De boca en boca y #Satirita
Organizaciones de derechos humanos de Esquel reclaman por una polémica pauta a un portal “negacionista”. El Superior amplió las prohibiciones a todos los integrantes del Poder Judicial. ¿Una ayudita para Richeri? Una estadística que preocupa en Rawson. Y más.
Una pauta publicitaria otorgada por la Cooperativa 16 de Octubre de Esquel y Trevelin al portal de noticias “Chubut Online” está causando malestar entre algunas organizaciones sociales de la zona cordillerana y la polémica llegaría al Concejo Deliberante de Esquel.
Todo comenzó con dos notas presentadas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Esquel-Trevelin ante el Consejo de Administración de la prestadora de servicios. Allí, el organismo cuestionó duramente varios contenidos publicados por este poco conocido medio digital, a los que calificó como “negacionistas” y ofensivos respecto de hechos vinculados a la última dictadura militar.
Pero el tema no quedó solamente en una discusión ideológica o editorial, ya que la APDH apuntó directamente contra “la utilización de recursos económicos de la cooperativa” para sostener publicidad institucional en dicho portal, y reclamó explicaciones formales sobre quién autorizó esos pagos y bajo qué criterios se asigna la pauta.
Según surge de las presentaciones, la Coop16 no habría respondido hasta el momento los requerimientos efectuados por la entidad de derechos humanos, pese al tiempo transcurrido desde la primera nota, elevada el 28 de abril pasado.
Es poco y nada lo que se sabe sobre “Chubut Online”, pero hay un nombre que aparece como presunto propietario: Juan Zuoza, un viejo militante antiminero, vinculado a un poderoso estudio de abogados de Esquel y, ahora, ferviente militante libertario.
Zuoza es, además, integrante de la Asociación de Vecinos del Parque Nacional Los Alerces, y su nombre llegó al Consejo de la Magistratura cuando los consejeros analizaron la denuncia contra el juez Claudio Petris, que ahora espera para ser sometido a jury.
Es que varias de las graves denuncias (algunas, inclusive, con un tenor personal y poco periodístico) salieron desde ese portal y con la firma de Zuoza.
Ahora, la controversia sumaría un nuevo capítulo político: en el Concejo Deliberante de Esquel comenzaría a impulsarse un pedido de informes para que la cooperativa cordillerana detalle cuánto dinero destinó durante 2025 y 2026 a “Chubut Online”, quién aprobó las contrataciones, cuáles fueron los mecanismos utilizados para seleccionar a ese medio como receptor de pauta institucional y a quién se le pagó.
Pero, además, comenzaron a circular versiones cada vez más insistentes sobre presuntos vínculos entre personas ligadas a la conducción de la Cooperativa 16 de Octubre (delegados y miembros del Consejo de Administración) y este portal digital.
Las preguntas que empiezan a instalarse son incómodas: ¿quién está realmente detrás de “Chubut Online”, además de Zuoza?; ¿cuánto dinero de los socios de la cooperativa se destina mensualmente a ese medio?; ¿existen conflictos de intereses?; ¿hubo controles internos sobre esas contrataciones?
Varios consideran que, en una ciudad donde la prestadora administra servicios públicos esenciales y maneja recursos millonarios aportados por los propios usuarios, la discusión ya dejó de ser exclusivamente periodística. Ahora —advierten muchos— el foco está puesto en la transparencia institucional y en el destino de los fondos de la Coop16.
Prohibido (casi) todo
En una decisión que no deja de llamar la atención, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut prohibió a jueces y empleados judiciales ejercer desde actividades comerciales y políticas hasta deportivas profesionales, entre otras.
El máximo órgano judicial provincial dictó un nuevo régimen de incompatibilidades para magistrados, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial. La acordada apunta —según expresaron textualmente— a reforzar la “independencia e imparcialidad” del sistema judicial y obliga a quienes estén alcanzados por las nuevas restricciones a regularizar su situación en un plazo de 60 días.
Mediante el Acuerdo Plenario Nº 5681/2026, se endurecieron las restricciones sobre actividades políticas, comerciales, profesionales y laborales que pueden desarrollar quienes integran el Poder Judicial. La resolución fue firmada por los ministros Andrés Giacomone, Silvia Bustos, Mario Vivas, Ricardo Napolitani, Camila Banfi Saavedra y Javier Raidan, y se fundamenta en la necesidad de preservar la “independencia, imparcialidad y correcto funcionamiento del servicio de justicia”.
