La Ley del Libro no se tratará en el Congreso
Tras el masivo rechazo de editoriales y librerías, el Poder Ejecutivo dio marcha atrás con el anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación. El gobierno ratificó que la iniciativa no forma parte de la agenda legislativa prioritaria.
El Poder Ejecutivo nacional resolvió frenar la desregulación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera (Ley N° 25.542). El presidente Javier Milei confirmó que el proyecto que buscaba eliminar el régimen de precio fijo para la venta de libros “no entró ni va a entrar” al Congreso Nacional.
La decisión representa un giro político tras semanas de intenso debate y rechazo generalizado en la industria editorial y el sector librero. La senadora Patricia Bullrich anticipó que el bloque oficialista enfocará sus esfuerzos legislativos en reformas de mayor magnitud: “Buscamos avanzar hacia medidas más estructurales. Farmacias y librerías no lo son”, señaló.
La propuesta de desregulación y la postura del Gobierno
El anteproyecto había sido redactado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger. Su objetivo principal era derrogar el sistema de precio único impuesto por el editor, permitiendo que comercios y grandes plataformas aplicaran descuentos libremente para competir en precios.
Desde la cartera de Desregulación defendían que la libre competencia beneficiaría al consumidor al reducir el valor final de los ejemplares, sosteniendo que “no existe evidencia en el mundo de que el precio fijo sea necesario para preservar la bibliodiversidad” y garantizando que la medida no buscaba eliminar políticas culturales ni derechos de autor.
La respuesta masiva del sector editorial
La iniciativa generó un frente común de rechazo que unió tanto a pequeñas librerías independientes como a las grandes cadenas del país y a los principales grupos editoriales.
Riesgo de dumping: Los referentes del sector advirtieron que eliminar el precio único permitiría a grandes supermercados y plataformas digitales subsidiar los títulos masivos (best sellers), desatando una competencia desleal que pondría en riesgo de quiebra a cientos de librerías de barrio.
Pérdida de diversidad: Representantes de la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) explicaron en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que el precio fijo resguarda la viabilidad de obras de menor tirada y diversidad de catálogo.
Voces de la industria: Adolfo de Vincenzi, CEO del grupo ILHSA (propietario de Yenny y El Ateneo), advirtió sobre la fragilidad del ecosistema librero ante actores como Mercado Libre o supermercados, mientras que editores independientes remarcaron la importancia de mantener las librerías como centros culturales locales.
Consenso político y escenario actual
Al ser consultado sobre si existían disidencias internas respecto a la retirada del proyecto, el presidente Javier Milei remarcó que existe “perfecta consonancia en el proceso decisorio” y que la agenda parlamentaria se coordina de manera centralizada en la mesa política del Gobierno.
Con esta ratificación oficial, la legislación que regula la venta de libros en Argentina se mantendrá sin cambios, consolidando lo que el sector del libro interpreta como una victoria clave en defensa de la actividad cultural e industrial del país.
El Poder Ejecutivo nacional resolvió frenar la desregulación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera (Ley N° 25.542). El presidente Javier Milei confirmó que el proyecto que buscaba eliminar el régimen de precio fijo para la venta de libros “no entró ni va a entrar” al Congreso Nacional.
La decisión representa un giro político tras semanas de intenso debate y rechazo generalizado en la industria editorial y el sector librero. La senadora Patricia Bullrich anticipó que el bloque oficialista enfocará sus esfuerzos legislativos en reformas de mayor magnitud: “Buscamos avanzar hacia medidas más estructurales. Farmacias y librerías no lo son”, señaló.
La propuesta de desregulación y la postura del Gobierno
El anteproyecto había sido redactado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger. Su objetivo principal era derrogar el sistema de precio único impuesto por el editor, permitiendo que comercios y grandes plataformas aplicaran descuentos libremente para competir en precios.
Desde la cartera de Desregulación defendían que la libre competencia beneficiaría al consumidor al reducir el valor final de los ejemplares, sosteniendo que “no existe evidencia en el mundo de que el precio fijo sea necesario para preservar la bibliodiversidad” y garantizando que la medida no buscaba eliminar políticas culturales ni derechos de autor.
La respuesta masiva del sector editorial
La iniciativa generó un frente común de rechazo que unió tanto a pequeñas librerías independientes como a las grandes cadenas del país y a los principales grupos editoriales.
Riesgo de dumping: Los referentes del sector advirtieron que eliminar el precio único permitiría a grandes supermercados y plataformas digitales subsidiar los títulos masivos (best sellers), desatando una competencia desleal que pondría en riesgo de quiebra a cientos de librerías de barrio.
Pérdida de diversidad: Representantes de la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) explicaron en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que el precio fijo resguarda la viabilidad de obras de menor tirada y diversidad de catálogo.
Voces de la industria: Adolfo de Vincenzi, CEO del grupo ILHSA (propietario de Yenny y El Ateneo), advirtió sobre la fragilidad del ecosistema librero ante actores como Mercado Libre o supermercados, mientras que editores independientes remarcaron la importancia de mantener las librerías como centros culturales locales.
Consenso político y escenario actual
Al ser consultado sobre si existían disidencias internas respecto a la retirada del proyecto, el presidente Javier Milei remarcó que existe “perfecta consonancia en el proceso decisorio” y que la agenda parlamentaria se coordina de manera centralizada en la mesa política del Gobierno.
Con esta ratificación oficial, la legislación que regula la venta de libros en Argentina se mantendrá sin cambios, consolidando lo que el sector del libro interpreta como una victoria clave en defensa de la actividad cultural e industrial del país.