En 2 años secuestraron 200 celulares en el IPP
Son equipos no autorizados descubiertos en las requisas periódicas que se realizan en el instituto penitenciario ubicado en la R3. El dato surgió en la reunión de diputados donde analizan prohibir los celulares en las prisiones.
Este lunes comenzó la ronda de consultas por parte de los diputados con representantes de distintos organismos en el marco del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que impulsa la prohibición del uso de celulares sin control en los centros carcelarios de la provincia. Según la información brindada por Policía, son cientos los equipos que se secuestran durante las requisas en las celdas.
La primera reunión informativa fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, María Andrea Aguilera; junto a la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación, Sonia Cavagnini; ya que son las dos comisiones a las que fue girado el proyecto de ley.
Del encuentro participaron diputados en forma presencial y remota; el subsecretario de Justicia del Chubut, Rodrigo Miquelarena; el fiscal jefe de Puerto Madryn, Alex Williams; María Eugenia Domínguez, fiscal jefe de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital; Gabriel Araujo, jefe del Área Penitenciaria Policial; Fernando Chavero, segundo feje del Área Penitenciaria; José Fernández, jefe de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia; Mario Galván, jefe de la Alcaidía de Trelew; Elvio Terán, director del Instituto Penitenciario Provincial; el jefe de la Unidad Regional Trelew, Eduardo Calfuquir; Mario Ubiría, a cargo del Centro de Detención de Trelew; y Martín Trotta, en representación del área de Tecnología del Banco Chubut.
Precisamente fue el Crio. Mayor Gabriel Araujo, jefe del Área Penitenciaria, quien expuso ante los presentes que en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) entre 2024 y 2026 “secuestramos casi 200 celulares, teléfonos celulares no autorizados, que tenían en poder los internos. Así también en la Alcaidía de Trelew, 89 celulares en esta franja de años”.
“Nosotros hacemos requisas ordinarias, que son controles de cada celda, cada pabellón, para buscar elementos prohibidos. Hay que tener en cuenta que cada establecimiento carcelario tiene distintas dependencias físicas. Por ejemplo, el Instituto Penitenciario de Ruta 3 tiene módulos con celdas individuales por cada dos. En cambio, la Alcaidía tiene pabellones en el cual conviven 14 personas y estamos hablando de 5 pabellones”.
Durante las requisas se secuestran “teléfonos celulares, chips, facas, que son puntas de acero para provocarse autolesión o agresión a otro, y también hemos encontrado sustancias tóxicas”.
También se han logrado detectar estos elementos durante la visita de los familiares a los internos, donde “muchos intentan vulnerar la custodia e ingresan teléfonos celulares”, recordando un episodio en la Alcaidía de Trelew “donde intentaban ingresar en un Tupper con comida, en un doble fondo, dos teléfonos celulares”.
Videollamadas
Por su parte el fiscal Alex Williams, expuso a los legisladores que “tenemos investigaciones que han llegado a condenas y en esas condenas se ha comprobado que efectivamente las comunicaciones de tipo extorsivas o defraudatorias, porque hay distintas modalidades, se hicieron por personas que estaban detenidas. Es una realidad en el sentido de que hay condenas efectivas de personas que tenían esta modalidad de extorsión o de defraudación a través de este sistema”.
Reconoció el fiscal que, ante las consultas de los diputados sobre estadísticas, “es difícil establecer un número absoluto porque todos coincidimos que está esa famosa cifra negra, que son personas que, por las características que tiene el delito, que generalmente una de las modalidades, esa que se conoce públicamente como sextorsión, trafican imágenes íntimas. Entonces la persona no tiene la voluntad de acercarse a denunciar o lo hace, hace la consulta y cuando se le pide que formalice la denuncia para poder aportar los datos, los números de teléfonos vinculados, etcétera, desiste de hacerlo. Eso es una realidad, eso nos toca verlo de manera asidua”.
Williams informó que una medida alternativa al uso de teléfonos celulares que se puede utilizar es la videollamada, que ya se implementa para otros fines, como la participación del detenido en una audiencia sin necesidad del traslado físico. Por ejemplo, argumentó, “en la ciudad de Puerto Madryn, cada vez que tenía que ir un detenido a hacer una audiencia, tenía que ser trasladado por un móvil policial y eso significaba disponer del móvil, del personal, que por protocolo no puede ser menos de tres, esperar que termine la audiencia y volver a llevarlo a su lugar de detención. Esto no solamente era engorroso, sino que tremendamente oneroso. Entonces, hoy existe un sistema donde la mayoría de las personas en los lugares que se puede, porque la tecnología está implementada, se dispone un sistema de conexión remota con una cámara y el detenido no manipula ningún artefacto y se puede comunicar”.