En los considerandos, el Superior Tribunal sostuvo que quienes integran el Poder Judicial se encuentran alcanzados por un “régimen jurídico diferenciado”, debido a la naturaleza de la función pública que desempeñan. En ese marco, advirtió que el ejercicio simultáneo de actividades externas puede afectar “el rendimiento, la atención del servicio o la jerarquización del interés público comprometido”.
La acordada también remarca la necesidad de prevenir conflictos de intereses y garantizar la dedicación plena a la tarea judicial, al sostener que determinadas actividades privadas podrían comprometer la integridad institucional del sistema.
Entre las principales prohibiciones establecidas desde ahora se encuentra la imposibilidad de realizar actos de propaganda política o electoral “de cualquier naturaleza y por cualquier vía”, una cláusula que alcanza a magistrados, funcionarios y empleados judiciales.
Además, se prohibió ejercer profesiones liberales, desarrollar actividades comerciales o cualquier actividad lucrativa, desempeñar empleos públicos o privados —con excepción de la docencia— y ocupar cargos ejecutivos o administrativos en instituciones educativas públicas o privadas.
La resolución también impide integrar órganos de administración, fiscalización o disciplina de personas jurídicas, salvo en asociaciones vinculadas a la representación de trabajadores judiciales o entidades civiles sin fines de lucro, siempre que las funciones sean ad honorem y cuenten con autorización previa del Superior Tribunal.
Otro de los puntos incluidos en la acordada establece la prohibición de gestionar o influir en trámites judiciales, salvo cuando se trate de una participación directa como parte interesada, debiendo excusarse en esos casos.
El nuevo régimen dispone que quienes actualmente se encuentren alcanzados por alguna de las incompatibilidades deberán cesar esas actividades en un plazo de 60 días desde la publicación del acuerdo. En tanto, quienes pretendan mantener actividades académicas u ocupar cargos exceptuados deberán solicitar autorización expresa a la Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia.
Con esta decisión, el máximo tribunal provincial derogó el anterior Acuerdo Plenario Nº 3880/10 y avanzó en una actualización integral de las normas internas vinculadas a incompatibilidades y deberes funcionales dentro del Poder Judicial chubutense.
Una de las primeras en cuestionar la acordada fue la secretaria general del Sitrajuch, Gabriela Huenchual, quien en una entrevista con Jornada Radio expresó su rechazo de plano.
“No tiene sentido lo que han hecho”, dijo, y sugirió que la medida fue llevada adelante “para beneficiar al juez Richeri”.
A quien Huenchual se refiere es al juez de Esquel Carlos Richeri, que el año pasado fue protagonista de una dura polémica cuando reconoció que utilizaba Inteligencia Artificial (IA) para redactar sus fallos, y se confirmó, además, que daba cursos online sobre el uso de esta herramienta, por lo que fue denunciado por “comercio ilegal”.
En marzo pasado, la Corte provincial dejó sin efecto la anulación de la Cámara Penal de Esquel al fallo de Richeri por la inclusión de una frase por error de la IA: “Se juzga el resultado final y no el proceso interno”, fue el fundamento de la decisión de los ministros.
Pero un mes después, en una sesión en Puerto Madryn, el Consejo de la Magistratura del Chubut votó por mayoría abrir el sumario contra Richeri, denunciado por “comercio ilegal” por los abogados Alfredo Pérez Galimberti, José Raúl Heredia y Federico Ruffa.
¿Esta interna estará detrás de la polémica acordada de los ministros del Superior?
Suicidios en Rawson, una preocupación
En las últimas semanas comenzó a implementarse una campaña de prevención de suicidios adolescentes en las escuelas secundarias de Rawson. La misma complementa diversas acciones que se están llevando adelante para combatir esta problemática social que, según las estadísticas que manejan los operadores sanitarios, presenta el doble de casos que el promedio nacional.
Después de la pandemia creció la problemática de salud mental, con ansiedad, depresión y cuestiones asociadas al uso excesivo de pantallas y al consumo de sustancias.
