Imputan a un abogado por grabar a una menor para retractarse de un abuso
La Cámara Penal confirmo una pena de 10 años de prisión para un hombre que abusó de su sobrina. Rechazó una supuesta retractación de la joven: el letrado Daniel Sandoval la habría grabado en privado en su estudio sin presencia de psicólogos ni especialistas ni control de la Fiscalía. La versión del apuntado.
En diciembre de2025, la Cámara Penal de Esquel en un fallo unánime ratificó la condena a 10 años de prisión de un hombre por el abuso de su sobrina menor de edad.
A su vez, el abogado de la familia de la víctima enfrenta una imputación por "prevaricato" y deberá declarar. Se trata deDaniel Sandoval, citado por la Oficina Judicial de Esquel para el jueves 12 de marzo en Tribunales.
La Cámara rechazó una supuesta retractación de la joven “por haber sido obtenida de forma ilegítima y bajo presión familiar”, tal como demostró la Fiscalía en su contestación al recurso de la defensa.
La Cámara Penal analizó minuciosamente el caso tras el intento de la defensa de anular el juicio original. Con esta decisión -remarcaron-, no sólo se ratificó la culpabilidad del agresor sino que pone el foco en el resguardo emocional de las víctimas y la validez de los testimonios obtenidos con garantías legales.
El punto más delicado del debate fue una grabación presentada por la defensa en la cual la víctima luego del juicio decía haberse equivocado en su denuncia.
Sin embargo, los jueces coincidieron con el criterio de la Fiscalía y fueron categóricos al rechazar el video.
Un motivo fue la ilegalidad en el trato con la menor: el video se grabó en privado en el estudio de un abogado, sin la presencia de psicólogos ni especialistas, y sin el control de la Fiscalía. La Cámara consideró ese acto como “una revictimización, ya que la ley prohíbe que el abogado del agresor entreviste a solas a la víctima”.
Sobre el fenómeno de la retractación, los magistrados explicaron que en casos de abuso dentro de la familia es muy común y esperable que las víctimas intenten dar marcha atrás debido a la presión del entorno. En este caso, se detectó que la adolescente sufría un fuerte hostigamiento familiar y se la culpaba por la detención de su tío, lo que quita toda credibilidad a ese cambio de versión, indicaron.
Versión de Sandoval
En su respuesta, Sandoval señaló que “el delito es haber priorizado la verdad real, y la protección de una menor por sobre la conveniencia institucional”. Y aseveró que él mismo denunció posibles irregularidades en el caso.
“La comunidad jurídica de la provincia asiste con preocupación a un hecho sin precedentes, como mi imputación por el Ministerio Público Fiscal, por el delito de prevaricato luego de haber denunciado ante la Justicia hechos de los que tomé conocimiento en el ejercicio de mi profesión, y que involucraban a una adolescente víctima de abuso sexual”.
El letrado repasó que en junio del 2025, una adolescente de 17 años y sus padres se presentaron en su estudio jurídico. La joven manifestó su deseo de relatar hechos vinculados a una causa penal, en la que un familiar suyo había sido condenado por abuso.
“Lejos de silenciarla o de actuar con sigilo escuché su relato y ante la gravedad de lo manifestado, que incluía posibles presiones y amenazas hacia la menor, decidí poner los hechos en conocimiento de la Justicia, dando origen a una nueva investigación fiscal”.
Simultáneamente, y para evitar cualquier conflicto de intereses, renunció a intervenir en la causa del familiar condenado, dejando constancia escrita de su imposibilidad de aceptar el cargo, y solicitando que se designara un defensor oficial para no afectar los plazos procesales del imputado.
Sandoval planteó la paradoja de ser denunciante a estar convertido en imputado. “Lo que debió ser considerado un acto de colaboración con la administración de justicia, poner en conocimiento de la autoridad hechos relevantes que involucraban a una menor vulnerable, se transformó en el origen de una persecución penal en mi contra”.
Para el profesional, la Fiscalía lejos de valorar su conducta ética, “me imputó por prevaricato, sosteniendo una insólita teoría de que al entrevistar a la joven y denunciar los hechos habría actuado como defensor simultáneo del condenado y de la víctima, perjudicando deliberadamente los intereses de la misma”.
Su defensa, adelantó Sandoval, “formulará un contundente descargo de oposición a la apertura de la investigación, solicitando su sobreseimiento por atipicidad manifiesta de la conducta”.
El conocido abogado de Esquel enfatizó que “nunca acepté ser abogado del condenado. La doctrina penal es clara en que el delito de prevaricato exige una relación profesional vigente. Yo presenté un escrito expreso declinando la aceptación del cargo, por lo que nunca asumí defensa técnica alguna”.
