Castro Rojas: “Sin derechos no hay salud mental”
La delegada del Colegio de Psicólogos, Fernanda Castro Rojas, destacó la importancia de conocer y fortalecer la Ley Nacional de Salud Mental durante el segundo foro participativo que se realizará este sábado, de 13 a 17 horas, en el Gimnasio Municipal de Gaiman. Aseguró que la normativa vigente amplió derechos, incorporó un abordaje interdisciplinario y puso en el centro la voz de las personas usuarias del sistema de salud.
Por Lorena Leeming / Redacción Jornada
La comunidad de Gaiman será sede este sábado 4 de julio del foro “Sin derechos, no hay salud mental”, una jornada de reflexión y debate que tendrá lugar entre las 13 y las 17 horas en el Gimnasio Municipal. La actividad, organizada con la participación del Colegio de Psicólogos, busca abrir un espacio de encuentro para analizar el presente y el futuro de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 y promover su plena implementación.
La delegada del Colegio de Psicólogos, Fernanda Castro Rojas, explicó que la convocatoria está dirigida a familiares, personas usuarias del sistema de salud, trabajadores del área y al público en general, con el propósito de generar un intercambio abierto sobre los derechos que garantiza la legislación vigente.
“La idea es convocar a las personas para que podamos conversar, debatir y también pensarnos en clave de derechos y de accesibilidad a la Ley de Salud Mental”, señaló.
Castro Rojas recordó que se trata del segundo foro impulsado con este objetivo. El primero se realizó a fines de mayo en un barrio de Trelew, donde vecinos, profesionales y organizaciones compartieron experiencias sobre las fortalezas de la ley y las dificultades que aún persisten para su efectiva aplicación.
Como resultado de ese encuentro se elaboró una carta abierta con las principales conclusiones, documento que continúa circulando para ampliar la participación ciudadana y sumar nuevas voces a la discusión.
Para la profesional, uno de los principales desafíos es defender una norma que, pese a encontrarse plenamente vigente, todavía no ha sido implementada en toda su dimensión.
“Es muy difícil tratar de modificar o cambiar una ley que no ha tenido un pleno cumplimiento, que no ha contado con las financiaciones ni con el tiempo suficiente para evaluar realmente su efectividad”, sostuvo.
Entre los principales avances que introdujo la Ley 26.657, destacó la incorporación de los consumos problemáticos dentro del campo de la salud mental. Explicó que este cambio dejó atrás un modelo centrado exclusivamente en decisiones judiciales para priorizar evaluaciones realizadas por equipos interdisciplinarios, donde la persona es escuchada y participa activamente del proceso.
“La ley conversa con la Ley de Derechos del Paciente y entiende que una internación debe ser siempre la última instancia. Antes deben intentarse otros tratamientos y otras modalidades de abordaje”, explicó.
En ese sentido, remarcó que uno de los cambios más significativos fue desplazar el modelo en el que una única disciplina concentraba todas las decisiones. Hoy, indicó, las evaluaciones involucran a profesionales de distintas áreas, entre ellas la Psicología, la Psiquiatría, el Trabajo Social y otras especialidades, reconociendo que la salud mental requiere miradas múltiples.
“La ley reconoce la experticia de distintas disciplinas y pone en el centro la voz de las personas usuarias. No es un juez quien determina una internación, sino un equipo interdisciplinario que evalúa cada situación”, afirmó.
La delegada aclaró además que una de las confusiones más frecuentes consiste en creer que la ley eliminó las internaciones. Lejos de eso, explicó que continúan existiendo, aunque bajo criterios más estrictos y con mayores garantías para quienes atraviesan una crisis.
En los casos de internaciones involuntarias, recordó, la legislación garantiza el derecho a contar con un abogado o abogada que informe y acompañe a la persona durante todo el procedimiento. Además, existe un Órgano de Revisión integrado por representantes de distintas profesiones y organizaciones de familiares, encargado de supervisar el cumplimiento de la ley y resguardar los derechos de los usuarios.
“Lo importante es conocer la ley para poder ejercer nuestros derechos y también exigir que quienes intervienen en el sistema de salud la cumplan”, enfatizó.
Para Castro Rojas, el espíritu de la normativa excede el ámbito sanitario y se inscribe en una perspectiva de derechos humanos, donde la comunidad ocupa un lugar central en los procesos de recuperación.
“La ley habla de la importancia de que las personas estemos en comunidad. Si nos separan durante años de nuestro centro vital, después no hay una verdadera posibilidad de reconexión”, expresó.
En esa línea, sostuvo que la evidencia científica ha demostrado que los modelos manicomiales y las internaciones prolongadas no producen mejores resultados terapéuticos y, por el contrario, profundizan procesos de exclusión.
“Los modelos donde una sola disciplina decide sobre la vida de las personas no han funcionado. Cuando decimos que la salud mental es responsabilidad de todas y todos, realmente lo creemos”, afirmó.
Finalmente, consideró que la pandemia dejó en evidencia el valor de los vínculos, los afectos y la vida comunitaria como pilares del bienestar emocional. Por eso insistió en que existen dos herramientas fundamentales para fortalecer el sistema de salud mental: el conocimiento de los derechos y la construcción de espacios de encuentro.
