Se volvió a postergar el juicio al exmarino Roberto Guillermo Bravo
Es el único de los responsables de los asesinatos de 1972 en la Base Almirante Zar que ha logrado eludir a la Justicia. Familiares de cuatro víctimas le iniciaron una demanda civil en EE.UU., donde reside. Las audiencias se pasaron para el 27 de junio.
El juicio en Estados Unidos al exmarino Roberto Guillermo Bravo, acusado por los fusilamientos de 16 presos políticos en la Base Almirante Zar de Trelew en 1972, sufrió una nueva postergación y ahora se anunció que se realizará a partir del próximo 27 de junio.
Es la segunda vez que se posterga el inicio de este juicio: primero había sido pactado para el 28 de febrero y luego se postergó para el 13 de junio por un pedido de la defensa, que adujo razones de salud del acusado.
A casi 50 años de la Masacre de Trelew (ocurrida el 17 de agosto de 1972) Bravo es el único de los marinos acusados que ha logrado eludir la acción de la justicia ya que desde 1973 vive en Estados Unidos y desde comienzos de los años 80 es ciudadano de ese país.
Bravo intentó ser extraditado por la Justicia argentina en 2010, pero el pedido fue rechazado por un juez del Estado de la Florida, en donde reside hace más de 30 años y es un empresario millonario.
El año pasado, familiares de cuatro de las 19 víctimas (16 murieron en los fusilamientos en la Base Zar y tres resultaron con graves heridas) demandaron a Bravo por su presunto papel en la Masacre. La demanda se basa en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA) y busca la rendición de cuentas y reparación.
Bravo es el único que no pudo ser enjuiciado en 2012 cuando se desarrolló en Rawson el juicio por la Masacre de Trelew ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Aquella vez, el tribunal condenó a prisión perpetua a los exmarinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino por sus responsabilidades en los fusilamientos.
Tras la Masacre, el entonces teniente Bravo fue protegido por la Armada Argentina y en 1973 fue enviado a Estados Unidos como agregado militar en la Embajada Argentina. En 1979 se retiró de la Armada y se quedó a vivir en Estados Unidos, donde pocos años después fue beneficiado con la ciudadanía norteamericana.
Con fuertes vínculos con las fuerzas armadas de Estados Unidos, Bravo se convirtió en un empresario próspero bajo el paraguas de jugosos contratos con el Departamento de Estado. Su mejor negocio lo hizo en 1990, cuando formó RGB Group Inc., una empresa de servicios de salud a la que, a pesar de su habitual bajo perfil, le denominó con las iniciales de sus dos nombres y apellido.
Por más de 20 años, Bravo, su mujer, Ana María Girodano, y un hijo (Fernando) manejaron los hilos de esta empresa que facturó millones nada más y nada menos que al propio Estado norteamericano. El primer gran contrato, por la friolera de 27 millones de dólares, fue para proveer servicios de contralor médico, paramédicos y odontólogos para la US Air Force. Hubo otros contratos millonarios para cuestiones más complejas, como la genética molecular.
Con el paso de los años, Bravo, Giordano y sus hijos lideraron distintas empresas, entre ellas algunas dedicadas a los negocios inmobiliarios en Miami.
Cómo será el juicio
El Center for Justice Accountability (CJA) -en forma conjunta con los estudios jurídicos Keker, Van Nest & Peters LLP y Markus / Moss PLLP- presentó una demanda civil en representación de familiares de cuatro víctimas, con el acompañamiento del CELS.
Este proceso civil, que comenzó en octubre de 2020 y que llegará ahora llegará juicio a finales de junio, avanza por separado a un nuevo pedido de extradición que por ahora está sin resolución de la Justicia norteamericana.
El equipo legal en EE.UU., a cargo de la abogada Claret Vargas, presentará prueba testimonial y documental del homicidio y tentativa de homicidio de Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps, y del impacto duradero de estos hechos, incluido el testimonio de familiares y peritos. Se le pedirá a un jurado que halle a Bravo legalmente responsable y que otorgue daños compensatorios y punitivos.
