De boca en boca y #Satirita
Fernando Cerimedo, asesor de Milei y preso en Bolivia, con negocios en Chubut. Cómo se vincula con Roque Cambareri, Octavio Arteaga y Rafael Nataine. Diego Brandán no tiene paz. El Tribunal de Cuentas y un tirón de orejas para Rodrigo Gaitán, de Chubut Fideicomisos. Y más
El nombre de Fernando Cerimedo volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, no solamente por su declaración ante la Justicia argentina el año pasado en el expediente por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sino también porque el consultor libertario terminó detenido en Bolivia, investigado por su presunta vinculación con el ataque a balazos sufrido por la abogada y activista Nadia Beller, quien sería su examante.
Pero antes de que Cerimedo apareciera en las noticias internacionales por el escándalo boliviano, Jornada ya había puesto la lupa sobre sus vínculos empresariales y, especialmente, sobre una conexión que llevaba directamente a Chubut, en una publicación de septiembre de 2025.
Este medio reveló aquella vez que Cerimedo había estado al frente de Numen Advisors LLC, una sociedad constituida en Florida, Estados Unidos, el 24 de mayo de 2023. La compañía fue inicialmente gestionada por el consultor, pero en diciembre de ese mismo año su nombre fue removido y apareció como titular un socio: Aldo Octavio Arteaga.
Y allí comenzaba la conexión patagónica. Aunque es porteño, Arteaga no era un desconocido en el mundo empresario de Chubut. Su nombre apareció involucrado en una denuncia presentada por el productor ganadero de Trevelin Marcelo Winter, quien acusó a un grupo de empresarios vinculados a la comercialización de carnes de haberlo perjudicado económicamente.
En aquella presentación ante el Ministerio Público Fiscal de Chubut fueron señalados Rafael Víctor Nataine, Facundo Nahuel Serra, Martín Leonel Madrid y Aldo Octavio Arteaga, en una denuncia que incluyó acusaciones por presunta defraudación, libramiento de cheques sin fondos, insolvencia fraudulenta y asociación ilícita.
El caso tenía como escenario la Cordillera y como protagonista empresarial al frigorífico Dicasur, propiedad de Nataine. Pero el dato que convirtió aquella historia en algo más llamativo fue otro: Arteaga no solamente aparecía en los negocios patagónicos, sino que había sido colocado como socio de Cerimedo en una sociedad constituida en Miami.
La relación de Cerimedo y Arteaga era estrecha y ambos también tenían vínculos con empresas que hacían negocios con la ANDIS, en donde había una funcionaria clave: la directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, Natalia Basil, esposa de Cerimedo.
Había otra funcionaria libertaria que también tenía vínculos con Artega: su hermana Macarena, médica y directiva de la empresa Medizin de Servicios S.A., prestadora de la ANDIS mientras era -además- subgerenta de Prestaciones Médicas del PAMI. Todo queda en familia.
Por si fuera poco, ahora trascendieron dos facturas del frigorífico Dicasur de Esquel por un total de $ 70 millones (una de $ 50 millones y otra de $ 20 millones) a la empresaAntagger SRL, fabricante de productos ortopédicos, que también era proveedora de la ANDIS.
El entramado es complejo, pero nadie puede explicar por qué un frigorífico de Esquel le facturó esos millonarios montos a una empresa de ortopedia por “traslados de mercadería”.
Arteaga, que manejaba Dicasur con Nataine, tenía fuertes vínculos con el sector: su padre, el médico Aldo Rubén Arteaga, es titular de una empresa de salud (Comfort Medic SA) y, además, es director médico de la Obra Social de los Legisladores de la República Argentina (OSLeRA).
Hay más vínculos del enigmático Arteaga, que a los 35 años ya ha hecho grandes negocios: figura como socio de Plata en Mano S.A., una financiera constituida junto al empresario esquelense Matías Massardi de Bernardi y el propio Nataine.
Otro chubutense en la línea
El consultor que fue asesor de Javier Milei antes de llegar a la Presidencia fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba viajar hacia la Argentina, en el marco de la investigación por el ataque armado contra Beller. La Policía boliviana investiga su posible participación y, por ahora, se trata de una investigación abierta, no de una condena.
El episodio volvió a instalar preguntas sobre la red de relaciones políticas, empresariales y comunicacionales que rodea al consultor argentino. Y allí vuelve a aparecer Chubut. El nuevo nombre que surge de la documentación societaria es el del empresario comodorense Roque Cambareri, vinculado al sector energético, hidrocarburífero y minero.
Mucho antes de eso, Cambareri (hijo del exdiputado nacional radical Rafael Cambareri) había estado involucrado en una resonante causa judicial que investigó irregularidades en la Universidad Nacional de la Patagonia. Sin embargo, en 2018, en un fallo dividido del Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia, absolvieron al exrector de la UNPSJB, Hugo Luis Bersán, y a Cambareri, extitular de la Unidad de Vinculación y Transferencia Tecnológica. Estaban acusados de malversación de caudales públicos.
Cambareri se fue de Comodoro e inició una carrera como empresario. Ahora, su apellido aparece compartiendo estructuras empresariales con Cerimedo y personas vinculadas a él. Uno de los puntos de contacto es Patagonia Energy Holding SA, donde aparecen como socios el propio Cambareri, Natalia Basil y Vicente Federico Quintanal.
Basil, además, aparece como socia y gerenta de Australis Energy Group SRL, una firma cuyo objeto incluye actividades vinculadas con hidrocarburos, minería y energía.