En cuanto a los casos de suicidios, la curva también es ascendente. Según confirmó a Jornada el operador comunitario Alfredo Olmos, de Salud Mental y Adicciones del Hospital Subzonal Santa Teresita, durante 2024 se registraron ocho casos en la capital de Chubut, subiendo a diez en 2025. En lo que va de 2026 ya contabilizan dos casos.
Lo preocupante es que, mientras el promedio nacional marca nueve casos cada 100 mil habitantes, si se tiene en cuenta que en Rawson la población asciende a unos 50 mil habitantes, los casos superan la media, por lo que el panorama es más que preocupante.
¿Una grúa antes del desfile?
Una insólita situación vivió una vecina de Comodoro Rivadavia el pasado 25 de mayo, cuando al salir de trabajar se encontró con que su vehículo ya no estaba en el lugar donde lo había dejado estacionado.
Es que por esa calle pasaba el desfile oficial por el Día Patrio y, como había un par de autos estacionados sobre la calle, alguien habría mandado una grúa a retirarlos.
Según relató a los medios comodorenses la damnificada, llegó a las 5:30 de la mañana a trabajar y, cuando salió a las 14, ya no estaba el auto. Al preguntarle a los inspectores de Tránsito, dijeron desconocer dónde estaba.
Recién cuando habló con el chofer de la grúa encontró su vehículo, pero con la trompa dañada.
Nueva propuesta electoral
Somos Vida Chubut se conformó como una nueva propuesta electoral que agrupa a diferentes sectores que desarrollan su trabajo en terreno en distintas ciudades y localidades del Chubut.
La idea de esta novel fuerza política es presentar candidatos en 2027 con el objetivo de buscar soluciones a las problemáticas que detectan en el contacto diario con los vecinos.
Este espacio político está integrado por personas de barrios que, según plantean, pueden contar y vivir en carne propia otra realidad por fuera de las estructuras tradicionales o de los candidatos de siempre.
“Nosotros no tenemos un padrino político porque tampoco dependemos políticamente de absolutamente nadie y ese es el eje central por el cual llevamos adelante esto, teniendo en cuenta las vivencias propias que hemos tenido a lo largo de los años”, afirmó Alfredo Leguizamón, dirigente de Barrios de Pie en Puerto Madryn y uno de los actores que intervino en la organización de la nueva fuerza política.
#Satirita, por Descartes
Una pauta publicitaria otorgada por la Cooperativa 16 de Octubre de Esquel y Trevelin al portal de noticias “Chubut Online” está causando malestar entre algunas organizaciones sociales de la zona cordillerana y la polémica llegaría al Concejo Deliberante de Esquel.
Todo comenzó con dos notas presentadas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Esquel-Trevelin ante el Consejo de Administración de la prestadora de servicios. Allí, el organismo cuestionó duramente varios contenidos publicados por este poco conocido medio digital, a los que calificó como “negacionistas” y ofensivos respecto de hechos vinculados a la última dictadura militar.
Pero el tema no quedó solamente en una discusión ideológica o editorial, ya que la APDH apuntó directamente contra “la utilización de recursos económicos de la cooperativa” para sostener publicidad institucional en dicho portal, y reclamó explicaciones formales sobre quién autorizó esos pagos y bajo qué criterios se asigna la pauta.
Según surge de las presentaciones, la Coop16 no habría respondido hasta el momento los requerimientos efectuados por la entidad de derechos humanos, pese al tiempo transcurrido desde la primera nota, elevada el 28 de abril pasado.
Es poco y nada lo que se sabe sobre “Chubut Online”, pero hay un nombre que aparece como presunto propietario: Juan Zuoza, un viejo militante antiminero, vinculado a un poderoso estudio de abogados de Esquel y, ahora, ferviente militante libertario.
Zuoza es, además, integrante de la Asociación de Vecinos del Parque Nacional Los Alerces, y su nombre llegó al Consejo de la Magistratura cuando los consejeros analizaron la denuncia contra el juez Claudio Petris, que ahora espera para ser sometido a jury.
Es que varias de las graves denuncias (algunas, inclusive, con un tenor personal y poco periodístico) salieron desde ese portal y con la firma de Zuoza.
