no de derecho público”.
“Pretender que su capacidad de movilización sindical -un ejercicio de libertad colectiva- equivale al ejercicio de una función pública administrativa, es una extensión analógica prohibida por el principio de legalidad”, interpretó la jueza Moreno al nulificar la decisión que ella misma había tomado al autorizar los procedimientos.