Aseguró que no asesoró a la víctima y sólo la escuchó, y denunció lo que escuchó cumpliendo con su deber. Puntualizó que la víctima después ratificó su denuncia y no hubo perjuicio. “Estoy imputado por traición cuando no traicioné a nadie”.
En diciembre de2025, la Cámara Penal de Esquel en un fallo unánime ratificó la condena a 10 años de prisión de un hombre por el abuso de su sobrina menor de edad.
A su vez, el abogado de la familia de la víctima enfrenta una imputación por "prevaricato" y deberá declarar. Se trata deDaniel Sandoval, citado por la Oficina Judicial de Esquel para el jueves 12 de marzo en Tribunales.
La Cámara rechazó una supuesta retractación de la joven “por haber sido obtenida de forma ilegítima y bajo presión familiar”, tal como demostró la Fiscalía en su contestación al recurso de la defensa.
La Cámara Penal analizó minuciosamente el caso tras el intento de la defensa de anular el juicio original. Con esta decisión -remarcaron-, no sólo se ratificó la culpabilidad del agresor sino que pone el foco en el resguardo emocional de las víctimas y la validez de los testimonios obtenidos con garantías legales.
El punto más delicado del debate fue una grabación presentada por la defensa en la cual la víctima luego del juicio decía haberse equivocado en su denuncia.
Sin embargo, los jueces coincidieron con el criterio de la Fiscalía y fueron categóricos al rechazar el video.
Un motivo fue la ilegalidad en el trato con la menor: el video se grabó en privado en el estudio de un abogado, sin la presencia de psicólogos ni especialistas, y sin el control de la Fiscalía. La Cámara consideró ese acto como “una revictimización, ya que la ley prohíbe que el abogado del agresor entreviste a solas a la víctima”.
Sobre el fenómeno de la retractación, los magistrados explicaron que en casos de abuso dentro de la familia es muy común y esperable que las víctimas intenten dar marcha atrás debido a la presión del entorno. En este caso, se detectó que la adolescente sufría un fuerte hostigamiento familiar y se la culpaba por la detención de su tío, lo que quita toda credibilidad a ese cambio de versión, indicaron.
Versión de Sandoval
En su respuesta, Sandoval señaló que “el delito es haber priorizado la verdad real, y la protección de una menor por sobre la conveniencia institucional”. Y aseveró que él mismo denunció posibles irregularidades en el caso.
“La comunidad jurídica de la provincia asiste con preocupación a un hecho sin precedentes, como mi imputación por el Ministerio Público Fiscal, por el delito de prevaricato luego de haber denunciado ante la Justicia hechos de los que tomé conocimiento en el ejercicio de mi profesión, y que involucraban a una adolescente víctima de abuso sexual”.
El letrado repasó que en junio del 2025, una adolescente de 17 años y sus padres se presentaron en su estudio jurídico. La joven manifestó su deseo de relatar hechos vinculados a una causa penal, en la que un familiar suyo había sido condenado por abuso.
“Lejos de silenciarla o de actuar con sigilo escuché su relato y ante la gravedad de lo manifestado, que incluía posibles presiones y amenazas hacia la menor, decidí poner los hechos en conocimiento de la Justicia, dando origen a una nueva investigación fiscal”.
Simultáneamente, y para evitar cualquier conflicto de intereses, renunció a intervenir en la causa del familiar condenado, dejando constancia escrita de su imposibilidad de aceptar el cargo, y solicitando que se designara un defensor oficial para no afectar los plazos procesales del imputado.
Sandoval planteó la paradoja de ser denunciante a estar convertido en imputado. “Lo que debió ser considerado un acto de colaboración con la administración de justicia, poner en conocimiento de la autoridad hechos relevantes que involucraban a una menor vulnerable, se transformó en el origen de una persecución penal en mi contra”.
Para el profesional, la Fiscalía lejos de valorar su conducta ética, “me imputó por prevaricato, sosteniendo una insólita teoría de que al entrevistar a la joven y denunciar los hechos habría actuado como defensor simultáneo del condenado y de la víctima, perjudicando deliberadamente los intereses de la misma”.
Su defensa, adelantó Sandoval, “formulará un contundente descargo de oposición a la apertura de la investigación, solicitando su sobreseimiento por atipicidad manifiesta de la conducta”.
El conocido abogado de Esquel enfatizó que “nunca acepté ser abogado del condenado. La doctrina penal es clara en que el delito de prevaricato exige una relación profesional vigente. Yo presenté un escrito expreso declinando la aceptación del cargo, por lo que nunca asumí defensa técnica alguna”.
Aseguró que no asesoró a la víctima y sólo la escuchó, y denunció lo que escuchó cumpliendo con su deber. Puntualizó que la víctima después ratificó su denuncia y no hubo perjuicio. “Estoy imputado por traición cuando no traicioné a nadie”.