Una reforma no debería implicar retrocesos en la protección ambiental
En diálogo con Jornada Radio, la licenciada en Ciencias Biológicas Gabriela González Trilla, ex directora nacional de Aguas y una de las impulsoras de la normativa, remarcó que “la ley es clara, está vigente y cuenta con un sólido respaldo científico y jurídico”.
La posible modificación de la Ley Nacional de Glaciares volvió a encender alertas en el ámbito científico, ambiental y social, luego de que se anunciara que el Congreso podría avanzar con un proyecto de “adecuación” durante el período de sesiones extraordinarias.
Desde el sector técnico advierten que cualquier cambio no puede significar un retroceso en la protección de los cuerpos de hielo ni abrir la puerta a emprendimientos extractivos en zonas estratégicas para el agua.
En diálogo con Jornada Radio, la licenciada en Ciencias Biológicas Gabriela González Trilla, ex directora nacional de Aguas y una de las impulsoras de la normativa, remarcó que “la ley es clara, está vigente y cuenta con un sólido respaldo científico y jurídico”.
“La Ley de Glaciares –explicó- es una ley de presupuestos mínimos ambientales. Eso significa que establece una base de protección a nivel nacional, sobre la cual las provincias pueden profundizar, pero no retroceder”, argumentó.
González Trilla recordó que la norma fue ratificada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2019, que declaró su constitucionalidad y otorgó un rol central al Inventario Nacional de Glaciares.
“La Corte le dio mucho peso al inventario como instrumento científico, porque es elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que tiene por mandato legal relevar e identificar los cuerpos de hielo del país”, señaló.
Según detalló, el inventario incluye más de 16.000 cuerpos de hielo distribuidos en todo el territorio nacional, entre glaciares descubiertos, cubiertos, glaciares de escombro y manchones de nieve, lo que despeja cualquier duda sobre la identificación de las áreas protegidas.
Provincias y protección ambiental
La especialista subrayó que la ley no avasalla el dominio provincial sobre los recursos naturales, sino que establece un piso de protección ambiental compatible con las competencias locales.“Las provincias retienen el dominio originario de sus recursos naturales, pero también existe un estándar mínimo de protección ambiental que ya fue avalado por la Corte. Ambos instrumentos son absolutamente compatibles”, afirmó.En ese sentido, indicó que muchas provincias avanzaron incluso más allá del piso mínimo, incorporando glaciares y sus entornos a áreas naturales protegidas.
“Aproximadamente el 40% de los glaciares del país se encuentran dentro de áreas protegidas, lo que demuestra que los entornos también fueron considerados estratégicos”, agregó.
Uno de los puntos centrales que remarcó González Trilla es el principio de no regresión ambiental, que también forma parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema.“Cuando un área está protegida por la presencia de glaciares o ambientes periglaciares, no se puede retroceder. Lo que ya está inventariado no puede ser desprotegido”, enfatizó.
Por ese motivo, sostuvo que una eventual reforma sólo podría introducir aclaraciones, pero nunca eliminar protecciones ya establecidas. “Puede haber precisiones, pero no modificaciones regresivas. Ese es el límite claro que marca la ley y la jurisprudencia”, remarcó.
La bióloga también se refirió a uno de los puntos más debatidos: la protección de los glaciares de escombro, que contienen agua entre rocas y sedimentos. “En ecosistemas áridos y semiáridos, cada gota cuenta. Aunque el volumen de agua sea menor que en un glaciar blanco, su significancia ambiental es enorme”, explicó.
En ese marco, aclaró que el IANIGLA reconoce éstas geoformas como parte del ambiente periglacial y, por lo tanto, sujetas a protección por la ley. Finalmente González Trilla destacó además que la Ley de Glaciares se mantuvo activa durante gobiernos de distintos signos políticos y que su aplicación continuó incluso con la reciente actualización del inventario, publicada en 2024.
