Diputados se enfoca en la reapertura del canje de deuda
La Cámara de Diputados buscará convertir en ley el proyecto de reapertura del canje de deuda, que tendrá los mismos beneficios que se otorgaron en las reestructuraciones realizadas en 2005 y 2010, y que fueron aceptadas por el 93 por ciento de los bonistas.
En una sesión prevista para las 12, los diputados del oficialista Frente para la Victoria, buscarán la sanción del proyecto que hace una semana fue votado y girado por el Senado.
Para ello cuentan con el dictamen favorable que en la tarde del martes emitieron las comisiones Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, tras una reunión de tres horas a la que concurrieron el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el viceministro, Axel Kicillof.
La iniciativa, que permite ingresar en la reestructuración de la deuda a los bonistas que no aceptaron hasta ahora la propuesta argentina, recibió dictamen de mayoría con las firmas del Frente para la Victoria, sus habituales aliados, y el apoyo en disidencia de legisladores de otras bancadas.
Durante la reunión, que fue abierta por el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, Lorenzino aseguró que desde hace diez años la Argentina viene "honrando sus deudas", y responsabilizó al fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York por generar "incertidumbre a la voluntad de pago de la Argentina" hacia los bonistas.
Recordó también que "ya hemos pagado 21.000 millones de dólares a los bonistas de la deuda reestructurada", destacó la cancelación de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reafirmó que "está clara la voluntad de pago que ha tenido la Argentina".
Lorenzino repudió "la acción en estos Fondos Buitre que vuelven a poner la incertidumbre", aunque se mostró confiado en "una nueva instancia en la Corte Suprema" de Estados Unidos y que exista allí "una solución acorde con los argumentos que ha presentado la Argentina".
Por su parte, Kicillof afirmó que la política de desendeudamiento aplicada desde 2003 permitió que en la Argentina la deuda externa "ahora represente un 10% del Producto Bruto Interno", cuando en 2001 era "de un 95%".
En ese sentido volvió a reafirmar que las constantes renegociaciones de deudas "lejos de solucionar los problemas, le han traído a los países más crisis y depresiones y más problemas a la población".
Al momento de las preguntas de los diputados, que terminaron convirtiéndose mayoritariamente en discursos explicativos de las posturas de las bancadas a las que representan, tomó la iniciativa el presidente del bloque radical Ricardo Gil Lavedra.
El parlamentario de la UCR adelantó su apoyo a la reapertura del canje, aunque criticó la decisión del Gobierno por considerar que “está motivada por una decisión judicial”.
“Por qué Argentina demoró casi 15 meses en demostrar alguna voluntad de pago, cuando podría haberlo hecho en noviembre del año pasado”, le preguntó el diputado radical a los funcionarios del Ejecutivo.
Eduardo Amadeo, en nombre del incipiente bloque `Frente Renovador` adelantó que apoyarán el proyecto oficial sobre el canje de deuda, “pues no podemos aceptar que ganen los fondos buitre”, y agregó que la deuda “es una hipoteca que condiciona nuestro futuro y debemos terminarlo”.
Desde la Coalición Cívica, el titular del bloque, Alfonso Prat-Gay, calificó al canje como “un regalo obsceno para los fondos que dos veces nos dijeron que no“, en tanto que en nombre del Frente Amplio Progresista, Gerardo Millman, cuestionó que los proyectos de ley “no especifiquen nada sobre la intención de cambiar el lugar de pago de los bonos”, a lo que Lorenzino le respondió que ese no era un tema que debiera pasar por el Congreso.
El voto en disidencia del PRO lo explicó Julián Obiglio: "Votamos a favor porque no le negaremos al Poder Ejecutivo una herramienta que precisa para solucionar los errores que ha cometido en la administración de la deuda que no ha ingresado al Canje”, señaló.
Claudio Lozano, del bloque Unidad Popular, presentó un dictamen de minoría y lo justificó al señalar que “el núcleo de nuestra diferencia es que el gobierno en ningún momento cuestionó la legitimidad de la deuda pública, por lo tanto, sentarse a discutir con acreedores sin decir que es ilegítima la deuda es sentarse en sus manos y lo que hay que hacer acá es revisar, investigar, auditar el total de la deuda”.
El proyecto enviado hace dos semanas por el Ejecutivo para la reapertura del canje de deuda, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo -que impedía abonar a quienes no hubiesen entrado a los canjes anteriores- y establece que la nueva convocatoria se realizará en "términos y condiciones financieras" similares a la operación concretada en 2010.