“De la misma manera, lo que yo explicaba era que quizás ese método se pueda utilizar para mantener asegurada la comunicación con quien quiera, es informarle cuándo y con qué persona y se establece el vínculo”.
Teléfonos solo para hablar
En la continuidad de la ronda de consultas, se estableció que el miércoles 8 de abril será la próxima reunión informativa, para la cual se han convocado a autoridades del Ministerio Público Fiscal de Nación.
La diputada Andrea Aguilera anunció que ese día, “vamos a tener participación de autoridades nacionales, de PROCUNAR, que nos van a traer sus propias estadísticas, y a partir de ahí veremos cuándo podemos ya darle dictamen para tratar el proyecto en sesión. Además, se incorporarán al expediente en todo este tiempo todo el material que nos han aportado quienes vinieron en el día de hoy, y los formularios de participación ciudadana que se habilitaron en la página de la Legislatura”.
El PROCUNAR es un organismo especializado del Ministerio Público Fiscal de la Nación dedicado a investigar, colaborar y diseñar estrategias contra el narcotráfico y delitos conexos. Interviene en casos complejos de criminalidad organizada, recibe denuncias y elabora informes estadísticos sobre narcocriminalidad.
Sobre las alternativas a aplicar en los establecimientos carcelarios, la legisladora explicó que “hay distintas opciones y cada opción debe ser analizada en función del lugar. No es lo mismo poder hablar de inhibidores de manera general, porque los inhibidores en lugares donde hay población, como por ejemplo la Seccional Tercera de Trelew, afecta a los vecinos. Pero sí podría ser una posibilidad práctica y concreta en el IPP, que no tiene barrios circundantes”.
“Luego está la posibilidad de los teléfonos de primera generación, que son los que no tienen acceso a red social. Porque acá lo que se trata no es prohibir la comunicación, sino reglamentarla de manera tal que la comunicación no sea una excusa para cometer delitos, o que amparados en el derecho a la comunicación se cometan delitos. Y eso tiene que ver con el acceso a redes sociales, a correos electrónicos, a plataformas y demás”.
“Cuando todo ese acceso está restringido, no hay ningún problema con el celular, que solo tiene llamada y voz. Lo que no tiene que tener es cámara, video y demás cuestiones que hoy permite la tecnología”.
Este lunes comenzó la ronda de consultas por parte de los diputados con representantes de distintos organismos en el marco del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que impulsa la prohibición del uso de celulares sin control en los centros carcelarios de la provincia. Según la información brindada por Policía, son cientos los equipos que se secuestran durante las requisas en las celdas.
La primera reunión informativa fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, María Andrea Aguilera; junto a la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación, Sonia Cavagnini; ya que son las dos comisiones a las que fue girado el proyecto de ley.
Del encuentro participaron diputados en forma presencial y remota; el subsecretario de Justicia del Chubut, Rodrigo Miquelarena; el fiscal jefe de Puerto Madryn, Alex Williams; María Eugenia Domínguez, fiscal jefe de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital; Gabriel Araujo, jefe del Área Penitenciaria Policial; Fernando Chavero, segundo feje del Área Penitenciaria; José Fernández, jefe de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia; Mario Galván, jefe de la Alcaidía de Trelew; Elvio Terán, director del Instituto Penitenciario Provincial; el jefe de la Unidad Regional Trelew, Eduardo Calfuquir; Mario Ubiría, a cargo del Centro de Detención de Trelew; y Martín Trotta, en representación del área de Tecnología del Banco Chubut.
Precisamente fue el Crio. Mayor Gabriel Araujo, jefe del Área Penitenciaria, quien expuso ante los presentes que en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) entre 2024 y 2026 “secuestramos casi 200 celulares, teléfonos celulares no autorizados, que tenían en poder los internos. Así también en la Alcaidía de Trelew, 89 celulares en esta franja de años”.
“Nosotros hacemos requisas ordinarias, que son controles de cada celda, cada pabellón, para buscar elementos prohibidos. Hay que tener en cuenta que cada establecimiento carcelario tiene distintas dependencias físicas. Por ejemplo, el Instituto Penitenciario de Ruta 3 tiene módulos con celdas individuales por cada dos. En cambio, la Alcaidía tiene pabellones en el cual conviven 14 personas y estamos hablando de 5 pabellones”.
Durante las requisas se secuestran “teléfonos celulares, chips, facas, que son puntas de acero para provocarse autolesión o agresión a otro, y también hemos encontrado sustancias tóxicas”.
