“Es un escándalo jurídico que puede generar un grave daño institucional”

Gladys Olavarría, abogada de una de las familias que denunció por abuso a la docente Roxana Ortega en Trelew, irá al Superior Tribunal de Justicia para apelar su absolución y pedirun nuevo fallo a cargo de otro magistrado o la realización de un nuevo juicio oral.

Tras ser enjuiciada por el presunto abuso de tres alumnos de la Escuela 201 en 2024, el martes la jueza María Tolomei declaró no culpable a la maestra, con duras críticas al modo en que se entrevistó a las presuntas víctimas en Cámara Gesell.

Olavarría consideró que la jueza “se equivocó en la interpretación” de las evidencias. Y que aunque no considere válidos los videos con los relatos de los menores “no significa que no haya sucedido el hecho”. En este sentido aclaró que Ortega mantuvo su inocencia “por un tecnicismo, no porque el hecho no haya sucedido”.

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Explicó que la licenciada en Psicología que entrevistó a los chicos usó el protocolo de UNICEF adaptado y aprobado por el STJ en 2025. “Decir que no respetó un protocolo es un escándalo jurídico; es el protocolo que se usa en todas las Cámaras”.

La profesional cuestionada “fue una de las pocas que se capacitó y ya lo aplicaba en 2024, cuando se realizaron esas Cámaras”.

Olavarría aclaró que el protocolo es una guía estricta pero adaptable según el perfil de cada testimonio. “La psicóloga dijo en el debate que debía evaluar en cada caso concreto en qué tramo aplicarlo o no. Lo hizo con cada menor. Por ejemplo, ¿para qué voy a explicar a una menor que ya sabía lo que era la verdad y la mentira?”.

La penalista aseguró que la psicóloga no indujo a los menores a responder lo que ella quería escuchar, como el fallo sugiere. “Si yo pregunto ¿te tocaba la cola en la escuela? es una pregunta indicativa. Pero sus preguntas fueron cerradas y con respuestas que sólo puede dar quien conoce la información”.

Aclaró que la psicóloga nunca forzó a la menor a mencionar la palabra “abuso” sino que surgió de la propia nena. “Ahí es donde ella pregunta cómo abusaba. Es una pregunta abierta y dice que le bajaba los pantalones. La información siempre sale de la menor”.

Y si la psicóloga intentaba que la menor recuerde “es su función como entrevistadora; sin contaminar el relato ni introducir palabras, debe tratar de traer la mayor información posible. Por eso insiste”.

“Podría entender a la jueza si hubiese sido un solo hecho, pero son tres hechos que coinciden en el lugar y en la forma y momento del abuso en los recreos”, insistió la abogada. “Aquí no hay indicación alguna porque si no, tendríamos que decir que la licenciada proyectó esto con los tres menores. Es absurdo. Los tres refieren estos abusos desde perspectivas diferentes y eso les da credibilidad”.

En el caso del último menor, que Olavarría representa, “hay 10 minutos previo a la develación donde la jueza anterior limita a la psicóloga. Se hace un cuarto intermedio y se levanta para preguntar qué hacer y la misma jueza le dijo lo que no podía preguntar. Por lo cual el protocolo que debía cumplir en esa parte de la Cámara fue impedido por la jueza anterior”.

En cuanto a los otros dos nenes, “el protocolo estaba dado y en todas las Cámaras antes de que declaren se observa a los menores con confianza con la psicóloga; juegan y la nena incluso canta”.

Sobre la instrucción a los chicos para que dijeran la verdad, que según Tolomei nadie les explicó, “la psicóloga lo trabajó en el momento del psicodiagnóstico antes de la Cámara. Y lo reforzó el Servicio de Asistencia a la Víctima, que también explica a los menores cómo será la Cámara”.

La penalista negó que los chicos hayan repetido su relato varias veces. “Lo que surge del debate es que un nene se lo devela a la mamá, pero ella no habla más con él sino que denuncia”.

“Nunca se le toma declaración al menor. Cuando quisieron decir algo antes de la Cámara todos los operadores del sistema hicieron lo mismo: que no porque ya llegaría el momento. Eso habla de la claridad y transparencia de los operadores y sobre todo de la psicóloga, que lo pone en su informe”.

La nena en el psicodiagnóstico quiso contar qué pasaba con la docente. “La licenciada la frenó y le dijo: `No te voy a escuchar ahora, lo vamos a hacer en otro momento´. La menor le dijo que tenía miedo de olvidarse y la psicóloga le dice `No te preocupes porque mi trabajo también es ayudarte a recordar´”.

Olavarría enfatizó que “si la intención era contaminar el testimonio, no lo hubiese escrito en el informe. La jueza podía hacer preguntas aclaratorias y no las hizo a ningún testigo. Pensando que la menor había relatado el hecho a distintos operadores, termina diciendo que la menor estaba contaminada. Eso no lo dijo ni la defensa”.

La querellante consideró que la magistrada en sus fundamentos “interpretó cosas que no existieron como prueba en el debate y por eso es arbitraria”.

“De mi experiencia como jueza puedo decir que cuando uno decide qué principios hará prevalecer, debe tener en cuenta qué es lo más valioso. En este caso, el interés superior de un niño. Son tres chicos diferentes denunciando situaciones parecidas en el mismo momento y lugar, con las mismas características. La jueza no lo descartó sino que lo puso en duda porque podrían estar contaminados. Siempre usó el potencial”.

Explicó que si la validez de una cámara se anula “hay que analizar si esa información fue extraída de la fuente principal o fue inducida. La información siempre salió de los niños, nunca de la entrevistadora”.

“A la jueza puede no gustarle la forma en que la psicóloga preguntó, pero si la información siempre salió de los niños no hay forma de hacer caer una cámara”, subrayó.

“Si este fallo se confirma quiere decir que todas las cámaras realizadas por esa licenciada, integrante del Ministerio Público Fiscal, deben ser anuladas. Es un escándalo jurídico”, consideró la letrada.

“Es tan absurdo como decir que como la Brigada de Investigaciones es un auxiliar de Fiscalía, todas sus pesquisas no correspondían. O que el trabajo de informáticos y contadores no puede evaluarse objetivamente porque todos integran el MPF y no pueden hacer más pericias”.

Olavarría remarcó que la psicóloga del caso tiene un CV sólido, da charlas a nivel nacional y trabaja hace dos años y medio en Fiscalía. “Tiene muchísimas Cámaras hechas y con la gran mayoría hubo condenas. En este juicio empezó a declarar a las 8.30 y terminó a las 14.30 fundamentando todo. Eso demuestra su solvencia”.

En tal sentido “no es cualquier perito. Y decir que lo hizo porque integra Fiscalía es decir `Todas las pericias que hizo fueron ilegales por más que la haya hecho bien como encargó su jefe´”.

“Esto no puede quedar así. Es un daño institucional muy grave que se puede replicar con otros menores”, concluyó.