Allanaron mueblerías de una ONG en Chubut y Santa Cruz por un caso de trata
La Justicia Federal investiga presuntos casos de trata de personas y explotación laboral en sedes de REMAR, una organización de origen español. Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras.
La Prefectura Naval Argentina realizó este jueves allanamientos simultáneos en sedes de la organización REMAR ubicadas en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras (en Santa Cruz) y Comodoro Rivadavia (Chubut), en el marco de una investigación federal por presunta trata de personas y explotación laboral.
Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal de Santa Cruz y apuntan a esclarecer posibles situaciones de reducción a la servidumbre y utilización de personas vulnerables en distintas actividades laborales.
Según fuentes vinculadas a la causa, los operativos se llevaron adelante en inmuebles y locales utilizados por la organización de origen español, que hace años tiene actividades en distintas provincias argentinas, donde jóvenes y adultos habrían realizado tareas de carpintería, ventas callejeras y pedidos de colaboración económica. La investigación busca determinar si existieron mecanismos de captación de personas vulnerables, restricciones a la libertad individual y condiciones compatibles con explotación laboral.
Durante los allanamientos, efectivos de Prefectura secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados relevantes para la causa.
Además, trascendió que en algunos de los inmuebles inspeccionados se detectaron presuntos casos de trata de personas y pequeñas dosis de estupefacientes.
Hasta el momento no se informaron detenciones, mientras continúan las pericias y el análisis del material secuestrado bajo estricta reserva judicial.
La organización REMAR ya había sido investigada en otras provincias argentinas durante 2023 por hechos similares. En esta nueva causa, la Justicia intenta establecer cómo funcionaban las actividades internas de la ONG en la Patagonia y cuál era el destino de los fondos obtenidos mediante ventas y solicitudes de colaboración.
El caso volvió a instalar el debate sobre los controles estatales en organizaciones sociales que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad.
La Prefectura Naval Argentina realizó este jueves allanamientos simultáneos en sedes de la organización REMAR ubicadas en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras (en Santa Cruz) y Comodoro Rivadavia (Chubut), en el marco de una investigación federal por presunta trata de personas y explotación laboral.
Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal de Santa Cruz y apuntan a esclarecer posibles situaciones de reducción a la servidumbre y utilización de personas vulnerables en distintas actividades laborales.
Según fuentes vinculadas a la causa, los operativos se llevaron adelante en inmuebles y locales utilizados por la organización de origen español, que hace años tiene actividades en distintas provincias argentinas, donde jóvenes y adultos habrían realizado tareas de carpintería, ventas callejeras y pedidos de colaboración económica. La investigación busca determinar si existieron mecanismos de captación de personas vulnerables, restricciones a la libertad individual y condiciones compatibles con explotación laboral.
Durante los allanamientos, efectivos de Prefectura secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados relevantes para la causa.
Además, trascendió que en algunos de los inmuebles inspeccionados se detectaron presuntos casos de trata de personas y pequeñas dosis de estupefacientes.
Hasta el momento no se informaron detenciones, mientras continúan las pericias y el análisis del material secuestrado bajo estricta reserva judicial.
La organización REMAR ya había sido investigada en otras provincias argentinas durante 2023 por hechos similares. En esta nueva causa, la Justicia intenta establecer cómo funcionaban las actividades internas de la ONG en la Patagonia y cuál era el destino de los fondos obtenidos mediante ventas y solicitudes de colaboración.
El caso volvió a instalar el debate sobre los controles estatales en organizaciones sociales que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad.