“Se gastaban millones y no había ningún control”, dijo el interventor
Rodrigo San Martín, interventor de Seros, presentó una denuncia ante la Justicia debido a las irregularidades detectadas durante una auditoría en la obra social. La investigación abarca desde el manejo de fondos por parte de empleados ya suspendidos hasta la compra de materiales y la inversión en infraestructura.
El interventor de Seros, Rodrigo San Martín, elevó este viernes una denuncia ante el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez, por diversas irregularidades detectadas durante la auditoría a la obra social.
San Martín reveló que se constataron una multiplicad de hechos, que van desde posibles sobreprecios hasta entrega de materiales en domicilios ficticios: “En principio hay suspendidos dos empleados de muchos años del Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS). Ellos cumplían funciones en la sede central. Trabajaban en un departamento encargado del mantenimiento edilicio, cuyas funciones iban desde la compra de blanquearía para los complejos turísticos hasta incluso armar la licitación de la obra de Comodoro Rivadavia”. Los dos trabajadores continuarán suspendidos, supeditado todo al avance de la investigación.
“Ellos tenían la capacidad de manejar fondos y lo que se denuncia es que dividían todas las compras para eludir las licitaciones. Hay algunas actuaciones que han sido firmadas por sus superiores, en algunos casos por el propio presidente de la entidad”, agregó.
En la investigación se analizan gastos de más de 200 millones entre los años 2022 y 2023: “Estudiamos un universo de 200 millones de pesos del año 2023 y otro monto equivalente de 78 mil dólares del año 2022, por una inversión en el edificio APJ de Comodoro Rivadavia”, señaló el interventor.
San Martín afirmó que, si bien formó parte del ISSyS, el área en la que se desempeñaba no tenía ninguna relación con el departamento investigado: “Yo trabajaba para la Dirección de Gestión de Recursos de Obra Social y a lo que me dedicaba era a la compra de medicamentos de alto costo, prótesis y la negociación con los prestadores, que nada tenía que ver con la compra de materiales. Para poder comprar un medicamento de alto costo pasaba por mil controles teniendo una familia por detrás, con el sufrimiento que eso conlleva”.
En consonancia con esto, le respondió a los diputados que lo señalaron como partícipe de la institución en el momento de los acontecimientos: “La bronca que nos da es que este departamento con dos papelitos gastaba millones y no pasaba ningún control. Cuando hay diputados que hacen este señalamiento tratando de ensuciar una investigación, nos hace pensar que están del lado de los que están acusados y no de los que estamos tratando de recuperar los fondos y hacer las denuncias correspondientes”.
Aunque la auditoría finalizó y la investigación debe continuar su curso judicial, la intervención de la obra social continuará: “Debe haber un directorio validado y la elección de los vocales tanto activos como pasivos, porque los anteriores tenían un mandato vencido de septiembre de 2018. El objetivo de la intervención es entregar un Instituto normalizado”, señaló San Martín.
El interventor de Seros, Rodrigo San Martín, elevó este viernes una denuncia ante el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez, por diversas irregularidades detectadas durante la auditoría a la obra social.
San Martín reveló que se constataron una multiplicad de hechos, que van desde posibles sobreprecios hasta entrega de materiales en domicilios ficticios: “En principio hay suspendidos dos empleados de muchos años del Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS). Ellos cumplían funciones en la sede central. Trabajaban en un departamento encargado del mantenimiento edilicio, cuyas funciones iban desde la compra de blanquearía para los complejos turísticos hasta incluso armar la licitación de la obra de Comodoro Rivadavia”. Los dos trabajadores continuarán suspendidos, supeditado todo al avance de la investigación.
“Ellos tenían la capacidad de manejar fondos y lo que se denuncia es que dividían todas las compras para eludir las licitaciones. Hay algunas actuaciones que han sido firmadas por sus superiores, en algunos casos por el propio presidente de la entidad”, agregó.
En la investigación se analizan gastos de más de 200 millones entre los años 2022 y 2023: “Estudiamos un universo de 200 millones de pesos del año 2023 y otro monto equivalente de 78 mil dólares del año 2022, por una inversión en el edificio APJ de Comodoro Rivadavia”, señaló el interventor.
San Martín afirmó que, si bien formó parte del ISSyS, el área en la que se desempeñaba no tenía ninguna relación con el departamento investigado: “Yo trabajaba para la Dirección de Gestión de Recursos de Obra Social y a lo que me dedicaba era a la compra de medicamentos de alto costo, prótesis y la negociación con los prestadores, que nada tenía que ver con la compra de materiales. Para poder comprar un medicamento de alto costo pasaba por mil controles teniendo una familia por detrás, con el sufrimiento que eso conlleva”.
En consonancia con esto, le respondió a los diputados que lo señalaron como partícipe de la institución en el momento de los acontecimientos: “La bronca que nos da es que este departamento con dos papelitos gastaba millones y no pasaba ningún control. Cuando hay diputados que hacen este señalamiento tratando de ensuciar una investigación, nos hace pensar que están del lado de los que están acusados y no de los que estamos tratando de recuperar los fondos y hacer las denuncias correspondientes”.
Aunque la auditoría finalizó y la investigación debe continuar su curso judicial, la intervención de la obra social continuará: “Debe haber un directorio validado y la elección de los vocales tanto activos como pasivos, porque los anteriores tenían un mandato vencido de septiembre de 2018. El objetivo de la intervención es entregar un Instituto normalizado”, señaló San Martín.