Pero el entramado vuelve a cerrarse cuando aparece otra sociedad: Compañía Sudamericana de Inversiones SA. Allí coinciden Cambareri, Quintanal y Fernando Cerimedo, además de Aldo Octavio Arteaga, el joven ladero de Cerimedo con negocios en la Cordillera de Chubut.
Cerimedo entró al menos 13 veces a la Casa Rosada durante la gestión de Milei y la última vez lo autorizó Santiago Caputo, el asesor estrella del Presidente. Pero hubo una pocos meses antes que llama la atención ahora: fue el 20 de marzo de 2024, a las 10:30. El entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió a Cerimedo y a otras cuatro personas para una “reunión sobre la situación de posibles inversiones para Argentina”, según el parte oficial.
El encuentro lo gestionó Carlos Gastón Roma, un exdiputado nacional del PRO por Tierra del Fuego, en representación del llamado “Grupo de Inversión YCRT”. La sigla refiere a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la productora de carbón santacruceña. Además de Cerimedo, estuvieron su socio Cambareri, los rusos Eugeny Baranov, Aleksandr Ksendikov, y el ucraniano Aleksei Bastikov.
Bronca interna en la UCR
La reunión del Comité Provincia de la UCR realizada el lunes pasado dejó mucho para el análisis y algunas dudas que solo se despejarán con el tiempo.
Es que un grupo de dirigentes ya con años de experiencia manifestó sus críticas al accionar del Gobierno provincial y, a su vez, promovió cambios con respecto al futuro inmediato.
Un primer aviso fue la sede de la Convención partidaria, que se realizará el 29 de agosto, que finalmente recaló en la ciudad de Esquel tras un empate en 11 votos (más una abstención) entre quienes pugnaban por Trelew (el intendente Gerardo Merino aspira a ser el próximo presidente de la UCR Chubut) y quienes proponían Esquel, cuyo desempate dejó mal parado a Gustavo Menna, actual titular del radicalismo de Chubut y vicegobernador.
Resulta que, en la reunión realizada vía “online”, el vicegobernador no quiso hacer “la gran Cobos” para desempatar y le pidió a un delegado por Comodoro Rivadavia, que le respondía pero que había optado por la abstención, que terminara definiendo el entuerto numérico. Pero el hombre sorprendió a todos y terminó votando por la localidad cordillerana.
Si bien es solo un detalle, los díscolos de la UCR ganaron espacio y ahora buscan respaldo para promover al dirigente Sergio Guajardo, de El Maitén (actual vice de la UCR). El intendente de Rawson, Damián Biss, es uno de los que está dispuesto a bancar la candidatura de Guajardo, lo que pone en riesgo el deseo de Merino.
La complejidad se amplía hacia el futuro porque, de darse esa definición —o sea, que los díscolos se queden con el control de la UCR—, no serían pocos los interesados en que el próximo candidato de la alianza de gobierno sea un radical de pura cepa.
“Nos quieren tirar a la basura, pero nos respalda una vida militante y no vamos a contribuir a la desaparición de un partido centenario”, bramó un dirigente esquelense tras ese primer éxito ajustado.
Brandán no tiene paz
Después de que esta Columna divulgara la semana pasada el festival de designaciones de parientes, amigos y hasta una ex que hizo desde que asumió el verano pasado al frente de la Secretaría de Pesca, Diego Brandán arrancó la semana de capa caída. Sin dar demasiadas explicaciones, trascendió que no hubo ni una sola desmentida a todos los datos publicados y sí mucho interés en saber quién había sido el o la “garganta profunda” que reveló los datos.
Sin embargo, el miércoles levantó un poco el ánimo: lo sentaron al lado del gobernador y de los popes de la pesca en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno para anunciar la certificación internacional de la anchoíta patagónica para duplicar las exportaciones.
Hubo discursos y hasta un abrazo del gobernador a su secretario de Pesca, que muchos interpretaron como un respaldo ante la divulgación de las designaciones de amigos y familiares.
Sin embargo, la alegría le duró poco a Brandán: el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut intimó formalmente a los responsables de la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria (UEPP), encabezados por el Coordinador General, que no es otro que el secretario de Pesca, junto al Subcoordinador General, Gabriel Agustín Pereyra, y la jefa del Departamento Administrativo Contable, Angélica Murúa, debido a la falta de presentación de rendiciones de cuentas.
A través de las Resoluciones N.º 55/2026 y N.º 56/2026, emitidas por el organismo de control, se advirtió que los funcionarios no presentaron la documentación contable correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2025 ni la de enero del ejercicio 2026.
Por este motivo, el Tribunal les fijó un plazo improrrogable de quince días corridos para regularizar la situación administrativa, bajo apercibimiento de aplicar multas y sanciones.
A Gaitán le tocaron el timbre
El Tribunal de Cuentas de Chubut parece haber perdido la paciencia con Chubut Fideicomisos. Y, más precisamente, con su presidente, Lucio Rodrigo Gaitán, el peronista comodorense que ahora vive en Puerto Madryn y que accedió a ese puesto durante la gestión de Nacho Torres.
El 9 de junio pasado, el organismo de control sacó dos resoluciones consecutivas en las que le reclamó respuestas y rendiciones que, según consta en los expedientes, seguían sin aparecer.
En una de ellas, el Tribunal fue bastante concreto: Chubut Fideicomisos no había puesto a disposición de la Fiscalía N.º 5 las rendiciones de cuentas correspondientes a enero y febrero de 2026. Nada de tecnicismos demasiado sofisticados: faltaban las rendiciones.
