Oficial: el juez Sastre ordenó la intervención de la Cooperativa de Rawson
El interventor será Juan Manuel Ibañez. Tendrá un plazo de 6 meses para sanear la entidad. Excepto el rubro sepelios, todos los servicios de la empresa dan pérdidas multimillonarias. Según el INAES, "el Consejo de Administración distribuyó cargos vacantes de manera transitoria y arbitraria".
Tal como adelantó Jornada la semana pasada, el juez federal de Rawson Hugo Sastre dispuso la intervención de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumos y Vivienda de Rawson Limitada y el desplazamiento del Consejo de Administración y de la Sindicatura. El interventor judicial será Juan Manuel Ibañez, cuyo trabajo será sanear la operatoria de la entidad capitalina. Ibañez tiene 3 días para aceptar el cargo.
El interventor tendrá un plazo de 180 días para cumplir con el saneamiento, debiendo presentar al Juzgado y a la autoridad de aplicación informes bimestrales y un informe final.
Una vez aceptado el cargo, Ibañez tomará posesión de los bienes muebles e inmuebles de la Cooperativa, incluyendo la documental, llaves y demás bienes que se hallen en posesión de las actuales autoridades.
La intervención había sido un pedido del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El argumento fue “las graves circunstancias que se verificaron respecto a la Cooperativa, como ser que el último estado contable presentado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de mayo de 2020, denotaba un capital corriente negativo de $645.989.720 y un escaso patrimonio neto de $34.450.408. Además de una deuda no regularizada con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) por $10.173.436.467”.
Además destacó la no presentación de toda la documentación anual ordinaria de los últimos 4 ejercicios sociales cerrados desde el 31 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2024, lo que impide al INAES fiscalizar la evolución de la situación económica y financiera de la entidad.
Una veeduría determinó que el resultado del ejercicio social cerrado al 31 de mayo de 2023 asciende a una pérdida de $554.649.415, siendo el resultado por la gestión cooperativa ordinario una pérdida de $1.557.046.214, y que todos los servicios de la entidad tienen resultado operativo pérdida (con excepción del servicio de sepelios).
En otro orden, las autoridades de la entidad, sin justificación alguna, decidieron dejar sin efecto la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 26 de mayo de 2024, infringiendo la Ley 20.337, siendo que no se celebran asambleas ordinarias para tratar los estados contables desde hace 4 años, todo lo cual se traduce en la obstrucción de la potestad de fiscalización pública del organismo, además de la falta de información para los asociados.
Esta situación “derivó en que el Consejo de Administración distribuya cargos vacantes de manera transitoria y arbitraria, de manera excepcional, a través de la Comisión Fiscalizadora, en contravención al proceso eleccionario normal de autoridades del Consejo”.
El 3 de enero de 2025 se convocó a una Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 26 de enero para considerar el tratamiento de las Memorias, Balances Generales, Estado de Resultados y Cuadros Anexos correspondientes a los ejercicios cerrados desde el 01/06/2019 al 31/05/2023. Dicha convocatoria fue declarada irregular e ineficaz por el INAES.
“A pesar de la difícil situación financiera por la que atraviesa la entidad, se suscribió un Convenio de Asesoramiento y Gestión Integral acerca de la deuda contraída con CAMMESA, con el estudio Villaverde/Beltramino, con un costo de U$D 600.000, hecho que motivó el inicio de una denuncia penal por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta contra las autoridades de la entidad”.
Frente a tal escenario, “peligra la continuidad del contrato de concesión para la prestación de los servicios públicos de electricidad, agua y cloacas, que vencen el 30/06/2025”.
Según el INAES, “la Cooperativa, encargada de cumplir con la prestación del servicio de electricidad, agua y cloacas no se encuentra funcionando con normalidad”.
Al aceptar la medida, el juez Sastre apuntó “la delicada situación económico-financiera de la entidad, y la falta de celebración de asambleas ordinarias, entre otras irregularidades señaladas; las notas suscriptas por el secretario de Trabajo de la Provincia del Chubut, Nicolás Zárate y el intendente de Rawson, Damián Biss, que refieren a una crítica situación institucional, administrativa y financiera de la Cooperativa en perjuicio de los asociados”.
“Surge el riesgo que corre la prestación de los servicios públicos, así como el agravamiento de la situación económico financiera del ente”, escribió el magistrado.
“Las graves y numerosas irregularidades apuntadas por el organismo, vinculadas con las notas acompañadas por el Secretario de Trabajo de la Provincia del Chubut, y el Intendente de la ciudad de Rawson; la delicada situación económico financiera de la entidad; la falta de celebración de asambleas ordinarias; la falta de presentación y aprobación de los estados contables de los últimos ejercicios, lo que se traduce en la falta de información a los asociados y las dificultades para llevar adelante una adecuada fiscalización de la entidad; el ejercicio abusivo de la facultad para nombrar autoridades por fuera del procedimiento regular; la voluminosa deuda mantenida con CAMMESA, todo ello constituye un cuadro suficiente para tener por acreditado el riesgo en la provisión de los servicios públicos”.
