El millonario negocio del rey de los trolls en Chubut
El Tribunal de Cuentas de Chubut empezó a observar contrataciones en comunicación y publicidad del Gobierno provincial. Quién es Gastón Douek, el consultor de cabecera de Nacho Torres. Smart Consumer, Prosumia, Smart Data y todo el ecosistema de consultoras que ya le habrían facturado unos $ 8.000 millones a la Provincia.
El Tribunal de Cuentas de Chubut volvió a poner la lupa, aunque todavía tímidamente, sobre las contrataciones vinculadas a comunicación, publicidad e imagen que viene realizando hace más de dos años el Gobierno provincial.
Los dictámenes emitidos el 27 de marzo pasado dejan expuestas una serie de observaciones sobre procedimientos de excepción, falta de propuestas económicas, ausencia de documentación y disponibilidad presupuestaria que vuelven a poner bajo análisis un esquema de contrataciones que ya había adquirido dimensiones millonarias durante 2024.
La historia reciente comenzó a tomar forma en abril de 2024, cuando el Gobierno provincial hacía poco había asumido el poder y puso en marcha una serie de contrataciones directas con empresas vinculadas a servicios de comunicación.
Las resoluciones fueron formalizadas el 28 de mayo, pero establecieron prestaciones con vigencia retroactiva desde el 1° de abril hasta el 31 de diciembre de ese año.
El rey de los trolls detrás de Torres
El nombre de Gastón Douek aparece detrás de una serie de empresas de comunicación. Entre ellas, Smart Consumer S.A., contratada por el Gobierno provincial a partir de 2024 por miles de millones de pesos, que tiene entre sus propietarios a Douek y al veterano consultor y lobbista político Guillermo Seita, señalados como dos de los principales armadores del espacio “Provincias Unidas”, que desde el año pasado reúne a gobernadores como el santafesino Maximiliano Pullaro, el cordobés Martín Llaryora, el jujeño Carlos Sadir, el chaqueño Leonardo Zdero y al propio Torres, entre otros.
Seita es un viejo zorro de la política. Formó parte de la organización peronista “Guardia de Hierro” y se hizo conocido en los medios como ladero de Domingo Cavallo en los años 90, cuando llegó a ser su jefe de gabinete en la Cancillería y luego en el Ministerio de Economía.
Otro socio que aparece es Matías Macera, que además es uno de los responsables de Prosumia, la consultora que cada tanto hace bajar a su equipo a Chubut a capacitar a los integrantes del área de Prensa de Torres.
En la mira de muchos
Douek no es un desconocido en el mundo de la comunicación política digital. En una entrevista publicada por La Nación en 2019, el propio consultor habló sobre su actividad en campañas digitales y sobre el manejo de cuentas automatizadas.
Años después, distintas investigaciones periodísticas volvieron a poner su nombre bajo la lupa por su presunta vinculación con operaciones digitales y estructuras de “trolls”.
Una investigación de las organizaciones Ruido y Connectas, dos alianzas de periodismo de investigación que realizan informes colaborativos, que fue publicada por Chequeado este año, ubicó a Smart Consumer y a su subsidiaria Prosumia como proveedoras de pauta oficial en varias provincias. El relevamiento menciona contratos en Córdoba, Catamarca, Chubut, Corrientes, Tierra del Fuego y Chaco, entre otras jurisdicciones.
En Chaco, inclusive, legisladores provinciales solicitaron informes sobre los millonarios pagos a empresas presuntamente vinculadas con el universo de “trolls” y con estrategias digitales de carácter proselitista.
Contratos bajo la lupa
El negocio de Douek es multimillonario y quedó expuesto en 2024 a través del Boletín Oficial, pero las críticas que surgieron en su momento hicieron cambiar la forma de contratación. De hecho, no hubo más contratos publicados en el BO desde entonces y todo entró en una curiosa nebulosa. Aunque los pagos multimillonarios continuaron.
Pero el año pasado, y sobre todo este, el Tribunal de Cuentas empezó a poner ciertos reparos con contratos de organismos en lo que, al parecer, empezó a direccionarse los fondos para este tipo de consultoras. El Instituto de Asistencia Social (IAS) y la agencia Chubut Turismo son dos de las áreas a través de las cuales se filtraron fondos para las consultoras de Douek.