Entonces apareció la palabra que nadie quiere ver en un expediente del Tribunal de Cuentas: “Conminar”. La Resolución N.º 101/26 le ordenó a Gaitán que presentara esas rendiciones en un plazo de 15 días, bajo apercibimiento de aplicar multas y, eventualmente, formular un cargo conforme a la Ley V N.º 71. El Tribunal dejó, además, expresamente asentado que el presidente de Chubut Fideicomisos es el responsable de presentar las rendiciones y responder los requerimientos.
Pero la historia tiene un segundo capítulo. Ese mismo 9 de junio, el Tribunal dictó la Resolución N.º 100/26. Allí dejó constancia de que Chubut Fideicomisos no había respondido la Nota N.º 21/26-F5, correspondiente al ejercicio 2026. Nuevamente, el destinatario de la conminación fue Gaitán. Nuevamente, fueron 15 días. Y nuevamente apareció el apercibimiento de multas y/o formulación de cargo.
"A Gaitán le cuesta rendir cuentas y frenar a tiempo", ironizó un empleado de Chubut Fideicomisos, en relación a un accidente que tuvo el funcionario hace un tiempo en Puerto Madryn, cuando destruyó varios vehículos estacionados.
Llega SIRO a Chubut
Hay movimientos que empiezan lejos de la Casa de Gobierno en Rawson, pero terminan mirando de reojo la caja provincial. En Córdoba, el Banco Roela tendría puesta la lupa sobre el sistema de recaudación de Chubut a través de SIRO, su plataforma de cobranzas. Y en el medio aparece un nombre que no es precisamente menor: Diana Mondino, excanciller de Javier Milei, quien tuvo vínculos societarios con la entidad bancaria.
La relación entre Mondino y Torres siempre fue formal, pero muchos recuerdan un detalle de una ronda de negocios en la que ambos participaron en Italia en 2024: “Me acompaña el gobernador de Chubut, que es de otro partido, es joven y buen mozo”, piropeó la entonces canciller de Milei al gobernador de Chubut.
Taccetta e Ingram, citados por el STJ
El conflicto entre Esquel y Trevelin por la administración de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) sumará la próxima semana una instancia clave en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Luego de la presentación realizada por la Municipalidad de Trevelin y sus parajes para que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Esquel —que busca dejar sin efecto el convenio firmado en 2008 entre ambos municipios para la administración de la planta GIRSU—, el máximo tribunal provincial convocó a los intendentes Matías Taccetta y Héctor Ingram a una audiencia presencial.
El encuentro fue fijado para el próximo miércoles 26 de agosto, a las 9, en Rawson, y tendrá como protagonistas a los jefes comunales de Esquel y Trevelin, en medio de un conflicto que amenaza con dejar al municipio del Pueblo del Molino sin acceso a la planta de tratamiento.
La convocatoria del STJ se produce luego de que la Municipalidad de Esquel solicitara la apertura de una instancia de negociación para intentar encontrar una salida al conflicto.
A la disputa por la vigencia del convenio se suma otra presentación realizada por Trevelin ante el máximo tribunal provincial. El municipio pretende que sea el propio STJ el que determine si Trevelin tiene carácter de socio o de cliente del GIRSU, una definición que considera indispensable para establecer si existe una deuda, quién sería el responsable de abonarla y cuál sería el monto.
Así, la audiencia convocada por el STJ podría convertirse en un punto de inflexión para un conflicto que, además de involucrar a los dos municipios, pone en juego el funcionamiento de un sistema regional de tratamiento de residuos y la continuidad del vínculo establecido hace casi dos décadas.
Vélez se fue en silencio
María Laura Romano tenía 35 años, tenía una nena y era de Lago Puelo. Murió en octubre de 2025 y fue noticia porque perdió la vida tras un terrible choque con Siomara Barroso, que manejaba ebria y con exceso de velocidad.
Pero en una audiencia, la jueza Silvana Vélez sorpresivamente dejó libre a la joven, que conservó su carné para seguir conduciendo.
Enojados, los vecinos de la Comarca y la familia de la víctima juntaron firmas y denunciaron a la magistrada. El Consejo de la Magistratura le abrió un sumario, que era el segundo en contra de Vélez.
Sin embargo, en la última sesión del Consejo este mes en Trelew, se decidió declarar abstractas esas actuaciones y archivarlas, ya que el Superior Tribunal de Justicia había aceptado la renuncia de la magistrada mediante Acuerdo Plenario N.º 5704/2026. Desde el 1.º de julio de 2026, Vélez ya no pertenece al Poder Judicial chubutense.
Ese Acuerdo aclara que la dimisión se produjo por “razones particulares” y que correspondía abonarle un día de licencia anual ordinaria pendiente de usufructo. Al documento lo firmó el pleno del máximo tribunal provincial.
Así las cosas, Vélez dejó Chubut sin demasiada explicación sobre su herencia procesal.
El Frente Renovador, ¿afuera?
El Frente Renovador, el partido fundado a nivel nacional por Sergio Massa, perdió su personería jurídica en Chubut por decisión del Juzgado Federal de Rawson N.º 1, que declaró la caducidad de la fuerza por incumplir con la renovación de sus autoridades partidarias.
Según el fallo, el partido no realiza elecciones internas desde junio de 2022, pese a haber sido intimado 50 días antes a regularizar su situación. Al no cumplir con ese requerimiento, la Justicia avanzó con la caducidad de la personería.
La conducción del espacio había intentado frenar el proceso mediante la designación de la diputada provincial Vanesa Abril como interventora y solicitando una prórroga para presentar un cronograma electoral. Sin embargo, el planteo fue rechazado.
El juez consideró que la intervención partidaria no exime al Frente Renovador de cumplir con la obligación de renovar periódicamente sus autoridades, tal como establece la normativa electoral.
