Pagani dijo que no cometió delito y criticó por falsas las declaraciones de Lüters y Papaiani

El exministro de Infraestructura aseguró que el testimonio de su par de causa fue “absurda” y que el empresario de la construcción fue “mendaz y mentiroso”. Recordó que su trabajo no era hacer órdenes de pago y por eso no tenía sentido que lo coimeen. “La mejor publicidad era detenerme”, dijo.

19 MAR 2021 - 19:32 | Actualizado

El exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, aseguró que “no cometí ningún delito”, que nunca integró una asociación ilícita y criticó los testimonios de Diego Lüters y del empresario de la construcción de Rawson, Carlos Papaiani. Ambos lo involucraron en los retornos de la obra pública durante el tercer gobierno de Mario Das Neves con dichos que el ingeniero consideró falsos.

Ante el tribunal en la Oficina Judicial de Rawson, Pagani aclaró que Fiscalía lo acusó de “llenarse los bolsillos” pero que curiosamente no le imputó enriquecimiento ilícito. “Sencillamente porque jamás lo hubo”, dijo. Y que como ministro jamás pudo pedir coimas para liberar fondos porque no era él quien hacía las órdenes de pago.

“Para mí siempre fue difícil entender la acusación. Mi lógica matemática como ingeniero me condiciona –explicó sobre la investigación-. Estoy convencido de que como partieron de premisas falsas, llegaron a conclusiones falsas. Eso siento”.

Según Pagani, en la época de los presuntos retornos sólo hizo su trabajo. “Vaya a saber por qué motivo, pero puedo suponerlo, Lüters, acusado por un delito, sorpresivamente en una declaración absurda me vincula. Desde su oficina a 10 cuadras de la mía pretende interpretar cómo era mi trabajo como ministro y mi relación con el gobernador y su entorno, y cómo, cuándo y para qué un ministro intercambia información con ellos”.

Aseguró que todo el tiempo Das Neves recibía informes sobre obra pública de todo tipo desde Infraestructura igual que su sucesor, Mariano Arcioni. “Siempre atendí los requerimientos del gobernador pero acá me dicen que eso es un crimen. También dicen que esas planillas me volvían con tachaduras y enmiendas, pero no mostraron ni una sola simplemente porque ese mecanismo nunca existió”.

Luego le apuntó a Papaiani, expresidente de la Cámara de la Construcción, testigo clave del fiscal Marcos Nápoli. “Es el único empresario que generó dudas sobre mi actuación. Pero fue mendaz y mentiroso, y quedó en evidencia. Con 20 años de experiencia no podía desconocer que las adjudicaciones son por decreto”.

Pagani subrayó que la obra del Centro Profesional que el empresario dijo que le quitaron “nunca la tuvo adjudicada porque nunca pasó el control de Fiscalía de Estado, dada de baja por un informe negativo. Es más: no se le adjudicó a nadie”. El ingeniero deslizó que este dato pudo saberse al inicio de la causa pero nadie se preocupó por saber si Papaiani decía la verdad.

En detalle

El imputado se paró ante los jueces para explicar en detalles dos expedientes de obra y la burocracia hasta su pago. “No hay ningún trámite en el Estado que pueda hacerse fuera de sistema. Por eso no entiendo de que me acusan; me mezclan con Economía y con el IPV pero nunca me dijeron en cuál expediente concreto o en cuál certificado intervine para poder explicarlo”.

Recordó que al inicio del caso pidió declarar pero “era mejor publicidad detenerme”. Y que el célebre memorándum firmado por el gobernador para que todas las contrataciones pasen por Diego Correa “es una piedra fundamental de esta presunta asociación cuando en realidad en todas las gestiones hubo similares. Esta es mi verdad y la verdad de los hechos”.

El memo

El abogado Gustavo Uad trabajó en la Asesoría General de Gobierno hasta la renuncia de Víctor Cisterna como ministro coordinador, y declaró convocado por su defensa.

Dijo que el memorándum 7/16 “fue decisión del gobernador” ya que la situación económica del Tercer Gobierno “era un verdadero pantanal” y era urgente ordenar los gastos por prioridades. “Me tocó vivirlo porque era parte de mi función”, describió. Pero aclaró que ese memo no se aplicaba a los pagos de la obra pública por contratos anteriores a la gestión Das Neves.

