Tres jueces respaldaron la primera decisión de su par Marcelo Nieto Di Biase y confirmaron la revocación del arresto domiciliario de Jorgelina Domínguez. La joven ya estáalojada en una cárcel común para completar su condena a 20 años de prisión.
Domínguez es la asesina a balazos de Candela González en Trelew, episodio ocurrido en 2017 cuando la víctima tenía 14 años. Cumplía su pena encerrada en su casa gozando del beneficio legal de tener a su cuidado a un hijo menor de 5 años. Pero como el 8 de agosto el chico ya cumplió esa edad, Domínguez perdió el privilegio que tuvo durante más de 9 años.

En su momento, Di Biase había requerido al Área Penitenciaria del Ministerio de Seguridad que se garantice la seguridad de Domínguez en la cárcel, al recordar que fue testigo en la Causa Antillanca.
En una audiencia este jueves en los tribunales de Trelew, los jueces Carolina Marín, Ivana González y Marcos Nápoli decidieron por unanimidad que ya no hay excepción que contemple la situación de Jorgelina.

Para pedir que siga presa en su casa, Gladys Olavarría, defensora de Domínguez, planteó una situación crítica del círculo familiar de la condenada: tiene 7 hijos y cinco aún son menores. Algunos padecen problemas de salud, según consignan informes socioambientales de los últimos años.
Su séptima hija, de 19 años, reside en el mismo terreno que ella y convive con su pareja y dos hijos, uno de 2 años y otro de 6 meses de edad.
La penalista consideró que la ley no debe tener una “aplicación automática” y que la mujer es la referente que mejor puede cuidarlos ya que el resto de los adultos tiene otras ocupaciones.
“Hay que tener en cuenta el interés superior de los niños y no afectar la progresiva reinserción social de Domínguez, que en más de 7 años nunca incumplió las directivas del juez de Ejecución”, explicó. Y recordó que en 8 meses se abre la chance de las salidas transitorias.

Por Fiscalía, la funcionaria Analía Acuña respondió que “la ley es clara y hay cuatro mayores que se pueden hacer cargo y asistir a los niños, que no están desamparados”. Refirió una “red comunitaria” que ayuda a la familia de Domínguez: “Hay que tener en cuenta que mató a una nena de 13 años e intentó asesinar a otra persona. Es muy grave y debe cumplir en la cárcel porque no está enferma ni embarazada, no tiene una discapacidad y no es adulta mayor”.
La propia condenada pidió la palabra. “Por los problemas de salud de mis hijos y para evitar los traslados, en el arresto domiciliario estudié enfermería y farmacia y me dediqué a cuidarlos”, relató. “Les pido que piensen en ellos porque no tienen la culpa de nada. Son mi vida entera. Estoy dispuesta a cumplir lo que sea pero necesito continuar viviendo con ellos. Me comporté y nunca me quise fugar”.
Al explicar su voto, el juez Nápoli subrayó que “las conductas tienen consecuencias” y que el arresto domiciliario es una “excepción total”.
Destacó la primera decisión de Di Biase ya que “tuvo el recaudo de escuchar a los asesores y al Juzgado de Familia para que intervengan en pos de proteger a los menores”.
En tanto, Marín remarcó que los menores involucrados “no están en estado de vulnerabilidad” y que la resolución del primer juez “se fundó en la ley y en los tratados internacionales”.
La jueza González por su parte graficó que la ley “no ofrece resistencia intelectual y no hay ninguna excepción para otorgarle la prisión domiciliaria”. Y coincidió con que hay otros 4 adultos que pueden cuidar a los nenes.
Sobre la presunta buena conducta de la condenada, recordó que en su encierro Domínguez se involucró en una gresca callejera con menores y armas blancas. “Yo le advertí que le revocaría la prisión domiciliaria y también hizo salidas al Hospital sin aviso. Usted se largó a llorar y prometió comportarse”.
“Soy conocida por mi enorme memoria –dijo González- y por mi empatía, especialmente con las víctimas. La ley está hecha para cumplirse y la resolución (de Di Biase) no merece la menor tacha de nuestra parte. Usted tomó decisiones y debe asumir las consecuencias”.
Fotos: Sergio Esparza
Tres jueces respaldaron la primera decisión de su par Marcelo Nieto Di Biase y confirmaron la revocación del arresto domiciliario de Jorgelina Domínguez. La joven ya estáalojada en una cárcel común para completar su condena a 20 años de prisión.
Domínguez es la asesina a balazos de Candela González en Trelew, episodio ocurrido en 2017 cuando la víctima tenía 14 años. Cumplía su pena encerrada en su casa gozando del beneficio legal de tener a su cuidado a un hijo menor de 5 años. Pero como el 8 de agosto el chico ya cumplió esa edad, Domínguez perdió el privilegio que tuvo durante más de 9 años.

