La Asociación de Magistrados pidió investigar las denuncias de Bottini
En un comunicado, la entidad sostuvo que las presiones denunciadas por la fiscal de Esquel deben ser investigadas por las autoridades competentes y alertó sobre un proceso de hostigamiento que pone en riesgo la autonomía de la Justicia y el Estado de Derecho.
La Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial del Chubut (AMFJCH) emitió un duro comunicado institucional en respaldo a la fiscal jefa de Esquel, María Bottini, luego de que denunciara públicamente haber recibido presiones para no investigar la causa por la presunta defraudación en la Mutual de la Cooperativa 16 de Octubre.
La entidad consideró "imprescindible" que las manifestaciones realizadas por la fiscal durante una audiencia judicial y luego difundidas públicamente sean investigadas por las autoridades competentes, al entender que la gravedad de los hechos denunciados excede un caso particular y afecta el normal funcionamiento del sistema judicial.
Vale recordar que Bottini señaló el hostigamiento sistemático recibido desde un portal de operaciones mediáticas, al que vinculó al conocido abogado cordillerano Ricardo Gerosa Lewis.
En el documento, la Asociación sostuvo que desde hace tiempo viene advirtiendo sobre un "progresivo deterioro institucional" en la provincia, caracterizado por el debilitamiento de las garantías destinadas a preservar la independencia judicial y la autonomía funcional del Ministerio Público, además de una creciente pérdida de confianza ciudadana en los órganos de gobierno y control de la Justicia.
También afirmó que las campañas de presión políticas, mediáticas o económicas encuentran terreno fértil cuando instituciones como el Superior Tribunal de Justicia, el Consejo de la Magistratura o las autoridades del Ministerio Público no ejercen con firmeza las responsabilidades que les corresponden, generando un escenario en el que factores externos pueden influir sobre quienes deben decidir únicamente conforme al Derecho.
La AMFJCH señaló además que resulta preocupante que quienes tienen la obligación constitucional de resguardar la independencia judicial, "en lugar de neutralizar este tipo de prácticas, las legitiman mediante el silencio, las respuestas tardías o incluso decisiones que objetivamente aparecen alineadas con quienes ejercen esa presión".
En otro de los pasajes centrales del comunicado, la Asociación remarcó que no se trata de una preocupación hipotética, sino que ya ha presenciado campañas de similares características que no recibieron una respuesta institucional adecuada. Advirtió que en comunidades pequeñas, como las de Chubut, estas situaciones adquieren una gravedad aún mayor y terminan comprometiendo "el derecho de toda la ciudadanía a contar con una Justicia independiente e imparcial".
Finalmente, la entidad reafirmó que defender la independencia judicial no implica proteger a personas ni impedir las críticas a las decisiones judiciales, sino garantizar que jueces, fiscales y funcionarios puedan desempeñar sus funciones libres de presiones, intimidaciones o condicionamientos externos.
La Asociación sostuvo que la fortaleza de una democracia no depende de la ausencia de cuestionamientos al Poder Judicial, sino de la capacidad de sus instituciones para asegurar que quienes investigan, acusan y juzgan puedan hacerlo "con independencia, responsabilidad y serenidad", advirtiendo que cuando el descrédito y las presiones reemplazan los mecanismos previstos por la Constitución y la ley, se debilita la Justicia y resulta lesionado el Estado constitucional de Derecho.
La Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial del Chubut (AMFJCH) emitió un duro comunicado institucional en respaldo a la fiscal jefa de Esquel, María Bottini, luego de que denunciara públicamente haber recibido presiones para no investigar la causa por la presunta defraudación en la Mutual de la Cooperativa 16 de Octubre.
La entidad consideró "imprescindible" que las manifestaciones realizadas por la fiscal durante una audiencia judicial y luego difundidas públicamente sean investigadas por las autoridades competentes, al entender que la gravedad de los hechos denunciados excede un caso particular y afecta el normal funcionamiento del sistema judicial.
Vale recordar que Bottini señaló el hostigamiento sistemático recibido desde un portal de operaciones mediáticas, al que vinculó al conocido abogado cordillerano Ricardo Gerosa Lewis.
En el documento, la Asociación sostuvo que desde hace tiempo viene advirtiendo sobre un "progresivo deterioro institucional" en la provincia, caracterizado por el debilitamiento de las garantías destinadas a preservar la independencia judicial y la autonomía funcional del Ministerio Público, además de una creciente pérdida de confianza ciudadana en los órganos de gobierno y control de la Justicia.
También afirmó que las campañas de presión políticas, mediáticas o económicas encuentran terreno fértil cuando instituciones como el Superior Tribunal de Justicia, el Consejo de la Magistratura o las autoridades del Ministerio Público no ejercen con firmeza las responsabilidades que les corresponden, generando un escenario en el que factores externos pueden influir sobre quienes deben decidir únicamente conforme al Derecho.
La AMFJCH señaló además que resulta preocupante que quienes tienen la obligación constitucional de resguardar la independencia judicial, "en lugar de neutralizar este tipo de prácticas, las legitiman mediante el silencio, las respuestas tardías o incluso decisiones que objetivamente aparecen alineadas con quienes ejercen esa presión".
En otro de los pasajes centrales del comunicado, la Asociación remarcó que no se trata de una preocupación hipotética, sino que ya ha presenciado campañas de similares características que no recibieron una respuesta institucional adecuada. Advirtió que en comunidades pequeñas, como las de Chubut, estas situaciones adquieren una gravedad aún mayor y terminan comprometiendo "el derecho de toda la ciudadanía a contar con una Justicia independiente e imparcial".
Finalmente, la entidad reafirmó que defender la independencia judicial no implica proteger a personas ni impedir las críticas a las decisiones judiciales, sino garantizar que jueces, fiscales y funcionarios puedan desempeñar sus funciones libres de presiones, intimidaciones o condicionamientos externos.
La Asociación sostuvo que la fortaleza de una democracia no depende de la ausencia de cuestionamientos al Poder Judicial, sino de la capacidad de sus instituciones para asegurar que quienes investigan, acusan y juzgan puedan hacerlo "con independencia, responsabilidad y serenidad", advirtiendo que cuando el descrédito y las presiones reemplazan los mecanismos previstos por la Constitución y la ley, se debilita la Justicia y resulta lesionado el Estado constitucional de Derecho.