Nadie puede afirmar con certeza que Smart Consumer o su red de empresas vinculadas hayan utilizado fondos públicos chubutenses para crear cuentas falsas o realizar operaciones de desinformación. Esa vinculación específica no está acreditada en los documentos analizados, pero permite, al menos, abrir todo tipo de sospechas sobre el uso de fondos públicos para campañas de prensa que, además del Tribunal de Cuentas, debería incluir alguna investigación de la Legislatura de Chubut.
Antecedentes
La Resolución 131 del año 2024 del Gobierno provincial autorizó una contratación directa con Smart Consumer S.A. por el denominado “servicio integral de comunicación” por $ 543.400.002. La Resolución 132 del mismo año hizo lo propio con P&P Social Media SRL por $ 314.600.004, mientras que la Resolución 133/24 volvió a contratar a Smart Consumer por otros $ 203.499.999, esta vez por un servicio de comunicación y publicidad.
Finalmente, la Resolución 134/24 autorizó un contrato con Adyouwish SRL por $ 438.499.998.
En conjunto, aquellas cuatro contrataciones de hace dos años representaron exactamente $ 1.500.000.003 para nueve meses de servicios de comunicación y publicidad.
Luego de ello, los contratos desaparecieron del Boletín Oficial pero, según se desprende de las resoluciones del Tribunal de Cuentas, siguieron con otro formato.
En marzo pasado, el Tribunal de Cuentas analizó una nueva contratación de la Agencia Chubut Turismo con Smart Consumer S.A., esta vez bajo la denominación comercial Prosumia, para un servicio de publicidad digital que se extiende desde marzo de 2026 hasta marzo de 2027. El organismo de control aclaró expresamente que se trataba de una nueva contratación y no de una adenda o renovación del contrato anterior.
Y allí apareció una primera advertencia que no es menor: el Tribunal señaló que no existía en el expediente una comunicación de la empresa que acreditara su voluntad de establecer la nueva relación contractual y reclamó que se incorporara una propuesta concreta con las condiciones generales y técnicas, los valores ofrecidos y la documentación societaria actualizada.
También advirtió que las constancias presupuestarias incorporadas no resultaban suficientes para acreditar la imputación preventiva del gasto.
El mismo día de marzo, el Tribunal de Cuentas analizó otra contratación de la Agencia Chubut Turismo, esta vez con Adyouwish SRL. El dictamen cuestionó la modalidad elegida y la falta de fundamentos suficientes para justificar el procedimiento de excepción. También observó la ausencia de una propuesta económica con sus condiciones y especificaciones técnicas, la falta de firmas de los directores en las actas y la necesidad de acreditar adecuadamente la disponibilidad presupuestaria.
El patrón se repitió en el expediente correspondiente a FBR S.A., una agencia productora de contenidos contratada también por la Agencia Chubut Turismo, propiedad de Fernando Gabriel Capria. El Tribunal sostuvo que la documentación presentaba “total simetría” con el expediente de Adyouwish y volvió a marcar las mismas deficiencias: procedimiento de excepción sin fundamentos suficientes, falta de propuesta económica y técnica, actas sin las firmas correspondientes y ausencia de una constancia suficiente de disponibilidad presupuestaria.
El cuarto dictamen completa el cuadro y vuelve a involucrar a Smart Consumer, aunque bajo la denominación Prosumia. En este caso, se trata de publicidad digital para el Instituto de Asistencia Social (IAS) y el Tribunal también hizo una advertencia central: al tratarse de una nueva contratación, debía existir un expediente nuevo con todos los antecedentes correspondientes. Además, reclamó una propuesta concreta de la empresa, documentación societaria actualizada y una acreditación suficiente de la imputación preventiva del gasto.
Hay una coincidencia que resulta difícil pasar por alto. En los tres expedientes de la Agencia Chubut Turismo —Smart Consumer, Adyouwish y FBR— el Tribunal encontró prácticamente el mismo problema: contrataciones de excepción cuya justificación no aparece suficientemente acreditada en los papeles, propuestas económicas incompletas o ausentes y dudas sobre la disponibilidad presupuestaria.
Sin embargo, el Tribunal no frenó las contrataciones. En los cuatro dictámenes sostiene que no le corresponde sustituir los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de los organismos y deja la continuidad de los trámites bajo exclusiva responsabilidad de las autoridades respectivas.