La decisión tiene una consecuencia política concreta: aunque el Frente Renovador podrá continuar desarrollando actividades políticas, no podrá presentar candidatos en Chubut mientras permanezca sin personería jurídica. Para volver a competir electoralmente bajo esa denominación deberá primero regularizar su situación y recuperar el reconocimiento legal.
La resolución en Chubut se suma a otro revés para el massismo. Una semana antes, la Fiscalía Nacional Electoral había solicitado la caducidad de la personería del Frente Renovador en la Ciudad de Buenos Aires, en ese caso por no alcanzar el número mínimo de afiliados requerido por la legislación.
Ante esto, el Frente Renovador Chubut emitió el sábado un comunicado en que asegura que "existen sólidos fundamentos jurídicos, con argumentos de hecho, consideraciones del derecho y claros precedentes de la Justicia Federal —donde fuerzas políticas con más de una década de inacción o bajo procesos de intervención mantuvieron su vigencia— que demuestran la desproporcionalidad y la arbitrariedad de esta medida".
"A su vez, activaremos los mecanismos recursivos institucionales y apelaremos este fallo, agotando todas las instancias judiciales correspondientes para revertir este avasallamiento. El Frente Renovador Chubut continuará funcionando de manera organizada, activa y movilizada. La verdadera legitimidad política no emana de una resolución burocrática, sino del respaldo genuino y cotidiano de la ciudadanía", agrega el comunicado.
Y va un poco más allá sembrando dudas:"Las presiones políticas y las maniobras de persecución institucional no van a detener nuestro compromiso con el pueblo chubutense, al contrario, nos ratifican que transitamos el camino correcto hacia la construcción de la provincia que nos merecemos. A nuestros afiliados, simpatizantes y a la comunidad en general, les transmitimos absoluta tranquilidad. Esta arbitrariedad no frena nuestra marcha: daremos la batalla en los tribunales, pero fundamentalmente seguiremos dando la discusión política en cada rincón de la provincia."
Fuerte respaldo a la jueza Testino
La jueza de Rawson Amorina Testino recibió un fuerte respaldo institucional luego de los cuestionamientos y las amenazas de una posible denuncia ante el Consejo de la Magistratura formuladas por el empresario pesquero Fernando Álvarez Castellano, dueño de Conarpesa, por resoluciones judiciales vinculadas al pago de salarios y aguinaldos de trabajadores del sector.
Por un lado, la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut salió públicamente en defensa de Testino y de otra jueza provincial, y advirtió sobre lo que considera un intento de “amedrentamiento” contra la independencia judicial.
La entidad sostuvo que las decisiones cuestionadas fueron dictadas en el ejercicio regular de la función jurisdiccional y que las partes que se consideran afectadas tienen a disposición las vías recursivas previstas por la legislación.
El pronunciamiento fue especialmente duro respecto de las acusaciones formuladas contra una de las magistradas, a quien se habría vinculado públicamente con una asociación ilícita. La Asociación de Magistrados consideró que ese tipo de imputaciones, cuando no están acompañadas por una denuncia formal ni fundamentos jurídicos, exceden el derecho legítimo a cuestionar una sentencia y pueden convertirse en una forma de presión sobre quienes deben impartir justicia.
El segundo comunicado lo firmaron varios dirigentes y militantes peronistas, que sostienen que las decisiones de la jueza se encuentran respaldadas por antecedentes jurisprudenciales y por resoluciones de las Cámaras de Apelaciones. También defienden la utilización de la interdicción de buques como mecanismo legal frente al incumplimiento de obligaciones salariales y previsionales.
Lleva las firmas de Susana Rizzuto, Alejandro Fernández Vecino, Rodolfo López, Reinaldo Benítez, Carlos Marpegan, Raúl Alberto Coronel, Claudio Vásquez, Saverio Tedesco, Estrella Gerez y Laura Mir.
Una mugre
Lamentablemente, es habitual encontrar minibasurales clandestinos en distintos puntos de las ciudades portuarias de Chubut, que se convierten en receptáculos de todo tipo de desechos. Y cuando la temporada de langostinos está en plena producción, se saturan de cáscaras rosadas de intenso olor.
El Puerto Rawson es un punto crítico en materia de limpieza, porque todos los años se repite la discusión sobre el mantenimiento del lugar, a la vez que se observan contenedores saturados con toda clase de residuos de la actividad pesquera. Si bien a esta altura del año todavía no llegamos a la actividad plena, se detectan desechos que, hasta hace poco tiempo, se retiraban gracias a un trabajo en conjunto entre el Estado provincial y la Municipalidad de Rawson.
Pero hubo un cambio de autoridades y eso terminó. La zona del puerto es complicada en materia de jurisdicción y responsabilidades: quien tiene autoridad en una parte es la Provincia; en otra, Prefectura; y en las calles lindantes, la Municipalidad.
Sobre el tema de la limpieza se había llegado a un acuerdo entre el municipio y la por entonces directora de Puertos, Gisela Silva, por el cual el organismo provincial aportaba los volquetes y la Municipalidad los retiraba para su vaciado. Pero con la asunción del nuevo funcionario en el área, Agustín Pereyra —de quien se habló en esta misma Columna la semana pasada—, esta colaboración cesó y retiraron los contenedores.
Por lo tanto, la gente siguió tirando todos los desperdicios, principalmente pesqueros, en el mismo lugar, pero directamente sobre la calle, originándose así un gran basural con un aroma pestilente.
