Miquelarena se desmarca del Superior y devuelve el aumento salarial
El procurador general de Chubut firmó una resolución retrotrayendo los efectos del Acuerdo Plenario del STJ que lo beneficiaban. La Defensoría General habría tomado la misma medida. Se agrava la crisis en la cúpula del Poder Judicial en medio de la conciliación obligatoria con el Sitrajuch.
El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, firmó la Resolución 111/25 mediante la cual retrotrae los efectos del aumento salarial dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia, que incluía a los seis ministros del STJ pero también al jefe de la Procuración y al Defensor General, Sebastián Daroca.
La decisión del procurador general (que habría sido imitada por el defensor general) causa un cisma en la cúpula del Poder Judicial, que le agrega más tensión a la crisis institucional que generó la decisión del Superior Tribunal, en medio de la puja con los trabajadores del Sitrajuch, moderada en estos días por una conciliación obligatoria.
En la resolución firmada el jueves pasado pero conocida este sábado, Miquelarena recuerda la vigencia del Acuerdo Extraordinario N° 2797 del año 1989, que le otorgaba al procurador general “una suma de dinero mensual, liquidada para atender a erogaciones propias de la investidura, importes que se imputan a la partida principal, gastos sin discriminar”.
“Dichos importes -agrega Miquelarena en los considerandos- se encuentran previstos en las respectivas leyes de presupuesto del Poder Judicial, se determinan, liquidan y abonan de conformidad con las leyes que regulan la administración financiera del Estado e integran el cierre de cuentas que se presenta año a año ante el Tribunal de Cuentas”.
Agrega que “el 9 de mayo de 2025 se dictó por resolución conjunta con la Defensoría General un acto expreso de adhesión a los gastos de representación, vista la nueva interpretación cursada por el Superior Tribunal de Justicia sobre las competencias propias de los Ministerios Públicos en el punto 2 c) del Acuerdo Plenario 5454/2025 bis”
"Con motivo de las circunstancias imperantes -agrega Miquelarena-, mediante Nota N° 28/25 PG se ordenó a la Dirección de Administración suspender los efectos de la Resolución 86/25" de la Procuración General, "hasta tanto se diera adecuada respuesta a la situación".
Entonces, resolvió “retrotraer los efectos de las modificaciones dispuestas al art. 3 del Acuerdo Extraordinario N° 2797/89 por el art. 1 del Acuerdo Plenario N° 5412/2025, con efectos desde el 1° de febrero de 2025, determinando el adicional que corresponde al Procurador General en el 10% sobre el total de las remuneraciones, excluido el rubro antigüedad para atender erogaciones propias de la investidura, que se imputará a la partida principal, gastos sin discriminar”.
Del texto se desprende que el procurador seguirá percibiendo el 10% adicional que cobra la cúpula del Poder Judicial de Chubut desde 1989, pero encomendó a la Dirección de Gestión y Ejecución Presupuestaria "que determine los importes de las diferencias resultantes, poniendo en conocimiento para su devolución” el aumento de ese adicional dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia.
El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, firmó la Resolución 111/25 mediante la cual retrotrae los efectos del aumento salarial dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia, que incluía a los seis ministros del STJ pero también al jefe de la Procuración y al Defensor General, Sebastián Daroca.
La decisión del procurador general (que habría sido imitada por el defensor general) causa un cisma en la cúpula del Poder Judicial, que le agrega más tensión a la crisis institucional que generó la decisión del Superior Tribunal, en medio de la puja con los trabajadores del Sitrajuch, moderada en estos días por una conciliación obligatoria.
En la resolución firmada el jueves pasado pero conocida este sábado, Miquelarena recuerda la vigencia del Acuerdo Extraordinario N° 2797 del año 1989, que le otorgaba al procurador general “una suma de dinero mensual, liquidada para atender a erogaciones propias de la investidura, importes que se imputan a la partida principal, gastos sin discriminar”.
“Dichos importes -agrega Miquelarena en los considerandos- se encuentran previstos en las respectivas leyes de presupuesto del Poder Judicial, se determinan, liquidan y abonan de conformidad con las leyes que regulan la administración financiera del Estado e integran el cierre de cuentas que se presenta año a año ante el Tribunal de Cuentas”.
Agrega que “el 9 de mayo de 2025 se dictó por resolución conjunta con la Defensoría General un acto expreso de adhesión a los gastos de representación, vista la nueva interpretación cursada por el Superior Tribunal de Justicia sobre las competencias propias de los Ministerios Públicos en el punto 2 c) del Acuerdo Plenario 5454/2025 bis”
"Con motivo de las circunstancias imperantes -agrega Miquelarena-, mediante Nota N° 28/25 PG se ordenó a la Dirección de Administración suspender los efectos de la Resolución 86/25" de la Procuración General, "hasta tanto se diera adecuada respuesta a la situación".
Entonces, resolvió “retrotraer los efectos de las modificaciones dispuestas al art. 3 del Acuerdo Extraordinario N° 2797/89 por el art. 1 del Acuerdo Plenario N° 5412/2025, con efectos desde el 1° de febrero de 2025, determinando el adicional que corresponde al Procurador General en el 10% sobre el total de las remuneraciones, excluido el rubro antigüedad para atender erogaciones propias de la investidura, que se imputará a la partida principal, gastos sin discriminar”.
Del texto se desprende que el procurador seguirá percibiendo el 10% adicional que cobra la cúpula del Poder Judicial de Chubut desde 1989, pero encomendó a la Dirección de Gestión y Ejecución Presupuestaria "que determine los importes de las diferencias resultantes, poniendo en conocimiento para su devolución” el aumento de ese adicional dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia.