Un crimen en la ruta, una imputada libre y una jueza investigada
María Laura Romano murió en octubre de 2025 tras un choque con Siomara Barroso, que manejaba ebria. La jueza Silvana Vélez dejó libre a la joven, que conservó su carnet para seguir conduciendo. Enojados, los vecinos denunciaron a la magistrada. El Consejo de la Magistratura le abrió un sumario y ya es el segundo en contra de Vélez.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
Son las 9.10 del domingo 5 de octubre de 2025. Ruta provincial 16. María Laura Romano tiene 35 años y maneja un Fiat Uno. Viene de Lago Puelo y lleva a su nena Milena de 6 años a una iglesia de El Bolsón. Todo rutina hasta que de frente un Nissan Sentra con exceso de velocidad pierde el control, da un trompo y se cruza de carril. El impacto es devastador. María Laura muere en el acto; su hija queda atrapada en el asiento trasero con las muñecas fracturadas.
En el Nissan iban cuatro personas. Para tres el test de alcoholemia dio positivo. Pacto de silencio: ninguno quería decir quién manejaba. Pero cámaras y testimonios identificaron a Siomara Barroso, de 18 años, como la ebria al volante. Le imputaron homicidio simple con dolo eventual y lesiones graves. También es de Puelo.
Pese al pedido de la querellante Marcela Fragalá, la jueza Silvana Vélez dejó libre a Barroso, le permitió seguir manejando y hasta irse a casa de su madre en Comodoro Rivadavia. Le pidió no tomar alcohol ni drogas, no reunirse de noche, no contactar a las víctimas, firmar dos veces por semana en la Comisaría de Puelo y no salir de Chubut. Barroso la escuchó comiendo chicle.
Hugo Oscar Romano, padre de María Laura, le contó a Jornada que en esa audiencia pidió la palabra. “Le dije a la jueza que no sé de leyes pero sí de sentido común y que no entendía cómo le permitía seguir manejando y conservar el carnet cuando había matado con alcohol en sangre y exceso de velocidad. Me respondió que pedir una preventiva era excesivo, como anticiparle la condena”. No querían a Barroso presa sí o sí pero al menos un tobillera y una domiciliaria.
Firmas
La decisión indignó a los vecinos. Juntaron más de 470 firmas y el mismo mes de la tragedia denunciaron a la jueza ante el Consejo de la Magistratura del Chubut. La presentación se tituló “Queja urgente por la indiferencia judicial, el mal desempeño y el maltrato a las víctimas”.
Según explicaron, “tenemos una mezcla de rabia y una profunda desesperanza porque fuimos a buscar Justicia y en cambio, encontramos a una jueza que parece darnos la espalda”.
“No es una simple discrepancia legal –describieron-. Es un grito de dolor que resuena en toda la Comarca ante el trato deshumanizante y las decisiones increíblemente laxas de la Dra. Vélez. Nos quitó la posibilidad de sentirnos protegidos y agudizó el sufrimiento de quienes ya lo habían perdido todo”.
En un apartado titulado “La indiferencia hecha audiencia: el daño emocional”, los denunciantes describieron que en las audiencias la magistrada “transformó el recinto judicial en un lugar de tortura emocional. La Justicia debería ser un bálsamo pero con ella se convirtió en una nueva herida”.
“Sentimos la frialdad, casi el desprecio, en cada intervención suya”, advirtieron. “Fue un trato que no es digno de quien lleva la balanza”.
“Cuando una víctima se atreve a contar su calvario espera un mínimo de escucha humana, no ser despachada con frases cortantes y una falta de empatía tan notoria que revictimiza al instante. La jueza parece olvidar que detrás de cada expediente hay personas de carne y hueso, no simples números”.
Los vecinos subrayaron que Vélez “dejó de ser una figura de protección para convertirse en un muro de indiferencia”.
Interpretaron la libertad de Barroso como “un decisión técnica incomprensibleque pone en riesgo a nuestra comunidad (...) Ignoró el miedo real que sentíamos y sin dimensionar el impacto de su decisión”.
“¿Qué dispuso en su lugar? Una medida que parece una broma de mal gusto: que no beba alcohol. ¿En serio, consejeros? La jueza permitió que la imputada se marchara a una ciudad lejana, sin más restricción. Es como darle las llaves para que se vaya y decirle: `vuelva cuando quiera, si es que vuelve´".