Ahora, la controversia sumaría un nuevo capítulo político: en el Concejo Deliberante de Esquel comenzaría a impulsarse un pedido de informes para que la cooperativa cordillerana detalle cuánto dinero destinó durante 2025 y 2026 a “Chubut Online”, quién aprobó las contrataciones, cuáles fueron los mecanismos utilizados para seleccionar a ese medio como receptor de pauta institucional y a quién se le pagó.
Pero, además, comenzaron a circular versiones cada vez más insistentes sobre presuntos vínculos entre personas ligadas a la conducción de la Cooperativa 16 de Octubre (delegados y miembros del Consejo de Administración) y este portal digital.
Las preguntas que empiezan a instalarse son incómodas: ¿quién está realmente detrás de “Chubut Online”, además de Zuoza?; ¿cuánto dinero de los socios de la cooperativa se destina mensualmente a ese medio?; ¿existen conflictos de intereses?; ¿hubo controles internos sobre esas contrataciones?
Varios consideran que, en una ciudad donde la prestadora administra servicios públicos esenciales y maneja recursos millonarios aportados por los propios usuarios, la discusión ya dejó de ser exclusivamente periodística. Ahora —advierten muchos— el foco está puesto en la transparencia institucional y en el destino de los fondos de la Coop16.
Prohibido (casi) todo
En una decisión que no deja de llamar la atención, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut prohibió a jueces y empleados judiciales ejercer desde actividades comerciales y políticas hasta deportivas profesionales, entre otras.
El máximo órgano judicial provincial dictó un nuevo régimen de incompatibilidades para magistrados, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial. La acordada apunta —según expresaron textualmente— a reforzar la “independencia e imparcialidad” del sistema judicial y obliga a quienes estén alcanzados por las nuevas restricciones a regularizar su situación en un plazo de 60 días.
Mediante el Acuerdo Plenario Nº 5681/2026, se endurecieron las restricciones sobre actividades políticas, comerciales, profesionales y laborales que pueden desarrollar quienes integran el Poder Judicial. La resolución fue firmada por los ministros Andrés Giacomone, Silvia Bustos, Mario Vivas, Ricardo Napolitani, Camila Banfi Saavedra y Javier Raidan, y se fundamenta en la necesidad de preservar la “independencia, imparcialidad y correcto funcionamiento del servicio de justicia”.
En los considerandos, el Superior Tribunal sostuvo que quienes integran el Poder Judicial se encuentran alcanzados por un “régimen jurídico diferenciado”, debido a la naturaleza de la función pública que desempeñan. En ese marco, advirtió que el ejercicio simultáneo de actividades externas puede afectar “el rendimiento, la atención del servicio o la jerarquización del interés público comprometido”.
La acordada también remarca la necesidad de prevenir conflictos de intereses y garantizar la dedicación plena a la tarea judicial, al sostener que determinadas actividades privadas podrían comprometer la integridad institucional del sistema.
Entre las principales prohibiciones establecidas desde ahora se encuentra la imposibilidad de realizar actos de propaganda política o electoral “de cualquier naturaleza y por cualquier vía”, una cláusula que alcanza a magistrados, funcionarios y empleados judiciales.
Además, se prohibió ejercer profesiones liberales, desarrollar actividades comerciales o cualquier actividad lucrativa, desempeñar empleos públicos o privados —con excepción de la docencia— y ocupar cargos ejecutivos o administrativos en instituciones educativas públicas o privadas.
La resolución también impide integrar órganos de administración, fiscalización o disciplina de personas jurídicas, salvo en asociaciones vinculadas a la representación de trabajadores judiciales o entidades civiles sin fines de lucro, siempre que las funciones sean ad honorem y cuenten con autorización previa del Superior Tribunal.
Otro de los puntos incluidos en la acordada establece la prohibición de gestionar o influir en trámites judiciales, salvo cuando se trate de una participación directa como parte interesada, debiendo excusarse en esos casos.
El nuevo régimen dispone que quienes actualmente se encuentren alcanzados por alguna de las incompatibilidades deberán cesar esas actividades en un plazo de 60 días desde la publicación del acuerdo. En tanto, quienes pretendan mantener actividades académicas u ocupar cargos exceptuados deberán solicitar autorización expresa a la Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia.
Con esta decisión, el máximo tribunal provincial derogó el anterior Acuerdo Plenario Nº 3880/10 y avanzó en una actualización integral de las normas internas vinculadas a incompatibilidades y deberes funcionales dentro del Poder Judicial chubutense.
