Cuestionan la modificación a la Ley de Glaciares

Viviana Moreno, integrante de la asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la mina, expresó una fuerte preocupación ante el proyecto que modifica la Ley de Glaciares, iniciativa impulsada desde varias provincias cordilleranas y acompañada por sectores de la industria minera.

La calificó como “una de las situaciones más graves en materia ambiental de los últimos años”, con impactos directos sobre los recursos hídricos de la Argentina. “Es una reforma absolutamente inconstitucional. Viola el artículo 41 de la Constitución, el Acuerdo de Escazú y el principio de no regresividad ambiental”, remarcó.

Moreno recordó que la Ley de Glaciares vigente, sancionada en 2010 tras un amplio trabajo de científicos, legisladores y movimientos socioambientales, protege las reservas estratégicas de agua del país, abarcando glaciares y ambientes periglaciares.

“No es una ley improvisada: está basada en evidencia científica y costó muchísimo lograrla”, señaló.

Según explicó, la propuesta de modificación habilita a las provincias a decidir qué es glaciar y qué no, sin criterios científicos ni participación pública. “Cualquier funcionario provincial podría decir: ‘esto no es importante para el aporte hídrico’ y sacarlo del inventario. Así habilitan la minería en zonas glaciares. Es gravísimo”, advirtió.

El inventario actual, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, identifica 17.000 glaciares a lo largo de la cordillera. La modificación permitiría que las provincias actúen “como feudos” y reescriban esos límites según intereses económicos. Moreno sostuvo que detrás de la reforma hay un objetivo: habilitar proyectos mineros de cobre y otros minerales estratégicos, hoy frenados por la ley. “El 75% de los proyectos de cobre están sobre glaciares. Las grandes mineras se reunieron dos veces con el Presidente este año, y buscan destrabar esos emprendimientos”, indicó.

Además, señaló que muchos de esos proyectos se enmarcarían en el RIGI, que otorga beneficios extraordinarios a la inversión minera. “Si hay competencia por el agua, el RIGI establece que la prioridad la tienen las mineras por encima de la población. Es insólito”, afirmó.

Regresión ambiental

La referente socioambiental subrayó que la modificación es regresiva y se da en un contexto crítico. “En Comodoro vivimos sequías históricas. En la cordillera también hay problemas serios para abastecerse. En un tiempo de crisis climática, entregar las nacientes para la explotación minera es irracional”, sostuvo.

Moreno recordó que los glaciares y el ambiente periglacial regulan el ciclo hídrico, aportan agua a cuencas enteras y sostienen ecosistemas vitales. “Esta ley protege el derecho humano al agua. Modificarla para permitir minería es hipotecar el futuro”, enfatizó.

Finalmente cuestionó que decisiones tan profundas se tomen lejos del territorio. “Hay legisladores que no conocen la cordillera ni los problemas de agua. Pero votan igual. Si permitimos esto, comprometemos nuestra vida y la de las próximas generaciones”, concluyó.