Marco Penal Juvenil: dificultades con chicos de 14 y 15 años
La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil abre una serie de interrogantes sobre su aplicación práctica y obliga a fiscales, defensores y jueces a establecer criterios de actuación frente a adolescentes de 14 y 15 años que, bajo el nuevo esquema, pueden quedar alcanzados por un proceso penal.
El Secretario de Coordinación y Política Institucional del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, Germán Kexel, analizó los cambios que comenzaron a implementarse y advirtió que uno de los principales desafíos estará en compatibilizar el desarrollo de una investigación con la protección especial que corresponde garantizar a los adolescentes. “La verdad que es un tema complicado”, reconoció al referirse a las modificaciones introducidas por la normativa nacional y, particularmente, a la forma en que deberán actuar los distintos operadores judiciales.
Uno de los interrogantes aparece inmediatamente después de una detención. La incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al régimen obliga a definir dónde permanecerán hasta que se realice una audiencia de control y bajo qué condiciones, evitando que durante ese período sean vulnerados sus derechos. “¿Cómo trabajamos con un pibe de 14 o 15 años, que son los que se suman ahora, que son punibles a partir de la nueva ley, para que no vea vulnerado su derecho?”, planteó Kexel en diálogo con Jornada Radio.
El abogado puso particularmente el foco en lo que significa para un adolescente de esa edad permanecer alojado en una dependencia policial mientras se cumplen las primeras medidas judiciales.
El desafío, explicó, es doble. Por un lado, existe la obligación de garantizar un tratamiento diferenciado por tratarse de una persona menor de edad.
Por otro lado, ante la presunta comisión de un delito alcanzado por el nuevo régimen, fiscales y demás operadores deben comenzar con las actuaciones correspondientes. “Lo que representa estar en una comisaría en el marco de lo que es un pibe de 14 años, pero al mismo tiempo tengo que iniciar un procedimiento porque ahora es punible y quizás le tengo que iniciar una investigación.Es supercomplejo”, describió.
Otro de los problemas señalados está relacionado con la infraestructura disponible en Chubut para abordar este tipo de situaciones. Kexel explicó que existen solamente dos dependencias especializadas, ubicadas en Esquel y Trelew, que además presentan sus propias dificultades estructurales.
La distancia representa un inconveniente adicional cuando se produce un procedimiento en Comodoro Rivadavia u otra localidad alejada de esos centros.
En ese escenario aparece la discusión respecto de qué hacer con un adolescente durante las primeras horas posteriores a una intervención policial y mientras la Justicia reúne la información necesaria para determinar los pasos siguientes.
La situación adquiere especial importancia porque la Fiscalía puede necesitar documentación, informes u otros elementos antes de resolver si solicita alguna medida respecto del adolescente.
Para Kexel, esto obliga a encontrar mecanismos que permitan actuar rápidamente y evitar permanencias innecesarias en dependencias policiales.
Entre las posibilidades aparece que, mientras se completa la información necesaria, el adolescente pueda recuperar la libertad y permanecer en su domicilio, siempre de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso.
Unificación de criterios
Más allá de las diferentes interpretaciones jurídicas que puedan surgir, Kexel consideró indispensable que los operadores del sistema alcancen acuerdos básicos sobre la implementación. “Los operadores nos tenemos que poner de acuerdo en las cuestiones estructurales básicas. Después, uno lleva su postura de cómo es la mejor manera de hacer su trabajo”, explicó.
Uno de los puntos centrales será establecer los tiempos de las audiencias posteriores a una detención. Sin un criterio común podrían aparecer diferencias importantes entre fiscales, defensores y jueces respecto de cuánto debe esperarse para realizar un control judicial. “Si no nos ponemos de acuerdo, vamos a estar en que va a haber uno que quiere hacer una audiencia a las 48 o 72 horas y va a haber otro que la quiere hacer en la madrugada misma”, ejemplificó.
La puesta en funcionamiento del nuevo régimen, de esta manera, no solamente supone una modificación normativa. También exige adaptar procedimientos, infraestructura y criterios de intervención a una población especialmente vulnerable por su edad.
Para Kexel, las primeras semanas serán fundamentales para determinar cómo se resolverán esas situaciones en la práctica, especialmente en ciudades que no cuentan con establecimientos especializados.