En su momento, Di Biase había requerido al Área Penitenciaria del Ministerio de Seguridad que se garantice la seguridad de Domínguez en la cárcel, al recordar que fue testigo en la Causa Antillanca.
En una audiencia este jueves en los tribunales de Trelew, los jueces Carolina Marín, Ivana González y Marcos Nápoli decidieron por unanimidad que ya no hay excepción que contemple la situación de Jorgelina.

Para pedir que siga presa en su casa, Gladys Olavarría, defensora de Domínguez, planteó una situación crítica del círculo familiar de la condenada: tiene 7 hijos y cinco aún son menores. Algunos padecen problemas de salud, según consignan informes socioambientales de los últimos años.
Su séptima hija, de 19 años, reside en el mismo terreno que ella y convive con su pareja y dos hijos, uno de 2 años y otro de 6 meses de edad.
La penalista consideró que la ley no debe tener una “aplicación automática” y que la mujer es la referente que mejor puede cuidarlos ya que el resto de los adultos tiene otras ocupaciones.
“Hay que tener en cuenta el interés superior de los niños y no afectar la progresiva reinserción social de Domínguez, que en más de 7 años nunca incumplió las directivas del juez de Ejecución”, explicó. Y recordó que en 8 meses se abre la chance de las salidas transitorias.

Por Fiscalía, la funcionaria Analía Acuña respondió que “la ley es clara y hay cuatro mayores que se pueden hacer cargo y asistir a los niños, que no están desamparados”. Refirió una “red comunitaria” que ayuda a la familia de Domínguez: “Hay que tener en cuenta que mató a una nena de 13 años e intentó asesinar a otra persona. Es muy grave y debe cumplir en la cárcel porque no está enferma ni embarazada, no tiene una discapacidad y no es adulta mayor”.
La propia condenada pidió la palabra. “Por los problemas de salud de mis hijos y para evitar los traslados, en el arresto domiciliario estudié enfermería y farmacia y me dediqué a cuidarlos”, relató. “Les pido que piensen en ellos porque no tienen la culpa de nada. Son mi vida entera. Estoy dispuesta a cumplir lo que sea pero necesito continuar viviendo con ellos. Me comporté y nunca me quise fugar”.
Al explicar su voto, el juez Nápoli subrayó que “las conductas tienen consecuencias” y que el arresto domiciliario es una “excepción total”.
Destacó la primera decisión de Di Biase ya que “tuvo el recaudo de escuchar a los asesores y al Juzgado de Familia para que intervengan en pos de proteger a los menores”.
En tanto, Marín remarcó que los menores involucrados “no están en estado de vulnerabilidad” y que la resolución del primer juez “se fundó en la ley y en los tratados internacionales”.
La jueza González por su parte graficó que la ley “no ofrece resistencia intelectual y no hay ninguna excepción para otorgarle la prisión domiciliaria”. Y coincidió con que hay otros 4 adultos que pueden cuidar a los nenes.
Sobre la presunta buena conducta de la condenada, recordó que en su encierro Domínguez se involucró en una gresca callejera con menores y armas blancas. “Yo le advertí que le revocaría la prisión domiciliaria y también hizo salidas al Hospital sin aviso. Usted se largó a llorar y prometió comportarse”.
“Soy conocida por mi enorme memoria –dijo González- y por mi empatía, especialmente con las víctimas. La ley está hecha para cumplirse y la resolución (de Di Biase) no merece la menor tacha de nuestra parte. Usted tomó decisiones y debe asumir las consecuencias”.
Fotos: Sergio Esparza