Caso Benítez: la culpa no es del chancho
- Por Esteban Gallo
Jornada reveló ayer con lujo de detalles el contenido del descargo efectuado por el Defensor de Trelew Lisandro Benitez, antes de que el Consejo de la Magistratura decidiera elevar su caso a un jury de enjuiciamiento.
“Puedo afirmar que soy otra persona, con un nuevo estilo de vida personal y acorde al cargo que ejerzo” dijo el alto funcionario judicial, que será juzgado por intentar escapar de un control policial en octubre de 2023, luego de chocar con su camioneta Jeep Commander el auto de un vecino de Trelew que lo persiguió durante varias cuadras hasta alcanzarlo en 25 de Mayo y Belgrano, frente al Casino.
Según la policía, Benítez, que presentaba signos de intoxicación alcohólica, se negó a que le realizaran el test de alcoholemia y como si todo eso fuera poco, intentó escaparse otra vez, poniendo en riesgo la integridad física del agente que se había colocado frente a su camioneta.
El problema para Benítez es que no se trató de un hecho aislado. Los medios reflejaron por lo menos otros dos episodios escandalosos. En 2020 el defensor fue acusado de orinar en la calle en estado de ebriedad y golpear a un policía y en febrero de 2022 dio positivo un test de alcoholemia. En esa ocasión, conducía una camioneta Jeep Compass que fue secuestrada.
Esto demuestra palmariamente que no estamos en presencia de un funcionario judicial al que no se le hayan dado oportunidades. Al contrario, presenciamos un culebrón en el que la corporación judicial hizo la vista gorda durante mucho tiempo, hasta que, apremiada por el compilado de trapisondas de Benítez, se vio obligada a hacer algo.
La culpa no es del chancho…reza el dicho popular…si no del que le da de comer.
Hablamos de hechos reiterados que habrían comenzado por lo menos hace 5 años atrás.
Imagínense si un diputado provincial es sorprendido beodo, orinando en la calle y haciéndose el pendenciero con la policía. ¿Cuánto tiempo duraría en el cargo? ¿Qué sucedería si un ministro o un secretario del gobierno provincial escapara de un control policial, en estado de ebriedad, intentando atropellar al personal de tránsito? Al otro día estaría de patitas en la calle.
Estamos en presencia de un hecho escandaloso, ocurrido hace dos años atrás, con inconductas que comenzaron mucho antes, y la Justicia a la que pertenece Benitez todavía está a las vueltas, como si le importara un comino limpiar su imagen y su falta de credibilidad.
Del testimonio del compungido Benítez se imponen algunas preguntas que el Poder Judicial debería responder.
El Defensor admite haber “descuidado” su salud mental tras protagonizar un accidente automovilístico unos años antes de ingresar a la Justicia.
“Creí que lo podía resolver por cuenta propia, o que era algo pasajero o fácil de resolver. Pero me equivoqué e incurrí en muchos errores que me llevaron a abusar del alcohol”, dijo a los miembros del Consejo de la Magistratura.
La pregunta que surge es ¿cómo puede ser que el Poder Judicial, que supuestamente posee un área de Recursos Humanos y cuerpos médicos muy calificados no haya detectado el ingreso a la Defensa Pública de un profesional que tenía serios problemas psicológicos y de alcoholismo?
El mismo reconoce que ya arrastraba esas dolencias antes de ser miembro de la Justicia chubutense. A alguien se le escapó la tortuga.
El otro cuestionamiento que se le debe hacer al Poder Judicial está relacionado con la salud del Dr. Benítez. El alcoholismo es una enfermedad compleja que debe tratarse a fondo. En vez de soslayar las inconductas del Defensor lo que debieron hacer es separar al magistrado de la función pública el tiempo que fuera necesario y acompañarlo en los tratamientos que requerían su enfermedad.
De esa forma habrían cuidado apropiadamente al operador judicial y además se habrían ahorrado el escarnio público del que, ahora, todo el Poder Judicial es objeto.
Una última reflexión. “Necesito seguir siendo un defensor público” le dijo entre sollozos el Dr. Benítez a los miembros del Consejo de la Magistratura.
Alguien debería decirle al Defensor y a todos los integrantes del sistema, que el Estado, del que también forma parte la Justicia, no está para “salvarle las papas” a un operador judicial incompetente sino para hacerse cargo de las necesidades de la sociedad chubutense que necesita funcionarios probos, eficientes y capacitados para cumplir con la tarea que deben cumplir.