Los teléfonos tendrán que volver a desbloquearse para llegar a una solución, porque de seguir esta situación —y cuando la temperatura comience a elevarse con la llegada de la primavera—, los vecinos quedarán en medio de un conflicto entre la Provincia y el Municipio.
Satirita, por Descartes
El nombre de Fernando Cerimedo volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, no solamente por su declaración ante la Justicia argentina el año pasado en el expediente por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sino también porque el consultor libertario terminó detenido en Bolivia, investigado por su presunta vinculación con el ataque a balazos sufrido por la abogada y activista Nadia Beller, quien sería su examante.
Pero antes de que Cerimedo apareciera en las noticias internacionales por el escándalo boliviano, Jornada ya había puesto la lupa sobre sus vínculos empresariales y, especialmente, sobre una conexión que llevaba directamente a Chubut, en una publicación de septiembre de 2025.
Este medio reveló aquella vez que Cerimedo había estado al frente de Numen Advisors LLC, una sociedad constituida en Florida, Estados Unidos, el 24 de mayo de 2023. La compañía fue inicialmente gestionada por el consultor, pero en diciembre de ese mismo año su nombre fue removido y apareció como titular un socio: Aldo Octavio Arteaga.
Y allí comenzaba la conexión patagónica. Aunque es porteño, Arteaga no era un desconocido en el mundo empresario de Chubut. Su nombre apareció involucrado en una denuncia presentada por el productor ganadero de Trevelin Marcelo Winter, quien acusó a un grupo de empresarios vinculados a la comercialización de carnes de haberlo perjudicado económicamente.
En aquella presentación ante el Ministerio Público Fiscal de Chubut fueron señalados Rafael Víctor Nataine, Facundo Nahuel Serra, Martín Leonel Madrid y Aldo Octavio Arteaga, en una denuncia que incluyó acusaciones por presunta defraudación, libramiento de cheques sin fondos, insolvencia fraudulenta y asociación ilícita.
El caso tenía como escenario la Cordillera y como protagonista empresarial al frigorífico Dicasur, propiedad de Nataine. Pero el dato que convirtió aquella historia en algo más llamativo fue otro: Arteaga no solamente aparecía en los negocios patagónicos, sino que había sido colocado como socio de Cerimedo en una sociedad constituida en Miami.
La relación de Cerimedo y Arteaga era estrecha y ambos también tenían vínculos con empresas que hacían negocios con la ANDIS, en donde había una funcionaria clave: la directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, Natalia Basil, esposa de Cerimedo.
Había otra funcionaria libertaria que también tenía vínculos con Artega: su hermana Macarena, médica y directiva de la empresa Medizin de Servicios S.A., prestadora de la ANDIS mientras era -además- subgerenta de Prestaciones Médicas del PAMI. Todo queda en familia.
Por si fuera poco, ahora trascendieron dos facturas del frigorífico Dicasur de Esquel por un total de $ 70 millones (una de $ 50 millones y otra de $ 20 millones) a la empresaAntagger SRL, fabricante de productos ortopédicos, que también era proveedora de la ANDIS.
El entramado es complejo, pero nadie puede explicar por qué un frigorífico de Esquel le facturó esos millonarios montos a una empresa de ortopedia por “traslados de mercadería”.
Arteaga, que manejaba Dicasur con Nataine, tenía fuertes vínculos con el sector: su padre, el médico Aldo Rubén Arteaga, es titular de una empresa de salud (Comfort Medic SA) y, además, es director médico de la Obra Social de los Legisladores de la República Argentina (OSLeRA).
Hay más vínculos del enigmático Arteaga, que a los 35 años ya ha hecho grandes negocios: figura como socio de Plata en Mano S.A., una financiera constituida junto al empresario esquelense Matías Massardi de Bernardi y el propio Nataine.
Otro chubutense en la línea
El consultor que fue asesor de Javier Milei antes de llegar a la Presidencia fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba viajar hacia la Argentina, en el marco de la investigación por el ataque armado contra Beller. La Policía boliviana investiga su posible participación y, por ahora, se trata de una investigación abierta, no de una condena.
El episodio volvió a instalar preguntas sobre la red de relaciones políticas, empresariales y comunicacionales que rodea al consultor argentino. Y allí vuelve a aparecer Chubut. El nuevo nombre que surge de la documentación societaria es el del empresario comodorense Roque Cambareri, vinculado al sector energético, hidrocarburífero y minero.
Mucho antes de eso, Cambareri (hijo del exdiputado nacional radical Rafael Cambareri) había estado involucrado en una resonante causa judicial que investigó irregularidades en la Universidad Nacional de la Patagonia. Sin embargo, en 2018, en un fallo dividido del Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia, absolvieron al exrector de la UNPSJB, Hugo Luis Bersán, y a Cambareri, extitular de la Unidad de Vinculación y Transferencia Tecnológica. Estaban acusados de malversación de caudales públicos.
Cambareri se fue de Comodoro e inició una carrera como empresario. Ahora, su apellido aparece compartiendo estructuras empresariales con Cerimedo y personas vinculadas a él. Uno de los puntos de contacto es Patagonia Energy Holding SA, donde aparecen como socios el propio Cambareri, Natalia Basil y Vicente Federico Quintanal.
Basil, además, aparece como socia y gerenta de Australis Energy Group SRL, una firma cuyo objeto incluye actividades vinculadas con hidrocarburos, minería y energía.
Pero el entramado vuelve a cerrarse cuando aparece otra sociedad: Compañía Sudamericana de Inversiones SA. Allí coinciden Cambareri, Quintanal y Fernando Cerimedo, además de Aldo Octavio Arteaga, el joven ladero de Cerimedo con negocios en la Cordillera de Chubut.
