“Una denuncia falsa y armada para desprestigiar a un rival político”
Tras absolver a Guillermo Quiroga, la jueza Karina Breckle criticó duramente la investigación de la Unidad Anticorrupción y deslizó que el caso se usó como "venganza política y personal". No se se probó que el secretario general de ATE haya usado fondos gremiales para una "vida de lujos" y según la magistrada, la pericia contable "no buscó la verdad sino ponerle algún número a la presunta defraudación".
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
Sin una víctima clara, sin un fraude probado y sin una investigación acabada, la jueza de Rawson Karina Breckle no encontró delito y absolvió a Guillermo Quiroga, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado.
Le imputaban administración fraudulenta por el presunto desvío de aportes y cuotas sindicales por $ 22.765.769 desde las cuentas del gremio en los bancos Chubut y Nación hacia sus cuentas personales y familiares de los bancos Galicia, Banco BBVA y Chubut entre noviembre de 2019 y mayo de 2023.
El veredicto coincidió con la tesis de la defensa: “Fue una denuncia armada, falsa y con la clara intención de desprestigiar a un contrincante de la política gremial, candidato en las elecciones internas, para posicionarse como la nueva lista que ofrecía transparencia”.
La audiencia se convocó a las 12 pero a las 11.45 la sala de audiencias con más espacio de la Oficina Judicial de la capital ya estaba copada por la militancia de Quiroga. Algunos pudieron ingresar, otros aguardaron bajo un intenso sol una lectura de casi 2 horas. La magistrada notó esta expectativa y antes de revelar su fallo le reclamó “respeto” a la sala y no quejarse antes de tiempo por una sentencia que se podrá apelar.
El fiscal Lucas Papini, jefe de la Unidad Anticorrupción, y las dos querellas que representaron aun grupo de afiliados sostenían que Quiroga sacaba dinero del gremio para cancelar tarjetas de crédito y de débito personales, transferir a cuentas de sus hijos, comprar bienes muebles, adquirir membresías en clubes exclusivos y viajar al exterior en avión y barco.
Según su teoría- que la jueza consideró “sesgada”- Quiroga tuvo ingresos legítimos por $ 13.325.936 pero gastos por $ 30.338.917. La diferencia la había cubierto la plata del gremio.
Breckle advirtió que Fiscalía nunca tuvo en cuenta la respuesta oficial de la cúpula nacional de ATE desde el inicio de la causa: no hubo perjuicio a su patrimonio. Este dato siempre lo advirtió el defensor Oscar Romero cuando alegó que sin víctima no podía haber delito.
El fallo también cuestionó “la falta de objetividad” del MPF. Es que aunque debe representar a la víctima del delito, en esta causa “eligió desconocerlo y optó por quedarse con una víctima más cómoda para sus intereses”.
En varias ocasiones Breckle miró fijo a Papini para cuestionar su labor. Según la sentencia, en las audiencias el fiscal invirtió la carga de la prueba cuando se quejaba de que el líder gremial nunca rindió cuentas ni presentó comprobante de sus gastos. “El fiscal sabe bien que Quiroga no debe acreditar nada, tiene el derecho de no hacerlo”. En todo caso sus explicaciones debían ser para los afiliados o ante el Consejo Directivo Nacional.
“Fiscalía es quien debió probar que Quiroga no usó ese dinero para ATE sino para fines personales. Es su función exclusiva cuando decide llevar a un imputado por un delito a un debate oral y público”, indicó.
Breckle también criticó la pericia contable del Equipo Multidisciplinario de la Procuración General. “Fue deficiente y no buscó objetivamente saber la verdad, sino que sesgados buscaron una conclusión que pusiera algún número a una presunta defraudación”.
El pecado original fue sostener que los ingresos “legítimos” de Quiroga sólo eran sus sueldos como empleado del Ministerio de Salud, los préstamos que pidió y el cobro de un aseguro cuando en rigor el dirigente “no tiene ninguna prohibición de recibir o procurarse otros medios legítimos de vida”.
Por ejemplo, la jueza advirtió que en los resúmenes de las tarjetas de crédito de los últimos cuatro años “no había gastos más que lo que se debita mensualmente por algún servicio; se concluye fácilmente que los gastos se correspondían con el flujo de vida de una persona sin excesos”.
“Es fácilmente observable el sesgo acusatorio al no contar como ingresos legítimos una cantidad importantísima de transferencias que recibió Quiroga, observables en los extractos bancarios que tal vez por lo engorroso el perito no se preocupó en establecer debidamente”, ironizó.
