Editorial / Ajustadísimos
La caída de la coparticipación y de las regalías petroleras encendió las luces amarillas en los municipios. Torres promete compensar el desfasaje. Y Milei y Caputo plantean un "super IVA" que es pan para pocos y hambre para muchos.
Los zapatos les empiezan a apretar. Con una cautela que tiene que ver con no quedar expuestos ante el poder local de turno, algunos intendentes de Chubut empezaron a exteriorizar sus preocupaciones. Los fondos coparticipables que reparte la Nación entre las provincias y que, a su vez, el Gobierno de Chubut redistribuye entre los municipios y comunas rurales, empiezan a escasear. Justo en un año electoral.
La caída de la coparticipación y de las regalías petroleras -en este último caso no sólo por la baja de producción sino por la reducción impulsada por el Gobierno provincial y aprobada por los diputados provinciales hace pocas semanas con algunos discursos de inentendible tono épico- encendió las luces amarillas porque se viene el pago de aguinaldos y varios municipios ya advirtieron que podrán hacer frente al pago completo.
El gobernador Nacho Torres se anticipó un par de jugadas y en la reunión con los intendentes de la semana pasada intentó calmar la ansiedad. Además de advertirles que se avanzará en un proceso de armonización de Ingresos Brutos y en la adopción de un esquema de “alivio fiscal”, Torres explicó que una de las razones de la reducción de la coparticipación que impactó de manera directa en las finanzas municipales fue una retención “justificada” por parte del Gobierno nacional que “se va a compensar en estos meses”, prometió.
Y les anticipó que en el próximo encuentro de responsabilidad fiscal se anunciará una medida de asistencia para paliar esta baja.
Preocupados
Uno de los que habló con tono preocupado fue Oscar Currilén, el intendente de El Maitén, un viejo zorro de la política que ha surfeado varias olas críticas al frente de su pueblo. “Corcho” dijo que será importante contarle a cada comunidad cuál es la situación, principalmente en localidades como la suya, que no cuentan con la economía del turismo.
Una de las medidas que adoptará Currilén en el invierno es paralizar los camiones cuando cada año se llevaban a cabo trabajos en la localidad, para evitar gasto en combustible y roturas. Anticipó que se reuniría este lunes con su equipo para pedirles un plan de austeridad, sin desatender los servicios básicos.
El otro juego, para Currilén y el resto de los intendentes, es el electoral que se vendrá en los próximos meses: “El justicialismo nos ignoró totalmente; no vamos a sacar los pies del pato, pero iremos evaluando hacia adelante”, advirtió, dando a entender que la convivencia con el gobernador podría desembocar en una alianza electoral: “Estamos agradecidos por el ida y vuelta que nos da Torres y su equipo. Al gobernador le expliqué que lo acompañaré en lo institucional y cuando llegue la etapa electoral hablaremos. Le pedí no tener problemas en educación, salud y seguridad”, dijo Currilén.
Otro que expresó sus preocupaciones fue Marcelo Limarieri, el jefe comunal de Gualjaina, que además deslizó la chance de que en junio el municipio deba pagar el aguinaldo en cuotas ante la pronunciada baja en los ingresos, “que en abril fue de un 12%”, según detalló.
“Es tan grande y abrupta la caída de ingresos que más allá de que fuimos responsables en las paritarias e hicimos ajustes al máximo, llegamos al límite y ya no hay nada más por dónde ajustar ni achicar, se hace sumamente difícil”, se sinceró.
Limarieri explicó que tras la reunión con Torres, “la verdad que no vemos que el panorama en lo inmediato vaya a mejorar. Los valores del barril de petróleo rondan en 58 o 60 dólares, con un dólar muy planchado; eso hará que los ingresos por coparticipación sean incluso más bajos”, evaluó Limarieri,
Aún con matices, la situación descripta por Currilén y Limarieri es similar en casi todas las intendencias, aunque hay municipios grandes que tendrían algún tipo de espalda para superar esta crisis.
Las promesas de “Toto”
Torres y el resto de los gobernadores empiezan a inquietarse por los gestos de Nación, que no se condicen con las promesas que hacen algunos altos funcionarios en las reuniones privadas, muchas de las cuales terminan con claros apoyos de los jefes provinciales en el Congreso, tanto en Diputados como en el Senado. Mucho a cambio de poco ha sido una constante en la relación de los gobernadores con Javier Milei.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había confirmado la semana pasada que su cartera tenía en estudio una reforma impositiva que incluía un “super IVA”, una medida mediante la cual Nación cobraría una parte del impuesto (entre 9 y 10 por ciento) y el resto quedaría en manos de lo que defina cada provincia.