Cerimedo entró al menos 13 veces a la Casa Rosada durante la gestión de Milei y la última vez lo autorizó Santiago Caputo, el asesor estrella del Presidente. Pero hubo una pocos meses antes que llama la atención ahora: fue el 20 de marzo de 2024, a las 10:30. El entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió a Cerimedo y a otras cuatro personas para una “reunión sobre la situación de posibles inversiones para Argentina”, según el parte oficial.
El encuentro lo gestionó Carlos Gastón Roma, un exdiputado nacional del PRO por Tierra del Fuego, en representación del llamado “Grupo de Inversión YCRT”. La sigla refiere a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la productora de carbón santacruceña. Además de Cerimedo, estuvieron su socio Cambareri, los rusos Eugeny Baranov, Aleksandr Ksendikov, y el ucraniano Aleksei Bastikov.
Bronca interna en la UCR
La reunión del Comité Provincia de la UCR realizada el lunes pasado dejó mucho para el análisis y algunas dudas que solo se despejarán con el tiempo.
Es que un grupo de dirigentes ya con años de experiencia manifestó sus críticas al accionar del Gobierno provincial y, a su vez, promovió cambios con respecto al futuro inmediato.
Un primer aviso fue la sede de la Convención partidaria, que se realizará el 29 de agosto, que finalmente recaló en la ciudad de Esquel tras un empate en 11 votos (más una abstención) entre quienes pugnaban por Trelew (el intendente Gerardo Merino aspira a ser el próximo presidente de la UCR Chubut) y quienes proponían Esquel, cuyo desempate dejó mal parado a Gustavo Menna, actual titular del radicalismo de Chubut y vicegobernador.
Resulta que, en la reunión realizada vía “online”, el vicegobernador no quiso hacer “la gran Cobos” para desempatar y le pidió a un delegado por Comodoro Rivadavia, que le respondía pero que había optado por la abstención, que terminara definiendo el entuerto numérico. Pero el hombre sorprendió a todos y terminó votando por la localidad cordillerana.
Si bien es solo un detalle, los díscolos de la UCR ganaron espacio y ahora buscan respaldo para promover al dirigente Sergio Guajardo, de El Maitén (actual vice de la UCR). El intendente de Rawson, Damián Biss, es uno de los que está dispuesto a bancar la candidatura de Guajardo, lo que pone en riesgo el deseo de Merino.
La complejidad se amplía hacia el futuro porque, de darse esa definición —o sea, que los díscolos se queden con el control de la UCR—, no serían pocos los interesados en que el próximo candidato de la alianza de gobierno sea un radical de pura cepa.
“Nos quieren tirar a la basura, pero nos respalda una vida militante y no vamos a contribuir a la desaparición de un partido centenario”, bramó un dirigente esquelense tras ese primer éxito ajustado.
Brandán no tiene paz
Después de que esta Columna divulgara la semana pasada el festival de designaciones de parientes, amigos y hasta una ex que hizo desde que asumió el verano pasado al frente de la Secretaría de Pesca, Diego Brandán arrancó la semana de capa caída. Sin dar demasiadas explicaciones, trascendió que no hubo ni una sola desmentida a todos los datos publicados y sí mucho interés en saber quién había sido el o la “garganta profunda” que reveló los datos.
Sin embargo, el miércoles levantó un poco el ánimo: lo sentaron al lado del gobernador y de los popes de la pesca en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno para anunciar la certificación internacional de la anchoíta patagónica para duplicar las exportaciones.
Hubo discursos y hasta un abrazo del gobernador a su secretario de Pesca, que muchos interpretaron como un respaldo ante la divulgación de las designaciones de amigos y familiares.
Sin embargo, la alegría le duró poco a Brandán: el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut intimó formalmente a los responsables de la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria (UEPP), encabezados por el Coordinador General, que no es otro que el secretario de Pesca, junto al Subcoordinador General, Gabriel Agustín Pereyra, y la jefa del Departamento Administrativo Contable, Angélica Murúa, debido a la falta de presentación de rendiciones de cuentas.
A través de las Resoluciones N.º 55/2026 y N.º 56/2026, emitidas por el organismo de control, se advirtió que los funcionarios no presentaron la documentación contable correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2025 ni la de enero del ejercicio 2026.
Por este motivo, el Tribunal les fijó un plazo improrrogable de quince días corridos para regularizar la situación administrativa, bajo apercibimiento de aplicar multas y sanciones.
A Gaitán le tocaron el timbre
El Tribunal de Cuentas de Chubut parece haber perdido la paciencia con Chubut Fideicomisos. Y, más precisamente, con su presidente, Lucio Rodrigo Gaitán, el peronista comodorense que ahora vive en Puerto Madryn y que accedió a ese puesto durante la gestión de Nacho Torres.
El 9 de junio pasado, el organismo de control sacó dos resoluciones consecutivas en las que le reclamó respuestas y rendiciones que, según consta en los expedientes, seguían sin aparecer.
En una de ellas, el Tribunal fue bastante concreto: Chubut Fideicomisos no había puesto a disposición de la Fiscalía N.º 5 las rendiciones de cuentas correspondientes a enero y febrero de 2026. Nada de tecnicismos demasiado sofisticados: faltaban las rendiciones.
Entonces apareció la palabra que nadie quiere ver en un expediente del Tribunal de Cuentas: “Conminar”. La Resolución N.º 101/26 le ordenó a Gaitán que presentara esas rendiciones en un plazo de 15 días, bajo apercibimiento de aplicar multas y, eventualmente, formular un cargo conforme a la Ley V N.º 71. El Tribunal dejó, además, expresamente asentado que el presidente de Chubut Fideicomisos es el responsable de presentar las rendiciones y responder los requerimientos.
