Reforma en Salud Mental: “Representa un retroceso”
La directora provincial de Salud Mental Comunitaria de Chubut, Cynthia Griffiths, cuestionó la iniciativa del Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto negativo que podría tener en el sistema sanitario y en el acceso de la población a la atención.
En medio del debate que comenzó en el Senado por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, la directora provincial de Salud Mental Comunitaria de Chubut, Cynthia Griffiths, expresó en una entrevista con Jornada Radio, su preocupación por el contenido del proyecto impulsado por el Gobierno nacional y por la falta de consulta a las provincias.
“Tomamos conocimiento de las reformas cinco días después de presentado el proyecto. Es totalmente inconsulto”, señaló Griffiths, quien remarcó que al menos 18 provincias ya manifestaron formalmente su rechazo a la iniciativa.
La funcionaria explicó que Chubut cuenta con una ley provincial que adhiere a la normativa nacional (vigente desde 2010) y que tiene más de 15 años de implementación. En ese sentido, consideró que el nuevo proyecto desconoce los avances logrados en distintas jurisdicciones.
“No se contemplan las particularidades de cada lugar ni la diversidad del territorio argentino. Es una propuesta centralizada, pensada desde Buenos Aires, sin conocer cómo se trabaja en las provincias”, sostuvo.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la exigencia de incorporar obligatoriamente médicos psiquiatras en todas las evaluaciones de riesgo. Según Griffiths, esta medida es impracticable: “En el país hay alrededor de 7.000 psiquiatras y el 70% está concentrado en Buenos Aires. Esto generaría una barrera de acceso enorme para la población”.
Desde su perspectiva, la normativa actual promueve equipos interdisciplinarios que permiten ampliar la atención sin depender exclusivamente de una especialidad. “La propuesta del Gobierno atenta contra ese modelo y contra el trabajo comunitario que venimos desarrollando hace años”, afirmó.
En Chubut, destacó, se ha avanzado en procesos de desmanicomialización, con internaciones en hospitales generales y una red de dispositivos comunitarios que incluye centros de día, viviendas asistidas y espacios de tratamiento para consumos problemáticos.
Sin embargo, advirtió que el sistema enfrenta una creciente demanda. “Las consultas en salud mental han aumentado de forma exponencial, y muchas veces los recursos no crecen al mismo ritmo”, explicó.
Para Griffiths, la discusión de una reforma no es en sí negativa, pero debería centrarse en aspectos clave como el financiamiento. “El problema no está en la ley, sino en cómo se financia. Este proyecto propone un corrimiento del Estado nacional, dejando a las provincias sin apoyo económico”, indicó.
En ese marco, alertó que la iniciativa podría debilitar las redes de atención existentes: “Sin financiamiento es imposible sostener dispositivos y garantizar servicios de calidad”.
Finalmente, la funcionaria insistió en la necesidad de retomar espacios federales de discusión, como los Consejos Federales de Salud Mental y Adicciones, para construir políticas públicas consensuadas.
“Estamos preocupados. Es un retroceso para los logros alcanzados y pone en riesgo el acceso a la salud mental de la población”, concluyó.
En medio del debate que comenzó en el Senado por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, la directora provincial de Salud Mental Comunitaria de Chubut, Cynthia Griffiths, expresó en una entrevista con Jornada Radio, su preocupación por el contenido del proyecto impulsado por el Gobierno nacional y por la falta de consulta a las provincias.
“Tomamos conocimiento de las reformas cinco días después de presentado el proyecto. Es totalmente inconsulto”, señaló Griffiths, quien remarcó que al menos 18 provincias ya manifestaron formalmente su rechazo a la iniciativa.
La funcionaria explicó que Chubut cuenta con una ley provincial que adhiere a la normativa nacional (vigente desde 2010) y que tiene más de 15 años de implementación. En ese sentido, consideró que el nuevo proyecto desconoce los avances logrados en distintas jurisdicciones.
“No se contemplan las particularidades de cada lugar ni la diversidad del territorio argentino. Es una propuesta centralizada, pensada desde Buenos Aires, sin conocer cómo se trabaja en las provincias”, sostuvo.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la exigencia de incorporar obligatoriamente médicos psiquiatras en todas las evaluaciones de riesgo. Según Griffiths, esta medida es impracticable: “En el país hay alrededor de 7.000 psiquiatras y el 70% está concentrado en Buenos Aires. Esto generaría una barrera de acceso enorme para la población”.
Desde su perspectiva, la normativa actual promueve equipos interdisciplinarios que permiten ampliar la atención sin depender exclusivamente de una especialidad. “La propuesta del Gobierno atenta contra ese modelo y contra el trabajo comunitario que venimos desarrollando hace años”, afirmó.
En Chubut, destacó, se ha avanzado en procesos de desmanicomialización, con internaciones en hospitales generales y una red de dispositivos comunitarios que incluye centros de día, viviendas asistidas y espacios de tratamiento para consumos problemáticos.
Sin embargo, advirtió que el sistema enfrenta una creciente demanda. “Las consultas en salud mental han aumentado de forma exponencial, y muchas veces los recursos no crecen al mismo ritmo”, explicó.
Para Griffiths, la discusión de una reforma no es en sí negativa, pero debería centrarse en aspectos clave como el financiamiento. “El problema no está en la ley, sino en cómo se financia. Este proyecto propone un corrimiento del Estado nacional, dejando a las provincias sin apoyo económico”, indicó.
En ese marco, alertó que la iniciativa podría debilitar las redes de atención existentes: “Sin financiamiento es imposible sostener dispositivos y garantizar servicios de calidad”.
Finalmente, la funcionaria insistió en la necesidad de retomar espacios federales de discusión, como los Consejos Federales de Salud Mental y Adicciones, para construir políticas públicas consensuadas.
“Estamos preocupados. Es un retroceso para los logros alcanzados y pone en riesgo el acceso a la salud mental de la población”, concluyó.