El femicidio: cuando lo que no se nombra no existe
Una reflexión sobre cómo renovar la convocatoria al Ni Una menos y los ejes que hay que pensar para pasar del reclamo colectivo a la garantía concreta de que los derechos se protejan.
Por Marcela Pérez Bogado
Jueza penal y especialista en Género
Especial para Jornada
Cada 3J renovamos la historia de los inicios de “Ni una menos”, aquel llamado a salir a las calles desde las cuentas de X de periodistas y escritoras. Era junio de 2015. “Nos están matando, ¿no vamos a hacer nada?”
El femicidio de la adolescente Chiara Páez fue el detonante de esta pregunta.
Once años pasaron y poco y nada cambiaron las estadísticas de violencia hacia las mujeres. Un femicidio cada 36 horas, según el Observatorio Ahora sí que nos ven y uno cada 44 horas, según la Corte Suprema de Justicia, ambos para 2025. Y en lo que va de 2026, uno cada 31 horas.
Me refiero a que las estadísticas no se modificaron, porque quizás las muertes disminuyeron (al menos para la Corte Suprema de Justicia), pero la cifra de tentativas (intentos de femicidio) casi cuadruplica a las muertes, son 997 mujeres a quienes atacaron. La violencia femicida se transforma en nuevas formas como la instigación al suicidio. Y la violencia vicaria, aquella que se dirige a otras personas para causar dolor a la mujer, se muestra sin ningún pudor.
Cada una de ellas se muestra a través de las noticias que nos llegan, algunas espectacularizadas por el morbo y por la falta de conciencia de lo que esas imágenes y titulares genera en quienes las reciben.
Pero las otras violencias, las que sufren tu amiga a quien constantemente le hacen padecer su edad o su físico; la de la mamá del colegio que no le alcanza para comprar los útiles porque no recibe la cuota alimentaria; la adolescente que no quiere mantener relaciones sexuales, pero su compañero romántico le insiste; o la dueña del kiosco que sin querer dejó al descubierto unas marcas de dedos en sus brazos, de ellas nos enteramos casi por casualidad. Durante una conversación que se transforma en incómoda porque es un pedido de auxilio.
Como está planteado el mundo, en la virtualidad todo se agrava a través de las redes sociales: la amenazas, el miedo, la ridiculización, la burla, la cosificación de los cuerpos y su exhibición.
Las estadísticas nos muestran que quienes agreden, los violentos, son varones, que suelen ser exparejas, parejas, conocidos, familiares, compañeros y aún desconocidos, pero siempre varones. Que nunca cambió que el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las niñas y mujeres.
Desde 1996 el Estado había asumido el compromiso de prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia las mujeres, con la ratificación de la Convención de Belem Do Pará.
Luego, en 2012, incorporó en el artículo 80 del Código Penal, el inciso 11, y la figura de homicidio agravado de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Sin embargo, no utilizó la palabra “femicidio”.
Esa puede ser la explicación de porqué hasta 2015 el registro de los asesinatos de mujeres como femicidio era escaso. Le costó a la justicia apropiarse del término. Chubut, por ejemplo, comienza a nombrarlo como femicidio en sus sentencias recién a partir de 2019.
Quizás sea por la puesta en marcha de la capacitación estatal a través de la Ley Micaela, promulgada ese mismo año, o tal vez porque ya se escuchaban fuerte las voces de las mujeres.
Durante ese tiempo las organizaciones generaron redes de contención y articulación, fortalecieron la escucha y el acompañamiento de aquellas primas, vecinas, comerciantes, profesionales, niñas, en situación de violencia.
Es esa red la que permite dar el primer paso: hacer la denuncia. A partir de ese momento es el Poder Judicial quien debe dar una respuesta adecuada al caso, con un conocimiento pleno del fenómeno, despojado de estereotipos, con “perspectiva de género”. Pero también deben existir programas estatales que no las dejen solas, con toda la carga que implica un proceso judicial.
La violencia es visible porque en diez días dos adolescentes fueron asesinadas y descartadas, porque una mujer pidió ayuda y el Estado llegó tarde. Tres femicidios que nos muestran que la prevención no funcionó, que el Estado no actuó a tiempo ni como debe hacerse, pero lo más grave en este contexto tan adverso: que un funcionario judicial prefiera no utilizar la palabra femicidio.
Y si no se nombra…no existe. La violencia existe, no ha cesado, va mutando, y es hora de que Argentina honre el compromiso que asumió hace treinta años.
Por eso la convocatoria se renueva, por cada niña y mujer, porque cualquiera de nosotras podemos ser víctimas.