Todas las resoluciones del Tribunal de Cuentas llevan las firmas de su presidente, Martín Meza, y de los vocales Sergio Camiña, Liliana Underwood, Pablo San Pedro y Tomás Maza.
Por ahora no hay registros públicos de las respuestas de esos organismos, si es que las hubo.
El Tribunal de Cuentas de Chubut volvió a poner la lupa, aunque todavía tímidamente, sobre las contrataciones vinculadas a comunicación, publicidad e imagen que viene realizando hace más de dos años el Gobierno provincial.
Los dictámenes emitidos el 27 de marzo pasado dejan expuestas una serie de observaciones sobre procedimientos de excepción, falta de propuestas económicas, ausencia de documentación y disponibilidad presupuestaria que vuelven a poner bajo análisis un esquema de contrataciones que ya había adquirido dimensiones millonarias durante 2024.
La historia reciente comenzó a tomar forma en abril de 2024, cuando el Gobierno provincial hacía poco había asumido el poder y puso en marcha una serie de contrataciones directas con empresas vinculadas a servicios de comunicación.
Las resoluciones fueron formalizadas el 28 de mayo, pero establecieron prestaciones con vigencia retroactiva desde el 1° de abril hasta el 31 de diciembre de ese año.
El rey de los trolls detrás de Torres
El nombre de Gastón Douek aparece detrás de una serie de empresas de comunicación. Entre ellas, Smart Consumer S.A., contratada por el Gobierno provincial a partir de 2024 por miles de millones de pesos, que tiene entre sus propietarios a Douek y al veterano consultor y lobbista político Guillermo Seita, señalados como dos de los principales armadores del espacio “Provincias Unidas”, que desde el año pasado reúne a gobernadores como el santafesino Maximiliano Pullaro, el cordobés Martín Llaryora, el jujeño Carlos Sadir, el chaqueño Leonardo Zdero y al propio Torres, entre otros.
Seita es un viejo zorro de la política. Formó parte de la organización peronista “Guardia de Hierro” y se hizo conocido en los medios como ladero de Domingo Cavallo en los años 90, cuando llegó a ser su jefe de gabinete en la Cancillería y luego en el Ministerio de Economía.
Otro socio que aparece es Matías Macera, que además es uno de los responsables de Prosumia, la consultora que cada tanto hace bajar a su equipo a Chubut a capacitar a los integrantes del área de Prensa de Torres.
En la mira de muchos
Douek no es un desconocido en el mundo de la comunicación política digital. En una entrevista publicada por La Nación en 2019, el propio consultor habló sobre su actividad en campañas digitales y sobre el manejo de cuentas automatizadas.
Años después, distintas investigaciones periodísticas volvieron a poner su nombre bajo la lupa por su presunta vinculación con operaciones digitales y estructuras de “trolls”.
Una investigación de las organizaciones Ruido y Connectas, dos alianzas de periodismo de investigación que realizan informes colaborativos, que fue publicada por Chequeado este año, ubicó a Smart Consumer y a su subsidiaria Prosumia como proveedoras de pauta oficial en varias provincias. El relevamiento menciona contratos en Córdoba, Catamarca, Chubut, Corrientes, Tierra del Fuego y Chaco, entre otras jurisdicciones.
En Chaco, inclusive, legisladores provinciales solicitaron informes sobre los millonarios pagos a empresas presuntamente vinculadas con el universo de “trolls” y con estrategias digitales de carácter proselitista.
Contratos bajo la lupa
El negocio de Douek es multimillonario y quedó expuesto en 2024 a través del Boletín Oficial, pero las críticas que surgieron en su momento hicieron cambiar la forma de contratación. De hecho, no hubo más contratos publicados en el BO desde entonces y todo entró en una curiosa nebulosa. Aunque los pagos multimillonarios continuaron.
Pero el año pasado, y sobre todo este, el Tribunal de Cuentas empezó a poner ciertos reparos con contratos de organismos en lo que, al parecer, empezó a direccionarse los fondos para este tipo de consultoras. El Instituto de Asistencia Social (IAS) y la agencia Chubut Turismo son dos de las áreas a través de las cuales se filtraron fondos para las consultoras de Douek.
Nadie puede afirmar con certeza que Smart Consumer o su red de empresas vinculadas hayan utilizado fondos públicos chubutenses para crear cuentas falsas o realizar operaciones de desinformación. Esa vinculación específica no está acreditada en los documentos analizados, pero permite, al menos, abrir todo tipo de sospechas sobre el uso de fondos públicos para campañas de prensa que, además del Tribunal de Cuentas, debería incluir alguna investigación de la Legislatura de Chubut.