Una de las primeras en cuestionar la acordada fue la secretaria general del Sitrajuch, Gabriela Huenchual, quien en una entrevista con Jornada Radio expresó su rechazo de plano.
“No tiene sentido lo que han hecho”, dijo, y sugirió que la medida fue llevada adelante “para beneficiar al juez Richeri”.
A quien Huenchual se refiere es al juez de Esquel Carlos Richeri, que el año pasado fue protagonista de una dura polémica cuando reconoció que utilizaba Inteligencia Artificial (IA) para redactar sus fallos, y se confirmó, además, que daba cursos online sobre el uso de esta herramienta, por lo que fue denunciado por “comercio ilegal”.
En marzo pasado, la Corte provincial dejó sin efecto la anulación de la Cámara Penal de Esquel al fallo de Richeri por la inclusión de una frase por error de la IA: “Se juzga el resultado final y no el proceso interno”, fue el fundamento de la decisión de los ministros.
Pero un mes después, en una sesión en Puerto Madryn, el Consejo de la Magistratura del Chubut votó por mayoría abrir el sumario contra Richeri, denunciado por “comercio ilegal” por los abogados Alfredo Pérez Galimberti, José Raúl Heredia y Federico Ruffa.
¿Esta interna estará detrás de la polémica acordada de los ministros del Superior?
Suicidios en Rawson, una preocupación
En las últimas semanas comenzó a implementarse una campaña de prevención de suicidios adolescentes en las escuelas secundarias de Rawson. La misma complementa diversas acciones que se están llevando adelante para combatir esta problemática social que, según las estadísticas que manejan los operadores sanitarios, presenta el doble de casos que el promedio nacional.
Después de la pandemia creció la problemática de salud mental, con ansiedad, depresión y cuestiones asociadas al uso excesivo de pantallas y al consumo de sustancias.
En cuanto a los casos de suicidios, la curva también es ascendente. Según confirmó a Jornada el operador comunitario Alfredo Olmos, de Salud Mental y Adicciones del Hospital Subzonal Santa Teresita, durante 2024 se registraron ocho casos en la capital de Chubut, subiendo a diez en 2025. En lo que va de 2026 ya contabilizan dos casos.
Lo preocupante es que, mientras el promedio nacional marca nueve casos cada 100 mil habitantes, si se tiene en cuenta que en Rawson la población asciende a unos 50 mil habitantes, los casos superan la media, por lo que el panorama es más que preocupante.
¿Una grúa antes del desfile?
Una insólita situación vivió una vecina de Comodoro Rivadavia el pasado 25 de mayo, cuando al salir de trabajar se encontró con que su vehículo ya no estaba en el lugar donde lo había dejado estacionado.
Es que por esa calle pasaba el desfile oficial por el Día Patrio y, como había un par de autos estacionados sobre la calle, alguien habría mandado una grúa a retirarlos.
Según relató a los medios comodorenses la damnificada, llegó a las 5:30 de la mañana a trabajar y, cuando salió a las 14, ya no estaba el auto. Al preguntarle a los inspectores de Tránsito, dijeron desconocer dónde estaba.
Recién cuando habló con el chofer de la grúa encontró su vehículo, pero con la trompa dañada.
Nueva propuesta electoral
Somos Vida Chubut se conformó como una nueva propuesta electoral que agrupa a diferentes sectores que desarrollan su trabajo en terreno en distintas ciudades y localidades del Chubut.
La idea de esta novel fuerza política es presentar candidatos en 2027 con el objetivo de buscar soluciones a las problemáticas que detectan en el contacto diario con los vecinos.
Este espacio político está integrado por personas de barrios que, según plantean, pueden contar y vivir en carne propia otra realidad por fuera de las estructuras tradicionales o de los candidatos de siempre.
“Nosotros no tenemos un padrino político porque tampoco dependemos políticamente de absolutamente nadie y ese es el eje central por el cual llevamos adelante esto, teniendo en cuenta las vivencias propias que hemos tenido a lo largo de los años”, afirmó Alfredo Leguizamón, dirigente de Barrios de Pie en Puerto Madryn y uno de los actores que intervino en la organización de la nueva fuerza política.
#Satirita, por Descartes