Pero la historia tiene un segundo capítulo. Ese mismo 9 de junio, el Tribunal dictó la Resolución N.º 100/26. Allí dejó constancia de que Chubut Fideicomisos no había respondido la Nota N.º 21/26-F5, correspondiente al ejercicio 2026. Nuevamente, el destinatario de la conminación fue Gaitán. Nuevamente, fueron 15 días. Y nuevamente apareció el apercibimiento de multas y/o formulación de cargo.
"A Gaitán le cuesta rendir cuentas y frenar a tiempo", ironizó un empleado de Chubut Fideicomisos, en relación a un accidente que tuvo el funcionario hace un tiempo en Puerto Madryn, cuando destruyó varios vehículos estacionados.
Llega SIRO a Chubut
Hay movimientos que empiezan lejos de la Casa de Gobierno en Rawson, pero terminan mirando de reojo la caja provincial. En Córdoba, el Banco Roela tendría puesta la lupa sobre el sistema de recaudación de Chubut a través de SIRO, su plataforma de cobranzas. Y en el medio aparece un nombre que no es precisamente menor: Diana Mondino, excanciller de Javier Milei, quien tuvo vínculos societarios con la entidad bancaria.
La relación entre Mondino y Torres siempre fue formal, pero muchos recuerdan un detalle de una ronda de negocios en la que ambos participaron en Italia en 2024: “Me acompaña el gobernador de Chubut, que es de otro partido, es joven y buen mozo”, piropeó la entonces canciller de Milei al gobernador de Chubut.
Taccetta e Ingram, citados por el STJ
El conflicto entre Esquel y Trevelin por la administración de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) sumará la próxima semana una instancia clave en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Luego de la presentación realizada por la Municipalidad de Trevelin y sus parajes para que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Esquel —que busca dejar sin efecto el convenio firmado en 2008 entre ambos municipios para la administración de la planta GIRSU—, el máximo tribunal provincial convocó a los intendentes Matías Taccetta y Héctor Ingram a una audiencia presencial.
El encuentro fue fijado para el próximo miércoles 26 de agosto, a las 9, en Rawson, y tendrá como protagonistas a los jefes comunales de Esquel y Trevelin, en medio de un conflicto que amenaza con dejar al municipio del Pueblo del Molino sin acceso a la planta de tratamiento.
La convocatoria del STJ se produce luego de que la Municipalidad de Esquel solicitara la apertura de una instancia de negociación para intentar encontrar una salida al conflicto.
A la disputa por la vigencia del convenio se suma otra presentación realizada por Trevelin ante el máximo tribunal provincial. El municipio pretende que sea el propio STJ el que determine si Trevelin tiene carácter de socio o de cliente del GIRSU, una definición que considera indispensable para establecer si existe una deuda, quién sería el responsable de abonarla y cuál sería el monto.
Así, la audiencia convocada por el STJ podría convertirse en un punto de inflexión para un conflicto que, además de involucrar a los dos municipios, pone en juego el funcionamiento de un sistema regional de tratamiento de residuos y la continuidad del vínculo establecido hace casi dos décadas.
Vélez se fue en silencio
María Laura Romano tenía 35 años, tenía una nena y era de Lago Puelo. Murió en octubre de 2025 y fue noticia porque perdió la vida tras un terrible choque con Siomara Barroso, que manejaba ebria y con exceso de velocidad.
Pero en una audiencia, la jueza Silvana Vélez sorpresivamente dejó libre a la joven, que conservó su carné para seguir conduciendo.
Enojados, los vecinos de la Comarca y la familia de la víctima juntaron firmas y denunciaron a la magistrada. El Consejo de la Magistratura le abrió un sumario, que era el segundo en contra de Vélez.
Sin embargo, en la última sesión del Consejo este mes en Trelew, se decidió declarar abstractas esas actuaciones y archivarlas, ya que el Superior Tribunal de Justicia había aceptado la renuncia de la magistrada mediante Acuerdo Plenario N.º 5704/2026. Desde el 1.º de julio de 2026, Vélez ya no pertenece al Poder Judicial chubutense.
Ese Acuerdo aclara que la dimisión se produjo por “razones particulares” y que correspondía abonarle un día de licencia anual ordinaria pendiente de usufructo. Al documento lo firmó el pleno del máximo tribunal provincial.
Así las cosas, Vélez dejó Chubut sin demasiada explicación sobre su herencia procesal.
El Frente Renovador, ¿afuera?
El Frente Renovador, el partido fundado a nivel nacional por Sergio Massa, perdió su personería jurídica en Chubut por decisión del Juzgado Federal de Rawson N.º 1, que declaró la caducidad de la fuerza por incumplir con la renovación de sus autoridades partidarias.
Según el fallo, el partido no realiza elecciones internas desde junio de 2022, pese a haber sido intimado 50 días antes a regularizar su situación. Al no cumplir con ese requerimiento, la Justicia avanzó con la caducidad de la personería.
La conducción del espacio había intentado frenar el proceso mediante la designación de la diputada provincial Vanesa Abril como interventora y solicitando una prórroga para presentar un cronograma electoral. Sin embargo, el planteo fue rechazado.
El juez consideró que la intervención partidaria no exime al Frente Renovador de cumplir con la obligación de renovar periódicamente sus autoridades, tal como establece la normativa electoral.