Tal como adelantó Jornada la semana pasada, el juez federal de Rawson Hugo Sastre dispuso la intervención de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumos y Vivienda de Rawson Limitada y el desplazamiento del Consejo de Administración y de la Sindicatura. El interventor judicial será Juan Manuel Ibañez, cuyo trabajo será sanear la operatoria de la entidad capitalina. Ibañez tiene 3 días para aceptar el cargo.
El interventor tendrá un plazo de 180 días para cumplir con el saneamiento, debiendo presentar al Juzgado y a la autoridad de aplicación informes bimestrales y un informe final.
Una vez aceptado el cargo, Ibañez tomará posesión de los bienes muebles e inmuebles de la Cooperativa, incluyendo la documental, llaves y demás bienes que se hallen en posesión de las actuales autoridades.
La intervención había sido un pedido del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El argumento fue “las graves circunstancias que se verificaron respecto a la Cooperativa, como ser que el último estado contable presentado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de mayo de 2020, denotaba un capital corriente negativo de $645.989.720 y un escaso patrimonio neto de $34.450.408. Además de una deuda no regularizada con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) por $10.173.436.467”.
Además destacó la no presentación de toda la documentación anual ordinaria de los últimos 4 ejercicios sociales cerrados desde el 31 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2024, lo que impide al INAES fiscalizar la evolución de la situación económica y financiera de la entidad.
Una veeduría determinó que el resultado del ejercicio social cerrado al 31 de mayo de 2023 asciende a una pérdida de $554.649.415, siendo el resultado por la gestión cooperativa ordinario una pérdida de $1.557.046.214, y que todos los servicios de la entidad tienen resultado operativo pérdida (con excepción del servicio de sepelios).
En otro orden, las autoridades de la entidad, sin justificación alguna, decidieron dejar sin efecto la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 26 de mayo de 2024, infringiendo la Ley 20.337, siendo que no se celebran asambleas ordinarias para tratar los estados contables desde hace 4 años, todo lo cual se traduce en la obstrucción de la potestad de fiscalización pública del organismo, además de la falta de información para los asociados.
Esta situación “derivó en que el Consejo de Administración distribuya cargos vacantes de manera transitoria y arbitraria, de manera excepcional, a través de la Comisión Fiscalizadora, en contravención al proceso eleccionario normal de autoridades del Consejo”.
El 3 de enero de 2025 se convocó a una Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 26 de enero para considerar el tratamiento de las Memorias, Balances Generales, Estado de Resultados y Cuadros Anexos correspondientes a los ejercicios cerrados desde el 01/06/2019 al 31/05/2023. Dicha convocatoria fue declarada irregular e ineficaz por el INAES.
“A pesar de la difícil situación financiera por la que atraviesa la entidad, se suscribió un Convenio de Asesoramiento y Gestión Integral acerca de la deuda contraída con CAMMESA, con el estudio Villaverde/Beltramino, con un costo de U$D 600.000, hecho que motivó el inicio de una denuncia penal por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta contra las autoridades de la entidad”.
Frente a tal escenario, “peligra la continuidad del contrato de concesión para la prestación de los servicios públicos de electricidad, agua y cloacas, que vencen el 30/06/2025”.
Según el INAES, “la Cooperativa, encargada de cumplir con la prestación del servicio de electricidad, agua y cloacas no se encuentra funcionando con normalidad”.
Al aceptar la medida, el juez Sastre apuntó “la delicada situación económico-financiera de la entidad, y la falta de celebración de asambleas ordinarias, entre otras irregularidades señaladas; las notas suscriptas por el secretario de Trabajo de la Provincia del Chubut, Nicolás Zárate y el intendente de Rawson, Damián Biss, que refieren a una crítica situación institucional, administrativa y financiera de la Cooperativa en perjuicio de los asociados”.
“Surge el riesgo que corre la prestación de los servicios públicos, así como el agravamiento de la situación económico financiera del ente”, escribió el magistrado.
“Las graves y numerosas irregularidades apuntadas por el organismo, vinculadas con las notas acompañadas por el Secretario de Trabajo de la Provincia del Chubut, y el Intendente de la ciudad de Rawson; la delicada situación económico financiera de la entidad; la falta de celebración de asambleas ordinarias; la falta de presentación y aprobación de los estados contables de los últimos ejercicios, lo que se traduce en la falta de información a los asociados y las dificultades para llevar adelante una adecuada fiscalización de la entidad; el ejercicio abusivo de la facultad para nombrar autoridades por fuera del procedimiento regular; la voluminosa deuda mantenida con CAMMESA, todo ello constituye un cuadro suficiente para tener por acreditado el riesgo en la provisión de los servicios públicos”.