Detuvieron a los policías federales que asesinaron al militante Cugura
Integraban un grupo de tareas que mató al menos a seis miembros de Montoneros, entre ellos el joven oriundo de Rawson. Uno de los detenidos trabajaba en los Tribunales porteños. Otro sigue prófugo.
Siete exmiembros de la Delegación La Plata de la Policía Federal fueron detenidos acusados de haber cometido crímenes de militantes montoneros durante la dictadura militar. Entre quienes fueron asesinados figura Juan Oscar Cugura, quien vivió en Rawson pero debió pasar a la clandestinidad a fines de 1976. Cugura es padre de una nieta recuperada y estaba en pareja con Olga Casado, madre de la chica quien también fue asesinada. Los restos de ambos fueron reconocidos el año pasado por el equipo Antropólogo Forense de la Plata. La familia de Cugura está realizando los trámites para traer los restos y darle sepultura en el cementerio de la capital provincial.
Por orden del Juzgado Federal 1 de La Plata a cargo del juez Manuel Humberto Blanco fueron detenidos el comisario Martín Eduardo Zuñiga, quien en la dictadura se desempeñó como jefe de la delegación platense de la federal y los policías Carlos Omar Gómez, Rafael Oscar Romero, Horacio Alfredo Ortíz, Roberto Arturo Gigli, Jorge Alberto Blanco y José Carlos Sánchez.
Otro imputado, Emilio Rimoldi Fraga, no pudo ser localizado y pesa sobre él una orden de captura internacional. Se supo también que otro policía involucrado, Adalberto Abel Maciel, habría fallecido en 2009. A todos se les imputan delitos de lesa humanidad, imprescriptibles.
El dato más impresionante sobre las detenciones es que el policía Jorge Alberto Blanco seguía en actividad y no en cualquier lugar: prestaba servicios en la mesa de entradas de los tribunales porteños ubicados en la calle Comodoro Py. Convivía con los jueces cotidianamente. “Era un hombre de poco hablar, parecía un gordito bueno. Se mostraba amable y servicial con todo el mundo”, dijo un empleado de los tribunales. A Juan Carlos Sánchez se lo detuvo en Chascomús donde todavía pertenecía al servicio activo de la Policía Federal.
Los mencionados formaban parte de un grupo de tareas que persiguió, detuvo y asesinó a militantes montoneros en La Plata. Además de Cugura, los policías asesinaron a Adela Esther Fonrouge (que estaba embarazada) y a su pareja, Juan José Libranato. A Cugura le dieron muerte durante los primeros días de octubre de 1977 cuando acudió a una cita con otros militantes alrededor del mediodía. El rawsense era uno de los jefes de la denominada “Columna 27” de Montoneros, virtualmente eliminada por el grupo de federales. Según testimonios a Juan lo sorprendieron camino a un encuentro y lo mataron de un tiro en la cabeza. En total los policías habrían matado a seis militantes. En algunos casos los detenían y les “sacaban” información mediante los más crueles métodos de tortura.
La participación de los imputados en crímenes de lesa humanidad pudo determinarse a partir de un expediente hallado en el legajo personal de Rimoldi Fraga, un oficial retirado, aportado por la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación. En el mencionado legajo había felicitaciones por las “tareas” realizadas y figuraban los nombres de los otros policías involucrados. Además, los datos del expediente coinciden con las declaraciones que familiares de las víctimas realizaron ante la CONADEP y con las fechas de los hábeas corpus por las desapariciones.
Las detenciones fueron la segunda semana de mayo y ahora los policías esperan los juicios. Están imputados de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad, lesiones graves, tormento y robo. La justicia pudo determinar que los policías prácticamente desvalijaban las casas de los militantes llevándose cuanto objeto de valor encontraban. La última vez que su familia vio con vida a Juan Cugura fue en febrero de 1977 en las playas de Villa Gessel. Estaba acompañado por su hermano José, también secuestrado por la dictadura.
El legajo que los descubrió
La periodista Irina Hauser publicó una nota en el diario Página 12 y cuenta cómo la justicia llegó a los policías. Un mecanismo administrativo rutinario de la Policía consiste en dejar constancia en la primera parte del legajo de cada integrante de la fuerza de aquellos hechos que les hayan significado algún reconocimiento, desde una felicitación hasta un ascenso. El expediente completo se guarda en el legajo del policía de mayor jerarquía relacionado con los hechos. Mientras revisaban los legajos del personal de la Superintendencia de Seguridad Federal, el Ministerio de Seguridad encontró felicitaciones similares que conducían al legajo de Rimoldi Fraga, donde apareció el relato pormenorizado de cómo fue “desmembrada” la columna 27 de Montoneros y los pedidos de ascenso y reconocimiento para los agentes de esa operación.
En los papeles amarillos se lee: “Nos hallamos ante una actuación encomiable, que caracteriza al personal de la Institución, consustanciados con los dignos y elevados preceptos del ser humano, que son el jugar con la vida ante intereses de libertad y paz para la Nación (...) observamos el profesionalismo puesto de manifiesto de todos los integrantes de todas las comisiones policiales que actuaron en los sucesos y el riezgo (sic) evidente que corrieron sus vidas ante la peligrosidad puesta de manifiesto por los delincuentes extremistas”. Con estos elogios se intentaba justificar ante la Dirección General de Interior los pedidos de ascenso “por actos de arrojo, abnegación, valor u otras calificaciones semejantes realizados con riesgo personal, real y evidente” para Blanco, Ortiz, Sánchez y Gigli y de una recompensa oficial para Rimoldi Fraga, Romero, Carlos Gómez y Adalberto Maciel, este último fallecido en 2009.
