La Municipalidad de Trelew procedió a dar de baja la autorización municipal que habilitaba a un remisero a prestar servicios en el ámbito de la ciudad, en función del incumplimiento de pago de la cuota alimentaria de sus hijos, lo cual está establecido dentro de la resolución de “deudores alimentarios”.
En un comunicado emitido por el municipio, consignaron que “esta es la primera vez que se aplica en Trelew la resolución sobre deudores alimentarios que tiene algún tipo de concesión municipal”.
Por su parte, agregaron que “en cumplimiento de la resolución que indica que ´los deudores alimentarios no pueden tener ninguna concesión municipal´, el intendente de Trelew, Máximo Pérez Catán, dio instrucciones precisas a la autoridad municipal de aplicación para el retiro inmediato de la licencia habilitante, haciéndose eco de las solicitudes cursadas por organizaciones de defensa de género y de derechos del niño”.
Cabe señalar que se llegó a esta resolución luego de un largo proceso, que incluyó la aplicación de la normativa en cuanto a la intimación formal al afectado, con un plazo de cumplimiento de 6 meses, y la negativa por parte de este.
La Municipalidad de Trelew procedió a dar de baja la autorización municipal que habilitaba a un remisero a prestar servicios en el ámbito de la ciudad, en función del incumplimiento de pago de la cuota alimentaria de sus hijos, lo cual está establecido dentro de la resolución de “deudores alimentarios”.
En un comunicado emitido por el municipio, consignaron que “esta es la primera vez que se aplica en Trelew la resolución sobre deudores alimentarios que tiene algún tipo de concesión municipal”.
Por su parte, agregaron que “en cumplimiento de la resolución que indica que ´los deudores alimentarios no pueden tener ninguna concesión municipal´, el intendente de Trelew, Máximo Pérez Catán, dio instrucciones precisas a la autoridad municipal de aplicación para el retiro inmediato de la licencia habilitante, haciéndose eco de las solicitudes cursadas por organizaciones de defensa de género y de derechos del niño”.
Cabe señalar que se llegó a esta resolución luego de un largo proceso, que incluyó la aplicación de la normativa en cuanto a la intimación formal al afectado, con un plazo de cumplimiento de 6 meses, y la negativa por parte de este.