Para complicar su situación al líder de ATE le habían sumado los gastos de una tarjeta adicional que en realidad estaba a nombre de su exesposa. “A la pericia le hicieron decir montos inexplicables; sólo mantuvieron el fin de lograr establecer importes grandes, llenos de ceros, para mostrar muchos gastos, pocos ingresos. Y en el medio, para los acusadores, nada existió”.
Breckle también remarcó que ATE mantiene todas sus cuentas con control cruzado: para mover dinero Quiroga siempre necesitó otra firma de sus compañeros de cúpula.
La jueza reprochó el papel de la denunciante Claudia Barrionuevo, exsecretaria de Finanzas de ATE: “Intentó ampararse y decir que no conocía las cuentas ni los gastos porque estaba en su lugar de trabajo sin licencia gremial, pero no la excluye de su responsabilidad”. Es que estaba a cargo de los fondos sociales y demás valores.
“Acompañar a Quiroga en la comisión directiva y esperar más de tres años en silencio y sin realizar acciones concretas para proteger el patrimonio que creía que Quiroga vulneraba y sobre todo por su cargo, exigiendo transparencia cuando contribuyó a no darla, es al menos un contrasentido. No sólo Quiroga debía transparencia a sus afiliados. La denunciante también”.
El fallo consideró que la Unidad Anticorrupción debió ser más rigurosa al analizar si había datos para avanzar con la denuncia original. “El sesgo motivado por rivalidad política introducía una legítima sospecha para evitar que el proceso penal sea utilizado como herramienta de persecución política o de venganza personal”, leyó.
Nadie en el juicio puso en duda que las transferencias y los retiros de dinero existieron. La clave es que hubo más transferencias y más extraccionesque intencionalmente no se tuvieron en cuenta pero hubiesen equilibradola balanza. Por ejemplo, gastos menores o ayudas hacia otros dirigentes que no cobraban sueldos o no tenían acceso al Banco Chubut para operar. Quiroga también recibió dinero de la CTA o de su propia familia, movimientos que la pericia desconoció.
“La acusación decidió mantener y producir un desgaste innecesario de tiempo sobre todo para las personas que llamaron a dar testimonio”, criticó Breckle.
“ATE es un gremio, el patrimonio le es propio, no es de todos, no es del Estado, no es de opinión de otros, la opinión le cabe a cada afiliado, el manejo de su dinero corresponde a su administración interna y a quien se le debe rendir gastos o balance es a sus afiliados y son ellos los que juzgarán levantando su mano”.
La jueza se preguntó: “¿Por qué el MPF parte de creer que el dinero de ATE no podía ser transferido a Quiroga como a las cuentas personales de muchísimos dirigentes para realizar labor gremial? No existe prohibición y de hecho pudo establecerse la habitualidad en esa forma de administrar sus fondos”.
En los resúmenes de las tarjetas de crédito del secretario general “no existe una compra imposible de adquirir ni siquiera aceptando que su ingreso es el de un empleado estatal”. Varios gastos fueron en cuotas. Y hasta figura una compra en una verdulería con una tarjeta de crédito.
“¿Quien teniendo a su disposición cuentas de ATE con mucho dinero, al que le achacan desviar sumas, mantiene deudas por no poder pagar la tarjeta con gastos corrientes y comunes y saca préstamos personales para devolverlos con altos intereses?”.
Según la jueza, Fiscalía debió saber cómo probar una vida ostentosa. “Pero no trajo un allanamiento que demostrara lo ostentosa de la casa del imputado, ni una foto de Quiroga en una playa, ni una foto de estado de WhatsApp ni del portón que intentaba probar “mejoras significativas en su vivienda”, ni un informe del Registro de la Propiedad ni Automotor, no solicitó allanar ATE Chubut, no secuestró computadoras, teléfonos, papeles, tickets. No estableció si los viajes los hizo solo, en pareja, en familia, si alquiló un departamento o fue a un hotel 5 estrellas. Nada”.
Al escuchar la absolución hubo aplausos y Quiroga –siempre muy tranquilo- se abrazó con su defensor. Afuera lo esperaba su militancia. Alguno sin dar la cara le gritó a la prensa que “ahora cuente la historia completa”. Abrazado, el grupo de pecheras verdes se tomó una foto frente a la Oficina Judicial antes de retirarse a la sede de ATE, a 50 metros.