Esta decisión, sin un control real, “es un abandono de las víctimas y un riesgo evidente de fuga o entorpecimiento”. No le quitó el carnet ni le prohibió manejar. “Es una ironía cruel, una negligencia que grita al oído: `No me importa que esto vuelva 'a pasar´. Es un fallo técnico con costo humano incalculable”.
“La confianza del pueblo de Lago Puelo en esta magistrada está irreversiblemente quebrada”, advirtieron. “No podemos seguir entregando nuestro dolor y nuestra seguridad a una jueza cuyas resoluciones son tan livianas y cuyo trato es tan cruel (..) Cada día que pasa con esta jueza en funciones es un día de incertidumbre y angustia”.
"Deber institucional"
En la sesión del Consejo del 18 de marzo, la Comisión de Admisibilidad recomendó abrir el sumario para Vélez. “Los hechos denunciados superan holgadamente el umbral mínimo exigido para habilitar la intervención de este Consejo”, explicaron.
“Se imputan situaciones que excederían el margen de discrecionalidad propio de la actividad jurisdiccional, proyectándose sobre aspectos sensibles como el trato a las víctimas, la razonabilidad de las decisiones adoptadas y el eventual apartamiento de estándares mínimos de diligencia”.
Los consejeros consideraron que la solidez del relato de los vecinos “impone el deber institucional de avanzar en su esclarecimiento, en resguardo no sólo de la eventual responsabilidad funcional que pudiera corresponder sino también de la confianza pública en la Justicia”.
El dictamen advirtió que el sumario a Vélez “no implica adelantar juicio de responsabilidad, pero sí reconocer que los hechos denunciados revisten una gravedad tal que exige una investigación formal seria y exhaustiva”.
Fanny Ávalos, consejera por los abogados de la Circunscripción Judicial de Esquel, fue sorteada para investigar a la jueza.
Otro frente abierto
La magistrada tiene otro sumario abierto: el Superior Tribunal de Justicia revisa su presunto maltrato laboral con su entorno de trabajo en Puelo. El Consejo suspendió la evaluación de su desempeño de sus primeros tres años de trabajo hasta que esta situación disciplinaria se aclare.
Mientras, Milena ya cumplió 7 años. La cuidan sus abuelos. “Para ella es muy difícil porque le falta su mamá, imagínate para nosotros. Aunque le den 40 años o nada de cárcel, a mi hija nadie me la devuelve. Seguiré viviendo…”.
Hugo se quiebra sin poder terminar la frase.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
Son las 9.10 del domingo 5 de octubre de 2025. Ruta provincial 16. María Laura Romano tiene 35 años y maneja un Fiat Uno. Viene de Lago Puelo y lleva a su nena Milena de 6 años a una iglesia de El Bolsón. Todo rutina hasta que de frente un Nissan Sentra con exceso de velocidad pierde el control, da un trompo y se cruza de carril. El impacto es devastador. María Laura muere en el acto; su hija queda atrapada en el asiento trasero con las muñecas fracturadas.
En el Nissan iban cuatro personas. Para tres el test de alcoholemia dio positivo. Pacto de silencio: ninguno quería decir quién manejaba. Pero cámaras y testimonios identificaron a Siomara Barroso, de 18 años, como la ebria al volante. Le imputaron homicidio simple con dolo eventual y lesiones graves. También es de Puelo.
Pese al pedido de la querellante Marcela Fragalá, la jueza Silvana Vélez dejó libre a Barroso, le permitió seguir manejando y hasta irse a casa de su madre en Comodoro Rivadavia. Le pidió no tomar alcohol ni drogas, no reunirse de noche, no contactar a las víctimas, firmar dos veces por semana en la Comisaría de Puelo y no salir de Chubut. Barroso la escuchó comiendo chicle.
Hugo Oscar Romano, padre de María Laura, le contó a Jornada que en esa audiencia pidió la palabra. “Le dije a la jueza que no sé de leyes pero sí de sentido común y que no entendía cómo le permitía seguir manejando y conservar el carnet cuando había matado con alcohol en sangre y exceso de velocidad. Me respondió que pedir una preventiva era excesivo, como anticiparle la condena”. No querían a Barroso presa sí o sí pero al menos un tobillera y una domiciliaria.
Firmas
La decisión indignó a los vecinos. Juntaron más de 470 firmas y el mismo mes de la tragedia denunciaron a la jueza ante el Consejo de la Magistratura del Chubut. La presentación se tituló “Queja urgente por la indiferencia judicial, el mal desempeño y el maltrato a las víctimas”.
