El Modelo Chubut denunció penalmente a Buzzi y a Meza Evans por desistir de juicios a Nación
Es por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, a raíz del desistimiento de los juicios por regalías mal liquidadas por parte de Nación.
En conferencia de prensa en la sede del bloque en la Legislatura, el presidente del bloque, Jerónimo García, calificó esta decisión gubernamental como “el hecho más grande de corrupción desde que en 1957 se constituyó como provincia”.
Junto con los diputados Raquel Di Perna, Roddy Ingram, Ana María Barroso y Miryhan Crespo, aseguró que en los pleitos planteados ante el gobierno nacional existen dos pericias contables favorables a Chubut y que el reclamo con dictamen favorable asciende a 884.984.000 dólares por regalías hidrocarburíferas y gasíferas mal liquidadas.
Los reclamos que Chubut llevaba adelante, dejados de lado por el actual gobierno provincial, “ascienden al tipo oficial de cambio del valor del dólar a casi 4.500 millones de pesos, la mitad de un presupuesto anual de nuestra provincia”.
La acusación de los delitos contra el gobernador Buzzi es porque “propugnó, firmó acuerdos de desistimiento de los juicios y remitió el proyecto de ley a la Legislatura para su aprobación con fundamentos que llevan su firma”.
La denuncia penal alcanza a Meza Evans porque como fiscal de Estado tiene que llevar adelante “el control de la legalidad de los actos administrativos del Estado y la defensa de su patrimonio”. Está facultado a “seguir las instrucciones impartidas por el Poder Ejecutivo siempre que las mismas no resulten contrarias a la Constitución, a las leyes o a los intereses patrimoniales del Estado”.
Al gobernador de Chubut se lo acusa de haber infringido “sin soslayar sus obligaciones particulares en defensa de los intereses del Estado Provincial los artículos 10, 91, 92 y 102 de la Constitución Provincial”.
Un punto abordado fue la contratación de los abogados y contadores que patrocinaron a la provincia y se indica que en caso de que el pleito planteado fuera resuelto a favor “cobrarán sobre el monto que prospere el juicio”.
En los convenios de representación se establece que si la provincia hubiera perdido los juicios, los patrocinantes no cobrarían honorarios.
Según García, el desistimiento unilateral de las demandas no estaba planteado y ahora seguramente el Estado provincial deberá, por esta decisión de Buzzi y Meza Evans, afrontar los reclamos dinerarios de los profesionales contratados”.
“Con el convenio no sólo renunciamos infundadamente sorteando obligaciones constitucionales al menos a 4.444 millones de pesos que nos deben al pueblo chubutense, sino que debemos pagar millonarias sumas a abogados por su actuación en juicio, en relación a la desprovista de legalidad decisión política del gobernador Martín Buzzi de aceptar la imposición de desistir en el derecho y acción de los cinco juicios en trámite, pretendiendo cubrir el paño de tamaña mendacidad elocuente al afirmar que implicó un acuerdo conciliatorio que permitirá acotar los honorarios que el Estado Provincial debe eventualmente abonar a los profesionales contratados en los procesos que se sustancian ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, se indica en la denuncia.
En conferencia de prensa en la sede del bloque en la Legislatura, el presidente del bloque, Jerónimo García, calificó esta decisión gubernamental como “el hecho más grande de corrupción desde que en 1957 se constituyó como provincia”.
Junto con los diputados Raquel Di Perna, Roddy Ingram, Ana María Barroso y Miryhan Crespo, aseguró que en los pleitos planteados ante el gobierno nacional existen dos pericias contables favorables a Chubut y que el reclamo con dictamen favorable asciende a 884.984.000 dólares por regalías hidrocarburíferas y gasíferas mal liquidadas.
Los reclamos que Chubut llevaba adelante, dejados de lado por el actual gobierno provincial, “ascienden al tipo oficial de cambio del valor del dólar a casi 4.500 millones de pesos, la mitad de un presupuesto anual de nuestra provincia”.
La acusación de los delitos contra el gobernador Buzzi es porque “propugnó, firmó acuerdos de desistimiento de los juicios y remitió el proyecto de ley a la Legislatura para su aprobación con fundamentos que llevan su firma”.
La denuncia penal alcanza a Meza Evans porque como fiscal de Estado tiene que llevar adelante “el control de la legalidad de los actos administrativos del Estado y la defensa de su patrimonio”. Está facultado a “seguir las instrucciones impartidas por el Poder Ejecutivo siempre que las mismas no resulten contrarias a la Constitución, a las leyes o a los intereses patrimoniales del Estado”.
Al gobernador de Chubut se lo acusa de haber infringido “sin soslayar sus obligaciones particulares en defensa de los intereses del Estado Provincial los artículos 10, 91, 92 y 102 de la Constitución Provincial”.
Un punto abordado fue la contratación de los abogados y contadores que patrocinaron a la provincia y se indica que en caso de que el pleito planteado fuera resuelto a favor “cobrarán sobre el monto que prospere el juicio”.
En los convenios de representación se establece que si la provincia hubiera perdido los juicios, los patrocinantes no cobrarían honorarios.
Según García, el desistimiento unilateral de las demandas no estaba planteado y ahora seguramente el Estado provincial deberá, por esta decisión de Buzzi y Meza Evans, afrontar los reclamos dinerarios de los profesionales contratados”.
“Con el convenio no sólo renunciamos infundadamente sorteando obligaciones constitucionales al menos a 4.444 millones de pesos que nos deben al pueblo chubutense, sino que debemos pagar millonarias sumas a abogados por su actuación en juicio, en relación a la desprovista de legalidad decisión política del gobernador Martín Buzzi de aceptar la imposición de desistir en el derecho y acción de los cinco juicios en trámite, pretendiendo cubrir el paño de tamaña mendacidad elocuente al afirmar que implicó un acuerdo conciliatorio que permitirá acotar los honorarios que el Estado Provincial debe eventualmente abonar a los profesionales contratados en los procesos que se sustancian ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, se indica en la denuncia.