Antecedentes
La Resolución 131 del año 2024 del Gobierno provincial autorizó una contratación directa con Smart Consumer S.A. por el denominado “servicio integral de comunicación” por $ 543.400.002. La Resolución 132 del mismo año hizo lo propio con P&P Social Media SRL por $ 314.600.004, mientras que la Resolución 133/24 volvió a contratar a Smart Consumer por otros $ 203.499.999, esta vez por un servicio de comunicación y publicidad.
Finalmente, la Resolución 134/24 autorizó un contrato con Adyouwish SRL por $ 438.499.998.
En conjunto, aquellas cuatro contrataciones de hace dos años representaron exactamente $ 1.500.000.003 para nueve meses de servicios de comunicación y publicidad.
Luego de ello, los contratos desaparecieron del Boletín Oficial pero, según se desprende de las resoluciones del Tribunal de Cuentas, siguieron con otro formato.
En marzo pasado, el Tribunal de Cuentas analizó una nueva contratación de la Agencia Chubut Turismo con Smart Consumer S.A., esta vez bajo la denominación comercial Prosumia, para un servicio de publicidad digital que se extiende desde marzo de 2026 hasta marzo de 2027. El organismo de control aclaró expresamente que se trataba de una nueva contratación y no de una adenda o renovación del contrato anterior.
Y allí apareció una primera advertencia que no es menor: el Tribunal señaló que no existía en el expediente una comunicación de la empresa que acreditara su voluntad de establecer la nueva relación contractual y reclamó que se incorporara una propuesta concreta con las condiciones generales y técnicas, los valores ofrecidos y la documentación societaria actualizada.
También advirtió que las constancias presupuestarias incorporadas no resultaban suficientes para acreditar la imputación preventiva del gasto.
El mismo día de marzo, el Tribunal de Cuentas analizó otra contratación de la Agencia Chubut Turismo, esta vez con Adyouwish SRL. El dictamen cuestionó la modalidad elegida y la falta de fundamentos suficientes para justificar el procedimiento de excepción. También observó la ausencia de una propuesta económica con sus condiciones y especificaciones técnicas, la falta de firmas de los directores en las actas y la necesidad de acreditar adecuadamente la disponibilidad presupuestaria.
El patrón se repitió en el expediente correspondiente a FBR S.A., una agencia productora de contenidos contratada también por la Agencia Chubut Turismo, propiedad de Fernando Gabriel Capria. El Tribunal sostuvo que la documentación presentaba “total simetría” con el expediente de Adyouwish y volvió a marcar las mismas deficiencias: procedimiento de excepción sin fundamentos suficientes, falta de propuesta económica y técnica, actas sin las firmas correspondientes y ausencia de una constancia suficiente de disponibilidad presupuestaria.
El cuarto dictamen completa el cuadro y vuelve a involucrar a Smart Consumer, aunque bajo la denominación Prosumia. En este caso, se trata de publicidad digital para el Instituto de Asistencia Social (IAS) y el Tribunal también hizo una advertencia central: al tratarse de una nueva contratación, debía existir un expediente nuevo con todos los antecedentes correspondientes. Además, reclamó una propuesta concreta de la empresa, documentación societaria actualizada y una acreditación suficiente de la imputación preventiva del gasto.
Hay una coincidencia que resulta difícil pasar por alto. En los tres expedientes de la Agencia Chubut Turismo —Smart Consumer, Adyouwish y FBR— el Tribunal encontró prácticamente el mismo problema: contrataciones de excepción cuya justificación no aparece suficientemente acreditada en los papeles, propuestas económicas incompletas o ausentes y dudas sobre la disponibilidad presupuestaria.
Sin embargo, el Tribunal no frenó las contrataciones. En los cuatro dictámenes sostiene que no le corresponde sustituir los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de los organismos y deja la continuidad de los trámites bajo exclusiva responsabilidad de las autoridades respectivas.
Todas las resoluciones del Tribunal de Cuentas llevan las firmas de su presidente, Martín Meza, y de los vocales Sergio Camiña, Liliana Underwood, Pablo San Pedro y Tomás Maza.
Por ahora no hay registros públicos de las respuestas de esos organismos, si es que las hubo.