* La foto que ilustra el artículo corresponde a la intervención del “Taller de Lecturas desde el feminismo”, Puerto Madryn, noviembre de 2021.
Por Marcela Pérez Bogado
Jueza penal y especialista en Género
Especial para Jornada
Cada 3J renovamos la historia de los inicios de “Ni una menos”, aquel llamado a salir a las calles desde las cuentas de X de periodistas y escritoras. Era junio de 2015. “Nos están matando, ¿no vamos a hacer nada?”
El femicidio de la adolescente Chiara Páez fue el detonante de esta pregunta.
Once años pasaron y poco y nada cambiaron las estadísticas de violencia hacia las mujeres. Un femicidio cada 36 horas, según el Observatorio Ahora sí que nos ven y uno cada 44 horas, según la Corte Suprema de Justicia, ambos para 2025. Y en lo que va de 2026, uno cada 31 horas.
Me refiero a que las estadísticas no se modificaron, porque quizás las muertes disminuyeron (al menos para la Corte Suprema de Justicia), pero la cifra de tentativas (intentos de femicidio) casi cuadruplica a las muertes, son 997 mujeres a quienes atacaron. La violencia femicida se transforma en nuevas formas como la instigación al suicidio. Y la violencia vicaria, aquella que se dirige a otras personas para causar dolor a la mujer, se muestra sin ningún pudor.
Cada una de ellas se muestra a través de las noticias que nos llegan, algunas espectacularizadas por el morbo y por la falta de conciencia de lo que esas imágenes y titulares genera en quienes las reciben.
Pero las otras violencias, las que sufren tu amiga a quien constantemente le hacen padecer su edad o su físico; la de la mamá del colegio que no le alcanza para comprar los útiles porque no recibe la cuota alimentaria; la adolescente que no quiere mantener relaciones sexuales, pero su compañero romántico le insiste; o la dueña del kiosco que sin querer dejó al descubierto unas marcas de dedos en sus brazos, de ellas nos enteramos casi por casualidad. Durante una conversación que se transforma en incómoda porque es un pedido de auxilio.
Como está planteado el mundo, en la virtualidad todo se agrava a través de las redes sociales: la amenazas, el miedo, la ridiculización, la burla, la cosificación de los cuerpos y su exhibición.
Las estadísticas nos muestran que quienes agreden, los violentos, son varones, que suelen ser exparejas, parejas, conocidos, familiares, compañeros y aún desconocidos, pero siempre varones. Que nunca cambió que el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las niñas y mujeres.
Desde 1996 el Estado había asumido el compromiso de prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia las mujeres, con la ratificación de la Convención de Belem Do Pará.
Luego, en 2012, incorporó en el artículo 80 del Código Penal, el inciso 11, y la figura de homicidio agravado de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Sin embargo, no utilizó la palabra “femicidio”.
Esa puede ser la explicación de porqué hasta 2015 el registro de los asesinatos de mujeres como femicidio era escaso. Le costó a la justicia apropiarse del término. Chubut, por ejemplo, comienza a nombrarlo como femicidio en sus sentencias recién a partir de 2019.
Quizás sea por la puesta en marcha de la capacitación estatal a través de la Ley Micaela, promulgada ese mismo año, o tal vez porque ya se escuchaban fuerte las voces de las mujeres.
Durante ese tiempo las organizaciones generaron redes de contención y articulación, fortalecieron la escucha y el acompañamiento de aquellas primas, vecinas, comerciantes, profesionales, niñas, en situación de violencia.
Es esa red la que permite dar el primer paso: hacer la denuncia. A partir de ese momento es el Poder Judicial quien debe dar una respuesta adecuada al caso, con un conocimiento pleno del fenómeno, despojado de estereotipos, con “perspectiva de género”. Pero también deben existir programas estatales que no las dejen solas, con toda la carga que implica un proceso judicial.
La violencia es visible porque en diez días dos adolescentes fueron asesinadas y descartadas, porque una mujer pidió ayuda y el Estado llegó tarde. Tres femicidios que nos muestran que la prevención no funcionó, que el Estado no actuó a tiempo ni como debe hacerse, pero lo más grave en este contexto tan adverso: que un funcionario judicial prefiera no utilizar la palabra femicidio.
Y si no se nombra…no existe. La violencia existe, no ha cesado, va mutando, y es hora de que Argentina honre el compromiso que asumió hace treinta años.
Por eso la convocatoria se renueva, por cada niña y mujer, porque cualquiera de nosotras podemos ser víctimas.
* La foto que ilustra el artículo corresponde a la intervención del “Taller de Lecturas desde el feminismo”, Puerto Madryn, noviembre de 2021.