Quiénes son los empresarios de la pesca investigados por la Justicia Federal
Se conocieron detalles de la orden de allanamiento firmada por el juez Pablo Yadarola. Apunta a empresarios, contadores y firmas pesqueras de Chubut por presuntos delitos económicos y tributarios.
Varios empresarios fuertes de la pesca en Chubut, además de unas 19 empresas vinculadas al sector de la pesca, la estiba y la logística pesquera, están mencionados en una causa que impulsa el juez federal Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires.
Yadarola firmó la semana pasada una orden para realizar allanamientos múltiples que fueron ejecutados por personal de Gendarmería Nacional, principalmente en domicilios ubicados en Chubut.
El caso salió a la luz luego de la detención de Carlos Rinaldi, titular de Migraciones en Chubut y reconocido militante libertario de Rawson y Playa Unión, además de operador local del diputado nacional César Treffinger. Rinaldi, que tal como confirmó este martes su abogado defensor, Fabián Gabalachis, fue apresado y llevado en una camioneta de Gendarmería a la Ciudad de Buenos Aires, donde el viernes por la tarde fue liberado por Yadarola.
Ahora se sabe que esa detención estuvo vinculada a la causa madre en la que se investigan a empresarios y empresas de la pesca de Rawson por presuntos delitos económicos, ya que Rinaldi habría participado de un trámite administrativo vinculado a los empresarios pesqueros sobre el que Yadarola puso la lupa. Sin embargo, el juez se declaró incompetente en la investigación de ese trámite y derivó la causa al titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, a cargo del Dr. Gustavo Lleral, quien deberá determinar la responsabilidad o no de lo actuado por Rinaldi como funcionario público.
Sin embargo, el tenor de la causa principal no se modificó ni cambió de jurisdicción, y ahora se conocieron parte de los términos utilizados por el juez para pedir las actuaciones contra empresarios, empresas y varios contadores involucrados en la investigación.
Uno por uno, una por una
La orden de Yadarola alcanzó a los empresarios Raúl Matías “Tato” Cereseto, Sergio Gustavo Pantano, Rafael Alejandro Suárez, Ezequiel Alberto Jaroslavsky, Raúl Horacio Cereseto y Claudio Alejandro Gallo, además de los contadores públicos Leonardo Alberto Chiachio (de Trelew), Pamela Beatriz Solar Toro (de Buenos Aires) y Patricia Ferrara (de Mar del Plata).
Las empresas mencionadas en la orden del juez están casi todas vinculadas a los empresarios investigados: Scarico SRL, Talita Kum SRL, RV SA, Estibajes Suarmo SA, Pesquera Hemos Triunfado SA, Pesquera Anave SA, Pesquera Virgen de Itatí SRL, Melimar SA, Camaronera Patagónica SA, Suarmo SA, Ponte Decimo SA, Don Gerónimo SRL, Servi Port SA, Las 3 M SRL, Bairespack SA, Cedife SA, Logport SA, Transportes Javier SRL y Sintermetal SAIC.
Las medidas -según publicó el medio especializado en temas pesqueros Portal de Pesca- incluyeron el secuestro de documentación contable, financiera, bancaria, societaria y digital, además de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.
En el texto de la resolución judicial al que también accedió Jornada se detalla que los procedimientos apuntaron a obtener información relacionada con distintos empresarios y firmas del rubro, entre ellas pesqueras, compañías de logística, estibaje y transporte.
La orden, además, habilitó a las fuerzas intervinientes a requisar oficinas, depósitos, locales, construcciones y demás dependencias vinculadas a los investigados.
La medida autorizó específicamente el secuestro de documentación en soporte papel y digital, incluyendo libros contables, registros societarios, archivos informáticos, discos de respaldo, resúmenes bancarios, comprobantes de operaciones comerciales, documentación aduanera y dispositivos de almacenamiento como notebooks, tablets, discos externos y pendrives.
La resolución puso también el foco sobre la evidencia digital y el juez Yadarola ordenó que, en caso de hallarse teléfonos celulares durante los allanamientos, estos sean secuestrados y preservados bajo protocolos específicos del Ministerio Público Fiscal para evitar la pérdida de información.
Inclusive, el documento autorizó a los agentes intervinientes a requerir las claves de desbloqueo de los dispositivos y, en caso de negativa, habilitó procedimientos compulsivos para acceder mediante reconocimiento biométrico, ya sea huella dactilar o reconocimiento facial, con el objetivo de analizar aplicaciones, plataformas virtuales y comunicaciones que puedan resultar de interés para la investigación.
