Por primera vez, Correa confesó que pidió retornos por orden de Das Neves
El exsecretario privado del fallecido gobernador no habló pero lo admitió a través de su defensor. Advirtió que “su voluntad no es hablar de los muertos”. Oca también aceptó los cohechos. Pidieron la absolución de Alejandro Pagani.
Por primera vez desde su detención en marzo de 2018, Diego Correa confesó haber pedido retornos a empresas de la obra pública en Chubut a cambio de destrabar pagos. Y admitió que cumplía órdenes de su jefe directo, el fallecido gobernador Mario Das Neves. El exsecretario privado no declaró en la Causa Revelación pero hizo este reconocimiento clave ayer través de su defensor Fabián Gabalachis, durante su alegato en la Oficina Judicial de Rawson.
“Correa me hizo saber que su silencio obedece al reconocimiento de que estuvo inmerso en los hechos de la acusación”, explicó el penalista ante el tribunal en el juicio oral y público.
“Tuvimos largas charlas para tratar de ensayar alguna respuesta que neutralice la imputación, pero esa respuesta en todos los casos giró sobre la idea, que se corroboró en este juicio, de que obedecía órdenes superiores”, añadió.
Gabalachis advirtió que aunque tras pensarlo mucho Correa prefirió no prestar testimonio, se debe a que “su voluntad tampoco es hablar de los muertos. Por eso hace su reconocimiento en esta audiencia a través de mis palabras”.
En su alegato, el defensor dijo que tanto Correa como el exministro de Economía Pablo Oca “aceptan lisa y llanamente” los episodios de cohecho que les imputa el fiscal Marcos Nápoli.
Pero con un extenso repaso de doctrina y jurisprudencia, pidió a los jueces que declaren inconstitucional la figura de la “asociación ilícita”. Para el caso de que la validen, reclamó que Correa sea considerado miembro del grupo criminal y no “organizador”.
Según su lógica, si Víctor Cisterna fue el primer organizador del grupo y tras su renuncia el esquema de recaudación ilegal siguió tal cual, “¿cuál es el argumento para decir que Correa pasó automáticamente de ser miembro a organizador?”. En este sentido, “en el grupo ya estaba todo organizado y nada varió”.
Gabalachis subrayó que “hay un uso exagerado de la figura de la asociación ilícita para bloquear las excarcelaciones; sucedió en esta causa, en El Embrujo y en causas por corrupción estatales a nivel nacional que día a día vemos cómo se desvanecen”.
Luego alegó Carlos Villada, abogado del exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani. “Mi trabajo como defensor fue muy difícil porque nunca hubo una descripción precisa de los hechos que imputan, y como no me dijeron de qué expediente dudaban, no pude producir prueba. Nunca individualizaron qué obras y certificados cuestionaban”.
Insistió con que el ingeniero no participaba de la confección de las órdenes de pago. No podía retrasar ni acelerar intencionalmente un expediente.
“Por eso los 3 cohechos que le imputan son de imposible cumplimiento; todo lo que hizo fue dentro de sus misiones y funciones por ley”, graficó.
“Fiscalía forzó, tergiversó y maquilló argumentos para poder encajar a Pagani como miembro de una asociación ilícita. No hay ninguna prueba válida de eso”.
En cuanto a Carlos Papaiani, empresario y expresidente de la Cámara de la Construcción que comprometió al imputado, el defensor lo calificó de “mendaz y mentiroso”.
Recordó que la obra que presuntamente le reclamó a Pagani, que lo habría enviado a una charla con Correa, “Papaiani nunca la tuvo adjudicada”.
Villada remarcó que el exministro no traficó con Fontana 50 planillas con empresas “marcadas” sino que sólo envió información técnica de su cartera, clave para la Tercera Gobernación de Das Neves. “Es un absurdo que se considere delito el traslado de planillas”, alegó.
El abogado pidió la absolución: “Y no por el beneficio de la duda sino porque hay certeza absoluta de que no integró ninguna asociación ni participó en cohechos”.
Hoy será el último día de alegatos. Será el turno de Emilio Galende, defensor de Cisterna; Jorge Rubiolo, abogado de Martín Bortagaray; Federico Ruffa, letrado de Gonzalo Carpintero; Abdo Manyauik, representante de Martín Castillo, y Lisandro Benítez, patrocinante de Lüters.