El desafío estará en lograr que la aplicación de la nueva normativa permita avanzar con una investigación cuando corresponda, pero sin perder de vista las garantías específicas que deben rodear cualquier procedimiento que involucre a adolescentes.
El Secretario de Coordinación y Política Institucional del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, Germán Kexel, analizó los cambios que comenzaron a implementarse y advirtió que uno de los principales desafíos estará en compatibilizar el desarrollo de una investigación con la protección especial que corresponde garantizar a los adolescentes. “La verdad que es un tema complicado”, reconoció al referirse a las modificaciones introducidas por la normativa nacional y, particularmente, a la forma en que deberán actuar los distintos operadores judiciales.
Uno de los interrogantes aparece inmediatamente después de una detención. La incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al régimen obliga a definir dónde permanecerán hasta que se realice una audiencia de control y bajo qué condiciones, evitando que durante ese período sean vulnerados sus derechos. “¿Cómo trabajamos con un pibe de 14 o 15 años, que son los que se suman ahora, que son punibles a partir de la nueva ley, para que no vea vulnerado su derecho?”, planteó Kexel en diálogo con Jornada Radio.
El abogado puso particularmente el foco en lo que significa para un adolescente de esa edad permanecer alojado en una dependencia policial mientras se cumplen las primeras medidas judiciales.
El desafío, explicó, es doble. Por un lado, existe la obligación de garantizar un tratamiento diferenciado por tratarse de una persona menor de edad.
Por otro lado, ante la presunta comisión de un delito alcanzado por el nuevo régimen, fiscales y demás operadores deben comenzar con las actuaciones correspondientes. “Lo que representa estar en una comisaría en el marco de lo que es un pibe de 14 años, pero al mismo tiempo tengo que iniciar un procedimiento porque ahora es punible y quizás le tengo que iniciar una investigación.Es supercomplejo”, describió.
Otro de los problemas señalados está relacionado con la infraestructura disponible en Chubut para abordar este tipo de situaciones. Kexel explicó que existen solamente dos dependencias especializadas, ubicadas en Esquel y Trelew, que además presentan sus propias dificultades estructurales.
La distancia representa un inconveniente adicional cuando se produce un procedimiento en Comodoro Rivadavia u otra localidad alejada de esos centros.
En ese escenario aparece la discusión respecto de qué hacer con un adolescente durante las primeras horas posteriores a una intervención policial y mientras la Justicia reúne la información necesaria para determinar los pasos siguientes.
La situación adquiere especial importancia porque la Fiscalía puede necesitar documentación, informes u otros elementos antes de resolver si solicita alguna medida respecto del adolescente.
Para Kexel, esto obliga a encontrar mecanismos que permitan actuar rápidamente y evitar permanencias innecesarias en dependencias policiales.
Entre las posibilidades aparece que, mientras se completa la información necesaria, el adolescente pueda recuperar la libertad y permanecer en su domicilio, siempre de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso.
Unificación de criterios
Más allá de las diferentes interpretaciones jurídicas que puedan surgir, Kexel consideró indispensable que los operadores del sistema alcancen acuerdos básicos sobre la implementación. “Los operadores nos tenemos que poner de acuerdo en las cuestiones estructurales básicas. Después, uno lleva su postura de cómo es la mejor manera de hacer su trabajo”, explicó.
Uno de los puntos centrales será establecer los tiempos de las audiencias posteriores a una detención. Sin un criterio común podrían aparecer diferencias importantes entre fiscales, defensores y jueces respecto de cuánto debe esperarse para realizar un control judicial. “Si no nos ponemos de acuerdo, vamos a estar en que va a haber uno que quiere hacer una audiencia a las 48 o 72 horas y va a haber otro que la quiere hacer en la madrugada misma”, ejemplificó.
La puesta en funcionamiento del nuevo régimen, de esta manera, no solamente supone una modificación normativa. También exige adaptar procedimientos, infraestructura y criterios de intervención a una población especialmente vulnerable por su edad.
Para Kexel, las primeras semanas serán fundamentales para determinar cómo se resolverán esas situaciones en la práctica, especialmente en ciudades que no cuentan con establecimientos especializados.
El desafío estará en lograr que la aplicación de la nueva normativa permita avanzar con una investigación cuando corresponda, pero sin perder de vista las garantías específicas que deben rodear cualquier procedimiento que involucre a adolescentes.