Hasta este lunes, en la causa regía el secreto de sumario, por lo que se estima que recién en unos días podría haber novedades más concretas sobre la investigación que sacude al mundo empresario y político de Chubut.
Varios empresarios fuertes de la pesca en Chubut, además de unas 19 empresas vinculadas al sector de la pesca, la estiba y la logística pesquera, están mencionados en una causa que impulsa el juez federal Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires.
Yadarola firmó la semana pasada una orden para realizar allanamientos múltiples que fueron ejecutados por personal de Gendarmería Nacional, principalmente en domicilios ubicados en Chubut.
El caso salió a la luz luego de la detención de Carlos Rinaldi, titular de Migraciones en Chubut y reconocido militante libertario de Rawson y Playa Unión, además de operador local del diputado nacional César Treffinger. Rinaldi, que tal como confirmó este martes su abogado defensor, Fabián Gabalachis, fue apresado y llevado en una camioneta de Gendarmería a la Ciudad de Buenos Aires, donde el viernes por la tarde fue liberado por Yadarola.
Ahora se sabe que esa detención estuvo vinculada a la causa madre en la que se investigan a empresarios y empresas de la pesca de Rawson por presuntos delitos económicos, ya que Rinaldi habría participado de un trámite administrativo vinculado a los empresarios pesqueros sobre el que Yadarola puso la lupa. Sin embargo, el juez se declaró incompetente en la investigación de ese trámite y derivó la causa al titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, a cargo del Dr. Gustavo Lleral, quien deberá determinar la responsabilidad o no de lo actuado por Rinaldi como funcionario público.
Sin embargo, el tenor de la causa principal no se modificó ni cambió de jurisdicción, y ahora se conocieron parte de los términos utilizados por el juez para pedir las actuaciones contra empresarios, empresas y varios contadores involucrados en la investigación.
Uno por uno, una por una
La orden de Yadarola alcanzó a los empresarios Raúl Matías “Tato” Cereseto, Sergio Gustavo Pantano, Rafael Alejandro Suárez, Ezequiel Alberto Jaroslavsky, Raúl Horacio Cereseto y Claudio Alejandro Gallo, además de los contadores públicos Leonardo Alberto Chiachio (de Trelew), Pamela Beatriz Solar Toro (de Buenos Aires) y Patricia Ferrara (de Mar del Plata).
Las empresas mencionadas en la orden del juez están casi todas vinculadas a los empresarios investigados: Scarico SRL, Talita Kum SRL, RV SA, Estibajes Suarmo SA, Pesquera Hemos Triunfado SA, Pesquera Anave SA, Pesquera Virgen de Itatí SRL, Melimar SA, Camaronera Patagónica SA, Suarmo SA, Ponte Decimo SA, Don Gerónimo SRL, Servi Port SA, Las 3 M SRL, Bairespack SA, Cedife SA, Logport SA, Transportes Javier SRL y Sintermetal SAIC.
Las medidas -según publicó el medio especializado en temas pesqueros Portal de Pesca- incluyeron el secuestro de documentación contable, financiera, bancaria, societaria y digital, además de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.
En el texto de la resolución judicial al que también accedió Jornada se detalla que los procedimientos apuntaron a obtener información relacionada con distintos empresarios y firmas del rubro, entre ellas pesqueras, compañías de logística, estibaje y transporte.
La orden, además, habilitó a las fuerzas intervinientes a requisar oficinas, depósitos, locales, construcciones y demás dependencias vinculadas a los investigados.
La medida autorizó específicamente el secuestro de documentación en soporte papel y digital, incluyendo libros contables, registros societarios, archivos informáticos, discos de respaldo, resúmenes bancarios, comprobantes de operaciones comerciales, documentación aduanera y dispositivos de almacenamiento como notebooks, tablets, discos externos y pendrives.
La resolución puso también el foco sobre la evidencia digital y el juez Yadarola ordenó que, en caso de hallarse teléfonos celulares durante los allanamientos, estos sean secuestrados y preservados bajo protocolos específicos del Ministerio Público Fiscal para evitar la pérdida de información.
Inclusive, el documento autorizó a los agentes intervinientes a requerir las claves de desbloqueo de los dispositivos y, en caso de negativa, habilitó procedimientos compulsivos para acceder mediante reconocimiento biométrico, ya sea huella dactilar o reconocimiento facial, con el objetivo de analizar aplicaciones, plataformas virtuales y comunicaciones que puedan resultar de interés para la investigación.
Hasta este lunes, en la causa regía el secreto de sumario, por lo que se estima que recién en unos días podría haber novedades más concretas sobre la investigación que sacude al mundo empresario y político de Chubut.