Será en el marco de un plenario de comisiones que se llevará a cabo a partir de las 11, en el Salón Azul de la Cámara alta.
Del encuentro participarán los legisladores de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside el kirchnerista Aníbal Fernández; y de Economía Nacional e Inversión, que encabeza la radical Laura Montero.
La reapertura del canje es una respuesta al fallo desfavorable a la Argentina en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, y persigue el objetivo de garantizar la política de desendeudamiento y la continuidad de pagos de las obligaciones de deuda en tiempo y forma y según la capacidad de pago del país, como se vino haciendo durante los últimos diez años.
La propuesta oficial, anunciada por Cristina Fernández de Kirchner en cadena nacional el lunes, comprende dos iniciativas.
Por un lado, la reapertura del canje de deuda, para el 7% de los holdouts, los que quedaron fuera de los canjes 2005 y 2010, y que incluye a los fondos buitre.
Esta iniciativa reconfirma el tratamiento igualitario a los acreedores ofrecida por la Argentina ante la Cámara de Apelaciones para pagarle a los buitre, que precisó en una propuesta de pago en abril último, donde quienes ingresen podrán canjear títulos y obtener otros con la misma quita que sufrieron quienes entraron al canje 2010.
Se estudia que el canje sea una opción abierta `ad eternum`, en vista de garantizar igual trato a los acreedores de manera permanente, lo que es interpretado como un gesto concreto a la Corte Suprema de Estados Unidos, para que acepte revisar el fallo desfavorable al país, que indicó que Argentina violó la cláusula de pari passu (tratamiento igual) y se la condenó con una fórmula de pago que implica darle un 100% de la deuda a los demandantes.
Asimismo, la propuesta oficial incluyó que, para el 93% que aceptó la reestructuración de la deuda argentina, se habilitará la posibilidad de cambiar voluntariamente los bonos del canje con legislaciones extranjeras, esto es, en Estados Unidos, Inglaterra y Japón, por bonos con legislación nacional, para garantizar el cobro de la deuda cuyo pago pasa por Nueva York (y eventualmente Londres), en el caso de que la Corte Suprema desestime la apelación argentina, o reconfirme el fallo.
Dicho fallo sostiene que la Argentina está obligada a pagarle a los fondos buitre, Aurelius y NML (de Paul Singer), y a 13 inversores minoristas, unos 1330 millones de dólares actualizables, que a cifras actuales serían 1550 millones de dólares.
El juez Thomas Griesa dispuso que se les abone en un solo pago, a costa de los fondos de los bonistas del canje, debido a que no existen activos argentinos en Estados Unidos que se puedan incautar.
Para la Argentina, esto viola la ley de inmunidad soberana y la jurisdicción, desde el punto de vista de que los pagos ya no pertenecen al país cuando llegan a Estados Unidos, porque los mismos se realizan a través de un fideicomiso administrado por el Bank of New York.
En consecuencia, la opción voluntaria de abonar en la Argentina operará como una garantía adicional de pago a los bonistas de los canjes.
La cantidad de bonos con legislación extranjera que ingresaron al canje son el 30% del total, según datos del ministerio de Economía.
Según explicó a Télam el equipo económico, no hace falta enviar una ley al Congreso, ni ofrecer incentivos o cambiar las condiciones del bono en términos de tasa y monto de capital, moneda y plazos.
La opción de pasarse a bonos con legislación local será de "carácter voluntario", y estará abierta en cualquier momento para dar certeza de cobro, que sólo requerirá de la actuación de la Secretaría de Finanzas y de la Caja de Valores.
"Es voluntaria, alternativa, de pago local y convivirá con el esquema de pago actual", subrayaron las fuentes.
Cabe aclarar que mientras no exista una decisión de la Corte Suprema desfavorable al país, los acreedores no tendrían incentivos para cambiar los bonos, con lo cual no se espera que la misma tenga aplicación inmediata.
Esta operación, al ser voluntaria, no implicará la utilización del mecanismo de mayorías para forzar los cambios, cláusulas colectivas (CAC), y quienes deseen seguir recibiendo sus pagos a través del Bank of New York tienen abierta la opción.
El único objetivo es que tengan una garantía adicional de pago.
En el gobierno estiman que "existe mercado" con legislación local, donde la mayoría de los tenedores son inversores institucionales extranjeros, con lo cual creen que, si se confirma el fallo negativo, tendrá aceptación entre grandes inversores, si bien deberán ir a explicarles a pequeños minoristas los cambios, como se hizo en el 2010.
A modo de ejemplo, el 70% del Bonar VII y el 80% del Boden 15, dos activos emitidos bajo ley local, están en manos de fondos institucionales del exterior.