Aunque algunos de los defensores habían pedido todavía más días para preparar su intervención, el presidente del tribunal, Mariano Nicosia, les hizo una fuerte advertencia: “No podemos tomar a la ligera el mal uso del tiempo y no admitiremos más dilaciones”.
Por primera vez desde su detención en marzo de 2018, Diego Correa confesó haber pedido retornos a empresas de la obra pública en Chubut a cambio de destrabar pagos. Y admitió que cumplía órdenes de su jefe directo, el fallecido gobernador Mario Das Neves. El exsecretario privado no declaró en la Causa Revelación pero hizo este reconocimiento clave ayer través de su defensor Fabián Gabalachis, durante su alegato en la Oficina Judicial de Rawson.
“Correa me hizo saber que su silencio obedece al reconocimiento de que estuvo inmerso en los hechos de la acusación”, explicó el penalista ante el tribunal en el juicio oral y público.
“Tuvimos largas charlas para tratar de ensayar alguna respuesta que neutralice la imputación, pero esa respuesta en todos los casos giró sobre la idea, que se corroboró en este juicio, de que obedecía órdenes superiores”, añadió.
Gabalachis advirtió que aunque tras pensarlo mucho Correa prefirió no prestar testimonio, se debe a que “su voluntad tampoco es hablar de los muertos. Por eso hace su reconocimiento en esta audiencia a través de mis palabras”.
En su alegato, el defensor dijo que tanto Correa como el exministro de Economía Pablo Oca “aceptan lisa y llanamente” los episodios de cohecho que les imputa el fiscal Marcos Nápoli.
Pero con un extenso repaso de doctrina y jurisprudencia, pidió a los jueces que declaren inconstitucional la figura de la “asociación ilícita”. Para el caso de que la validen, reclamó que Correa sea considerado miembro del grupo criminal y no “organizador”.
Según su lógica, si Víctor Cisterna fue el primer organizador del grupo y tras su renuncia el esquema de recaudación ilegal siguió tal cual, “¿cuál es el argumento para decir que Correa pasó automáticamente de ser miembro a organizador?”. En este sentido, “en el grupo ya estaba todo organizado y nada varió”.
Gabalachis subrayó que “hay un uso exagerado de la figura de la asociación ilícita para bloquear las excarcelaciones; sucedió en esta causa, en El Embrujo y en causas por corrupción estatales a nivel nacional que día a día vemos cómo se desvanecen”.
Luego alegó Carlos Villada, abogado del exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani. “Mi trabajo como defensor fue muy difícil porque nunca hubo una descripción precisa de los hechos que imputan, y como no me dijeron de qué expediente dudaban, no pude producir prueba. Nunca individualizaron qué obras y certificados cuestionaban”.
Insistió con que el ingeniero no participaba de la confección de las órdenes de pago. No podía retrasar ni acelerar intencionalmente un expediente.
“Por eso los 3 cohechos que le imputan son de imposible cumplimiento; todo lo que hizo fue dentro de sus misiones y funciones por ley”, graficó.
“Fiscalía forzó, tergiversó y maquilló argumentos para poder encajar a Pagani como miembro de una asociación ilícita. No hay ninguna prueba válida de eso”.
En cuanto a Carlos Papaiani, empresario y expresidente de la Cámara de la Construcción que comprometió al imputado, el defensor lo calificó de “mendaz y mentiroso”.
Recordó que la obra que presuntamente le reclamó a Pagani, que lo habría enviado a una charla con Correa, “Papaiani nunca la tuvo adjudicada”.
Villada remarcó que el exministro no traficó con Fontana 50 planillas con empresas “marcadas” sino que sólo envió información técnica de su cartera, clave para la Tercera Gobernación de Das Neves. “Es un absurdo que se considere delito el traslado de planillas”, alegó.
El abogado pidió la absolución: “Y no por el beneficio de la duda sino porque hay certeza absoluta de que no integró ninguna asociación ni participó en cohechos”.
Hoy será el último día de alegatos. Será el turno de Emilio Galende, defensor de Cisterna; Jorge Rubiolo, abogado de Martín Bortagaray; Federico Ruffa, letrado de Gonzalo Carpintero; Abdo Manyauik, representante de Martín Castillo, y Lisandro Benítez, patrocinante de Lüters.
Aunque algunos de los defensores habían pedido todavía más días para preparar su intervención, el presidente del tribunal, Mariano Nicosia, les hizo una fuerte advertencia: “No podemos tomar a la ligera el mal uso del tiempo y no admitiremos más dilaciones”.