“Conocer nuestros derechos es el primer paso. El segundo es encontrarnos, conversar y compartir experiencias. En el foro anterior participaron personas que hoy tienen un cupo laboral gracias a esta ley y pudieron dejar atrás situaciones de estigmatización. Esas historias muestran que la ley no es solamente un texto: cuando se cumple, transforma vidas”, concluyó.
Por Lorena Leeming / Redacción Jornada
La comunidad de Gaiman será sede este sábado 4 de julio del foro “Sin derechos, no hay salud mental”, una jornada de reflexión y debate que tendrá lugar entre las 13 y las 17 horas en el Gimnasio Municipal. La actividad, organizada con la participación del Colegio de Psicólogos, busca abrir un espacio de encuentro para analizar el presente y el futuro de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 y promover su plena implementación.
La delegada del Colegio de Psicólogos, Fernanda Castro Rojas, explicó que la convocatoria está dirigida a familiares, personas usuarias del sistema de salud, trabajadores del área y al público en general, con el propósito de generar un intercambio abierto sobre los derechos que garantiza la legislación vigente.
“La idea es convocar a las personas para que podamos conversar, debatir y también pensarnos en clave de derechos y de accesibilidad a la Ley de Salud Mental”, señaló.
Castro Rojas recordó que se trata del segundo foro impulsado con este objetivo. El primero se realizó a fines de mayo en un barrio de Trelew, donde vecinos, profesionales y organizaciones compartieron experiencias sobre las fortalezas de la ley y las dificultades que aún persisten para su efectiva aplicación.
Como resultado de ese encuentro se elaboró una carta abierta con las principales conclusiones, documento que continúa circulando para ampliar la participación ciudadana y sumar nuevas voces a la discusión.
Para la profesional, uno de los principales desafíos es defender una norma que, pese a encontrarse plenamente vigente, todavía no ha sido implementada en toda su dimensión.
“Es muy difícil tratar de modificar o cambiar una ley que no ha tenido un pleno cumplimiento, que no ha contado con las financiaciones ni con el tiempo suficiente para evaluar realmente su efectividad”, sostuvo.
Entre los principales avances que introdujo la Ley 26.657, destacó la incorporación de los consumos problemáticos dentro del campo de la salud mental. Explicó que este cambio dejó atrás un modelo centrado exclusivamente en decisiones judiciales para priorizar evaluaciones realizadas por equipos interdisciplinarios, donde la persona es escuchada y participa activamente del proceso.
“La ley conversa con la Ley de Derechos del Paciente y entiende que una internación debe ser siempre la última instancia. Antes deben intentarse otros tratamientos y otras modalidades de abordaje”, explicó.
En ese sentido, remarcó que uno de los cambios más significativos fue desplazar el modelo en el que una única disciplina concentraba todas las decisiones. Hoy, indicó, las evaluaciones involucran a profesionales de distintas áreas, entre ellas la Psicología, la Psiquiatría, el Trabajo Social y otras especialidades, reconociendo que la salud mental requiere miradas múltiples.
“La ley reconoce la experticia de distintas disciplinas y pone en el centro la voz de las personas usuarias. No es un juez quien determina una internación, sino un equipo interdisciplinario que evalúa cada situación”, afirmó.
La delegada aclaró además que una de las confusiones más frecuentes consiste en creer que la ley eliminó las internaciones. Lejos de eso, explicó que continúan existiendo, aunque bajo criterios más estrictos y con mayores garantías para quienes atraviesan una crisis.
En los casos de internaciones involuntarias, recordó, la legislación garantiza el derecho a contar con un abogado o abogada que informe y acompañe a la persona durante todo el procedimiento. Además, existe un Órgano de Revisión integrado por representantes de distintas profesiones y organizaciones de familiares, encargado de supervisar el cumplimiento de la ley y resguardar los derechos de los usuarios.
“Lo importante es conocer la ley para poder ejercer nuestros derechos y también exigir que quienes intervienen en el sistema de salud la cumplan”, enfatizó.
Para Castro Rojas, el espíritu de la normativa excede el ámbito sanitario y se inscribe en una perspectiva de derechos humanos, donde la comunidad ocupa un lugar central en los procesos de recuperación.
“La ley habla de la importancia de que las personas estemos en comunidad. Si nos separan durante años de nuestro centro vital, después no hay una verdadera posibilidad de reconexión”, expresó.
En esa línea, sostuvo que la evidencia científica ha demostrado que los modelos manicomiales y las internaciones prolongadas no producen mejores resultados terapéuticos y, por el contrario, profundizan procesos de exclusión.
“Los modelos donde una sola disciplina decide sobre la vida de las personas no han funcionado. Cuando decimos que la salud mental es responsabilidad de todas y todos, realmente lo creemos”, afirmó.
Finalmente, consideró que la pandemia dejó en evidencia el valor de los vínculos, los afectos y la vida comunitaria como pilares del bienestar emocional. Por eso insistió en que existen dos herramientas fundamentales para fortalecer el sistema de salud mental: el conocimiento de los derechos y la construcción de espacios de encuentro.
“Conocer nuestros derechos es el primer paso. El segundo es encontrarnos, conversar y compartir experiencias. En el foro anterior participaron personas que hoy tienen un cupo laboral gracias a esta ley y pudieron dejar atrás situaciones de estigmatización. Esas historias muestran que la ley no es solamente un texto: cuando se cumple, transforma vidas”, concluyó.