También se han logrado detectar estos elementos durante la visita de los familiares a los internos, donde “muchos intentan vulnerar la custodia e ingresan teléfonos celulares”, recordando un episodio en la Alcaidía de Trelew “donde intentaban ingresar en un Tupper con comida, en un doble fondo, dos teléfonos celulares”.
Videollamadas
Por su parte el fiscal Alex Williams, expuso a los legisladores que “tenemos investigaciones que han llegado a condenas y en esas condenas se ha comprobado que efectivamente las comunicaciones de tipo extorsivas o defraudatorias, porque hay distintas modalidades, se hicieron por personas que estaban detenidas. Es una realidad en el sentido de que hay condenas efectivas de personas que tenían esta modalidad de extorsión o de defraudación a través de este sistema”.
Reconoció el fiscal que, ante las consultas de los diputados sobre estadísticas, “es difícil establecer un número absoluto porque todos coincidimos que está esa famosa cifra negra, que son personas que, por las características que tiene el delito, que generalmente una de las modalidades, esa que se conoce públicamente como sextorsión, trafican imágenes íntimas. Entonces la persona no tiene la voluntad de acercarse a denunciar o lo hace, hace la consulta y cuando se le pide que formalice la denuncia para poder aportar los datos, los números de teléfonos vinculados, etcétera, desiste de hacerlo. Eso es una realidad, eso nos toca verlo de manera asidua”.
Williams informó que una medida alternativa al uso de teléfonos celulares que se puede utilizar es la videollamada, que ya se implementa para otros fines, como la participación del detenido en una audiencia sin necesidad del traslado físico. Por ejemplo, argumentó, “en la ciudad de Puerto Madryn, cada vez que tenía que ir un detenido a hacer una audiencia, tenía que ser trasladado por un móvil policial y eso significaba disponer del móvil, del personal, que por protocolo no puede ser menos de tres, esperar que termine la audiencia y volver a llevarlo a su lugar de detención. Esto no solamente era engorroso, sino que tremendamente oneroso. Entonces, hoy existe un sistema donde la mayoría de las personas en los lugares que se puede, porque la tecnología está implementada, se dispone un sistema de conexión remota con una cámara y el detenido no manipula ningún artefacto y se puede comunicar”.
“De la misma manera, lo que yo explicaba era que quizás ese método se pueda utilizar para mantener asegurada la comunicación con quien quiera, es informarle cuándo y con qué persona y se establece el vínculo”.
Teléfonos solo para hablar
En la continuidad de la ronda de consultas, se estableció que el miércoles 8 de abril será la próxima reunión informativa, para la cual se han convocado a autoridades del Ministerio Público Fiscal de Nación.
La diputada Andrea Aguilera anunció que ese día, “vamos a tener participación de autoridades nacionales, de PROCUNAR, que nos van a traer sus propias estadísticas, y a partir de ahí veremos cuándo podemos ya darle dictamen para tratar el proyecto en sesión. Además, se incorporarán al expediente en todo este tiempo todo el material que nos han aportado quienes vinieron en el día de hoy, y los formularios de participación ciudadana que se habilitaron en la página de la Legislatura”.
El PROCUNAR es un organismo especializado del Ministerio Público Fiscal de la Nación dedicado a investigar, colaborar y diseñar estrategias contra el narcotráfico y delitos conexos. Interviene en casos complejos de criminalidad organizada, recibe denuncias y elabora informes estadísticos sobre narcocriminalidad.
Sobre las alternativas a aplicar en los establecimientos carcelarios, la legisladora explicó que “hay distintas opciones y cada opción debe ser analizada en función del lugar. No es lo mismo poder hablar de inhibidores de manera general, porque los inhibidores en lugares donde hay población, como por ejemplo la Seccional Tercera de Trelew, afecta a los vecinos. Pero sí podría ser una posibilidad práctica y concreta en el IPP, que no tiene barrios circundantes”.
“Luego está la posibilidad de los teléfonos de primera generación, que son los que no tienen acceso a red social. Porque acá lo que se trata no es prohibir la comunicación, sino reglamentarla de manera tal que la comunicación no sea una excusa para cometer delitos, o que amparados en el derecho a la comunicación se cometan delitos. Y eso tiene que ver con el acceso a redes sociales, a correos electrónicos, a plataformas y demás”.
“Cuando todo ese acceso está restringido, no hay ningún problema con el celular, que solo tiene llamada y voz. Lo que no tiene que tener es cámara, video y demás cuestiones que hoy permite la tecnología”.