El juicio en Estados Unidos al exmarino Roberto Guillermo Bravo, acusado por los fusilamientos de 16 presos políticos en la Base Almirante Zar de Trelew en 1972, sufrió una nueva postergación y ahora se anunció que se realizará a partir del próximo 27 de junio.
Es la segunda vez que se posterga el inicio de este juicio: primero había sido pactado para el 28 de febrero y luego se postergó para el 13 de junio por un pedido de la defensa, que adujo razones de salud del acusado.
A casi 50 años de la Masacre de Trelew (ocurrida el 17 de agosto de 1972) Bravo es el único de los marinos acusados que ha logrado eludir la acción de la justicia ya que desde 1973 vive en Estados Unidos y desde comienzos de los años 80 es ciudadano de ese país.
Bravo intentó ser extraditado por la Justicia argentina en 2010, pero el pedido fue rechazado por un juez del Estado de la Florida, en donde reside hace más de 30 años y es un empresario millonario.
El año pasado, familiares de cuatro de las 19 víctimas (16 murieron en los fusilamientos en la Base Zar y tres resultaron con graves heridas) demandaron a Bravo por su presunto papel en la Masacre. La demanda se basa en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA) y busca la rendición de cuentas y reparación.
Bravo es el único que no pudo ser enjuiciado en 2012 cuando se desarrolló en Rawson el juicio por la Masacre de Trelew ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Aquella vez, el tribunal condenó a prisión perpetua a los exmarinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino por sus responsabilidades en los fusilamientos.
Tras la Masacre, el entonces teniente Bravo fue protegido por la Armada Argentina y en 1973 fue enviado a Estados Unidos como agregado militar en la Embajada Argentina. En 1979 se retiró de la Armada y se quedó a vivir en Estados Unidos, donde pocos años después fue beneficiado con la ciudadanía norteamericana.
Con fuertes vínculos con las fuerzas armadas de Estados Unidos, Bravo se convirtió en un empresario próspero bajo el paraguas de jugosos contratos con el Departamento de Estado. Su mejor negocio lo hizo en 1990, cuando formó RGB Group Inc., una empresa de servicios de salud a la que, a pesar de su habitual bajo perfil, le denominó con las iniciales de sus dos nombres y apellido.
Por más de 20 años, Bravo, su mujer, Ana María Girodano, y un hijo (Fernando) manejaron los hilos de esta empresa que facturó millones nada más y nada menos que al propio Estado norteamericano. El primer gran contrato, por la friolera de 27 millones de dólares, fue para proveer servicios de contralor médico, paramédicos y odontólogos para la US Air Force. Hubo otros contratos millonarios para cuestiones más complejas, como la genética molecular.
Con el paso de los años, Bravo, Giordano y sus hijos lideraron distintas empresas, entre ellas algunas dedicadas a los negocios inmobiliarios en Miami.
Cómo será el juicio
El Center for Justice Accountability (CJA) -en forma conjunta con los estudios jurídicos Keker, Van Nest & Peters LLP y Markus / Moss PLLP- presentó una demanda civil en representación de familiares de cuatro víctimas, con el acompañamiento del CELS.
Este proceso civil, que comenzó en octubre de 2020 y que llegará ahora llegará juicio a finales de junio, avanza por separado a un nuevo pedido de extradición que por ahora está sin resolución de la Justicia norteamericana.
El equipo legal en EE.UU., a cargo de la abogada Claret Vargas, presentará prueba testimonial y documental del homicidio y tentativa de homicidio de Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps, y del impacto duradero de estos hechos, incluido el testimonio de familiares y peritos. Se le pedirá a un jurado que halle a Bravo legalmente responsable y que otorgue daños compensatorios y punitivos.