Es lo mínimo que deberían garantizar.
- Por Esteban Gallo
Jornada reveló ayer con lujo de detalles el contenido del descargo efectuado por el Defensor de Trelew Lisandro Benitez, antes de que el Consejo de la Magistratura decidiera elevar su caso a un jury de enjuiciamiento.
“Puedo afirmar que soy otra persona, con un nuevo estilo de vida personal y acorde al cargo que ejerzo” dijo el alto funcionario judicial, que será juzgado por intentar escapar de un control policial en octubre de 2023, luego de chocar con su camioneta Jeep Commander el auto de un vecino de Trelew que lo persiguió durante varias cuadras hasta alcanzarlo en 25 de Mayo y Belgrano, frente al Casino.
Según la policía, Benítez, que presentaba signos de intoxicación alcohólica, se negó a que le realizaran el test de alcoholemia y como si todo eso fuera poco, intentó escaparse otra vez, poniendo en riesgo la integridad física del agente que se había colocado frente a su camioneta.
El problema para Benítez es que no se trató de un hecho aislado. Los medios reflejaron por lo menos otros dos episodios escandalosos. En 2020 el defensor fue acusado de orinar en la calle en estado de ebriedad y golpear a un policía y en febrero de 2022 dio positivo un test de alcoholemia. En esa ocasión, conducía una camioneta Jeep Compass que fue secuestrada.
Esto demuestra palmariamente que no estamos en presencia de un funcionario judicial al que no se le hayan dado oportunidades. Al contrario, presenciamos un culebrón en el que la corporación judicial hizo la vista gorda durante mucho tiempo, hasta que, apremiada por el compilado de trapisondas de Benítez, se vio obligada a hacer algo.
La culpa no es del chancho…reza el dicho popular…si no del que le da de comer.
Hablamos de hechos reiterados que habrían comenzado por lo menos hace 5 años atrás.
Imagínense si un diputado provincial es sorprendido beodo, orinando en la calle y haciéndose el pendenciero con la policía. ¿Cuánto tiempo duraría en el cargo? ¿Qué sucedería si un ministro o un secretario del gobierno provincial escapara de un control policial, en estado de ebriedad, intentando atropellar al personal de tránsito? Al otro día estaría de patitas en la calle.
Estamos en presencia de un hecho escandaloso, ocurrido hace dos años atrás, con inconductas que comenzaron mucho antes, y la Justicia a la que pertenece Benitez todavía está a las vueltas, como si le importara un comino limpiar su imagen y su falta de credibilidad.
Del testimonio del compungido Benítez se imponen algunas preguntas que el Poder Judicial debería responder.
El Defensor admite haber “descuidado” su salud mental tras protagonizar un accidente automovilístico unos años antes de ingresar a la Justicia.
“Creí que lo podía resolver por cuenta propia, o que era algo pasajero o fácil de resolver. Pero me equivoqué e incurrí en muchos errores que me llevaron a abusar del alcohol”, dijo a los miembros del Consejo de la Magistratura.
La pregunta que surge es ¿cómo puede ser que el Poder Judicial, que supuestamente posee un área de Recursos Humanos y cuerpos médicos muy calificados no haya detectado el ingreso a la Defensa Pública de un profesional que tenía serios problemas psicológicos y de alcoholismo?
El mismo reconoce que ya arrastraba esas dolencias antes de ser miembro de la Justicia chubutense. A alguien se le escapó la tortuga.
El otro cuestionamiento que se le debe hacer al Poder Judicial está relacionado con la salud del Dr. Benítez. El alcoholismo es una enfermedad compleja que debe tratarse a fondo. En vez de soslayar las inconductas del Defensor lo que debieron hacer es separar al magistrado de la función pública el tiempo que fuera necesario y acompañarlo en los tratamientos que requerían su enfermedad.
De esa forma habrían cuidado apropiadamente al operador judicial y además se habrían ahorrado el escarnio público del que, ahora, todo el Poder Judicial es objeto.
Una última reflexión. “Necesito seguir siendo un defensor público” le dijo entre sollozos el Dr. Benítez a los miembros del Consejo de la Magistratura.
Alguien debería decirle al Defensor y a todos los integrantes del sistema, que el Estado, del que también forma parte la Justicia, no está para “salvarle las papas” a un operador judicial incompetente sino para hacerse cargo de las necesidades de la sociedad chubutense que necesita funcionarios probos, eficientes y capacitados para cumplir con la tarea que deben cumplir.
Es lo mínimo que deberían garantizar.