Dura nota de los Colegios de Abogados contra la reforma civil

Con una nota al presidente de Legislatura Gustavo Menna, los Colegios Públicos de Abogados de Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew y Puerto Madryn sintetizaron sus fuertes cuestionamientos al proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial del Chubut.

Según advierten, la iniciativa que motorizó el Superior Tribunal de Justicia “no sólo no traerá ninguna mejoría al servicio de justicia sino que peor aún, agravará los problemas que ya posee”.

Según los letrados, “el Código vigente presenta aspectos a corregir y mejorar pero ninguno de ellos es de una gravedad tal que exija una modificación total en tan acotado margen de tiempo y sin haber contemplado la cuestión presupuestaria”.

El documento subraya que no se presentaron estadísticas ni estudios oficiales que demuestren que el actual Código no funciona. “Por el contrario, hay consenso entre los Colegios en que pese a necesitar algunos ajustes, en líneas generales el actual Código cumple satisfactoriamente su función, sin perjuicio de su necesaria adaptación a la tramitación digital actual de las causas judiciales”.

Los abogados explicaron que el proceso oral que se quiere imponer, aún cuando se contara con presupuesto, no soportaría más de 200 juicios por año. En todas las jurisdicciones se supera esa cantidad de procesos. “Esto indica que en un plazode cuatro años el sistema se verá colapsado por completo”.

Y aunque es cierto que en algunas jurisdicciones hay demoras en la tramitaciónde los procesos, “se podrían corregir fácilmente efectuando un control más exhaustivo sobre el uso de las licencias de los magistrados, y nombrando algunos jueces de refuerzo en los juzgados congestionados de trabajo. Son cuatro o cinco jueces en toda la provincia”.

Además, de aprobarse la reforma será necesario nombrar una cantidad importante de nuevos jueces, funcionarios y personal administrativo. Y construir edificios o mejorar los existentes. “Tampoco se informó el presupuesto estimado ni de dónde saldrán los recursos ya que cuando los Colegios pedimos que se nombren nuevos jueces o se creen juzgados, la respuesta es que el presupuesto es escaso”.

“Para agravar la situación, el mismo proyecto establece que deberá entrar en vigenciadentro de los seis meses de su sanción, lo que intensifica las incógnitas acerca dela posibilidad real de su instrumentación”, apuntaron.

En tal sentido, la reforma insumirá nuevos recursos económicos, “lo cual va a contramano de las sucesivas Leyes de Emergencia Económica”.

Si se pretende una reforma de fondo se debió convocar a letrados, jueces, universidades y asociaciones civiles. “Comenzar a discutir un proyecto de ley confeccionado por tres jueces de alzada empobrece el proyecto por la ausencia de la mirada de otros sectores fundamentales en el servicio de justicia, que no podrá ser agregada posteriormente por más debate que se dé en Legislatura”.

Los Colegios remarcaron que el proyecto restringe los derechos de los ciudadanos: “Acota sensiblemente sus capacidades recursivas impidiendo directamente, en algunos casos, la doble instancia y que dota a los jueces de indebidos poderes disciplinarios sobre los abogados particulares, ocasionando que se vean limitados en el ejercicio de la defensa de las personas. Es una ley que va a desproteger a las personas ante el Poder Judicial”.

De acuerdo a la nota elevada, la iniciativa “no aprovecha la oportunidad de reforma para introducir el uso de nuevas tecnologías, como la IA”. También sobreregula los procesos colectivos “prácticamente inexistentes en la provincia, asignando normas inauditas como la posibilidad del juez de remover a los abogados litigantes, determinar un destino diferente de los fondos de la sentencia condenatoria, que no beneficiarán a los damnificados, sino a un Fondo de Procesos Colectivos del Poder Judicial, beneficiario también de una sobretasa del 2% sobre el monto del proceso, que carece de toda justificación”.

El cuestionamiento le apunta especialmente al artículo 103 de la proyecto de ley, con la novedad de los juicios por jurados populares. “Son legos en derecho y aún así se les asigna la tarea de juzgar sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las leyes, reglamentos o cualquier tipo de norma general, cuyo raciocinio debería quedar exclusivamente reservado a los expertos en la materia”.

Para los Colegios, “es un descuido técnico jurídico inocultable, pues los jurados no pueden resolver cuestiones de derecho, por no estar capacitados”. Los jurados populares “no pueden juzgar sobre la responsabilidad civil o disciplinaria de los magistrados y cualquier otro funcionario público, lo cual se contrapone con nuestra Constitución”.

“Resulta llamativo –agregan- que, por un lado, el Estado garantiza a sus ciudadanos unproceso adversarial puro cuando está en juego su libertad en una causa penal,pero les niega esa misma garantía cuando litigan por su patrimonio, su familia osus derechos laborales”.

De acuerdo al pronunciamiento, “si se va a encarar una tarea de tamaña trascendencia para la vida institucional de nuestra provincia, que va a condicionar los próximostreinta o cuarenta años de la actividad judicial, es necesario dar un debate más profundo”, reclamaron.

“El proyecto no mejorará las condiciones del servicio de justicia, sino que las empeorará sustancialmente, generando en los chubutenses una grave inseguridad jurídica”, culmina la nota.