Será en el marco de un plenario de comisiones que se llevará a cabo a partir de las 11, en el Salón Azul de la Cámara alta.
Del encuentro participarán los legisladores de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside el kirchnerista Aníbal Fernández; y de Economía Nacional e Inversión, que encabeza la radical Laura Montero.
La reapertura del canje es una respuesta al fallo desfavorable a la Argentina en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, y persigue el objetivo de garantizar la política de desendeudamiento y la continuidad de pagos de las obligaciones de deuda en tiempo y forma y según la capacidad de pago del país, como se vino haciendo durante los últimos diez años.
La propuesta oficial, anunciada por Cristina Fernández de Kirchner en cadena nacional el lunes, comprende dos iniciativas.
Por un lado, la reapertura del canje de deuda, para el 7% de los holdouts, los que quedaron fuera de los canjes 2005 y 2010, y que incluye a los fondos buitre.
Esta iniciativa reconfirma el tratamiento igualitario a los acreedores ofrecida por la Argentina ante la Cámara de Apelaciones para pagarle a los buitre, que precisó en una propuesta de pago en abril último, donde quienes ingresen podrán canjear títulos y obtener otros con la misma quita que sufrieron quienes entraron al canje 2010.
Se estudia que el canje sea una opción abierta `ad eternum`, en vista de garantizar igual trato a los acreedores de manera permanente, lo que es interpretado como un gesto concreto a la Corte Suprema de Estados Unidos, para que acepte revisar el fallo desfavorable al país, que indicó que Argentina violó la cláusula de pari passu (tratamiento igual) y se la condenó con una fórmula de pago que implica darle un 100% de la deuda a los demandantes.
Asimismo, la propuesta oficial incluyó que, para el 93% que aceptó la reestructuración de la deuda argentina, se habilitará la posibilidad de cambiar voluntariamente los bonos del canje con legislaciones extranjeras, esto es, en Estados Unidos, Inglaterra y Japón, por bonos con legislación nacional, para garantizar el cobro de la deuda cuyo pago pasa por Nueva York (y eventualmente Londres), en el caso de que la Corte Suprema desestime la apelación argentina, o reconfirme el fallo.
Dicho fallo sostiene que la Argentina está obligada a pagarle a los fondos buitre, Aurelius y NML (de Paul Singer), y a 13 inversores minoristas, unos 1330 millones de dólares actualizables, que a cifras actuales serían 1550 millones de dólares.
El juez Thomas Griesa dispuso que se les abone en un solo pago, a costa de los fondos de los bonistas del canje, debido a que no existen activos argentinos en Estados Unidos que se puedan incautar.
Para la Argentina, esto viola la ley de inmunidad soberana y la jurisdicción, desde el punto de vista de que los pagos ya no pertenecen al país cuando llegan a Estados Unidos, porque los mismos se realizan a través de un fideicomiso administrado por el Bank of New York.
En consecuencia, la opción voluntaria de abonar en la Argentina operará como una garantía adicional de pago a los bonistas de los canjes.
La cantidad de bonos con legislación extranjera que ingresaron al canje son el 30% del total, según datos del ministerio de Economía.
Según explicó a Télam el equipo económico, no hace falta enviar una ley al Congreso, ni ofrecer incentivos o cambiar las condiciones del bono en términos de tasa y monto de capital, moneda y plazos.
La opción de pasarse a bonos con legislación local será de "carácter voluntario", y estará abierta en cualquier momento para dar certeza de cobro, que sólo requerirá de la actuación de la Secretaría de Finanzas y de la Caja de Valores.
"Es voluntaria, alternativa, de pago local y convivirá con el esquema de pago actual", subrayaron las fuentes.
Cabe aclarar que mientras no exista una decisión de la Corte Suprema desfavorable al país, los acreedores no tendrían incentivos para cambiar los bonos, con lo cual no se espera que la misma tenga aplicación inmediata.
Esta operación, al ser voluntaria, no implicará la utilización del mecanismo de mayorías para forzar los cambios, cláusulas colectivas (CAC), y quienes deseen seguir recibiendo sus pagos a través del Bank of New York tienen abierta la opción.
El único objetivo es que tengan una garantía adicional de pago.
En el gobierno estiman que "existe mercado" con legislación local, donde la mayoría de los tenedores son inversores institucionales extranjeros, con lo cual creen que, si se confirma el fallo negativo, tendrá aceptación entre grandes inversores, si bien deberán ir a explicarles a pequeños minoristas los cambios, como se hizo en el 2010.
A modo de ejemplo, el 70% del Bonar VII y el 80% del Boden 15, dos activos emitidos bajo ley local, están en manos de fondos institucionales del exterior.