Caputo publicitó la medida como una forma de generar “competencia fiscal” entre las provincias, que incluirá también lo que ocurra con Ingresos Brutos. La lógica oficial es que las provincias que cobren las alícuotas más bajas serán las que se beneficiarán por la radicación de empresas que buscan una ventaja fiscal.
No son pocos los que evalúan este anuncio de “Toto” como una muestra más de “espejitos de colores”. Lo único que generará es profundizar el desfinanciamiento de las provincias y el desequilibrio de ingresos que, hasta el momento, la coparticipación ayuda a morigerar, completan esos mismos analistas.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es la principal fuente de recaudación y grava el consumo de bienes y servicios en todo el país con una alícuota del 21%. El 47% se lo queda la Nación, las 23 provincias y la CABA se reparten el 53% restante.
Si se aplica el 47% por ciento sobre el 21% que se paga de IVA, la Nación seguirá cobrando el 9,87%. La medida de Caputo pretende descomponer la alícuota de manera que cada parte reciba ingresos en función de la tasa que cada una establezca, eliminando el criterio actual de coparticipación del tributo.
En caso de que las provincias quieran mantener el actual volumen de ingresos, hay jurisdicciones donde el consumo es menor que en el promedio del país, entonces el IVA podría superar el 80%. Una locura.
Un documento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analizó los posibles escenarios ante una medida de este tipo: de las 24 jurisdicciones, sólo en 6 los ingresos por la aplicación de un IVA provincial del 11% aumentaría respecto a la situación actual. Entre ellas, Chubut (las otras son CABA, Buenos Aires, Neuquén, Córdoba y Santa Fe).
Las otras 18 jurisdicciones tendrían una pérdida de ingresos respecto a la situación actual. Las tres que quedarían peor situación serían Catamarca, Formosa y La Rioja, en donde el consumo ya es bajo respecto al promedio.
“La sumatoria de la alícuota nacional y provincial en estas jurisdicciones sería de 81,4%, 56,5% y 52,9%, respectivamente, algo imposible de implementar en la práctica”, concluye el documento del IARAF.
Por si quedaban dudas, se viene un país para pocos. El resto, a la cola.
Los zapatos les empiezan a apretar. Con una cautela que tiene que ver con no quedar expuestos ante el poder local de turno, algunos intendentes de Chubut empezaron a exteriorizar sus preocupaciones. Los fondos coparticipables que reparte la Nación entre las provincias y que, a su vez, el Gobierno de Chubut redistribuye entre los municipios y comunas rurales, empiezan a escasear. Justo en un año electoral.
La caída de la coparticipación y de las regalías petroleras -en este último caso no sólo por la baja de producción sino por la reducción impulsada por el Gobierno provincial y aprobada por los diputados provinciales hace pocas semanas con algunos discursos de inentendible tono épico- encendió las luces amarillas porque se viene el pago de aguinaldos y varios municipios ya advirtieron que podrán hacer frente al pago completo.
El gobernador Nacho Torres se anticipó un par de jugadas y en la reunión con los intendentes de la semana pasada intentó calmar la ansiedad. Además de advertirles que se avanzará en un proceso de armonización de Ingresos Brutos y en la adopción de un esquema de “alivio fiscal”, Torres explicó que una de las razones de la reducción de la coparticipación que impactó de manera directa en las finanzas municipales fue una retención “justificada” por parte del Gobierno nacional que “se va a compensar en estos meses”, prometió.
Y les anticipó que en el próximo encuentro de responsabilidad fiscal se anunciará una medida de asistencia para paliar esta baja.
Preocupados
Uno de los que habló con tono preocupado fue Oscar Currilén, el intendente de El Maitén, un viejo zorro de la política que ha surfeado varias olas críticas al frente de su pueblo. “Corcho” dijo que será importante contarle a cada comunidad cuál es la situación, principalmente en localidades como la suya, que no cuentan con la economía del turismo.
Una de las medidas que adoptará Currilén en el invierno es paralizar los camiones cuando cada año se llevaban a cabo trabajos en la localidad, para evitar gasto en combustible y roturas. Anticipó que se reuniría este lunes con su equipo para pedirles un plan de austeridad, sin desatender los servicios básicos.