Según explicaron, “tenemos una mezcla de rabia y una profunda desesperanza porque fuimos a buscar Justicia y en cambio, encontramos a una jueza que parece darnos la espalda”.
“No es una simple discrepancia legal –describieron-. Es un grito de dolor que resuena en toda la Comarca ante el trato deshumanizante y las decisiones increíblemente laxas de la Dra. Vélez. Nos quitó la posibilidad de sentirnos protegidos y agudizó el sufrimiento de quienes ya lo habían perdido todo”.
En un apartado titulado “La indiferencia hecha audiencia: el daño emocional”, los denunciantes describieron que en las audiencias la magistrada “transformó el recinto judicial en un lugar de tortura emocional. La Justicia debería ser un bálsamo pero con ella se convirtió en una nueva herida”.
“Sentimos la frialdad, casi el desprecio, en cada intervención suya”, advirtieron. “Fue un trato que no es digno de quien lleva la balanza”.
“Cuando una víctima se atreve a contar su calvario espera un mínimo de escucha humana, no ser despachada con frases cortantes y una falta de empatía tan notoria que revictimiza al instante. La jueza parece olvidar que detrás de cada expediente hay personas de carne y hueso, no simples números”.
Los vecinos subrayaron que Vélez “dejó de ser una figura de protección para convertirse en un muro de indiferencia”.
Interpretaron la libertad de Barroso como “un decisión técnica incomprensibleque pone en riesgo a nuestra comunidad (...) Ignoró el miedo real que sentíamos y sin dimensionar el impacto de su decisión”.
“¿Qué dispuso en su lugar? Una medida que parece una broma de mal gusto: que no beba alcohol. ¿En serio, consejeros? La jueza permitió que la imputada se marchara a una ciudad lejana, sin más restricción. Es como darle las llaves para que se vaya y decirle: `vuelva cuando quiera, si es que vuelve´".
Esta decisión, sin un control real, “es un abandono de las víctimas y un riesgo evidente de fuga o entorpecimiento”. No le quitó el carnet ni le prohibió manejar. “Es una ironía cruel, una negligencia que grita al oído: `No me importa que esto vuelva 'a pasar´. Es un fallo técnico con costo humano incalculable”.
“La confianza del pueblo de Lago Puelo en esta magistrada está irreversiblemente quebrada”, advirtieron. “No podemos seguir entregando nuestro dolor y nuestra seguridad a una jueza cuyas resoluciones son tan livianas y cuyo trato es tan cruel (..) Cada día que pasa con esta jueza en funciones es un día de incertidumbre y angustia”.
"Deber institucional"
En la sesión del Consejo del 18 de marzo, la Comisión de Admisibilidad recomendó abrir el sumario para Vélez. “Los hechos denunciados superan holgadamente el umbral mínimo exigido para habilitar la intervención de este Consejo”, explicaron.
“Se imputan situaciones que excederían el margen de discrecionalidad propio de la actividad jurisdiccional, proyectándose sobre aspectos sensibles como el trato a las víctimas, la razonabilidad de las decisiones adoptadas y el eventual apartamiento de estándares mínimos de diligencia”.
Los consejeros consideraron que la solidez del relato de los vecinos “impone el deber institucional de avanzar en su esclarecimiento, en resguardo no sólo de la eventual responsabilidad funcional que pudiera corresponder sino también de la confianza pública en la Justicia”.
El dictamen advirtió que el sumario a Vélez “no implica adelantar juicio de responsabilidad, pero sí reconocer que los hechos denunciados revisten una gravedad tal que exige una investigación formal seria y exhaustiva”.
Fanny Ávalos, consejera por los abogados de la Circunscripción Judicial de Esquel, fue sorteada para investigar a la jueza.
Otro frente abierto
La magistrada tiene otro sumario abierto: el Superior Tribunal de Justicia revisa su presunto maltrato laboral con su entorno de trabajo en Puelo. El Consejo suspendió la evaluación de su desempeño de sus primeros tres años de trabajo hasta que esta situación disciplinaria se aclare.
Mientras, Milena ya cumplió 7 años. La cuidan sus abuelos. “Para ella es muy difícil porque le falta su mamá, imagínate para nosotros. Aunque le den 40 años o nada de cárcel, a mi hija nadie me la devuelve. Seguiré viviendo…”.
Hugo se quiebra sin poder terminar la frase.