En tanto que el artículo segundo del proyecto establece que los "términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10", en referencia a las condiciones de los bonos del canje 2010.
En una sesión prevista para las 12, los diputados del oficialista Frente para la Victoria, buscarán la sanción del proyecto que hace una semana fue votado y girado por el Senado.
Para ello cuentan con el dictamen favorable que en la tarde del martes emitieron las comisiones Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, tras una reunión de tres horas a la que concurrieron el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el viceministro, Axel Kicillof.
La iniciativa, que permite ingresar en la reestructuración de la deuda a los bonistas que no aceptaron hasta ahora la propuesta argentina, recibió dictamen de mayoría con las firmas del Frente para la Victoria, sus habituales aliados, y el apoyo en disidencia de legisladores de otras bancadas.
Durante la reunión, que fue abierta por el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, Lorenzino aseguró que desde hace diez años la Argentina viene "honrando sus deudas", y responsabilizó al fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York por generar "incertidumbre a la voluntad de pago de la Argentina" hacia los bonistas.
Recordó también que "ya hemos pagado 21.000 millones de dólares a los bonistas de la deuda reestructurada", destacó la cancelación de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reafirmó que "está clara la voluntad de pago que ha tenido la Argentina".
Lorenzino repudió "la acción en estos Fondos Buitre que vuelven a poner la incertidumbre", aunque se mostró confiado en "una nueva instancia en la Corte Suprema" de Estados Unidos y que exista allí "una solución acorde con los argumentos que ha presentado la Argentina".
Por su parte, Kicillof afirmó que la política de desendeudamiento aplicada desde 2003 permitió que en la Argentina la deuda externa "ahora represente un 10% del Producto Bruto Interno", cuando en 2001 era "de un 95%".
En ese sentido volvió a reafirmar que las constantes renegociaciones de deudas "lejos de solucionar los problemas, le han traído a los países más crisis y depresiones y más problemas a la población".
Al momento de las preguntas de los diputados, que terminaron convirtiéndose mayoritariamente en discursos explicativos de las posturas de las bancadas a las que representan, tomó la iniciativa el presidente del bloque radical Ricardo Gil Lavedra.
El parlamentario de la UCR adelantó su apoyo a la reapertura del canje, aunque criticó la decisión del Gobierno por considerar que “está motivada por una decisión judicial”.
“Por qué Argentina demoró casi 15 meses en demostrar alguna voluntad de pago, cuando podría haberlo hecho en noviembre del año pasado”, le preguntó el diputado radical a los funcionarios del Ejecutivo.
Eduardo Amadeo, en nombre del incipiente bloque `Frente Renovador` adelantó que apoyarán el proyecto oficial sobre el canje de deuda, “pues no podemos aceptar que ganen los fondos buitre”, y agregó que la deuda “es una hipoteca que condiciona nuestro futuro y debemos terminarlo”.
Desde la Coalición Cívica, el titular del bloque, Alfonso Prat-Gay, calificó al canje como “un regalo obsceno para los fondos que dos veces nos dijeron que no“, en tanto que en nombre del Frente Amplio Progresista, Gerardo Millman, cuestionó que los proyectos de ley “no especifiquen nada sobre la intención de cambiar el lugar de pago de los bonos”, a lo que Lorenzino le respondió que ese no era un tema que debiera pasar por el Congreso.
El voto en disidencia del PRO lo explicó Julián Obiglio: "Votamos a favor porque no le negaremos al Poder Ejecutivo una herramienta que precisa para solucionar los errores que ha cometido en la administración de la deuda que no ha ingresado al Canje”, señaló.
Claudio Lozano, del bloque Unidad Popular, presentó un dictamen de minoría y lo justificó al señalar que “el núcleo de nuestra diferencia es que el gobierno en ningún momento cuestionó la legitimidad de la deuda pública, por lo tanto, sentarse a discutir con acreedores sin decir que es ilegítima la deuda es sentarse en sus manos y lo que hay que hacer acá es revisar, investigar, auditar el total de la deuda”.
El proyecto enviado hace dos semanas por el Ejecutivo para la reapertura del canje de deuda, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo -que impedía abonar a quienes no hubiesen entrado a los canjes anteriores- y establece que la nueva convocatoria se realizará en "términos y condiciones financieras" similares a la operación concretada en 2010.
En tanto que el artículo segundo del proyecto establece que los "términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10", en referencia a las condiciones de los bonos del canje 2010.