El otro juego, para Currilén y el resto de los intendentes, es el electoral que se vendrá en los próximos meses: “El justicialismo nos ignoró totalmente; no vamos a sacar los pies del pato, pero iremos evaluando hacia adelante”, advirtió, dando a entender que la convivencia con el gobernador podría desembocar en una alianza electoral: “Estamos agradecidos por el ida y vuelta que nos da Torres y su equipo. Al gobernador le expliqué que lo acompañaré en lo institucional y cuando llegue la etapa electoral hablaremos. Le pedí no tener problemas en educación, salud y seguridad”, dijo Currilén.
Otro que expresó sus preocupaciones fue Marcelo Limarieri, el jefe comunal de Gualjaina, que además deslizó la chance de que en junio el municipio deba pagar el aguinaldo en cuotas ante la pronunciada baja en los ingresos, “que en abril fue de un 12%”, según detalló.
“Es tan grande y abrupta la caída de ingresos que más allá de que fuimos responsables en las paritarias e hicimos ajustes al máximo, llegamos al límite y ya no hay nada más por dónde ajustar ni achicar, se hace sumamente difícil”, se sinceró.
Limarieri explicó que tras la reunión con Torres, “la verdad que no vemos que el panorama en lo inmediato vaya a mejorar. Los valores del barril de petróleo rondan en 58 o 60 dólares, con un dólar muy planchado; eso hará que los ingresos por coparticipación sean incluso más bajos”, evaluó Limarieri,
Aún con matices, la situación descripta por Currilén y Limarieri es similar en casi todas las intendencias, aunque hay municipios grandes que tendrían algún tipo de espalda para superar esta crisis.
Las promesas de “Toto”
Torres y el resto de los gobernadores empiezan a inquietarse por los gestos de Nación, que no se condicen con las promesas que hacen algunos altos funcionarios en las reuniones privadas, muchas de las cuales terminan con claros apoyos de los jefes provinciales en el Congreso, tanto en Diputados como en el Senado. Mucho a cambio de poco ha sido una constante en la relación de los gobernadores con Javier Milei.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había confirmado la semana pasada que su cartera tenía en estudio una reforma impositiva que incluía un “super IVA”, una medida mediante la cual Nación cobraría una parte del impuesto (entre 9 y 10 por ciento) y el resto quedaría en manos de lo que defina cada provincia.
Caputo publicitó la medida como una forma de generar “competencia fiscal” entre las provincias, que incluirá también lo que ocurra con Ingresos Brutos. La lógica oficial es que las provincias que cobren las alícuotas más bajas serán las que se beneficiarán por la radicación de empresas que buscan una ventaja fiscal.
No son pocos los que evalúan este anuncio de “Toto” como una muestra más de “espejitos de colores”. Lo único que generará es profundizar el desfinanciamiento de las provincias y el desequilibrio de ingresos que, hasta el momento, la coparticipación ayuda a morigerar, completan esos mismos analistas.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es la principal fuente de recaudación y grava el consumo de bienes y servicios en todo el país con una alícuota del 21%. El 47% se lo queda la Nación, las 23 provincias y la CABA se reparten el 53% restante.
Si se aplica el 47% por ciento sobre el 21% que se paga de IVA, la Nación seguirá cobrando el 9,87%. La medida de Caputo pretende descomponer la alícuota de manera que cada parte reciba ingresos en función de la tasa que cada una establezca, eliminando el criterio actual de coparticipación del tributo.
En caso de que las provincias quieran mantener el actual volumen de ingresos, hay jurisdicciones donde el consumo es menor que en el promedio del país, entonces el IVA podría superar el 80%. Una locura.
Un documento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analizó los posibles escenarios ante una medida de este tipo: de las 24 jurisdicciones, sólo en 6 los ingresos por la aplicación de un IVA provincial del 11% aumentaría respecto a la situación actual. Entre ellas, Chubut (las otras son CABA, Buenos Aires, Neuquén, Córdoba y Santa Fe).
Las otras 18 jurisdicciones tendrían una pérdida de ingresos respecto a la situación actual. Las tres que quedarían peor situación serían Catamarca, Formosa y La Rioja, en donde el consumo ya es bajo respecto al promedio.
“La sumatoria de la alícuota nacional y provincial en estas jurisdicciones sería de 81,4%, 56,5% y 52,9%, respectivamente, algo imposible de implementar en la práctica”, concluye el documento del IARAF.
Por si quedaban dudas, se viene un país para pocos. El resto, a la cola.