La decisión tiene una consecuencia política concreta: aunque el Frente Renovador podrá continuar desarrollando actividades políticas, no podrá presentar candidatos en Chubut mientras permanezca sin personería jurídica. Para volver a competir electoralmente bajo esa denominación deberá primero regularizar su situación y recuperar el reconocimiento legal.
La resolución en Chubut se suma a otro revés para el massismo. Una semana antes, la Fiscalía Nacional Electoral había solicitado la caducidad de la personería del Frente Renovador en la Ciudad de Buenos Aires, en ese caso por no alcanzar el número mínimo de afiliados requerido por la legislación.
Ante esto, el Frente Renovador Chubut emitió el sábado un comunicado en que asegura que "existen sólidos fundamentos jurídicos, con argumentos de hecho, consideraciones del derecho y claros precedentes de la Justicia Federal —donde fuerzas políticas con más de una década de inacción o bajo procesos de intervención mantuvieron su vigencia— que demuestran la desproporcionalidad y la arbitrariedad de esta medida".
"A su vez, activaremos los mecanismos recursivos institucionales y apelaremos este fallo, agotando todas las instancias judiciales correspondientes para revertir este avasallamiento. El Frente Renovador Chubut continuará funcionando de manera organizada, activa y movilizada. La verdadera legitimidad política no emana de una resolución burocrática, sino del respaldo genuino y cotidiano de la ciudadanía", agrega el comunicado.
Y va un poco más allá sembrando dudas:"Las presiones políticas y las maniobras de persecución institucional no van a detener nuestro compromiso con el pueblo chubutense, al contrario, nos ratifican que transitamos el camino correcto hacia la construcción de la provincia que nos merecemos. A nuestros afiliados, simpatizantes y a la comunidad en general, les transmitimos absoluta tranquilidad. Esta arbitrariedad no frena nuestra marcha: daremos la batalla en los tribunales, pero fundamentalmente seguiremos dando la discusión política en cada rincón de la provincia."
Fuerte respaldo a la jueza Testino
La jueza de Rawson Amorina Testino recibió un fuerte respaldo institucional luego de los cuestionamientos y las amenazas de una posible denuncia ante el Consejo de la Magistratura formuladas por el empresario pesquero Fernando Álvarez Castellano, dueño de Conarpesa, por resoluciones judiciales vinculadas al pago de salarios y aguinaldos de trabajadores del sector.
Por un lado, la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut salió públicamente en defensa de Testino y de otra jueza provincial, y advirtió sobre lo que considera un intento de “amedrentamiento” contra la independencia judicial.
La entidad sostuvo que las decisiones cuestionadas fueron dictadas en el ejercicio regular de la función jurisdiccional y que las partes que se consideran afectadas tienen a disposición las vías recursivas previstas por la legislación.
El pronunciamiento fue especialmente duro respecto de las acusaciones formuladas contra una de las magistradas, a quien se habría vinculado públicamente con una asociación ilícita. La Asociación de Magistrados consideró que ese tipo de imputaciones, cuando no están acompañadas por una denuncia formal ni fundamentos jurídicos, exceden el derecho legítimo a cuestionar una sentencia y pueden convertirse en una forma de presión sobre quienes deben impartir justicia.
El segundo comunicado lo firmaron varios dirigentes y militantes peronistas, que sostienen que las decisiones de la jueza se encuentran respaldadas por antecedentes jurisprudenciales y por resoluciones de las Cámaras de Apelaciones. También defienden la utilización de la interdicción de buques como mecanismo legal frente al incumplimiento de obligaciones salariales y previsionales.
Lleva las firmas de Susana Rizzuto, Alejandro Fernández Vecino, Rodolfo López, Reinaldo Benítez, Carlos Marpegan, Raúl Alberto Coronel, Claudio Vásquez, Saverio Tedesco, Estrella Gerez y Laura Mir.
Una mugre
Lamentablemente, es habitual encontrar minibasurales clandestinos en distintos puntos de las ciudades portuarias de Chubut, que se convierten en receptáculos de todo tipo de desechos. Y cuando la temporada de langostinos está en plena producción, se saturan de cáscaras rosadas de intenso olor.
El Puerto Rawson es un punto crítico en materia de limpieza, porque todos los años se repite la discusión sobre el mantenimiento del lugar, a la vez que se observan contenedores saturados con toda clase de residuos de la actividad pesquera. Si bien a esta altura del año todavía no llegamos a la actividad plena, se detectan desechos que, hasta hace poco tiempo, se retiraban gracias a un trabajo en conjunto entre el Estado provincial y la Municipalidad de Rawson.
Pero hubo un cambio de autoridades y eso terminó. La zona del puerto es complicada en materia de jurisdicción y responsabilidades: quien tiene autoridad en una parte es la Provincia; en otra, Prefectura; y en las calles lindantes, la Municipalidad.
Sobre el tema de la limpieza se había llegado a un acuerdo entre el municipio y la por entonces directora de Puertos, Gisela Silva, por el cual el organismo provincial aportaba los volquetes y la Municipalidad los retiraba para su vaciado. Pero con la asunción del nuevo funcionario en el área, Agustín Pereyra —de quien se habló en esta misma Columna la semana pasada—, esta colaboración cesó y retiraron los contenedores.
Por lo tanto, la gente siguió tirando todos los desperdicios, principalmente pesqueros, en el mismo lugar, pero directamente sobre la calle, originándose así un gran basural con un aroma pestilente.
Los teléfonos tendrán que volver a desbloquearse para llegar a una solución, porque de seguir esta situación —y cuando la temperatura comience a elevarse con la llegada de la primavera—, los vecinos quedarán en medio de un conflicto entre la Provincia y el Municipio.
Satirita, por Descartes