Finalmente, recordó que 2025 fue declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, y que Argentina tuvo un rol protagónico en las actividades internacionales. “Tenemos una ley única en el mundo. Este debería ser un año de festejo y de reafirmación de su importancia, no de retrocesos”, concluyó.
La posible modificación de la Ley Nacional de Glaciares volvió a encender alertas en el ámbito científico, ambiental y social, luego de que se anunciara que el Congreso podría avanzar con un proyecto de “adecuación” durante el período de sesiones extraordinarias.
Desde el sector técnico advierten que cualquier cambio no puede significar un retroceso en la protección de los cuerpos de hielo ni abrir la puerta a emprendimientos extractivos en zonas estratégicas para el agua.
En diálogo con Jornada Radio, la licenciada en Ciencias Biológicas Gabriela González Trilla, ex directora nacional de Aguas y una de las impulsoras de la normativa, remarcó que “la ley es clara, está vigente y cuenta con un sólido respaldo científico y jurídico”.
“La Ley de Glaciares –explicó- es una ley de presupuestos mínimos ambientales. Eso significa que establece una base de protección a nivel nacional, sobre la cual las provincias pueden profundizar, pero no retroceder”, argumentó.
González Trilla recordó que la norma fue ratificada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2019, que declaró su constitucionalidad y otorgó un rol central al Inventario Nacional de Glaciares.
“La Corte le dio mucho peso al inventario como instrumento científico, porque es elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que tiene por mandato legal relevar e identificar los cuerpos de hielo del país”, señaló.
Según detalló, el inventario incluye más de 16.000 cuerpos de hielo distribuidos en todo el territorio nacional, entre glaciares descubiertos, cubiertos, glaciares de escombro y manchones de nieve, lo que despeja cualquier duda sobre la identificación de las áreas protegidas.
Provincias y protección ambiental
La especialista subrayó que la ley no avasalla el dominio provincial sobre los recursos naturales, sino que establece un piso de protección ambiental compatible con las competencias locales.“Las provincias retienen el dominio originario de sus recursos naturales, pero también existe un estándar mínimo de protección ambiental que ya fue avalado por la Corte. Ambos instrumentos son absolutamente compatibles”, afirmó.En ese sentido, indicó que muchas provincias avanzaron incluso más allá del piso mínimo, incorporando glaciares y sus entornos a áreas naturales protegidas.
“Aproximadamente el 40% de los glaciares del país se encuentran dentro de áreas protegidas, lo que demuestra que los entornos también fueron considerados estratégicos”, agregó.
Uno de los puntos centrales que remarcó González Trilla es el principio de no regresión ambiental, que también forma parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema.“Cuando un área está protegida por la presencia de glaciares o ambientes periglaciares, no se puede retroceder. Lo que ya está inventariado no puede ser desprotegido”, enfatizó.
Por ese motivo, sostuvo que una eventual reforma sólo podría introducir aclaraciones, pero nunca eliminar protecciones ya establecidas. “Puede haber precisiones, pero no modificaciones regresivas. Ese es el límite claro que marca la ley y la jurisprudencia”, remarcó.
La bióloga también se refirió a uno de los puntos más debatidos: la protección de los glaciares de escombro, que contienen agua entre rocas y sedimentos. “En ecosistemas áridos y semiáridos, cada gota cuenta. Aunque el volumen de agua sea menor que en un glaciar blanco, su significancia ambiental es enorme”, explicó.
En ese marco, aclaró que el IANIGLA reconoce éstas geoformas como parte del ambiente periglacial y, por lo tanto, sujetas a protección por la ley. Finalmente González Trilla destacó además que la Ley de Glaciares se mantuvo activa durante gobiernos de distintos signos políticos y que su aplicación continuó incluso con la reciente actualización del inventario, publicada en 2024.
Finalmente, recordó que 2025 fue declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, y que Argentina tuvo un rol protagónico en las actividades internacionales. “Tenemos una ley única en el mundo. Este debería ser un año de festejo y de reafirmación de su importancia, no de retrocesos”, concluyó.