“Este tipo de instrucciones existen desde la época de Atilio Viglione. El criterio era la urgencia y la necesidad de mantener el Estado funcionando”.

El juicio seguirá el 24 y 25 de marzo con más pruebas y declaración de imputados.

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19 MAR 2021 - 19:32

El exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, aseguró que “no cometí ningún delito”, que nunca integró una asociación ilícita y criticó los testimonios de Diego Lüters y del empresario de la construcción de Rawson, Carlos Papaiani. Ambos lo involucraron en los retornos de la obra pública durante el tercer gobierno de Mario Das Neves con dichos que el ingeniero consideró falsos.

Ante el tribunal en la Oficina Judicial de Rawson, Pagani aclaró que Fiscalía lo acusó de “llenarse los bolsillos” pero que curiosamente no le imputó enriquecimiento ilícito. “Sencillamente porque jamás lo hubo”, dijo. Y que como ministro jamás pudo pedir coimas para liberar fondos porque no era él quien hacía las órdenes de pago.

“Para mí siempre fue difícil entender la acusación. Mi lógica matemática como ingeniero me condiciona –explicó sobre la investigación-. Estoy convencido de que como partieron de premisas falsas, llegaron a conclusiones falsas. Eso siento”.

Según Pagani, en la época de los presuntos retornos sólo hizo su trabajo. “Vaya a saber por qué motivo, pero puedo suponerlo, Lüters, acusado por un delito, sorpresivamente en una declaración absurda me vincula. Desde su oficina a 10 cuadras de la mía pretende interpretar cómo era mi trabajo como ministro y mi relación con el gobernador y su entorno, y cómo, cuándo y para qué un ministro intercambia información con ellos”.

Aseguró que todo el tiempo Das Neves recibía informes sobre obra pública de todo tipo desde Infraestructura igual que su sucesor, Mariano Arcioni. “Siempre atendí los requerimientos del gobernador pero acá me dicen que eso es un crimen. También dicen que esas planillas me volvían con tachaduras y enmiendas, pero no mostraron ni una sola simplemente porque ese mecanismo nunca existió”.

Luego le apuntó a Papaiani, expresidente de la Cámara de la Construcción, testigo clave del fiscal Marcos Nápoli. “Es el único empresario que generó dudas sobre mi actuación. Pero fue mendaz y mentiroso, y quedó en evidencia. Con 20 años de experiencia no podía desconocer que las adjudicaciones son por decreto”.

Pagani subrayó que la obra del Centro Profesional que el empresario dijo que le quitaron “nunca la tuvo adjudicada porque nunca pasó el control de Fiscalía de Estado, dada de baja por un informe negativo. Es más: no se le adjudicó a nadie”. El ingeniero deslizó que este dato pudo saberse al inicio de la causa pero nadie se preocupó por saber si Papaiani decía la verdad.

En detalle

El imputado se paró ante los jueces para explicar en detalles dos expedientes de obra y la burocracia hasta su pago. “No hay ningún trámite en el Estado que pueda hacerse fuera de sistema. Por eso no entiendo de que me acusan; me mezclan con Economía y con el IPV pero nunca me dijeron en cuál expediente concreto o en cuál certificado intervine para poder explicarlo”.

Recordó que al inicio del caso pidió declarar pero “era mejor publicidad detenerme”. Y que el célebre memorándum firmado por el gobernador para que todas las contrataciones pasen por Diego Correa “es una piedra fundamental de esta presunta asociación cuando en realidad en todas las gestiones hubo similares. Esta es mi verdad y la verdad de los hechos”.

El memo

El abogado Gustavo Uad trabajó en la Asesoría General de Gobierno hasta la renuncia de Víctor Cisterna como ministro coordinador, y declaró convocado por su defensa.

Dijo que el memorándum 7/16 “fue decisión del gobernador” ya que la situación económica del Tercer Gobierno “era un verdadero pantanal” y era urgente ordenar los gastos por prioridades. “Me tocó vivirlo porque era parte de mi función”, describió. Pero aclaró que ese memo no se aplicaba a los pagos de la obra pública por contratos anteriores a la gestión Das Neves.

“Este tipo de instrucciones existen desde la época de Atilio Viglione. El criterio era la urgencia y la necesidad de mantener el Estado funcionando”.

El juicio seguirá el 24 y 25 de marzo con más pruebas y declaración de imputados.


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