Siete exmiembros de la Delegación La Plata de la Policía Federal fueron detenidos acusados de haber cometido crímenes de militantes montoneros durante la dictadura militar. Entre quienes fueron asesinados figura Juan Oscar Cugura, quien vivió en Rawson pero debió pasar a la clandestinidad a fines de 1976. Cugura es padre de una nieta recuperada y estaba en pareja con Olga Casado, madre de la chica quien también fue asesinada. Los restos de ambos fueron reconocidos el año pasado por el equipo Antropólogo Forense de la Plata. La familia de Cugura está realizando los trámites para traer los restos y darle sepultura en el cementerio de la capital provincial.
Por orden del Juzgado Federal 1 de La Plata a cargo del juez Manuel Humberto Blanco fueron detenidos el comisario Martín Eduardo Zuñiga, quien en la dictadura se desempeñó como jefe de la delegación platense de la federal y los policías Carlos Omar Gómez, Rafael Oscar Romero, Horacio Alfredo Ortíz, Roberto Arturo Gigli, Jorge Alberto Blanco y José Carlos Sánchez.
Otro imputado, Emilio Rimoldi Fraga, no pudo ser localizado y pesa sobre él una orden de captura internacional. Se supo también que otro policía involucrado, Adalberto Abel Maciel, habría fallecido en 2009. A todos se les imputan delitos de lesa humanidad, imprescriptibles.
El dato más impresionante sobre las detenciones es que el policía Jorge Alberto Blanco seguía en actividad y no en cualquier lugar: prestaba servicios en la mesa de entradas de los tribunales porteños ubicados en la calle Comodoro Py. Convivía con los jueces cotidianamente. “Era un hombre de poco hablar, parecía un gordito bueno. Se mostraba amable y servicial con todo el mundo”, dijo un empleado de los tribunales. A Juan Carlos Sánchez se lo detuvo en Chascomús donde todavía pertenecía al servicio activo de la Policía Federal.
Los mencionados formaban parte de un grupo de tareas que persiguió, detuvo y asesinó a militantes montoneros en La Plata. Además de Cugura, los policías asesinaron a Adela Esther Fonrouge (que estaba embarazada) y a su pareja, Juan José Libranato. A Cugura le dieron muerte durante los primeros días de octubre de 1977 cuando acudió a una cita con otros militantes alrededor del mediodía. El rawsense era uno de los jefes de la denominada “Columna 27” de Montoneros, virtualmente eliminada por el grupo de federales. Según testimonios a Juan lo sorprendieron camino a un encuentro y lo mataron de un tiro en la cabeza. En total los policías habrían matado a seis militantes. En algunos casos los detenían y les “sacaban” información mediante los más crueles métodos de tortura.
La participación de los imputados en crímenes de lesa humanidad pudo determinarse a partir de un expediente hallado en el legajo personal de Rimoldi Fraga, un oficial retirado, aportado por la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación. En el mencionado legajo había felicitaciones por las “tareas” realizadas y figuraban los nombres de los otros policías involucrados. Además, los datos del expediente coinciden con las declaraciones que familiares de las víctimas realizaron ante la CONADEP y con las fechas de los hábeas corpus por las desapariciones.
Las detenciones fueron la segunda semana de mayo y ahora los policías esperan los juicios. Están imputados de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad, lesiones graves, tormento y robo. La justicia pudo determinar que los policías prácticamente desvalijaban las casas de los militantes llevándose cuanto objeto de valor encontraban. La última vez que su familia vio con vida a Juan Cugura fue en febrero de 1977 en las playas de Villa Gessel. Estaba acompañado por su hermano José, también secuestrado por la dictadura.
El legajo que los descubrió
La periodista Irina Hauser publicó una nota en el diario Página 12 y cuenta cómo la justicia llegó a los policías. Un mecanismo administrativo rutinario de la Policía consiste en dejar constancia en la primera parte del legajo de cada integrante de la fuerza de aquellos hechos que les hayan significado algún reconocimiento, desde una felicitación hasta un ascenso. El expediente completo se guarda en el legajo del policía de mayor jerarquía relacionado con los hechos. Mientras revisaban los legajos del personal de la Superintendencia de Seguridad Federal, el Ministerio de Seguridad encontró felicitaciones similares que conducían al legajo de Rimoldi Fraga, donde apareció el relato pormenorizado de cómo fue “desmembrada” la columna 27 de Montoneros y los pedidos de ascenso y reconocimiento para los agentes de esa operación.
En los papeles amarillos se lee: “Nos hallamos ante una actuación encomiable, que caracteriza al personal de la Institución, consustanciados con los dignos y elevados preceptos del ser humano, que son el jugar con la vida ante intereses de libertad y paz para la Nación (...) observamos el profesionalismo puesto de manifiesto de todos los integrantes de todas las comisiones policiales que actuaron en los sucesos y el riezgo (sic) evidente que corrieron sus vidas ante la peligrosidad puesta de manifiesto por los delincuentes extremistas”. Con estos elogios se intentaba justificar ante la Dirección General de Interior los pedidos de ascenso “por actos de arrojo, abnegación, valor u otras calificaciones semejantes realizados con riesgo personal, real y evidente” para Blanco, Ortiz, Sánchez y Gigli y de una recompensa oficial para Rimoldi Fraga, Romero, Carlos Gómez y Adalberto Maciel, este último fallecido en 2009.