Concejales rechazaron el veto a la Emergencia en Discapacidad
Lo expresaron en una Comunicación que tuvo el voto de todos los bloques. Plantearon el retroceso que esto implicaría en materia de derechos humanos.
Los concejales madrynense aprobaron una comunicación donde rechazaron el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La posición del cuerpo tuvo el acompañamiento de los diferentes sectores permitiendo su sanción de manera unánime de la Comunicación.
Junto a ello, el cuerpo deliberativo expresa “la preocupación por las consecuencias institucionales y sociales que generaría una eventual judicialización del proceso legislativo, e instase a todas las instancias gubernamentales a respetar la voluntad democrática expresada en el Congreso”.
La edil Nadia Garay (Arriba Chubut) explicó que desde diferentes sectores de la comunidad madrynense se acercó la inquietud y preocupación ante la decisión del gobierno nacional de vetar la ley sancionada por mayoría por el Congreso de la Nación.
Entre los fundamentos que planea la Comunicación está que la “ley fue el resultado de un trabajo colectivo de legisladores/as, organizaciones de personas con discapacidad, familias, trabajadores y trabajadoras del sector, y constituye un avance para atender una emergencia real y documentada que afecta a uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad”.
Por otra parte, los concejales madrynenses advirtieron que el veto presidencial “no solo implicaría desconocer el mandato democrático del Congreso, sino que representaría un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos, contraviniendo compromisos asumidos por el Estado argentino en tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
Junto a ello, resaltaron que “el veto presidencial no es únicamente un acto de justicia hacia las personas con discapacidad y sus familias, sino también un deber político y ético que debe ser asumido por todos los representantes electos, sin distinción partidaria, para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional”.
Además, de puntualizar que “las personas con discapacidad no pueden esperar más, y que dilatar la implementación de políticas de emergencia profundizaría las desigualdades y las barreras que enfrentan diariamente”.
Los concejales madrynense aprobaron una comunicación donde rechazaron el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La posición del cuerpo tuvo el acompañamiento de los diferentes sectores permitiendo su sanción de manera unánime de la Comunicación.
Junto a ello, el cuerpo deliberativo expresa “la preocupación por las consecuencias institucionales y sociales que generaría una eventual judicialización del proceso legislativo, e instase a todas las instancias gubernamentales a respetar la voluntad democrática expresada en el Congreso”.
La edil Nadia Garay (Arriba Chubut) explicó que desde diferentes sectores de la comunidad madrynense se acercó la inquietud y preocupación ante la decisión del gobierno nacional de vetar la ley sancionada por mayoría por el Congreso de la Nación.
Entre los fundamentos que planea la Comunicación está que la “ley fue el resultado de un trabajo colectivo de legisladores/as, organizaciones de personas con discapacidad, familias, trabajadores y trabajadoras del sector, y constituye un avance para atender una emergencia real y documentada que afecta a uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad”.
Por otra parte, los concejales madrynenses advirtieron que el veto presidencial “no solo implicaría desconocer el mandato democrático del Congreso, sino que representaría un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos, contraviniendo compromisos asumidos por el Estado argentino en tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
Junto a ello, resaltaron que “el veto presidencial no es únicamente un acto de justicia hacia las personas con discapacidad y sus familias, sino también un deber político y ético que debe ser asumido por todos los representantes electos, sin distinción partidaria, para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional”.
Además, de puntualizar que “las personas con discapacidad no pueden esperar más, y que dilatar la implementación de políticas de emergencia profundizaría las desigualdades y las barreras que enfrentan diariamente”.