La querella y la Fiscalía se fueron en silencio. Para evitar cruces picantes la Policía rodeó a la denunciante Barrionuevo. Fue la última en dejar la sala.
Fotos: Daniel Feldman
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
Sin una víctima clara, sin un fraude probado y sin una investigación acabada, la jueza de Rawson Karina Breckle no encontró delito y absolvió a Guillermo Quiroga, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado.
Le imputaban administración fraudulenta por el presunto desvío de aportes y cuotas sindicales por $ 22.765.769 desde las cuentas del gremio en los bancos Chubut y Nación hacia sus cuentas personales y familiares de los bancos Galicia, Banco BBVA y Chubut entre noviembre de 2019 y mayo de 2023.
El veredicto coincidió con la tesis de la defensa: “Fue una denuncia armada, falsa y con la clara intención de desprestigiar a un contrincante de la política gremial, candidato en las elecciones internas, para posicionarse como la nueva lista que ofrecía transparencia”.
La audiencia se convocó a las 12 pero a las 11.45 la sala de audiencias con más espacio de la Oficina Judicial de la capital ya estaba copada por la militancia de Quiroga. Algunos pudieron ingresar, otros aguardaron bajo un intenso sol una lectura de casi 2 horas. La magistrada notó esta expectativa y antes de revelar su fallo le reclamó “respeto” a la sala y no quejarse antes de tiempo por una sentencia que se podrá apelar.
El fiscal Lucas Papini, jefe de la Unidad Anticorrupción, y las dos querellas que representaron aun grupo de afiliados sostenían que Quiroga sacaba dinero del gremio para cancelar tarjetas de crédito y de débito personales, transferir a cuentas de sus hijos, comprar bienes muebles, adquirir membresías en clubes exclusivos y viajar al exterior en avión y barco.
Según su teoría- que la jueza consideró “sesgada”- Quiroga tuvo ingresos legítimos por $ 13.325.936 pero gastos por $ 30.338.917. La diferencia la había cubierto la plata del gremio.
Breckle advirtió que Fiscalía nunca tuvo en cuenta la respuesta oficial de la cúpula nacional de ATE desde el inicio de la causa: no hubo perjuicio a su patrimonio. Este dato siempre lo advirtió el defensor Oscar Romero cuando alegó que sin víctima no podía haber delito.
El fallo también cuestionó “la falta de objetividad” del MPF. Es que aunque debe representar a la víctima del delito, en esta causa “eligió desconocerlo y optó por quedarse con una víctima más cómoda para sus intereses”.
En varias ocasiones Breckle miró fijo a Papini para cuestionar su labor. Según la sentencia, en las audiencias el fiscal invirtió la carga de la prueba cuando se quejaba de que el líder gremial nunca rindió cuentas ni presentó comprobante de sus gastos. “El fiscal sabe bien que Quiroga no debe acreditar nada, tiene el derecho de no hacerlo”. En todo caso sus explicaciones debían ser para los afiliados o ante el Consejo Directivo Nacional.
“Fiscalía es quien debió probar que Quiroga no usó ese dinero para ATE sino para fines personales. Es su función exclusiva cuando decide llevar a un imputado por un delito a un debate oral y público”, indicó.
Breckle también criticó la pericia contable del Equipo Multidisciplinario de la Procuración General. “Fue deficiente y no buscó objetivamente saber la verdad, sino que sesgados buscaron una conclusión que pusiera algún número a una presunta defraudación”.
El pecado original fue sostener que los ingresos “legítimos” de Quiroga sólo eran sus sueldos como empleado del Ministerio de Salud, los préstamos que pidió y el cobro de un aseguro cuando en rigor el dirigente “no tiene ninguna prohibición de recibir o procurarse otros medios legítimos de vida”.
Por ejemplo, la jueza advirtió que en los resúmenes de las tarjetas de crédito de los últimos cuatro años “no había gastos más que lo que se debita mensualmente por algún servicio; se concluye fácilmente que los gastos se correspondían con el flujo de vida de una persona sin excesos”.
“Es fácilmente observable el sesgo acusatorio al no contar como ingresos legítimos una cantidad importantísima de transferencias que recibió Quiroga, observables en los extractos bancarios que tal vez por lo engorroso el perito no se preocupó en establecer debidamente”, ironizó.
