El juez ya decide la pena por el caso del anciano esclavizado
La fiscal Millapi pidió 9 años de prisión efectiva para Marta Caucamán y 7 para su hijo Juan Ovejero, que redujeron a la servidumbre a Adolfo Yancamil en Paso de Indios. En tanto, el defensor Espínola pidió la pena mínima de 4 años para ambos. El juez Gustavo Castro tiene 5 días hábiles para decidir. Quejas por el primer defensor que pasó por la causa.
La fiscal de Trelew Mariana Millapi pidió 9 años de prisión para Marta Caucamán y 7 años para su hijo Juan José Ovejero, a quienes un jurado popular consideró culpables por haber golpeado y esclavizado al adulto mayor Adolfo Yancamil en Paso de Indios.
En tanto, el defensor oficial Andrés Espínola solicitó al juez Gustavo Castro que les aplique la pena mínima de 4 años de cárcel. La mujer está presa en el Instituto Penitenciario Provincial de ruta 3 y Ovejero, en la Comisaría 2ª.
La audiencia de cesura de pena se concretó este martes al mediodía en el sexto piso de los tribunales de Trelew. Ahora Castro tiene 5 días hábiles para resolver.
Millapi explicó que “no estamos frente a un hecho aislado ni impulsivo ni de escasa entidad sino frente a un proceso sostenido de sometimiento, que duró más de 8 meses y una persona fue progresivamente despojada de su dinero, sus bienes, su libertad, y su dignidad”.
La fiscal consideró que Yancamil “fue una víctima deliberadamente elegida por los imputados. No fue casualidad. Fue una selección”. Y el contexto de un pueblo pequeño “fue el contexto ideal que facilitó el control sostenido de los imputados”.
Al someterlo a la servidumbre, los Caucamán “lo trasladaron, lo aislaron y lo colocaron en un ámbito donde perdió toda capacidad real de autodeterminación. Así comenzó un esquema de dominación”.
Le sacaron plata, casa, su jubilación y hasta un coche. “Hubo golpes, y violencia psicológica y moral, a través de castigos degradantescomo hacerlo arrodillarse horas sobre piedras”.
Millapi recordó que a Yancamil “se lo obligó a trabajar, se lo vigiló y se le restringió la alimentación. Se lo convirtió en una persona sometida”. Cuando la Policía de Paso de Indios lo rescató de Marta y Juan “encontró a una persona damnificada económicamente, deshidratada, con múltiples contusiones, con un peso corporal alarmantemente bajo, deteriorada en su integridad física y humana”.
“La pena no puede ubicarse cerca del mínimo cuando se probó la cosificación de una persona. Una pena mínima implicaría decir que fue un hecho menor. Y claramente no lo fue: se afectó la libertad, la integridad y la dignidad humana en su núcleo más esencial”, concluyó.
La defensa
En tanto, Espínola recordó que los informes sociales de ambos condenados coinciden: tuvieron vidas muy complejas cruzadas por la pobreza, la falta de educación formal, el desempleo y la vulnerabilidad social. “Estos factores afectaron su intelecto y su capacidad de percibir el mundo que los rodea,de comprender la gravedad de su delito y de cuáles son las conductas habilitadas”.
El defensor oficial presentó tres testigos para respaldar la precaria historia de vida de los Caucamán. Y le pidió al juez que a la hora de definir la pena “lo haga sin valoraciones moralistas que están fuera de la objetividad de la ley”.
Espínola se preguntó: “¿Qué hacemos acá? ¿sólo estamos castigando o estamos tratando de que entiendan la norma que deben respetar?”.
Al final de la audiencia, Marta y Juan se quejaron del defensor público Carlos Pericich, hoy suspendido: consideraron que desde su detención los dejó indefensos y que nunca presentó evidencias claves a su favor que ellos mismos le facilitaron. El juez Castro ordenó que el reclamo de los condenados se eleve al Defensor General Sebastián Daroca.
Fotos: Sergio Esparza
La fiscal de Trelew Mariana Millapi pidió 9 años de prisión para Marta Caucamán y 7 años para su hijo Juan José Ovejero, a quienes un jurado popular consideró culpables por haber golpeado y esclavizado al adulto mayor Adolfo Yancamil en Paso de Indios.
En tanto, el defensor oficial Andrés Espínola solicitó al juez Gustavo Castro que les aplique la pena mínima de 4 años de cárcel. La mujer está presa en el Instituto Penitenciario Provincial de ruta 3 y Ovejero, en la Comisaría 2ª.
La audiencia de cesura de pena se concretó este martes al mediodía en el sexto piso de los tribunales de Trelew. Ahora Castro tiene 5 días hábiles para resolver.
Millapi explicó que “no estamos frente a un hecho aislado ni impulsivo ni de escasa entidad sino frente a un proceso sostenido de sometimiento, que duró más de 8 meses y una persona fue progresivamente despojada de su dinero, sus bienes, su libertad, y su dignidad”.
La fiscal consideró que Yancamil “fue una víctima deliberadamente elegida por los imputados. No fue casualidad. Fue una selección”. Y el contexto de un pueblo pequeño “fue el contexto ideal que facilitó el control sostenido de los imputados”.
Al someterlo a la servidumbre, los Caucamán “lo trasladaron, lo aislaron y lo colocaron en un ámbito donde perdió toda capacidad real de autodeterminación. Así comenzó un esquema de dominación”.
Le sacaron plata, casa, su jubilación y hasta un coche. “Hubo golpes, y violencia psicológica y moral, a través de castigos degradantescomo hacerlo arrodillarse horas sobre piedras”.
Millapi recordó que a Yancamil “se lo obligó a trabajar, se lo vigiló y se le restringió la alimentación. Se lo convirtió en una persona sometida”. Cuando la Policía de Paso de Indios lo rescató de Marta y Juan “encontró a una persona damnificada económicamente, deshidratada, con múltiples contusiones, con un peso corporal alarmantemente bajo, deteriorada en su integridad física y humana”.
“La pena no puede ubicarse cerca del mínimo cuando se probó la cosificación de una persona. Una pena mínima implicaría decir que fue un hecho menor. Y claramente no lo fue: se afectó la libertad, la integridad y la dignidad humana en su núcleo más esencial”, concluyó.
La defensa
En tanto, Espínola recordó que los informes sociales de ambos condenados coinciden: tuvieron vidas muy complejas cruzadas por la pobreza, la falta de educación formal, el desempleo y la vulnerabilidad social. “Estos factores afectaron su intelecto y su capacidad de percibir el mundo que los rodea,de comprender la gravedad de su delito y de cuáles son las conductas habilitadas”.
El defensor oficial presentó tres testigos para respaldar la precaria historia de vida de los Caucamán. Y le pidió al juez que a la hora de definir la pena “lo haga sin valoraciones moralistas que están fuera de la objetividad de la ley”.
Espínola se preguntó: “¿Qué hacemos acá? ¿sólo estamos castigando o estamos tratando de que entiendan la norma que deben respetar?”.
Al final de la audiencia, Marta y Juan se quejaron del defensor público Carlos Pericich, hoy suspendido: consideraron que desde su detención los dejó indefensos y que nunca presentó evidencias claves a su favor que ellos mismos le facilitaron. El juez Castro ordenó que el reclamo de los condenados se eleve al Defensor General Sebastián Daroca.
Fotos: Sergio Esparza