Para complicar su situación al líder de ATE le habían sumado los gastos de una tarjeta adicional que en realidad estaba a nombre de su exesposa. “A la pericia le hicieron decir montos inexplicables; sólo mantuvieron el fin de lograr establecer importes grandes, llenos de ceros, para mostrar muchos gastos, pocos ingresos. Y en el medio, para los acusadores, nada existió”.
Breckle también remarcó que ATE mantiene todas sus cuentas con control cruzado: para mover dinero Quiroga siempre necesitó otra firma de sus compañeros de cúpula.
La jueza reprochó el papel de la denunciante Claudia Barrionuevo, exsecretaria de Finanzas de ATE: “Intentó ampararse y decir que no conocía las cuentas ni los gastos porque estaba en su lugar de trabajo sin licencia gremial, pero no la excluye de su responsabilidad”. Es que estaba a cargo de los fondos sociales y demás valores.
“Acompañar a Quiroga en la comisión directiva y esperar más de tres años en silencio y sin realizar acciones concretas para proteger el patrimonio que creía que Quiroga vulneraba y sobre todo por su cargo, exigiendo transparencia cuando contribuyó a no darla, es al menos un contrasentido. No sólo Quiroga debía transparencia a sus afiliados. La denunciante también”.
El fallo consideró que la Unidad Anticorrupción debió ser más rigurosa al analizar si había datos para avanzar con la denuncia original. “El sesgo motivado por rivalidad política introducía una legítima sospecha para evitar que el proceso penal sea utilizado como herramienta de persecución política o de venganza personal”, leyó.
Nadie en el juicio puso en duda que las transferencias y los retiros de dinero existieron. La clave es que hubo más transferencias y más extraccionesque intencionalmente no se tuvieron en cuenta pero hubiesen equilibradola balanza. Por ejemplo, gastos menores o ayudas hacia otros dirigentes que no cobraban sueldos o no tenían acceso al Banco Chubut para operar. Quiroga también recibió dinero de la CTA o de su propia familia, movimientos que la pericia desconoció.
“La acusación decidió mantener y producir un desgaste innecesario de tiempo sobre todo para las personas que llamaron a dar testimonio”, criticó Breckle.
“ATE es un gremio, el patrimonio le es propio, no es de todos, no es del Estado, no es de opinión de otros, la opinión le cabe a cada afiliado, el manejo de su dinero corresponde a su administración interna y a quien se le debe rendir gastos o balance es a sus afiliados y son ellos los que juzgarán levantando su mano”.
La jueza se preguntó: “¿Por qué el MPF parte de creer que el dinero de ATE no podía ser transferido a Quiroga como a las cuentas personales de muchísimos dirigentes para realizar labor gremial? No existe prohibición y de hecho pudo establecerse la habitualidad en esa forma de administrar sus fondos”.
En los resúmenes de las tarjetas de crédito del secretario general “no existe una compra imposible de adquirir ni siquiera aceptando que su ingreso es el de un empleado estatal”. Varios gastos fueron en cuotas. Y hasta figura una compra en una verdulería con una tarjeta de crédito.
“¿Quien teniendo a su disposición cuentas de ATE con mucho dinero, al que le achacan desviar sumas, mantiene deudas por no poder pagar la tarjeta con gastos corrientes y comunes y saca préstamos personales para devolverlos con altos intereses?”.
Según la jueza, Fiscalía debió saber cómo probar una vida ostentosa. “Pero no trajo un allanamiento que demostrara lo ostentosa de la casa del imputado, ni una foto de Quiroga en una playa, ni una foto de estado de WhatsApp ni del portón que intentaba probar “mejoras significativas en su vivienda”, ni un informe del Registro de la Propiedad ni Automotor, no solicitó allanar ATE Chubut, no secuestró computadoras, teléfonos, papeles, tickets. No estableció si los viajes los hizo solo, en pareja, en familia, si alquiló un departamento o fue a un hotel 5 estrellas. Nada”.
Al escuchar la absolución hubo aplausos y Quiroga –siempre muy tranquilo- se abrazó con su defensor. Afuera lo esperaba su militancia. Alguno sin dar la cara le gritó a la prensa que “ahora cuente la historia completa”. Abrazado, el grupo de pecheras verdes se tomó una foto frente a la Oficina Judicial antes de retirarse a la sede de ATE, a 50 metros.
La querella y la Fiscalía se fueron en silencio. Para evitar cruces picantes la Policía rodeó a la denunciante Barrionuevo. Fue la última en dejar la sala.
Fotos: Daniel Feldman